Con Tabaré Vázquez (Parte I)

"Los ojos en la utopía,
los pies en la realidad"

En esta entrevista concedida a BRECHA*, la primera en muchos años, el líder del Frente Amplio se explaya sobre las características que puede tener su gobierno y algunas de las medidas centrales que tomará. Desde las políticas sociales hasta la relación con las Fuerzas Armadas, pasando por la construcción de un "país productivo" y las relaciones con los países de la región. 

-La posibilidad de un gobierno de izquierda ha generado una lógica "inflación de expectativas" entre los sectores tradicionalmente postergados de la sociedad. ¿Cómo se plantea administrarla?

-Nosotros lo hemos expresado lo más claramente posible al presentar nuestras propuestas programáticas, durante toda la campaña electoral e incluso ante la pregunta -que algunos nos plantearon- de por qué no dar rienda suelta a las promesas: nuestra propuesta estratégica de país conlleva un proceso de cambios progresivos que a su vez implica una opción de prioridades. En tal perspectiva, es obvio que no todas las expectativas existentes se podrán satisfacer de inmediato. También es cierto que tenemos plena confianza en la inteligencia, en la sensibilidad y el realismo de toda la sociedad uruguaya.

Nuestra prioridad es atender lo que no puede esperar. Y lo que no puede esperar es la condición de pobreza e indigencia en que vive casi un tercio de la población del país. Es allí donde aplicaremos las medidas más inmediatas a partir del Plan de Emergencia y donde esperamos obtener buenos resultados a la brevedad. Ya lo hemos dicho; un gobierno progresista que no encare esta problemática en clave de atención a la emergencia social y promoción de ciudadanía podrá ser gobierno, pero no será progresista.

La segunda prioridad es el Uruguay productivo y, consecuentemente, la instrumentación de políticas favorables al impulso de la producción industrial, agropecuaria, de servicios y tecnológica del país. De ello depende la buena salud de la economía, la generación de buen empleo, la mejor distribución de la riqueza, en fin, la posibilidad de que Uruguay transite un camino de auténtico desarrollo productivo sostenible.

Y el tercer aspecto que atenderemos de inmediato es el referido a la transparencia y eficiencia en la gestión pública; la lucha implacable contra la corrupción -no sólo hacia el pasado sino con la misma o mayor dureza hacia el futuro- y la austeridad. Creo que todos nos llevaremos muchas sorpresas de todo lo que se puede hacer en este sector y cuántos recursos pueden ahorrarse y destinarse a cosas útiles. Y esa también será una señal: un gobierno austero puede dialogar con la sociedad en su conjunto en otras condiciones, con otra capacidad de hacerse escuchar. Austeridad y participación directa y transparente de todos los actores, esa será la base de nuestra relación con la sociedad y con todos los sectores.

-Usted fue uno de los promotores del proceso de descentralización que encaró el EP-FA en Montevideo. Es probable que, apenas instalada en el gobierno nacional, la izquierda reciba una avalancha de ofertas de colaboración de parte de grupos sociales y hasta de particulares. ¿Se han previsto mecanismos para canalizar ese deseo de participación? ¿Cómo se instrumentarían en la práctica?

-La avalancha de ofertas sería una buena señal, en una sociedad que no se siente escuchada. Naturalmente que esa institucionalización exigirá representatividad, establecer precisamente las normas y alcances de su funcionamiento y, sobre todo, lo más importante: proponerse metas concretas y programas de trabajo efectivos. El manejo de los tiempos es hoy un factor fundamental. Nadie nos esperará.

Les agradezco que me recuerden esa experiencia de descentralización. Fue inédita en el país y ya es irreversible, lo que no significa que no sea perfectible ni que pueda extenderse mecánicamente. La democracia, afortunadamente, es una construcción colectiva y permanente.

Entre nuestras propuestas y compromisos de gobierno está la descentralización. Que implica descentralizar en el marco de un proyecto nacional de desarrollo productivo sostenible, descentralizar para mejorar la eficacia de la acción estatal, descentralizar recursos para que los departamentos no sean rehenes del gobierno nacional de turno, promover la participación ciudadana, generar ciudadanía, etcétera.

En ese marco hemos propuesto, por citar algunos ejemplos, rescatar del cautiverio al que hoy están sometidas por la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) a la Unidad de Desarrollo Municipal, la Comisión Sectorial de Descentralización y el Fondo de Descentralización previsto por el artículo 298 de la Constitución de la República.

También, en materia de participación ciudadana, hemos propuesto un plan estratégico de fomento a la misma, la promoción de una ley básica de participación y hasta la creación de un consejo ciudadano para el seguimiento de los compromisos de gobierno. Ya que el poder existe, que lo tenga la gente.

-En una reciente entrevista concedida a BRECHA el presidente de la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio, habló de la necesidad para la izquierda de pasar de un esquema de "clase contra clase" a una "dinámica de actores y de derechos". Esa idea parece compartida por buena parte del Frente. ¿Se impulsaría una suerte de "pacto social"?

-El "pacto social" reconoce varias inflexiones teóricas y experiencias prácticas cuyo análisis trasciende largamente el marco de esta respuesta. Pero más allá de ello, lo cierto es que un proyecto nacional de desarrollo productivo sostenible, en esta etapa de la vida del país, afrontando la realidad económica, social, que tenemos implica construir una base social y política muy amplia. Reitero, no sólo una base política, sino también social.

Si construir esa base social es un pacto social, pues sí, buscamos ese acuerdo.

Pero también hemos hablado en otras presentaciones que las sociedades democráticas tienen tensiones y contradicciones, es parte de la propia esencia de la democracia, de lo que se trata es que dentro del marco de las instituciones seamos capaces de administrar esas contradicciones, esas diferencias de intereses, y resolverlas en el marco de un proyecto de desarrollo y de un serio avance hacia la justicia social.

Por eso, si ustedes revisan mis exposiciones referidas a las propuestas y compromisos de gobierno del EP-FA-NM, constatarán que reiteradamente he hecho referencia al "compromiso ciudadano por el desarrollo productivo sostenible". No es casualidad ni es un recurso retórico; es una propuesta y un compromiso de gobierno.

Creemos que ese compromiso ciudadano ha de involucrar al gobierno, al sistema político en su conjunto, a los sectores empresariales y productivos, y a los trabajadores. En el marco de una estrategia de país ha de establecer objetivos y criterios en materia de crecimiento económico, competitividad, empleo decente, relaciones laborales, protección social, cohesión territorial, sostenibilidad ambiental, integración regional, etcétera.

Lo que tiene que quedar claro es que el corporativismo y los lobbies tendrán muy poca audiencia en un gobierno progresista. Lo que les planteaba anteriormente sobre las formas institucionales de participación es parte de nuestra respuesta.

-Últimamente la izquierda y franjas del empresariado nacional han ido limando viejas asperezas. ¿Con qué sectores del empresariado piensa usted que al FA-EP-NM le resulte más fácil acordar?

-Con los empresarios que realmente jueguen su papel de asumir riesgos, de invertir, de innovar, de generar trabajo, que respeten el ambiente y que tengan una visión moderna de las relaciones laborales y de su propia responsabilidad social.

Hay, en ese sentido, una gran potencialidad. No es un problema sólo de relacionamiento de nuestro gobierno, es un problema central para el país, esos son los empresarios que el país necesita. Y así como hablamos en el encuentro mantenido con los empresarios sobre la política económica, crediticia, de apoyo a la innovación, de promoción de la innovación tecnológica, también les hablamos claramente de sus responsabilidades intransferibles.

-Desde otro ángulo social, ¿habrá una relación privilegiada con los sindicatos? La experiencia de la administración frenteamplista montevideana con ADEOM parece augurar por lo menos dificultades en ese plano, sobre todo con los gremios del sector público, que además están entre los más fuertes del país. En esa materia: ¿qué cosas no haría, siendo presidente de la República, que sí hizo siendo intendente de la capital?

-Hay una larga tradición de sintonía entre la izquierda y el propio EP-FA con los trabajadores en general y con los trabajadores organizados en particular. Es una seña de identidad de la cual nos sentimos orgullosos.

Hemos realizado varios encuentros para discutir y analizar el relacionamiento y también la independencia del gobierno progresista y los sindicatos. Esa es una garantía para ambos.

Las relaciones también y fundamentalmente pasan por temas de contenidos, por definir el Uruguay que queremos y cómo construirlo; pasan por un proyecto de desarrollo productivo con justicia social, pasan por el trabajo decente, por las relaciones laborales y, sobre todo, por articular políticas concretas que promuevan lo anterior. Tal es el principal elemento de nuestra relación con los trabajadores y con sus sindicatos.

Sabemos que el relacionamiento entre un gobierno progresista y el movimiento sindical nunca es idílico, conocemos la complejidad de las actuales circunstancias, pero somos optimistas en esta materia. No solamente por lo que es, ha hecho, hace y propone hacer el EP-FA-NM, sino también porque reconocemos en el movimiento sindical uruguayo a un actor serio, honesto, con una fuerte tradición de compromiso con las grandes causas nacionales, impulsor y participante de iniciativas de amplia base social, por ejemplo para citar el último, la Concertación. Así que somos optimistas.

Pero además, ¿acaso toda la experiencia del relacionamiento entre el gobierno municipal de Montevideo y ADEOM es mala? ¿Acaso no ha habido acuerdos y avances importantes en la erradicación del clientelismo, el ingreso por concurso, la calificación y la formación del personal, la modernización de la carrera profesional y en particular la atención a los sectores más sumergidos y que juegan un papel fundamental en la sociedad? Por supuesto que hay mucho por hacer, pero lo que se ha hecho no es poco.

-¿Qué características tendría el Consejo Económico y Social que la izquierda plantea convocar?

-Las que establecen los artículos 206 y 207 de la Constitución de la República. Honorario, consultivo, integrado por distintos sectores de la sociedad que hacen a la vida del país.

Además de cumplir con la Constitución, será parte fundamental de nuestra política de institucionalización de la participación de los diversos sectores sociales de la vida económica y social del país.

Y esto se une al rol que debe asumir el Parlamento nacional como instancia representativa de la voluntad ciudadana, como ámbito para plantear y discutir los grandes temas del país y legislar en consecuencia, como poder que controla la acción del gobierno. En fin, la calidad de la democracia también se mide por la calidad de su Parlamento.

-Lula llegó al gobierno de Brasil prometiendo cinco grandes reformas para implementar en el primer año y medio de gestión. ¿Cuáles serían las primeras reformas que el EP-FA encararía en ese período?