Mientras Chile juzgará a Pinochet y Argentina declara imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad

Uruguay cierra los ojos
a la existencia del Plan Cóndor

Múltiples pruebas evidencian la participación de militares y  policías uruguayos en la coordinción represiva de las  dictaduras, pero el Estado evita la extradición de los  responsables, traba los juicios en proceso e impide el  ingreso a unidades militares para hallar evidencias sobre  enterramientos.

Roger Rodríguez

Las noticias procedentes de Santiago de Chile y Buenos Aires señalan sendos avances contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los regímenes instaurados en los años setenta, cuando se constituyó una coordinación represiva denominada "Operación Cóndor" o "Plan Cóndor".

Ante el fallo del Tribunal de Apelaciones, el juez chileno Juan Guzmán, quien investiga desde 1998 la desaparición de cientos de trasandinos arrestados en los países vecinos, podrá juzgar a Pinochet, de 88 años, por los homicidios de la llamada "caravana de la muerte".

El pronunciamiento judicial en Buenos Aires determina que los crímenes de lesa humanidad (genocidios, ejecuciones, torturas o desapariciones) son imprescriptibles y sus responsables podrán ser juzgados, más allá de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, cuya inconstitucionalidad la Corte Suprema está por resolver.

En Uruguay, pese al informe final de la gubernamental Comisión para la Paz, continúa sin esclarecerse el destino de los detenidos desaparecidos o la existencia de un segundo vuelo que trasladó a uruguayos secuestrados en Orletti, y se impide el ingreso de técnicos que puedan confirmar los enterramientos en unidades militares.

En la Justicia uruguaya se aguarda la resolución del homicidio de la maestra Elena Quinteros en la que está implicado el ex canciller Juan Carlos Blanco, no se resuelve la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en la causa de la nuera de Juan Gelman, ni el caso por los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

Uruguay sigue siendo el único país de la región en la que no se ha podido instruir un caso judicial sobre el Plan Cóndor, como los que procesan los jueces Rodolfo Canicoba Corral en Argentina, Juan Guzmán en Chile o Baltasar Garzón en España, quienes han implicado a uruguayos y tramitado sus extradiciones.

El Estado uruguayo --que según su ministro de Defensa, Yamandú Fau, actúa en el marco de la ley-- coloca todas las trabas posibles y dilaciones imaginables para negar esos pedidos de extradición que pesan sobre militares uruguayos que operaron en el Plan Cóndor durante la dictadura y aun luego de ella, como en el caso Berríos. 

Por la moción del coronel Fonts

En noviembre de 1975, el Acta de Clausura de la Primera Reunión Interamericana de Inteligencia celebrada en Santiago de Chile se constituyó en la carta fundacional de la "Operación Cóndor", una coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur que debe su nombre al coronel del Ejército uruguayo José A. Fonts.

Fonts participó de la reunión a la que entonces asistieron delegaciones de cinco países, encabezadas por el coronel Manuel Contreras de Chile, el capitán de navío Jorge Casas de Argentina, el mayor Carlos Mena de Bolivia y el coronel Benito Guanes Serrano de Paraguay.

"El presente organismo se denominará Cóndor, aprobado por unanimidad, conforme a la moción presentada por la delegación de Uruguay en homenaje al país sede", rezaba el acta a través de la cual se institucionalizaba un sistema represivo que permitiría el asesinato de cientos de opositores a los regímenes militares.

La coordinación implicaba el intercambio de información y la creación de una base de datos para la cual la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense aportó computadoras, una segunda etapa de operaciones conjuntas para intercambio e interrogatorio de prisioneros y una fase final de "operaciones internacionales".

La "Operación Cóndor" se confirmó en 1992 cuando en Asunción del Paraguay se descubrieron los "Archivos del Terror": cuatro toneladas de documentos con informes de la represión coordinada en los que el periodista Samuel Blixen encontró los casos de los uruguayos Gustavo Insaurralde y Nelson Santana, desaparecidos en 1976.

El material obtenido en Paraguay confirmó la participación del coronel uruguayo Carlos Calcagno en el traslado de Insaurralde y Santana hacia Buenos Aires, donde desaparecieron. El propio Calcagno habría participado del traslado a Chile de los niños Anatole y Victoria Julien tras el secuestro de sus padres en Argentina.

El coronel Fonts era prácticamente un desconocido hasta que el Departamento de Estado del gobierno estadounidense comenzó a desclasificar documentos que confirmaron la existencia del Plan Cóndor y evidenciaron la participación de los militares uruguayos en operaciones internacionales.

Una investigación del periodista norteamericano John Dinges señala que Fonts y el entonces mayor José Nino Gavazzo llegaron a participar en 1977 de un frustrado plan para asesinar al congresista demócrata Edward Koch, quien había impulsado una enmienda por la que se suspendió la ayuda militar a la dictadura uruguaya.

El propio Koch informó al entonces director de la CIA, George Bush (padre), que había un "contrato" para matarlo, en el que estaban implicados los dos militares uruguayos designados para desempeñarse como agregado en la embajada en Washington y como representante en la Junta Interamericana de Defensa: Fonts y Gavazzo.

Diversas investigaciones señalan la existencia de operativos similares antes del propio Plan Cóndor, como en los asesinatos del general chileno Carlos Prats en setiembre de 1974 en Buenos Aires, el coronel uruguayo Ramón Trabal en diciembre de 1974 en París o el democristiano Bernardo Leighton en octubre de 1975 en Roma. 

Ante los ojos norteamericanos

Bajo las alas del Cóndor fueron muertos el ex canciller Orlando Letelier de Chile, el general Juan José Torres de Bolivia y los uruguayos Manuel Liberoff, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, entre otros de una larga lista de la que logró escapar el líder blanco Wilson Ferreira Aldunate.

También fueron víctimas del Cóndor miles de militantes políticos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, países en los que se instalaron centros de tortura clandestinos en los que murieron cientos de personas, cuyos cuerpos fueron luego desaparecidos para no dejar pruebas de los crímenes cometidos.

Una serie de documentos desclasificados por Estados Unidos en 2001 confirmaron los crímenes que efectivos uruguayos del llamado Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) realizaron en los "pozos" argentinos de Orletti, Banfield y Quilmes, de los que desaparecieron cientos de uruguayos.

Los nombres de José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Rodríguez Buratti, Ricardo Arab, Ricardo Conejo Medina, Jorge Pajarito Silveira fueron señalados por sus propias víctimas, varias de los cuales lograron sobrevivir a "Automotores Orletti" y llegaron a testificar en Argentina para que los mandos militares fueran encarcelados.

Las investigaciones del uruguayo Carlos Osorio, encargado de Argentina, Uruguay y Paraguay en el Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington, han permitido confirmar la coordinación de la inteligencia rioplatense, incluso antes del surgimiento del Plan Cóndor.

Uno de los documentos revela que el comisario Hugo Campos Hermida fue entrenado por la Oficina de Seguridad Pública de Estados Unidos, departamento vinculado a la CIA, cuyo director en Uruguay era el agente Dan Mitrione, quien en 1970 sería secuestrado y muerto por el MLN-Tupamaros.

El 10 de diciembre de 1975 (semanas después de la creación del Plan Cóndor en Chile) el inspector Víctor Castiglioni de la Inteligencia policial uruguaya participaba en Argentina de una reunión regional en la que, según la versión taquigráfica difundida por el diario argentino "El Auténtico", acordaba un idéntico sistema de coordinación. 

Los documentos desclasificados en Estados Unidos --aunque mantienen tachaduras y párrafos censurados-- incluyen una serie de intercambios entre los embajadores norteamericanos en la región bajo el asunto de "Operación Cóndor" en los que llegan a elogiar el sistema de coordinación implementado por los militares.

En más de un documento el propio secretario de Estado, Henry Kissinger, instruye a sus agentes locales para realizar contactos con los "oficiales de rango apropiados" y evitar los mandos políticos, particularmente los presidentes de turno. En agosto de 1976 el contacto en Uruguay era el general Julio César Vadora.

La nota pedía "un acercamiento con el general Vadora más que con el presidente actuante o el presidente designado, que aparentemente no sabe nada acerca de la Operación Cóndor y que ante cualquier situación probablemente tendría poca influencia". Vadora y el general Luis V. Queirolo se reunirían días después con el embajador norteamericano Ernest Siracusa.

La mayoría de los efectivos militares y policiales que participaron en la "Operación Cóndor" habían sido entrenados en la base norteamericana del Canal de Panamá, donde funcionaba la llamada Escuela de las Américas, desde la que se planificó todo tipo de acciones contrainsurgentes en el hemisferio durante la llamada "guerra fría".