Coletillas
al Margen
Con el
pueblo ¡sí se puede!
Carlos
Angulo Rivas
Debemos
percatarnos a través de la clarividencia propia de toda reflexión,
que sin memoria ciudadana no puede haber historia verdadera. El pasado
de los pueblos marca el camino del porvenir y es un deber inalienable de
cualquier ciudadano digno, no repetir la nefasta historia del oprobio y
la corrupción. En el Perú de hoy, como ocurrió y ocurre
en algunos países de la América Latina, existe una conspiración
de la “clase política” tradicional, presente en el gobierno (Ejecutivo
y Legislativo), para que en absoluto nada cambie en el país. La
confabulación de mantener la situación de descomposición
total del Estado y sus Instituciones, es el norte de quienes de espaldas
al país pretenden heredar de nuevo los escombros de la ilegalidad
caótica del escudero ultra neoliberal Alejandro Toledo, cabeza visible
de los intereses de la Casa Blanca en la reg ión. A tres años
de estancia en el poder, el mandato de transitoriedad jurídica dado
a los elegidos está agotado; y lo está porque la transición
hacia la democracia no se ha cumplido ni piensa cumplirse en el zafarrancho
promovido con la elección de Ántero Florez Araoz, como presidente
de un Congreso que sólo representa a los sectores más corrompidos
de la sociedad. ¿Cómo arrogarse una representatividad que
no se tiene en asuntos tan importantes como el orden jurídico nacional?
¿Puede un presidente del Congreso elegido, en precaria mayoría,
guiada por los tránsfugas de toda laya, liderar el restablecimiento
del orden constitucional? ¿Qué se puede esperar de estos
tránsfugas que dirigen ahora, bajo chantaje, las decisiones parlamentarias?
No cabe la menor duda, el asalto a la Mesa Directiva del Congreso por parte
de la Unidad Nacional y el APRA, aliados a contra natura con los parlamentarios
golondrinos o desertores de sus respectivas agrupaciones políticas,
significa la dest rucción final del régimen gubernativo en
la perspectiva ciudadana de que “se vayan todos.”
Hay que restituir el Estado de
Derecho
El presidente provisorio Valentín
Paniagua no restituyó el Estado de Derecho a plenitud. Abogado él,
falló en lo fundamental, pero intentó a través de
una comisión, nombrada a dedo, dar sugerencias para la reforma constitucional;
y luego pasó el encargo básico al nuevo gobierno, cuya misión
prioritaria de rescatar la legalidad en el país, intereses van intereses
vienen, no le ha interesado a nadie. Y, ¿por qué no ha interesado
a nadie el Estado de Derecho auténtico? ¿Por qué la
mayoría de los representantes y los medios de comunicación
defienden el insostenible Estado de Derecho impostor, preservando la espuria
Constitución impuesta por la dictadura de Alberto Fujimori? La respuesta
es precisa, meridiana y transparente. Se trata del pánico de la
“clase política” a la verdadera democracia y más todavía
a la consulta popular, porque la ausencia de estos fines primordiales del
sistema representativo constituye la razón de ser de esa cátedra
de corrupción; es la base de su sustento y el círculo vicioso
de su existencia como elemento manipulador de la sociedad, donde la inmoralidad
abastece a sus componentes de prebendas y regalías. ¿Qué
mejor que el caos jurídico para usufructuar individualmente o en
equipo del botín del Estado?
El poder soberano emana del pueblo
y quienes lo ejercen están obligados a hacerlo en su representación
de acuerdo a la ley constitucional; y nadie debe obediencia ni respeto
a un gobierno convertido en usurpador por acción de la fuerza pública
o por la violación de los preceptos constitucionales. El cinco de
abril de 1992, Fujimori destruyó el Estado de Derecho en alianza
con la Fuerza Armada, cometió el delito de sedición con los
resultados que todos conocemos para desgracia y vergüenza del país.
Panigua, Toledo y los actuales representantes del Congreso, al no cumplir
el mandato constitucional de 1979 ni ponerlo en práctica, permanecen
en la situación de cómplices de la ruptura institucional
todavía no reparada; y por consiguiente, quiérase o no, asumen
la misma condición de usurpadores del poder que en transitoriedad
hacia el restablecimiento del Estado de Derecho recibieron en su oportunidad.
La violación constitucional
continúa campante, a ojos vista del artículo 307 de la
única Constitución vigente y válida de acuerdo a derecho,
la de 1979, que a la letra dice: “Esta Constitución no pierde
su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada
por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En estas
eventualidades todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber
de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Son juzgados,
según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad
con ella, los que aparecen responsables de los hechos señalados
en la primera parte del párrafo anterior. Asimismo, los principales
funcionarios de los gobiernos que se organ icen subsecuentemente si no
han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución.”
En consecuencia, tanto los funcionarios como los gobernantes vienen usurpando
el poder del Estado en beneficio propio y están incursos en el delito
de despojo de la autoridad conferida por el pueblo, a ellos nadie debe
respeto y menos obediencia; siempre de conformidad a lo que la misma Constitución
señala en su artículo 82: “Nadie debe obediencia a un
Gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos
en violación de los procedimientos que la Constitución y
las leyes establecen. Son nulos los actos de toda autoridad usurpada. El
pueblo tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional.”
La consulta popular
Alejandro Toledo en el remanso del
28 de julio por fiestas patrias, en medio de la agonía de su mandato,
luego del exitoso paro nacional del 14 de ese mismo mes amortiguado por
falta de liderazgo político, lanzó al mar de la confusión
reinante el salvavidas de su supervivencia. La maroma del descalificado
presidente, ante los mercachifles del ahora Congreso de los tránsfugas,
presidido por Ántero Florez Araoz, trató el tema prioritario
de la Constitución como algo ajeno a la usurpación del poder
de la cual todos son parte activa. La propuesta de tres puntos (reforma
constitucional por el actual Congreso, por el Acuerdo Nacional o la Constituyente)
dada entre gallos y medianoche, constituye la burla más grande que
pueda concebirse; carece de escrúpulos en la pretensión de
coger a la ciudadaní a por cansancio. Se burla de la inmensa mayoría
nacional que ante el atolladero jurídico existente exige una Asamblea
Constituyente como el único medio capaz de quebrar la inactividad
de quienes tenían la obligación y el deber de actuar constitucionalmente
restituyendo el Estado de Derecho a través de la vigencia de la
Carta Magna de 1979.
La Asamblea Constituyente en este
sentido corresponde a la búsqueda de una salida del atolladero,
no a una necesidad en sí misma. La urgencia es reconstituir el Estado
de Derecho y terminar con la usurpación del poder soberano del pueblo.
En otras palabras, cesar a los usurpadores (derecho a la insurgencia).
Convocar a un gobierno de emergencia nacional, si se quiere cívico-militar
nacionalista, acreditado por un referendo (esta alianza bien funcionó
en Venezuela cuando el golpe de Estado contra Hugo Chávez). La finalidad
de este gobierno de emergencia es la de restituir el Estado de Derecho
convocando a elecciones generales de acuerdo a la Constitución de
1979. Sólo entonces, ese nuevo gobierno tendrá las facultades
expeditas de proceder a la reforma constitucional a que hubiere lugar.
Lo d emás es puro engaño de la “clase política” tradicional
para seguir con el botín del Estado putrefacto que la favorece y
la fortifica, cada vez más, como una maldición sobre los
peruanos de la que no pueden librarse. Así es la esencia de los
componentes o las piezas sueltas, aquí no hay nada que discutir
sino poner en acción la maquinaria que permitió el cambio
de rumbo en Argentina, Brasil y Venezuela: la revocatoria de mandatos y
el voto popular.
La crisis política peruana
se ahonda cuando nuevos vientos recorren América Latina. La desvergonzada
“clase política” tradicional no va a cambiar; por el contrario,
el ilegítimo y desnacionalizado gobierno de Alejandro Toledo está
siendo defendido con uñas y dientes en una carrera de apetitos desmedidos
dirigidos a sustituirlo el 2006. El ejemplo de que un gobierno más
por el estilo no vuelva a ocurrir en el Perú, está en Venezuela,
donde por octava vez consecutiva el líder de la revolución
democrática bolivariana ha derrotado todos los intentos de los grupos
tradicionales de la derecha y sus partidos representativos. Los resultados
del reciente referendo revocatorio, ganado abrumadoramente por Hugo Chávez
contra toda la maquinación nacional e internacional por derrocarlo,
demuestran que en América Latina ¡sí se puede!
cambiar los destinos de una nación. Cuando hay honestidad y transparencia,
el factor pánico a la democracia y al voto popular no existe. Mal
conciben los partidos tradicionales del continente a Hugo Chávez,
a quien califican de “caudillo autoritario,” cuando no se atreven a la
práctica democrática que revolucionaría en todos los
países la acción de un gobierno: el referendo revocatorio.
Pero es tiempo de terminar con la corrupción y la inmoralidad, es
tiempo de aceptar el derecho popular de revocar mandatos y de aplicar como
norma constitucional la figura del referendo revocatorio; procedimiento
para enjuiciar la competencia, honestidad y transparencia de los cargos
elegidos: presidentes y legisladores. Los requisitos en Venezuela, para
hacer efectivo este derecho de la ciudadanía, son un número
de firmas no menor al veinte por ciento de los electores de la circunscripción
y el haber transcurrido la mitad del período para el que fueron
elegidos. ¿Durarían siquiera un minuto, Alejandro Toledo
y los legisladores actuales en el Perú?
21 de Agosto de 2004
Enviado por Cecilia
Tello