El martes 28 de septiembre, en la población de Bustillos ubicada en el Trópico de Cochabamba (Chapare) se produjo un enfrentamiento entre efectivos de las Fuerzas de Tarea Conjunta y productores de coca con el saldo de un muerto, 19 heridos y un número indeterminado de detenidos.

El cocalero Juan Choque Cruz de 38 años de edad recibió un impacto de bala en la frente, disparada por un uniformado, lo que le ocasionó la muerte instantánea; existen cinco heridos de bala uno de gravedad, la mayoría con balines y también cuatro uniformados con una serie de contusiones.

El conflicto se produjo cuando las brigadas de erradicación de cultivos de coca se encontraron con grupos de cocaleros organizados que realizan vigilias en la población de Bustillos, Parque Nacional Isiboro Sécure.

Ante el intento de frenar la eliminación de sus cultivos de coca que además van acompañados por la destrucción de sus productos de sobrevivencia, los cocaleros recibieron disparos de armas de fuego, gases lacrimógenos y balines.

Esta zona está habitada, en su mayoría, por ex trabajadores mineros que en 1985 fueron relocalizados de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y buscaron en la economía que genera la coca su única fuente de sobrevivencia; también habitan la región colonizadores e indígenas.

La política antidroga boliviana está sustentada en cuatro pilares: la erradicación de cultivos de coca, la interdicción al narcotráfico, la prevención del consumo de drogas y el desarrollo alternativo integral. La eliminación de cocales históricamente es la más conflictiva.

Desde la implementación de la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, en 1988, se estima que fallecieron más de 115 personas, la mayoría productores de coca y los menos uniformados. Ninguno de los culpables de los asesinatos fue esclarecido, ni los responsables sentenciados. Existe total impunidad.

En los primeros meses de su gestión, el presidente Carlos Mesa, aseguró en una conferencia de prensa: "No tengo valor para matar, ni hoy ni mañana tendré valor para matar". Ante el asesinato de Juan Choque Cruz guarda hermético silencio.

El cocalero asesinado es oriundo del Norte de Potosí y dejó en la orfandad a cinco niños y a su esposa que tiene un bebé en gestación.

Intromisión norteamericana

En los primeros diez meses de gestión de Carlos Mesa no se produjo ningún conflicto con el movimiento cocalero, pero en el último mes se produjeron varios hechos que no son casuales: la renuncia del ministro Alfonso Ferrufino "por motivos de salud" fue reemplazado por Saul Lara "ex asesor de los cocaleros" y ahora Ministro de Gobierno quien no sólo endureció la política antidrogas sino que acata dócilmente los mandatos del gobierno de Estados Unidos.

El pasado 4 de septiembre, el embajador norteamericano en este país, David Greenlee, envío un mensaje al gobierno boliviano al decir que su país mantiene inalterable su cooperación a favor de la lucha integral contra el narcotráfico dependiendo de la nueva política antidroga boliviana.

A los pocos días, el 8 de septiembre, el gobierno difundió la Nueva Estrategia Integral Boliviana para a Lucha contra el Narcotráfico 2004-2008 que demanda una inversión de 958 millones de dólares de los que sólo el 10 por ciento será asumido por Bolivia y el resto por la comunidad internacional, principalmente por Estados Unidos.

La estrategia antidrogas apunta a eliminar la totalidad de los cultivos de coca en el Chapare de Cochabamba y a implementar políticas para erradicar voluntariamente la coca en Los Yungas de La Paz.

Cifras oficiales señalan que desde 1988 se erradicaron más del 90 por ciento de los cocales en Bolivia; sin embargo, se estima que en la actualidad, existen más de 25 mil hectáreas de coca: 22 mil Los Yungas y 3 mil en el Chapare.

La Ley 1002 establece que solo deberían ser respetadas 12 mil hectáreas destinadas a usos tradicionales.

"El plan antidroga de Carlos Mesa responde a la imposición de los Estados Unidos que busca eliminar al movimiento cocalero de los Yungas y toda la coca", dijo en esa oportunidad el diputado y dirigente Dionisio Núñez.

Los cocaleros calificaron a la estrategia antidroga como la "política del chantaje".

"El gobierno de Carlos Mesa es igual al de Gonzalo Sánchez de Lozada o el de Jorge Quiroga porque son simples títeres del imperialismo norteamericano. Para ellos no es importante la defensa de la soberanía o la dignidad nacional sino simplemente acatar las órdenes del imperio", aseveró la principal dirigente de las mujeres cocaleras, Leonilda Zurita.

Desde esa oportunidad, las Fuerzas de Tarea Conjunta, compuestas por efectivos policiales, militares y asesorados por la DEA norteamericana, incrementaron los operativos para eliminar los cultivos de coca lo que ocasionó problemas que, en el futuro, pueden ser mayores.

Futuro incierto

Ante la imposición de la política antidroga, los productores de coca del Trópico de Cochabamba, junto a otros sectores, convocaron a una masiva movilización para el 11 de octubre.

Esta marcha partirá de la población de Caracollo (Oruro) y en una semana estima arribar a La Paz (sede de gobierno de Bolivia) para protagonizar una serie de movilizaciones rechazando la erradicación de cultivos de coca, por la nacionalización de los hidrocarburos y por el juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Muchos sectores de los movimientos sociales bolivianos expresaron que participarán en esta marcha de protesta.

Mientras tanto, los productores de coca realizan en las sendas y caminos de acceso a sus comunidades, vigilias pacíficas y rondas campesinas evitando el traslado de los uniformados.

En la región del Isiboro Sécure, todos los caminos de acceso están bloqueados con grandes troncos, piedras y zanjas que fueron cavadas para evitar el traslado de vehículos; los cocaleros se encuentran en el monte.

El diputado y líder cocalero Evo Morales advirtió que si el gobierno de Carlos Mesa no modifica su política antidroga, la situación en este país se puede agravar porque no se escucha las demandas de los sectores populares sino de la embajada norteamericana y las transnacionales.

En los próximos días se debe iniciar el tratamiento de la Nueva Ley de Hidrocarburos, para el 5 de diciembre está planificada la realización de las elecciones municipales, en los primeros meses de 2005 se debería convocar a la Asamblea Constituyente. Las amenazas del gobierno y la intromisión norteamericana parece que están dirigidas a evitar el desarrollo de estos procesos democráticos porque son contrarios a sus intereses.

A un año de la "Guerra del Gas", cuando el 18 de octubre de 2003 los bolivianos sobretodo los pobladores de El Alto, echaron del gobierno a un tirano como Sánchez de Lozada, Bolivia, una vez más y si no se modifican políticas estructurales, se encuentra en las puertas de una convulsión social…

* Alex Contreras Baspineiro es periodista y escritor boliviano.

http://alainet.org/active/show_news.phtml?news_id=6836