Cuba y el doble discurso
de los Derechos Humanos

Julio Yao *

Palabras de Julio Yao, Presidente del Comité pro Liberación de los Cinco, Premio Nacional de la Paz 1999-2000, Presidente del Servicio Paz y Justicia en Panamá, en el Acto de Conmemoración del 42º. Aniversario de Playa Girón, organizado por la Coordinadora de Solidaridad con Cuba, en el Ateneo de Ciencias, ciudad de Panamá.
22 de abril de 2003

Distinguido Embajador de Cuba, don Carlos Zamora,
Miembros de la Coordinadora de Solidaridad con Cuba,
Distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático,
Invitados Especiales,
Amigos todos:

Quienes estén convencidos de que la dominación de un país por otro constituye algo así como una manifestación de las leyes de la naturaleza, no deben escuchar ni leer las siguientes palabras, porque perderán su tiempo.

La sentencia a la pena máxima de tres personas que se apoderaron de una lancha de pasajeros en La Habana -- cuyas vidas estuvieron en peligro -- y el encarcelamientos de otras por el delito de colaborar con la agresión, la intervención y el bloqueo de una potencia extranjera a Cuba -  delito de "traición nacional" en todos los países del mundo -- ha propiciado que arrecien las críticas a Cuba por violación a los derechos humanos.  A los medios de comunicación usualmente proclives a EE.UU. se  suman con frecuencia otros  que, sin proponérselo, cumplen un papel o rol funcional a la conducta antijurídica del régimen de Bush al emplear un doble discurso sobre los derechos humanos que es instrumentado como arma eficaz contra Cuba.

No cabrían en este espacio todas las consideraciones que necesitaríamos hacer, tanto en el aspecto teórico como en el metodológico, para examinar las cuestiones de todo orden implícitas en un tratamiento integral del tema, algo absolutamente indispensable para hacernos un juicio cabal de lo que está bajo examen.  Porque justamente, y visto el rumbo que lleva el debate globalizado, no resulta claro cuál es su finalidad.  ¿Se trata de determinar si Cuba se atuvo al marco legal, nacional e internacional?  ¿De saber si las
acciones de Cuba son legítimas? ¿De aclarar si la actuación de Cuba, al juzgar los actos terroristas o subversivos, beneficiará o perjudicará a la revolución cubana o, en todo caso, a su pueblo?  ¿De determinar si las sentencias eran necesarias o imprudentes? ¿De esclarecer si los fallos proferidos son inherentes al sistema político?  Estas interrogantes
requerirían el examen de diversos contextos, y algunas han sido abordadas con franqueza y buena fe por amigos de Cuba.  Por nuestra parte, intentaremos solo dar inicio a una serie de reflexiones preliminares.

En efecto, el cruce de sables ha avanzado mucho más allá de donde lo dejó Saramago, Nobel de Literatura, el pasado 16 de abril; más allá de donde lo dejó nuestro admirado amigo, Eduardo Galeano, el 18 de este mes.  No obstante, algunos analistas - y esto lo explota bien el régimen de Bush - usan las opiniones de Saramago y Galeano contra los procesos instaurados el pasado mes sin advertir para nada que una corriente mayoritaria de no menos connotados intelectuales, socialistas, humanistas, liberales, socialdemócratas, pensadores y teóricos,  ha expresado oposición a la pena de muerte o a la necesidad de emplearla en esta coyuntura, sin que ello les impida reafirmar, y menos olvidar,  que Cuba es objeto de agresión e intervención permanente por parte de EE.UU.; que Cuba tiene, como todos los Estados, derecho y deber de defender su integridad territorial, su independencia y la seguridad nacional y humana de sus habitantes.

Como derecho a su defensa, debe al menos permitirse al gobierno de Cuba explicar en detalle todo cuanto sea necesario para que la opinión mundial conozca cómo ocurrieron los hechos.  Y decimos "conozca cómo ocurrieron los hechos" porque, pese a que el gobierno de Cuba ha dado abundantes explicaciones ante la prensa nacional e internacional a través del canciller Felipe Pérez Roque y de Isabel Allende, embajadora de Cuba en España, entre otros, la nación del mundo no ha podido enterarse de dichas explicaciones porque los medios de comunicación no le han dado paso.

Frente a esta laguna, ¿cómo esperar que la opinión pública pueda formarse juicio y aquilatar lo que tanto medios como personalidades manifiestan en torno al tema? Justamente, de este problema, trata esta reflexión: de la parcialidad informativa, de los juicios infundados y del consiguiente doble discurso y la doble moral de los derechos humanos que tratan de inculpar a Cuba y exonerar a EE.UU. Y hablamos simultáneamente de Cuba y de EE.UU., y no solamente de Cuba, porque nada o casi nada de lo que ocurre en Cuba en su orden externo está orgánicamente desligado de lo que EE.UU. ha hecho y hace en Cuba.

¿Qué de extraño tiene la pena de muerte?  No obstante una legislación creciente en contrario, la pena de muerte existe legalmente en no menos de 80 países, EE.UU. en primer lugar.   La hiperpotencia ostenta el récord de penas de muerte en el mundo.  El estado de Texas posee el récord de penas de muerte entre todos los estados de la Unión, en tanto que el exgobernador de Texas, George W. Bush, actual jefe de la Junta Militar en Washington, es, entre todos los gobernadores a lo largo de la historia, quien se lleva el campeonato:  mandó a ejecutar a 157 personas (incluídas algunas mujeres), 12 de las cuales eran menores de 18 años de edad y una, un enfermo mental y
minusválido.  Tan repugnante fue esta última sentencia que el propio Papa le rogó a Bush suspenderla, sin éxito.  La mayoría de los ejecutados eran negros e hispanos, los mismos que van a la guerra. ¿Y qué ha dicho Bush al respecto?  Dijo:  "Yo apoyo la pena de muerte, creo que es una medida que ayuda a salvar vidas". Pero no hemos visto críticas a Bush tan entusiastas como las que se hacen espontáneamente contra Cuba.

Algunos tratados internacionales prohíben las penas de muerte a menores de edad y enfermos mentales, pero ésta, que es práctica corriente en EE.UU., no lo es en Cuba, donde no solamente no se ejecutan a menores de edad, enfermos mentales y minusválidos, sino tampoco a mujeres.  A título de ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3.7 prohíbe la aplicación de la pena de muerte a menores de 18 años.  Cuba la incorporó a su legislación, pero EE.UU. no.  ¡Nada extraño para una superpotencia que no ha ratificado la Convención contra el Genocidio, que ha rechazado la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional,  y que nos ha condenado a
todos a la muerte al rechazar el Protocolo de Kyoto! 

En EE.UU., en cambio, y esto lo denunció el senador Robert Byrd y fue publicado el 1º. de diciembre de 2002 por el Washington Post, se han instaurado tribunales secretos al amparo del Acta Patriótica para la lucha contra el terrorismo y, a raíz de ello, muchas personas, principalmente con rasgos asiáticos o arábigos, han sido arrestadas en los aeropuertos y nunca se las ha vuelto a ver.  El citado diario informó que el presidente Bush ha desarrollado "un sistema legal paralelo para investigar, encarcelar, interrogar, condenar y castigar a personas sospechosas, incluyendo a ciudadanos norteamericanos."  Ésta, pues, pudiera ser una variante tenebrosa de las penas de muerte, en violación de la Constitución de EE.UU. y del derecho internacional.  Pero cosa curiosa, la vilipendiada Cuba no ha erigido tribunales secretos, ni tribunales militares, ni tribunales ad hoc, ni nada paralelo a su sistema legal para perseguir presuntos enemigos. Sin obviar una discusión teórica sobre la pena de muerte, lo relevante es ahora observar que se ha censurado a Cuba por recurrir a esta medida, pero aún tenemos que ver un número de publicaciones críticas a la pena de muerte
en EE.UU. y al exgobernador Bush   en la misma  medida que las que aparecen ahora cuando Cuba ha recurrido a ella como recurso último en circunstancias excepcionales.   ¿Por qué, habida cuenta del contraste entre ambos países, netamente favorable a Cuba, se exonera moralmente a EE.UU. y se condena a Cuba?

Es preciso recordar que, a la caída de la Unión Soviética, EE.UU. entendió que tenía el camino despejado para arreciar sus agresiones contra Cuba y destruir su gobierno.  En este contexto, aparecen la enmienda Torricelli y la Ley Helms- Burton, repudiadas mundialmente como instrumentos violatorios del derecho internacional por su carácter extraterritorial e intervencionista a nivel global, pues no sólo afectaban a Cuba. Estos
instrumentos particularmente apoyaban y premiaban todo intento por parte de cubanos de socavar y destruir el sistema político en la Isla.  A raíz de estas leyes intervencionistas, algunos países (de Europa, Canadá, Argentina y México) se vieron obligados a adoptar soberanamente medidas y leyes para defenderse de sus efectos, conocidas como leyes antídoto, e igual hizo Cuba, que adoptó, a manera de advertencia, leyes de ejecución para disuadir a quienes colaborasen con EE.UU. en sus planes subversivos. Pero, además, si no me traiciona la memoria, ¿no fue Santo Tomás de Aquino quien dijo que, "cuando un pueblo está asediado, toda disidencia es traición"?

Véase si no, la Sección 109 de la Ley Helms-Burton, intitulada "Autorización del apoyo a los grupos democráticos y de derechos humanos", y la Sección 115, que descaradamente admite que nada en la Ley inhibe el apoyo que se da "por otras vías", entendiéndose por ejemplo, el respaldo financiero a disidentes,  y añade: "nada de lo dicho aquí...prohíbe ninguna de las actividades de investigación, protección o inteligencia jurídicamente autorizadas de un organismo encargado de hacer cumplir la ley o de un organismo  de inteligencia de EE.UU."   La Ley Helms-Burton pretende así
legalizar la intervención de EE.UU. en los asuntos de Cuba.  Y es en respuesta a esta mal llamada "Ley" que Cuba aprobó la Ley No. 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que sirve de marco a los procesos de marzo pasado.  Pero ocurre, además, que el señor James Cason, encargado de la Oficina de Intereses de EE.UU. en Cuba admitió públicamente estar interviniendo de manera abierta y cínica en los asuntos internos de Cuba y, en especial, de estar apoyando y financiando a falsos "disidentes" a objeto de provocar una ruptura, un enfrentamiento con el gobierno cubano.  A confesión de parte, relevo de pruebas.

Aparte de los efectos devastadores de la guerra económica contra Cuba, llamada con delicadeza "bloqueo", entre 1959 y 2001 Cuba sufrió 697 actos terroristas auspiciados por EE.UU. que ocasionaron 7,000 víctimas entre muertos y heridos y cerca de 80 mil millones de dólares en pérdidas materiales.  A ello se le suman más de 600 atentados contra la vida de su presidente, Dr. Fidel Castro, incluido el que se perpetró en Panamá con peligro a la vida de cientos de estudiantes y profesores de la universidad principal que estábamos reunidos en el sitio escogido por los terroristas para detonar la bomba.

Los tres ciudadanos de Cuba que se apoderaron por la fuerza de la lancha de pasajeros conocida como Baraguá - de amplios antecedentes criminales -- cometieron actos de piratería, secuestro y terrorismo, y fueron juzgados en el marco de las leyes nacionales y de los tratados internacionales que rigen la materia, incluídas las siete salvaguardas contempladas por la ONU en torno a la pena de muerte, requisitos - dicho sea de paso -- no acatados por EE.UU.  En la lancha viajaban 50 personas, entre ellas 8 niños y cuatro turistas extranjeras. Mas, para entender el apoderamiento ilícito de la Baraguá, sería necesario - como dice Isabel Allende -- tomar nota de que "Cuba ha sido víctima de 54 actos de piratería; que existe una Ley de Ajuste cubano que fomenta la emigración ilegal hacia los Estados Unidos; que los Estados Unidos no cumplen sus compromisos migratorios con el otorgamiento de visas; que los Estados Unidos han sido y son cómplices de todo esto." EE.UU., al incumplir los acuerdos migratorios suscritos con Cuba, de otorgar determinada cantidad de visas, incita a que ciudadanos cubanos emigren ilegalmente de la Isla y por medios violentos, sin sometérselos a la justicia por actos de terrorismo.  ¿No es esto una incitación al terrorismo, una apología del delito?

Se han registrado en los últimos siete meses siete secuestros, estimulados todos por EE.UU., cuyas autoridades otorgan la ciudadanía de ese país incondicionalmente a cualquier cubano que llegue del modo que sea a EE.UU.; reciben como héroes a verdaderos terroristas y se apoderan y subastan naves y aeronaves cubanas que deben ser devueltas a su dueño conforme a las leyes.  ¿Todo para qué?  Para crear un incidente migratorio, un pretexto para desencadenar con más furia la destrucción total de Cuba.  Ya una minoría de cubanos en Miami realizó una manifestación que pedía la invasión de Cuba, después de Iraq.

Después de cuatro décadas de terrorismo contra Cuba, su gobierno  sentencia a tres terroristas según sus leyes y tratados internacionales, y por ello es puesta en el banquillo de los acusados.  ¿Pero acusados de qué?  ¿No dicen los tratados de la ONU que a los terroristas hay que aplicarles la pena máxima que contemplen los códigos penales?  ¿No recomiendan acaso -- estos mismos tratados internacionales, promovidos por EE.UU. -- que los códigos penales sean actualizados para que contemplen los castigos más severos a quienes cometan actos de terrorismo?  ¿Acaso excluyen dichos convenios la pena de muerte?  No. ¿Cuál "pecado" cometió Cuba?

En cambio, veamos cómo trata el régimen de Bush a los terroristas, sean o no culpables de atentar contra EE.UU. A raíz del 11 de septiembre, el régimen de Bush condenó a la muerte y la destrucción a los terroristas que atentaron contra las Torres Gemelas y a
todos los terroristas en general.  ¿Conocía Bush a los responsables?  No. No habían siquiera iniciado las investigaciones.  ¿Existían tratados que contemplaran el ilícito de apoderamiento de aeronaves?  Sí, aproximadamente 10. ¿Los invocó Bush como remedio judicial a los atentados? No. Bush invocó al Senado de EE.UU. y a los poderes presidenciales extraordinarios en casos de guerra y recibió 80 mil millones de dólares para combatir a un enemigo sin rostro y sin domicilio conocido.  Bush amenazó con la
destrucción a países que albergaran terroristas.  ¿Sabía Bush de qué país o países provenían los terroristas?  No, pero sí sabía que bajo las arenas de esos países yacía el petróleo perteneciente a EE.UU.

¿Podría responsabilizarse a  dichos Estados por actividades no realizadas en su nombre por parte de sus residentes?  No, pero Bush, con su infinita sabiduría, creó el acto vinculante y llenó el vacío legal.  Afganistán fue invadido porque allí estaban las bases de Al Qaeda. ¿Tenían alguna relación todos los terroristas del mundo con aquéllos culpables de los atentados? No, pero de igual modo se convirtieron en objetivos de la ira
norteamericana.  ¿Tenía derecho EE.UU. de invocar la legítima defensa según la Carta de la ONU?  No, porque EE.UU. no fue objeto de agresión o ataque armado que es una condición sine qua non para invocar el Artículo 51. Los atentados a las torres se realizaron exclusivamente dentro de territorio de EE.UU. y sólo constituyeron un incidente internacional por el escándalo colosal formado por el régimen de Bush.

¿Tenía derecho el régimen de Bush de atacar a Afganistán y de asesinar tanto a gente de Al Qaeda y a los talibanes, como a las miles de personas inocentes que ninguna responsabilidad tenían por los atentados?  No, porque la agresión no es un derecho sino un crimen contra la humanidad, contra la paz y el derecho internacional.

Bush afirmó tener pruebas que vinculaban a Osama Bin Laden con los atentados. ¿Las llevó a un tribunal nacional o internacional?  No. Bush erigió un tribunal en su mente enfermiza porque, como manifestó el jefe de la OTAN, "los documentos constituyen pruebas si así lo dice el presidente de EE.UU.", que "hablaba con Dios todos los días". ¿Y qué dijeron gobiernos aliados de la Unión Europea y Paquistán ante las "pruebas" de Bush?  Dijeron que no constituían pruebas, y los propios ingleses expresaron que los
documentos mostrados por Bush jamás serían admitidos en un tribunal de Inglaterra.

¿Tenía pruebas el régimen de Bush de los nexos entre Saddam Hussein y el terrorismo?  No, de la misma manera que tampoco tenían pruebas de que Iraq poseyese armas de destrucción masiva, biológicas y químicas, o de que Hussein fuese amenaza a EE.UU.

El problema es que estamos ante una superpotencia que no solamente miente de manera sistemática sino que practica el terrorismo indiscriminado a gran escala. ¿Cómo, entonces, establecer algún punto de comparación entre el tratamiento que EE.UU. le dispensa a los presuntos "terroristas" y el tratamiento que Cuba le reserva a quienes, guiados por EE.UU., cometen actos terroristas contra su propia patria?

Se ha confirmado que fuerzas armadas de EE.UU. asesinaron a 700 prisioneros afganos, talibanes o no, dentro de una cárcel; que encerraron a otros cientos o miles en contenedores que luego fueron abandonados en el desierto, donde murieron prácticamente asados; que  practican torturas y tratos degradantes en cientos de supuestos miembros de Al Qaeda en la propia base de Guantánamo, arguyendo que las Convenciones de Ginebra no les ofrecen protección alguna. Nada ilustra mejor la conducta contrastante en este rubro entre EE.UU. y Cuba que el calvario a que se ha sometido a cinco jóvenes cubanos cuyo único "delito" fue luchar contra el terrorismo que se incuba en las minorías cubanas de Miami desde hace décadas. No sólo no cometieron delito alguno ni violaron leyes de EE.UU., sino que hasta puede decirse que coadyuvaron en la guerra contra el terrorismo proclamada por EE.UU. Su fin era impedir que continuaran los actos terroristas en Cuba desde EE.UU. porque, aparte de dañar a su país, estos implicaban una más peligrosa confrontación militar entre EE.UU. y Cuba.  Por luchar contra el terrorismo, del cual son cómplices autoridades de EE.UU., los sometieron a varias cadenas perpetuas, a largas sentencias, y a torturas y tratos crueles y degradantes violatorios de los derechos humanos, en procesos totalmente ilegales, amañados y anulables ante cualquier tribunal mínimamente honesto.  Los Cinco Héroes prisioneros del imperio son en verdad rehenes de la política hegemónica de
EE.UU., pero algún día la verdad y la solidaridad internacional los pondrá en libertad.

La insalvable distancia moral entre EE.UU. y Cuba, en lo tocante a sus políticas sobre terrorismo, hace imposible una comparación entre sus procedimientos legales, por lo mismo que es imposible comparar un gobierno de facto (de hecho) con un gobierno de jure (de derecho).  Para que haya un gobierno de derecho, dentro de un estado de derecho, no es suficiente que el Estado posea normas y leyes: es necesario que el propio gobierno se someta a ellas.  Pero la verdad es que actualmente el régimen de Washington no se somete a ninguna ley o autoridad, nacional o internacional, sino al poder arbitrario de una pandilla que tiene sometido al Congreso, a la prensa y a la Corte Suprema de Justicia, como lo denunció el Senador George McGovern, y por eso tan solo es un régimen de facto, un régimen ilegal.  En cambio, cualquiera que no sea ciego o imbécil moral se da perfecta cuenta de que Cuba es un país que, no obstante padecer tan severas restricciones, asechanzas y carencias, siempre intenta ajustar sus actuaciones a las leyes internacionales con responsabilidad y firmeza.

Es así como se explica el rechazo reciente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, de la resolución propuesta y promovida por EE.UU. contra Cuba para acusarla de violar los derechos humanos en el caso de los mercenarios -- que no disidentes -- al servicio de la subversión y la intervención. Y es que, para el régimen de Bush, el derecho de los demás países a la defensa nacional constituye delito.

Ahora bien, al parecer muchos medios alrededor del mundo no se han percatado aún de estos hechos, y es precisamente por éste y otros motivos que los mismos suelen sucumbir, sin proponérselo, al doble rasero de los derechos humanos que EE.UU., dentro de su guerra psicológica y mediática, aplica a los pueblos que encierran dentro de sus fronteras los recursos y riquezas que, según ellos, le pertenecen al pueblo norteamericano.

Por eso, porque el mundo está en peligro, es necesario profundizar en los hechos antes de caer seducidos por la propaganda.  Como decía Goethe, a la hora de su muerte, cuando ya no veía: "Abrid las ventanas, luz, más luz, más luz." Gracias.

¡Viva la solidaridad entre Cuba y Panamá! ¡Viva la amistad entre los pueblos del mundo!

Julio Yao
julioyao@pa.inter.net

* Columnista en el diario El Panamá-América, catedrático de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, ex embajador ante la Corte Internacional de Justicia, en NN.UU., y diversos países, miembro del Comité Panameño por la Paz y presidente del Servicio Paz y Justicia en Panamá (Serpaj-Panamá).