Por detrás de la voz pausada y el gesto sereno pero firme queda flotando una cierta incongruencia. ¿A qué pasado se refiere el ministro? ¿Al pasado que el presidente Jorge Batlle ordenó esconder al prohibirle a su asesor Carlos Ramela que declare ante el juez penal lo que el gobierno sabe sobre la desaparición de la maestra Elena Quinteros? ¿O se refería al pasado que el ex presidente Julio María Sanguinetti viene escondiendo desde hace 30 años?

¿Dónde está el truco? ¿Qué criterio convalida que durante 20 años se cuestionen los ojos en la nuca y de repente se haga impostergable un revisionismo? ¿Qué norma determina que ciertas muertes sean asesinatos y otras simplemente excesos? ¿Por qué hablar de ciertas violaciones a los derechos humanos es un deber patriótico y hablar de otras es fomentar el caos institucional? ¿Quién es el dueño de la memoria? El ex presidente Sanguinetti, le guste o no le guste, tiene una marcada condescendencia por algunas muertes. Su memoria, en materia de derechos humanos, es muy selectiva.

En marzo de 1972, siendo ministro de Educación en el gobierno de Juan María Bordaberry, Sanguinetti recibió de manos del entonces senador Juan Pablo Terra las pruebas incontrovertibles sobre la identidad de los miembros del escuadrón de la muerte, cuyo accionar había cobrado por entonces cuatro víctimas, inaugurando, además, la práctica de la desaparición forzada. Sanguinetti le dijo al dirigente demócrata cristiano, sin comprometerse, que "vería lo que se puede hacer". Y lo que hizo fue alertar a los miembros identificados del escuadrón, algunos de los cuales abandonaron el país y otros fueron designados en misiones en el exterior. Años después, siendo presidente, Sanguinetti se topó con las reclamaciones judiciales de algunas de aquellas víctimas iniciales del terrorismo de Estado. La desaparición del estudiante Abel Ayala fue incorporada, por decreto del presidente Sanguinetti, en la ley de caducidad. La redacción del decreto es elocuente: se afirma que no existen elementos como para considerar a Ayala una víctima de la represión policial o militar, pero por las dudas, para el caso de que surjan tales elementos, extiende la ley de caducidad al expediente y ordena archivarlo, con lo que incluye las acciones clandestinas del escuadrón como actos de servicio ordenados por los mandos.

En este asunto el presidente Sanguinetti fue coherente con el ministro Sanguinetti. Y en materia de impunidad el líder del Foro Batllista ha mantenido una coherencia sin fisuras. Como denuncia ahora el general Óscar Pereira, el desacato militar a las citaciones judiciales de mediados de 1986 fue instigado por el presidente Sanguinetti. Ya desde el comienzo mismo de su mandato, en 1985, Sanguinetti había intervenido dos veces por lo menos para esconder el pasado y amparar a los violadores de los derechos humanos. Había ordenado a sus ministros de Defensa y del Interior que negaran al Parlamento cualquier información que permitiera a las comisiones investigadoras avanzar en el esclarecimiento de las desapariciones forzadas y de los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz; esa falta de cooperación del gobierno con el Parlamento fue consignada en los informes finales como la razón fundamental del fracaso de las investigaciones sobre la participación de militares uruguayos en la represión en Argentina. Había, también, intervenido decisivamente para abortar una solución política a la cuestión de los derechos humanos mediante el acotamiento de los casos a investigar y castigar, reduciéndolos a los crímenes más aberrantes, una solución que apoyaban todos los partidos políticos e incluso su ministra de Cultura Adela Reta.

Su actual sensibilidad en materia de crímenes contrasta con el empeño, el esfuerzo y la dedicación invertidos en evitar que prosperara la investigación de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, al punto que permitió que la cancillería escondiera durante un año y medio el pedido de extradición de cuatro militares uruguayos solicitado por un juez argentino. Ese mismo empeño invirtió Sanguinetti en obstaculizar las gestiones del senador Rafael Michelini, que en 1987 se proponía obtener un cierto respaldo militar a un proyecto de comisión de la verdad. El inicial apoyo de Sanguinetti quedó desmentido cuando operó entre los generales en actividad impulsando una orden de servicio del entonces comandante Raúl Mermot, en la que se ratificaba una oposición a cualquier revisionismo. Para camuflar su decisión de apuntalar la impunidad, Sanguinetti redactó un proyecto de ley creando una comisión de la verdad. Pero cuando el senador Michelini le sugirió que firmara un decreto en lugar de impulsar una ley que quedaría enterrada en alguna comisión, Sanguinetti se negó rotundamente. En una tormentosa discusión a la que asistió el secretario de la Presidencia Elías Bluth, Sanguinetti desnudó su pensamiento al afirmar que los responsables de las desapariciones de niños eran sus propios padres, que los abandonaban al asumir la militancia que los enfrentaba a la prisión y a la muerte.

Esa tesitura, que el presidente Sanguinetti nunca se permitió exponer en público porque lo identificaría con los apropiadores de niños (que sostienen el mismo argumento), estaba preanunciando la actitud de ocultamiento que asumió cuando el poeta argentino Juan Gelman le reclamó una investigación para ubicar en Uruguay a su nieta secuestrada y desaparecida. Sanguinetti afirmó, en octubre de 1999, que la nieta de Gelman no estaba en Uruguay y que en nuestro país nunca hubo secuestros de niños. Muy poco después Gelman comprobó que su nieta estaba en Uruguay, que había nacido en el Hospital Militar y que dos militares, uno de ellos antiguo secretario del senador forista Pablo Millor, habían robado a la niña y la habían entregado a un alto funcionario policial, que el presidente Sanguinetti había nombrado como jefe de Policía de San José.

Quizás todo el esfuerzo de Sanguinetti por ocultar el pasado tenga como propósito prevenirse de lo que le depara el futuro si, como se piensa, aflora la verdad que hasta ahora se ha empeñado en ocultar.