FBI e Indymedia

Libertad de censura en Internet

Los servidores de Indymedia en Londres fueron incautados por el FBI sin que mediara explicación alguna. El hecho abre la discusión sobre el alcance y límite de la soberanía de los estados nacionales, la libertad de prensa y el derecho de expresión ciudadana en Internet.

José Ibarburu

LA VERSIÓN DE INDYMEDIA. "El incidente parece una novela de Kafka -dijo a la agencia IPS el activista Pablo Ortellado, de Indymedia Brasil-. Nuestro equipo fue confiscado y no sabemos exactamente cuándo, por quién ni por qué. Si el gobierno estadounidense pudo obligar a una empresa estadounidense instalada en otro país a entregar los servidores de una organización periodística de manera arbitraria y sin un proceso judicial transparente, nada impide que esa medida pueda reproducirse en otras circunstancias, en otros países y contra otras instituciones."

Indymedia planea una respuesta legal y está siendo asesorada por la ONG Fundación Frontera Electrónica (EEF, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos. El abogado Kurt Opsahl, de EEF, afirmó en el sitio web de la institución que "la Constitución (de Estados Unidos) no permite al gobierno acallar unilateralmente la expresión de una organización periodística independiente, sobre todo sin suministrar una razón o sin siquiera otorgar a Indymedia la información necesaria para reclamar contra la medida".

La falta de explicaciones oficiales ha levantado una montaña de sospechas. La confiscación, para muchos, habría estado vinculada a la publicación en un sitio en Francia de varias fotos que muestran a agentes policiales suizos encubiertos -fotografiando a manifestantes en una protesta callejera-, junto a la dirección y el nombre de uno de ellos. Ambos policías integraban aparentemente la célula G8, encargada de las investigaciones sobre los incidentes ocurridos en Ginebra al margen de la cumbre del Grupo de los Ocho de 2003. Hasta el momento el fiscal general de Ginebra, Daniel Zappelli, reconoció que se abrió una investigación judicial luego de que los dos inspectores en cuestión presentaran una denuncia formal.

En el secuestro de los equipos, según un comunicado de Indymedia, habrían participado autoridades de al menos cuatro países (Suiza, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos). El Ministerio de Justicia estadounidense emitió la orden de embargo en el marco de un tratado de asistencia judicial mutua. Éste es un acuerdo bilateral que establece una colaboración policial ampliada en lo que se refiere al terrorismo internacional, secuestros y lavado de dinero.

EN URUGUAY. El objetivo de Indymedia es construir una red de comunicación dedicada a la producción y distribución de información a efectos de promover "la participación de la gente en la lucha por una sociedad justa". Esta red periodística no forma parte ni recibe aportes de ninguna corporación mediática, y el proyecto se sostiene gracias al trabajo voluntario y las donaciones de adherentes.

El sitio uruguayo arrancó a principios de 2002, y busca difundir junto a diferentes organizaciones sociales información local e internacional a través de Internet, radios comunitarias y publicaciones informales.

Santiago, integrante de Indymedia Uruguay, dijo a BRECHA que la censura del sitio implicó que se perdieran casi 30 mil mensajes, con archivos de audio, imágenes y videos incluidos, ya que no se tenía copia de respaldo (la última se había realizado en el mes de abril ). "Uruguay tiene una larga historia de represión a los medios de comunicación. No tenemos dinero para pagar espacio para nuestro sitio en un servidor, así que dependemos de la solidaridad de otros países. Acciones como ésta vuelven al mundo más inseguro para la prensa libre", agregó. El problema surge a su vez en un contexto local complejo: "están por delante las elecciones nacionales y el plebiscito en contra de la privatización del agua", concluyó.

La Federación de Prensa Internacional (FIP) pidió una investigación sobre la clausura, ya que "hemos asistido a una intolerable e invasiva operación internacional de policía contra una red especializada en periodismo independiente". Y Aidan White, secretario general de la FIP, planteó, yendo un poco más lejos, que "el modo como se actuó tiene más el sabor de una intimidación contra una legítima red de prensa, que de represión de un crimen".

Reporteros sin Fronteras también condenó la intervención, exige la restitución inmediata de los servidores a Indymedia y envió una carta de protesta a David Blunkett, ministro del Interior británico, con copia a sus homólogos estadounidense, italiano y suizo, solicitando que las autoridades expliquen públicamente los motivos del embargo.

Se presume que en breve la Asociación de la Prensa Uruguaya se expida sobre el asunto, ya que una fuente consultada por BRECHA aseguró que se está preparando una declaración de condena sobre los hechos.