Antonio Mora Vélez

No hace mucho supe de un profesor que le decía a sus estudiantes: Esto, desde el punto de vista del derecho es así pero desde el punto de vista de la política (la politiquería, debió decir) es de este otro modo. O lo que es igual, que una cosa enseña la ciencia jurídica, basada en la ética social,  y otra bien distinta hacen los funcionarios, sin tener en cuenta la moral, la justicia y el derecho. Otro profesor le reclamó a uno de sus ex estudiantes convertido en jefe de oficina pública, por su comportamiento nada pulcro, y éste, con la mayor desvergüenza, le contestó: “Profe, una cosa es allá en la Facultad y otra bien distinta es aquí en la política”.

Es apenas obvio pensar que una sociedad con una juventud así está definitivamente perdida y que no habrá estrategia de seguridad democrática que sea capaz de salvar a un Estado que puede estar ganándole la guerra a la subversión –porque la gente está hastiada de violencia-- pero que la está perdiendo con la corrupción, que es un enemigo que tiene más frentes y hombres que la subversión, y que hace más daño porque  destruye al Estado por dentro, como a Troya, y le abre las puertas de entrada a los ejércitos ilegales que se han propuesto derrocarlo y reemplazarlo. No basta, pues, una estrategia de seguridad democrática contra la subversión para evitar la derrota militar del Estado, es inaplazable montar una estrategia de transparencia democrática contra la corrupción, en vez de conciliar con ella, para evitar el desmoronamiento de las instituciones.

Pero dijimos que había que repensar el papel de la universidad en relación con esta crisis institucional, social y moral de la república. Una universidad que forma contadores,  abogados, ingenieros o economistas, sin sólidos principios morales, está engrosando el ejército de jóvenes que van a ser utilizados por los corruptos artífices del descalabro nacional. Por lo tanto es misión de primer orden de la universidad de hoy formar profesionales éticos con una visión de la sociedad y del Estado según los principios de nuestra Constitución Política, convencidos de la necesidad de edificar un país incluyente, tolerante y pacífico, en el que se respeten los bienes públicos y colectivos y en el que todos los esfuerzos del gobierno estén centrados en acortar las enormes distancias económicas y sociales que hay entre la inmensa mayoría de la población y la minoría privilegiada que no alcanza a ser el 5% de la población, en lugar de ensancharlas. 

Si la universidad acompaña a la comunidad interesada en finalizar la guerra y en recuperar para el Estado el monopolio de las armas, y se abre a la discusión  del país que queremos, sobre la base de su autoridad académica y moral, y sus directivos y docentes dan ejemplo de pulcritud y seriedad en el manejo de los recursos financieros y humanos y de sabiduría en el análisis de la realidad, podemos tener esperanzas de superación de la crisis. De lo contrario, apaga y vámonos. Colombia estaría condenada a la “feudalización” --a su repartición entre los grupos fundamentalistas que se la disputan-- y a padecer una rebatiña interminable que acabará con sus riquezas y con su existencia como nación