Brecha
de Uruguay - 10 de Setiembre de 2004
Del caso Berríos al plan
Cóndor, incluyendo a Bordaberry
La impunidad
cercada
La impunidad
se desfleca lentamente mientras la justicia investiga los asesinatos de
Michelini y Gutiérrez Ruiz y avanza el pedido de extradición
de tres oficiales, requeridos por el caso Berríos. Antes paseaban
por 18; ahora les queda la opción de pasar a la clandestinidad,
como Manuel Cordero.
Samuel
Blixen
Sobre la palabra de honor empeñada
por el comandante del Ejército, Santiago Pomoli, empezó a
correr la cuenta regresiva: el fiscal penal Luis Bajac elevó al
juez Gustavo Mirabal su opinión favorable a la extradición
solicitada por el juez chileno Alejandro Madrid, de tres oficiales del
Ejército implicados en la conspiración para el secuestro
y asesinato del agente de la DINA chilena, Eugenio Berríos, ejecutado
en nuestro país después de permanecer secuestrado durante
más de un año en una operación conjunta de militares
chilenos y uruguayos.
El general Pomoli, bajo palabra de
honor, había asegurado en su momento al magistrado que los coroneles
Tomás Casella (r) y Wellington Sarli, y el teniente coronel Eduardo
Radaelli se presentarían ante el juzgado tantas veces como fueran
convocados y que estarían en todo momento ubicables.
Con la opinión del fiscal,
quien estimó que el pedido de extradición es formalmente
correcto y ajustado a los términos del tratado entre Chile y Uruguay,
el juez comenzará el lunes 13 el estudio del reclamo de su colega
Guzmán. Mirabal tendrá diez días para pronunciarse
sobre dos cuestiones principales: una, que el delito de conspiración
fue cometido en Chile, como asegura el magistrado chileno; y dos, que la
prescripción del delito debe contarse de acuerdo con las leyes chilenas,
que estipulan un máximo de 15 años.
Si el juez coincide con el fiscal
y otorga la extradición, entonces se abre un interrogante: ¿serán
detenidos los tres oficiales en forma preventiva mientras se sustancien
las acciones de apelación -detención que habitualmente se
aplica en cualquier caso de extradición-, o se extenderá
el compromiso de garantía del comandante hasta que la extradición
se efectivice? Si se produce esto último se verificaría una
notable discriminación a favor de inculpados que recibirían
un trato distinto por el solo hecho de ser militares; y además nada
asegura que, al menos en el caso de Casella, no ocurra lo que pasó
con el coronel (r) Manuel Cordero, que sigue en la clandestinidad, con
paradero desconocido, mientras el juez Pedro Hackenbruck sigue esperando
que se presente en el juzgado para decidir sobre el procesamiento solicitado
por el fiscal Rafael Ubiría por el delito de desacato por ofensas.
Porque ocurre que Radaelli y Sarli, como oficiales en actividad, están
sujetos a la obediencia debida, y si se fugan, como lo hizo Cordero, entonces
se convertirían en desertores. Pero tales acotaciones no se aplican
a la conducta de Casella, que es retirado. Además, la detención
preventiva inevitablemente ocurrirá si se otorga la extradición,
porque los tres oficiales se negaron a la invitación del juez Mirabal
para viajar voluntariamente a Chile.
Ahora bien: si por el contrario el
juez desecha la extradición, habrá que ver qué hace
la justicia uruguaya, porque delito hubo, un cadáver fue encontrado
con tres balazos en una duna. Si, como se presume, la justicia chilena
entrega las 6 mil fojas de actuaciones sobre el caso, es posible que surjan
elementos que la Policía y la justicia uruguaya no supieron encontrar
en los 11 años que se tomaron para averiguar, sin éxito.
En un sentido o en otro parece agotada
"la otra" impunidad, aquella que se desplegó más allá
de la generosa ley de caducidad aplicando lo que algunos expresaron como
"el espíritu de los legisladores", que se extiende a todo aquello
que molesta a los militares, en su relación con la justicia, y que
ha instalado en el país dos categorías de ciudadanos. El
caso Berríos es un ejemplo acabado de ese estado de cosas.
Lo mismo ocurre con los civiles responsables
de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Ahí
están Juan Carlos Blanco y Juan María Bordaberry respondiendo
ante la justicia por los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz,
una vez que sus defensores (gobernantes, políticos, legisladores)
agotaron todos los argumentos para eludir la acción de la justicia.
Pero aún hay mucho camino por recorrer: el juez Timbal todavía
está esperando la información específica solicitada
a la cancillería y al Ministerio de Defensa para determinar el grado
de involucramiento oficial del gobierno en los asesinatos de Buenos Aires
(véase recuadro) y de la participación de oficiales uruguayos.
El ministro Yamandú Fau (quien en la Cámara de diputados
afirmaba en 1986 que "algún día hemos de saber quiénes
fueron sus asesinos, tenemos, más allá de nuestras obligaciones
políticas, ideológicas, compromisos que nos vienen desde
muy hondo, de lo profundo") tiene ahora dificultades para encontrar en
su ministerio hasta la información más elemental, como por
ejemplo quiénes integraban el Consejo de Seguridad Nacional donde,
se afirma, se habrían decidido los asesinatos.
El espíritu de complicidad
engendra el desparpajo: el ministro de Turismo, Pedro Bordaberry, hijo
del ex dictador, no tuvo empacho en afirmar que la acusación contra
su padre era una maniobra del Frente Amplio, "lo que me lleva a pensar
que esto es un ataque político. Son hechos que acaecieron hace como
30 años y durante 18 o 19 años nadie hizo denuncias; lo único
que ha cambiado es que yo ejerzo un cargo público". Convertir aquellos
terribles asesinatos en el marco del Plan Cóndor en un pretexto
para escaramuzas electorales deja al desnudo sus propias cualidades. La
abogada Hebe Martínez Burlé se vio obligada a recordar que
la denuncia "fue impulsada por ex legisladores en 1986 o 1987 y erróneamente
fue archivada, pero esto no comenzó ahora, tiene cerca de 20 años".
El senador emepepista Eleuterio Fernández Huidobro dijo comprender
al ministro que, por defender a su padre, afirma un disparate y es injusto
con el Frente. El senador nuevoespacista Rafael Michelini, hijo del senador
asesinado, afirmó: "Nunca lo escuché al ministro condenar
la dictadura uruguaya, los asesinatos y las desapariciones de la dictadura
militar justamente con su padre a la cabeza en los años setenta".
Son todas manifestaciones de una
impunidad que lentamente se desfleca. Por lo pronto, a la probable extradición
de tres militares por el caso Berríos se suma el pedido de detención
preventiva de José Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y Julio
César Vadora, por los crímenes del Plan Cóndor, si
finalmente la Suprema Corte de Justicia coincide con el Ielsur en que las
detenciones preventivas con vista a extradición deben quedar en
manos de la justicia y no del Poder Ejecutivo. Y por si fuera poco, queda
todavía lo que resuelva la justicia argentina por los mismos crímenes,
lo que promete un alud de solicitud de extradiciones.
No sabe,
no contesta
Juan María Bordaberry se escudó
en dos argumentos inapelables para eludir el interrogatorio de cuatro horas
a que fue sometido por la fiscal Mirtha Guianze y el juez Roberto Timbal,
sobre los asesinatos de Michelini y Gutierrez Ruiz: o bien no se acordaba
de lo ocurrido, o bien no tuvo noticias.
"De esos sucesos me enteré
por los medios de comunicación", dice ahora este estanciero ex dictador
para explicar su ignorancia. Parece una burla: en Buenos Aires asesinaban
a dos legisladores que representaban en el exilio, junto con Wilson Ferreira,
el mayor peligro político para una dictadura que se enfrentaba a
la posibilidad de una apertura hacia la transición, y el presidente
de la República no preguntaba qué pasó, cómo
fue, quién lo hizo. Su propio ministro de Economía, Alejandro
Végh Villegas, buscaba contactos en Buenos Aires con Michelini,
y él, el presidente, no estimaba relevante el episodio. Bordaberry,
un presidente cuyo mandato culminaba en noviembre de 1976 (seis meses después
de ocurridos los asesinatos), leía los diarios para enterarse del
suceso que modificaba sustancialmente su propio proyecto político.
Él, Bordaberry, pretendía convertir a Uruguay en un Estado
corporativo, fascista; los militares que le otorgaban un precario sustento
no estaban de acuerdo. Había múltiples tendencias: unas (con
respaldo de políticos como Julio María Sanguinetti) rechazaban
el fascismo pero preferían dilatar la salida democrática;
otras querían prolongar la dictadura, con fascismo o sin él;
y algunas (con respaldo de los dirigentes blancos) se inclinaban por fomentar
la transición. El presidente Bordaberry no encontraba, entonces,
una relación directa entre los asesinatos de Buenos Aires (que incluían
también a Wilson Ferreira) y sus propios proyectos fascistas, de
modo que se contentó -así lo dijo a la fiscal Guianze- con
la lectura de los diarios, y si tomó alguna otra medida, ahora no
lo recuerda.
Al ex presidente le falla oportunamente
la memoria, y un idéntico inconveniente exhibió ante los
magistrados el ex canciller Juan Carlos Blanco. El ex presidente no recuerda
haber sido notificado de acciones de comandos militares uruguayos en el
exterior, pero sí sabe positivamente que el Plan Cóndor no
existió. Blanco, por su parte, no recuerda las gestiones realizadas
ante las autoridades argentinas para que vigilaran a los tres prominentes
exiliados.
Bendita amnesia. Para refrescar la
memoria de sus indagados, los magistrados apelarán a documentos
desclasificados del Departamento de Estado estadounidense y documentos
desclasificados por la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno
argentino. Estos últimos contienen registros sobre la insistencia
de Blanco en reclamar un seguimiento más estricto de los movimientos
de Michelini, Gutiérrez Ruiz y Ferreira.
Los documentos estadounidenses revelarán
el grado de conocimiento que podía tener el ex presidente sobre
el Plan Cóndor y sobre la actuación de militares uruguayos
en Argentina. Un despacho del embajador estadounidense Ernest Siracusa
al Departamento de Estado, el 5 de junio de 1976, establece que, en función
de las conversaciones mantenidas con fuentes del gobierno, éste
sostiene que no existe ninguna coordinación con aparatos de inteligencia
de los países vecinos. Probablemente, si mejora la memoria del ex
canciller Blanco, se podrá saber si Siracusa le comunicó
la información aportada por el embajador estadounidense en Buenos
Aires, en el sentido de que funcionarios de las Naciones Unidas manejaban
los nombres de oficiales uruguayos, entre ellos un mayor del Ejército,
que participaron en los secuestros de exiliados uruguayos en Buenos Aires.
Quizás a la vista de tales
documentos se produzca una mejoría de la memoria de estos amnésicos
ilustres, que por cierto no fueron interrogados con las técnicas
vigentes durante sus mandatos.