La ley de la tortura: Alberto Gonzales

Alejandro Nadal

La mañana del 18 de junio de 1997, el gobernador de Texas, George W. Bush, firmó el "memorando de petición de clemencia" que le había preparado su asesor legal, Alberto Gonzales. Al calce, marcó con una cruz el espacio junto a la palabra "denegada". Ese memorando presentaba al gobernador la petición de clemencia del ciudadano mexicano Irineo Tristán Montoya, condenado a muerte por homicidio. Pero el memorando de clemencia omitía mencionar que se había incurrido en una violación del derecho internacional: el inculpado sufrió un largo interrogatorio policial sin contar con la presencia de un abogado, ni con la asistencia del consulado mexicano, y hasta se le hicieron firmar textos en inglés, idioma que desconocía. El mismo Departamento de Estado admitió que esto violaba el derecho internacional, sin embargo, Montoya fue ejecutado ese día.

El consejero legal Alberto Gonzales era el encargado de preparar los "memoranda de clemencia", documentos breves con una síntesis de cada caso para que el gobernador tomara la decisión final sobre la sentencia: conmutar a cadena perpetua o rechazar la petición del prisionero. No eran escritos para el público, pero hace unos meses un analista legal pudo examinarlos. Se trata de documentos que omiten mencionar la existencia de circunstancias atenuantes, asesoría legal defectuosa, conflicto de intereses y hasta evidencias de inocencia. El texto de estos documentos revela un fuerte sesgo para que el gobernador denegara la petición de clemencia. Con razón durante la gestión de Bush en Texas hubo 152 ejecuciones.

George W. Bush ha dicho que antes de decidir si conmutaba o no una pena de muerte, se preguntaba si se habían agotado las "cuestiones legales". Si así era, la ejecución se llevaba a cabo. Esto es ilógico: por definición la clemencia se sitúa en un espacio que no es el de las "cuestiones legales" y lleva el derecho y la política a una encrucijada con la ética. Como Gonzales omitía mencionar las circunstancias atenuantes y la duda razonable, la fase de petición de clemencia resultaba una burla.

En plena "guerra contra el terrorismo"y como asesor legal en la Casa Blanca, Gonzales declaró obsoleta y "pintoresca" la Convención de Ginebra. Elaboró el dictamen por el cual Estados Unidos declaró unilateralmente que dicho instrumento no se aplicaba a los miembros de al-Qaeda, ni al Talibán de Afganistán. Asimismo, desempeñó un papel clave en la decisión de utilizar la base de Guantánamo como centro penitenciario mundial pretendiendo quedar así fuera del alcance de las leyes y tribunales estadounidenses. En un fallo histórico, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos rechazó esa interpretación en el caso Rasul vs. Bush en junio de este año.

Quizás lo más grave es la posición de Gonzales respecto a la tortura. Un memorando de agosto de 2002, preparado por el Departamento de Justicia para la oficina de Alberto Gonzales en la Casa Blanca, y avalado por él mismo, señala que el presidente tiene la facultad extra-constitucional de declarar nulas las Convenciones de Ginebra y aún el capítulo 118 de la Ley federal estadounidense sobre crímenes de guerra por el hecho de ser el jefe de las fuerzas armadas. En síntesis, las Convenciones de Ginebra consagran el derecho de los prisioneros luego de un conflicto armado a un trato humanitario, a no ser sometidos a interrogatorios coercitivos y a ser repatriados después del conflicto.

Un segundo memorando elaborado por asesores legales del Pentágono y aprobado por Gonzales, establece que la persona que lleva a cabo un interrogatorio es culpable de tortura sólo si actúa con el "propósito expreso de infligir dolor o sufrimiento severo en una persona bajo su custodia o control físico". Así se abrió la puerta a interrogatorios en los cuales habría dolor y sufrimiento, pero sin el elemento intencional no se configuraría el delito de tortura. El mismo texto señala que "hay muchas técnicas (de interrogación) que implican un trato inhumano, cruel y degradante pero no producen dolor o sufrimiento en la intensidad necesaria para caer dentro de la definición de tortura".

El consejo legal de Alberto Gonzales fue clave en el camino a Abu Ghraib. Se dice que Bush, Cheney y Rumsfeld no ordenaron directamente las torturas de la infame prisión. Pero la asesoría jurídica de Alberto Gonzales preparó el terreno para una política y un ambiente que haría de la tortura una práctica generalizada y tolerable. En el fondo, el consejo de Gonzales es el abandono del derecho.

Es con Gonzales y Condoleeza Rice, que Fox y Derbez pretenden negociar un acuerdo migratorio. El asunto de las balas de goma del patético canciller mexicano adquiere una nueva dimensión dado el historial de Gonzales.