La nueva conquista española

Hacer la América al estilo neoliberal

Luis Hernández Navarro

RODRIGO RATO,director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), llegó a Buenos Aires el último día de agosto a "poner orden en la economía argentina". El país, le planteó al presidente Néstor Kirchner, debía obtener un mayor superávit fiscal y destinar más dinero al pago de la deuda. El mandatario le respondió: "Ni lo piensen, ni lo sueñen."

"Fue un encuentro tenso –publicó un día después el diario El Clarín–; el gobierno se mostró inflexible en sus posturas y ellos también en las suyas".

Rodrigo Rato conoce bien Iberoamérica. "América Latina nos importa, dijo, son 400 millones de consumidores". Vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Economía del Reino de España durante la presidencia de José María Aznar, fue responsable de la privatización de empresas públicas españolas como Telefónica, Repsol, Argentaria y Endesa, bien posicionadas en Latinoamérica.

Madrileño de 55 años, procedente de una familia acomodada de empresarios, doctor en economía y diplomado por la Universidad de Berkeley, cerebro económico de Aznar, el hoy jefe del FMI fue clave en la conquista de los mercados de las antiguas provincias. Un apoyo incondicional para los inversionistas de su país. El 21 de noviembre de 2002, cuando las dificultades económicas del subcontinente y los levantamientos populares pusieron en peligro la viabilidad de las compañías, Rato, entonces ministro de Economía, reclamó "medidas urgentes" en apoyo a las empresas ibéricas, donde pueden seguir representando "un papel muy importante".

Las presiones ibéricas –vía directa o a través del FMI– no son ninguna novedad en Argentina desde la devaluación de la moneda de enero de 2002. A decir del diario Página 12 (16 de marzo de 2004), "el presidente español siempre avaló la mano dura del FMI con Argentina e hizo lobby, cada vez que tuvo oportunidad, a favor de las empresas españolas en el país, ya sea que reclamen un ajuste de las tarifas de servicios públicos o las millonarias compensaciones en bonos por la devaluación que entregó el Estado argentino a los bancos".

La visita de Rato a Argentina terminó, días después, en un armisticio temporal. El FMI aceptó (El País, 18 de septiembre de 2004) la petición del gobierno de ese país de prorrogar el vencimiento de su deuda pública valorada en mil millones de dólares hasta el próximo año. Un pequeño gesto de distensión en una guerra cruenta entre el organismo financiero multilateral y una nación saqueada y en bancarrota. Guiño que, sin embargo, fue acompañado de una nueva amenaza: de acuerdo con el dirigente del Fondo, el gobierno de Kirchner debe alcanzar un acuerdo con los acreedores privados de la deuda externa argentina. Curiosamente, una parte muy importante de los acreedores argentinos son empresas españolas. Las mismas que llegaron al país de la mano del entonces ministro de Economía de aquel país.

Lo que no ha terminado, ni de lejos, es el pulso entre las compañías ibéricas y el gobierno argentino. Las compañías eléctricas fueron sancionadas por los recientes apagones, y el Senado argentino aprobó (El País, 25 de octubre de 2004) una ley que impide a las empresas de servicios cortar automáticamente el suministro a morosos sin un acto previo de conciliación.

La reconquista

Rodrigo Rato no es el único español en dar consejos a los políticos latinoamericanos. La lista de los autodesignados gendarmes del neoliberalismo es larga. José María Aznar, todavía presidente del gobierno español cuando se realizó la cumbre de Santa Cruz el año pasado, aprovechó la reunión para enseñar el cobre: son necesarias –dijo– más privatizaciones, más disciplina financiera, más apertura de mercados y más liberalización. Que el modelo no funcione en Latinoamérica le tiene sin cuidado al político hispano, pues trabaja bastante bien para las empresas multinacionales: trasladaron a la metrópoli un billón de dólares, sólo por concepto de pagos de intereses, ganancias y derechos de autor. No importa que 209 millones de personas en la región (42.2% de la población) vivan con ingresos por debajo de la línea de pobreza.

José María Aznar y Rodrigo Rato saben de lo que hablan. Los empresarios de su país emprendieron desde hace 12 años la reconquista del nuevo mundo. Sólo que en esta ocasión se armaron no con ballestas y armaduras, sino con pesetas (euros) y relaciones con la corrupta elite política que subastó los bienes de sus países. Compañías estatales telefónicas, eléctricas, petroleras y de aviación pasaron a manos de propietarios de la madre patria en un abrir y cerrar de ojos.

Y lo de la reconquista no es una afirmación gratuita. Apenas en agosto pasado, en un acto sobre el 12 de octubre, el cónsul español en la ciudad argentina de Córdoba, Pablo Sánchez Terán, afirmó, justificando el pasado para legitimar el presente, que "estarían mucho peor hoy bajo el predominio de las civilizaciones indígenas (…) mucho peor estarían o estaríamos bajo las civilizaciones incaicas, aztecas, mapuches, sioux, apaches, que han sido idealizadas por historiadores y antropólogos, cuando es bien conocida su división de castas y su carácter imperialista y sanguinario" (El País, 14 de octubre de 2004).

En 1999 España se convirtió en el mayor inversor directo en América Latina. Las inversiones directas de este país en la región pasaron de 780 millones de dólares en 1990 a 100 mil millones de euros en 2001, de los cuales 26 mil 281 millones se colocaron en Argentina, 26 mil 292 millones en Brasil, 9 mil 197 millones en México y 7 mil 816 millones en Chile. Desde esa fecha han seguido incrementándose.

Las empresas ibéricas se ubicaron en posiciones de liderazgo en la región, aun en mercados usualmente dominados por Washington. En unos cuantos años compañías de base nacional del sector financiero, de energía y comunicaciones se transformaron, gracias a la reconquista española, en consorcios trasnacionales. Los bancos Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y Santander Central Hispánico tomaron el control de un tercio de los activos extranjeros en este territorio. Tan solo durante los primeros nueve meses de 2004, BBVA duplicó sus ganancias en México: 580 millones de euros (La Jornada, 26 de octubre de 2004).

La fiebre por posesionarse de nuevos mercados hizo que en 1996 España se convirtiera en el sexto inversor mundial, lo que no le impidió poner en práctica medidas proteccionistas, como la de impedir que una empresa extranjera pública de otra nación pueda adquirir compañías privadas españolas.

Muchos de los procesos de privatización de empresas estatales latinoamericanas y concesiones de contratos han estado llenos de irregularidades de todo tipo. Es el caso de la adquisición de los yacimientos de la empresa YPF por Repsol en la provincia de Neuquén (Argentina), en la que los bienes de la compañía fueron subvaluados. Otro ejemplo de la corrupción es el papel jugado por la desaparecida empresa española FOCOEX, en Argentina y Uruguay. Una comisión investigadora del parlamento uruguayo demostró que esa compañía concedió, a nombre del gobierno español, millones de dólares al gobierno para la adquisición de bienes españoles. El gobierno uruguayo debió realizar esta compra a través de un intermediario particular, que cobró altas comisiones. Se adquirieron equipos inútiles que nunca se utilizaron (Ricardo Daré, Las conflictivas relaciones de España con América Latina).

Repsol puede ser considerada como el buque insignia del nuevo capitalismo español en México. Se trata de un moderno gigante petrolero nacido en un país prácticamente sin petróleo: de los 68 millones de barriles equivalentes de petróleo obtenidos en 1997 por la empresa, sólo un millón fue extraído dentro del Estado español. Lo mismo sucedió con el gas. De los 13 millones de producción total, sólo 800 mil barriles se sacaron de allí.

Repsol nace en 1996 como resultado de una iniciativa para integrar los dominios petroleros del Estado español en un solo grupo empresarial. Creció en un mercado sin competencia. Entre 1989 y 1997 se privatiza. En 1999 adquiere la compañía argentina YPF. A partir de entonces se convierte en "la mayor compañía española en cuanto a ingresos, la mayor compañía privada del sector energético en Latinoamérica en términos activos, y una de las diez mayores compañías petroleras del mundo". En 2000 contaba con reservas de casi 5 mil millones de barriles.

En contra de lo ofrecido, muchas de las adquisiciones españolas de empresas públicas ofrecieron servicios de mala calidad, aumento en el costo de las tarifas y presiones políticas indebidas sobre los gobiernos que han pretendido regularlas. Por ello la opinión pública latinoamericana es negativa hacia estas operaciones comerciales. De acuerdo con el sondeo Latinobarómetro 2003, 27% de los encuestados cree "que la inversión de capitales españoles" ha sido poco o nada beneficiosa, y los más críticos son de países donde las inversiones son más importantes; 77% de los entrevistados afirma que estaba más satisfecho con los servicios que ofrecían las empresas privatizadas antes de que pasaran a manos hispanas (El País, 7 de noviembre de 2003).

Es así como la empresa eléctrica Unión FEMOSA es conocida en la Dominicana como "Unión Penosa", y en Nicaragua como "Unión Mañosa" o "Unión Feroza". En la encuesta Demos‘81 realizada en Dominicana, el 83% de los entrevistados valoran el servicio eléctrico como malo o muy malo. La opinión sobre este negocio era tan negativa, que tuvo que salir de ese país en noviembre de 2003. Ciertamente, no todo ha sido "miel sobre hojuelas" para las empresas ibéricas en América Latina. Región afectada por fuertes convulsiones económicas y ciclos de inestabilidad y recesión, el capital español ha respondido a ellos con la disminución de los flujos de transferencias. Las filiales españolas en Argentina perdieron, durante el año 2002, 83 % de su valor, pasando de 15 mil millones de dólares a 2 mil 500 millones. No obstante, un nuevo ciclo de exportación de capitales españoles en el subcontinente se anuncia para los próximos meses. Según José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno, desde "el ámbito empresarial se dan las condiciones para emprender una segunda oleada de inversiones, protagonizada ahora por las empresas de tamaño mediano y pequeño" (El País, 18 de septiembre de 2004). En ello desempeñará un papel clave el posible acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que se firmaría este mes de octubre y que fue pospuesto hasta 2005.

Parte de esta nueva cooperación es la llegada del ministro de Defensa español, José Bono, a Chile, junto con 43 empresarios de la industria militar, para venderle armas a ese país. Chile es una de las naciones con mayor inversión española directa: 8 mil 396 millones de euros.

El negocio de los populares

El 2 de julio de 2001, las revistas del corazón españolas dieron cuenta del enlace civil entre Juan Villalonga y Adriana Abascal, tras varios años de una atormentada relación. Ella, ex Señorita Veracruz, última compañera sentimental del Tigre Azcárraga, el magnate de Televisa, y una de sus herederas. El, divorciado a raíz de su relación con la mexicana, antiguo compañero de pupitre de José María Aznar en el Colegio del Pilar y ex director de Telefónica, una de las empresas claves en la recolonización española de América Latina.

El temprano éxito empresarial de Juan Villalonga es paradigmático de los cambios operados en la madre patria a raíz del triunfo del Partido Popular (PP). Tras su primera victoria electoral, esta fuerza construyó una densa red de influencias económicas como las que ningún otro gobierno previo desde Francisco Franco se había atrevido a organizar.

De acuerdo con Jesús Mota (Aves de raPPiña), "fue una operación audaz y fraudulenta. Aznar y Rato entregaron las cinco grandes empresas públicas españolas –Telefónica, Endesa, Argentaria, Tabacalera (hoy Altadis) y Repsol– a cinco hombres de su confianza personal –Juan Villalonga, Rodolfo Martín Villa, Francisco González, César Alierta y Alfonso Cortina, respectivamente– y después las empresas se pusieron en venta en la Bolsa. El fraude político consistió en prolongar la presencia de los cinco amigos después de la privatización. Para conseguirlo, los presidentes nombrados por el gobierno recurrieron a un truco ingenioso. Antes de la privatización nombraron consejeros independientes hasta ocupar la mayoría de cada uno de los consejos de administración de las cinco empresas; estos consejeros ratificaron después de la privatización a los presidentes que los habían designado".

El caso es que los accionistas de las cinco grandes resultaron expropiados en sus derechos políticos por la maniobra del gobierno del PP. La expansión corporativa al nuevo mundo permitió consolidar esta creciente influencia política.

Desde Telefónica, antes de caer en desgracia, Juan Villalonga no sólo se dedicó a enamorar a las nuevas Malinches, sino que forjó un verdadero imperio informático, afín a la línea de comunicación del gobierno. Entre sus incursiones mediáticas se encuentran, así fuera temporalmente, asociaciones con Unisource, MCI-Worldcom, British Telecom, El Mundo, el grupo Recoletos, Onda Cero Radio, Antena Trece Televisión y varios más. Su coqueteo con el grupo Prisa, cercano ideológicamente al opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fue, sin embargo, decisivo en su caída.

Aunque varias de estas compañías expandieron sus tentáculos hacia Latinoamérica, la presencia española estuvo muy lejos de limitarse a una cuestión de inversiones. Deseoso de jugar en las grandes ligas de la política internacional, orgulloso de ocupar un lugar en el Olimpo junto a Bush, Berlusconi y Blair, José María Aznar dejó de lado el tradicional compromiso europeo de los gobiernos españoles, y lo mismo invirtió dinero del Estado en la búsqueda del reconocimiento de Washington, que apostó a hacer de su presencia en el nuevo continente una pieza de su reposicionamiento geopolítico. El nuevo atlantismo ibérico ofreció a la Casa Blanca sus buenos oficios en sus antiguas colonias americanas para que acompañaran o justificaran la aventura imperial de la Casa Blanca en Irak.

Muestra de esta actitud fue el papel que la embajada española en Venezuela desempeñó en el intento de golpe de Estado a Hugo Chávez. También lo fueron el apoyo militar y diplomático al gobierno paramilitar de Alvaro Uribe en Colombia, el envío de tropas a Haití –como parte de una misión de la ONU– y la presión ilegítima hacia aquellos gobiernos que han osado rechazar el incremento a las tarifas de empresas españolas de servicios públicos.

La participación española en apoyo al golpe de Estado contra Hugo Chávez ha sido convincentemente explicada en un informe del partido Izquierda Unida. La conspiración, entre otros objetivos, pretendía la privatización de Petróleos de Venezuela en beneficio de una sociedad estadunidense vinculada al presidente George Bush y a la española Repsol; vender la filial estadunidense de Pdvsa, Citgo, al millonario Gustavo Cisneros y sus socios de Estados Unidos, y suprimir la reserva del Estado venezolano sobre el subsuelo.

Muchos de los hilos del golpe se movieron desde Madrid. Empresarios españoles (banqueros y Repsol) organizaron una cooperacha de más de medio millón de dólares para financiar protestas contra el presidente venezolano (José Manuel Fernández, Investigación realizada por IU sobre La Participación de España y Estados Unidos en el golpe de Estado en Venezuela).

No fueron casuales tampoco las declaraciones realizadas por el ex presidente Felipe González, amigo de Cisneros, en las que justificó el apoyo político al golpe de Estado desde una crítica severa a Hugo Chávez, calificado de caudillo y dictador.

El apoyo del gobierno ultraderechista colombiano de Alvaro Uribe se materializó con la donación de ocho aviones de combate Mirage F-1, helicópteros, lanchas patrulla, un dragaminas, dos aviones de transporte de tropas y el uso de satélites de observación y comunicación, para ayudar a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Federico Trillo, titular español de Defensa, afirmó que "la cooperación española con Colombia se enmarca en la lucha contra el terrorismo sin importar de qué organización se trate, pues las FARC, ETA o Al Qaeda, aunque no tengan la misma ideología, tienen en común su sustancia principal". (EFE, 28 de febrero de 2003).

Con mantón de Manila

Un pequeño escándalo estalló durante 2003 en el mundo cultural mexicano. La casi desconocida pintora Mónica Roibal ganó un concurso de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con una imagen de Emiliano Zapata, en la que representaba al caudillo sureño más como un señorito andaluz que como el dirigente de una revolución agraria. La artista resultó ser esposa de Antonio Navalón, representante del poderoso grupo Prisa en México e intermediario comercial ligado a los más sonados escándalos de corrupción política y financiera en España.

Al poco tiempo la comunidad artística se encontró con un nuevo motivo de indignación. Sin ninguna consideración sobre la calidad de su obra, el museo de San Ildefonso expuso generosamente la muestra "El corazón sobre el asfalto" de la misma artista.

Casi un año después, entre el 20 de abril y el 15 de julio de 2004, Antonio Navalón, ahora comentarista editorial de la barra de noticiarios de Joaquín López Dóriga, organizó en la frontera norte de México la exhibición "Tijuana, la Tercera Nación".

La historia no es solamente un ejemplo más de tráfico de influencias, sino también de una tendencia general en las relaciones entre ambos mundos. Desde la llegada al poder del PP se han desarrollado múltiples programas para fortalecer la cultura española en las regiones en las que tiene influencia. En 2002, el 13% de la ayuda para desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) se concentró en este rubro. Ninguna otra agencia en el mundo destina un monto similar a actividades culturales.

Viajes, becas, premios artísticos o literarios, conferencias y publicaciones se han convertido en formidable instrumento de persuasión hacia las elites intelectuales latinoamericanas. A pesar de que varios países del área tienen poderosas industrias culturales y de entretenimiento (México, Brasil y Venezuela), la realización del sueño de ser un autor conocido en el conjunto del mundo hispanohablante depende, en mucho, de las redes editoriales, universidades y prensa españolas.

Como ha explicado Juan Agulló (Masiosare, 7 de julio de 2002), la Fundación Carolina (FC) –ahora involucrada en múltiples escándalos– y su potente programa de becas se han convertido en el laboratorio de la política exterior de la derecha española. Creada en 2000 (en el quinto centenario del nacimiento del rey Carlos V), la FC agrupa a las 24 multinacionales más importantes de España.

Papel clave en este proyecto de hegemonía cultural es el que desempeña el grupo Prisa, editora del prestigiado diario El País, con un tiraje declarado de 445 mil 500 ejemplares diarios, y de la revista Rolling Stone (en España). Periódicos, libros, revistas, música, canales de radio y televisión son terreno firme de esta empresa de comunicación. El consorcio posee más de 400 emisoras de radio en España. Tiene derechos o participaciones en seis editoras de libros, entre ellas, la poderosa Santillana. Fuera de España posee periódicos, intereses de radio y revistas en Bolivia. Maneja el 87% de Grupo Latino de Radio, que controla 300 emisoras de radio en Panamá, Chile, Colombia y Costa Rica. Posee, además, el 50% del grupo Radiópolis en México. En América Latina cuenta con jugosos contratos de distribución de libros y todo tipo de material escolar a cargo del erario público de varios estados iberoamericanos. Esta editorial ha disfrutado de numerosos créditos blandos y ganado licitaciones de la partida de Ayuda al Desarrollo del Ministerio de Economía y de la Agencia Española de Desarrollo.

Como sucede a todas las metrópolis coloniales, España se ha convertido, en la última década, en destino de quienes padecen la reconquista. Más de 30% de los extranjeros en ese país son latinoamericanos, y de ellos casi la mitad son ecuatorianos, el principal grupo de inmigrantes por delante de los marroquíes; 390 mil de ellos viven allí con papeles y 100 mil lo hacen sin documentos.

Hace ocho años vivían en España poco más de medio millón de extranjeros; actualmente el número supera los 2.6 millones, de los cuales 853 mil carecen de documentación en regla. Esta cifra no incluye los miles de descendientes directos de españoles que consiguieron la nacionalidad de sus padres y migraron.

Son importantes también las comunidades de peruanos, colombianos y, desde hace tres años, de argentinos. La resistencia a aceptarlos es grande. Según declaraciones de la BBC, "la sociedad española no está preparada para recibir esta gente".

Esos migrantes envían remesas a sus familias regularmente. Las tres comunidades latino-caribeñas más importantes en la madre patria, colombianos, ecuatorianos y dominicanos, mandan a sus países de origen, anualmente, casi 707 millones de euros.

Una parte de estos migrantes son mujeres que trabajan en la industria del sexo. Diversos estudios señalan que 60 mil dominicanas y 75 mil brasileñas se prostituyen en Europa.