Sanguinetti fue convocado a sede judicial para testificar en el expediente donde ya declararon el ex presidente Juan María Bordaberry, el ex canciller Juan Carlos Blanco, y los ex senadores Alberto Zumarán y Juan Raúl Ferreira. El objetivo de los magistrados es determinar si la orden de asesinar a Michelini y Gutiérrez Ruiz partió de los mandos militares uruguayos de la época y si fue un acto de gobierno. El juez y la fiscal indagaron en las afirmaciones contenidas en las actas de la Comisión Investigadora del Senado, donde el ex obispo de Montevideo, monseñor Carlos Partelli, describió cómo, muy poco después de los asesinatos, recibió un testimonio según el cual la decisión de ejecutar a los dos exiliados había sido adoptada, por mayoría de votos, en una sesión del Consejo de Seguridad Nacional (cosena), integrado por el presidente, los ministros de Defensa, de Relaciones Exteriores y del Interior, y los comandantes en jefe de las tres armas.

Bordaberry y Blanco negaron enfáticamente que el cosena hubiera puesto a votación los asesinatos, y por sus declaraciones parecían haber estado totalmente al margen de los acontecimientos, como si no hubieran ocupado los altos cargos en el momento de los acontecimientos. Esa alegada ignorancia, que contrasta con el fluido intercambio de información y contactos que el gobierno uruguayo mantuvo con el argentino en los meses y días previos a los asesinatos, impulsó a los magistrados a convocar a Sanguinetti para que informara sobre los elementos de juicio que lo llevaron a aplicar la ley de caducidad en este caso, en 1989. Los magistrados querían saber específicamente qué información había recabado el entonces presidente de la República, información que involucraba a los mandos militares y a oficiales de las Fuerzas Armadas en los asesinatos de Buenos Aires.

AYUDAMEMORIA

El 14 de marzo de 1989, exactamente un mes antes del referendo que confirmó la vigencia de la ley de caducidad, el presidente Sanguinetti respondió el mensaje Nº 16, del 8 de febrero de ese año, elevado por la Suprema Corte de Justicia, referido al oficio 32 del juzgado penal de 11º turno que investigaba la denuncia sobre los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz y preguntaba a la Presidencia si ese episodio debía ser considerado en los beneficios de la ley de caducidad.

La respuesta de Sanguinetti, firmada también por el teniente general Hugo Medina, ministro de Defensa, era propia de su estilo. Afirmaba que los militares denunciados en la causa "quedarían fuera de la aplicación de la ley penal uruguaya en virtud de que ha mediado intervención previa de autoridades argentinas". Olvidaba mencionar, prudentemente, que él había interferido directamente en el trámite de la justicia argentina demorando durante más un año un pedido de extradición de tres oficiales y un policía, requeridos por un juez federal argentino por diversos delitos, entre ellos los asesinatos de los dos legisladores.

Pero dado que la argumentación era endeble;y cabía la posibilidad de que el juez continuara las indagaciones&endash; Sanguinetti estampó en el documento la siguiente directiva: "No obstante ello, y para el caso de que la opinión expuesta pudiera ser controvertida, el Poder Ejecutivo ;de acuerdo a lo que establece el artículo 3 de la ley Nº 15.848; considera que los hechos investigados en esos antecedentes se encuentran comprendidos en el artículo 1 del mencionado cuerpo legal". No escribió en condicional; no dijo "se encontrarían" o "eventualmente se encuentran", o, como llegó a decir ahora:
"dio por válido el rumor";. Para nada: afirmó sin lugar a dudas que los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz estaban comprendidos en la caducidad, después de aplicar el artículo 3 según el cual el presidente debe investigar si en los hechos estaban involucrados militares y policías que actuaron en función de órdenes emitidas por los mandos.

Sólo las especiales circunstancias que vivía el país, aquel arrollador terrorismo propagandístico del que Sanguinetti fue artífice principal y que prometía regresar a los oscuros días de calabozos y cuarteles si se llegaba a derogar la ley de caducidad, permitieron que la sorprendente afirmación pasara desapercibida. De hecho dos años antes, cuando el 22 de diciembre de 1986 una mayoría de senadores blancos y colorados votaba la ley de caducidad, voceros del gobierno y del herrerismo no tuvieron empacho en afirmar que, por supuesto, la caducidad no corría para el episodio de Michelini y Gutiérrez Ruiz, pese a lo cual un artículo que expresamente excluía el caso desapareció misteriosamente del texto en los minutos finales de la alocada aprobación parlamentaria, no fuera el caso de que el ministro de Defensa, teniente general Medina, que había secuestrado en su caja fuerte las citaciones a militares, quedara en orsay, y con él el gobierno desacatando a la justicia; había que desacatarla pero de forma legal.

De hecho, aquella comunicación de marzo de 1989 zanjaba cualquier discusión al respecto: el presidente había investigado y la información que le dieron los mandos militares confirmaba que en los asesinatos habían participado policías y militares uruguayos que cumplieron órdenes superiores. En verdad, todo coincide: los viajes de Blanco a Buenos Aires; las comunicaciones para que retuvieran en Argentina a los exiliados; la suspensión de los pasaportes; los pedidos de vigilancia; y, tal como se ha revelado ahora, según una confesión del inspector Hugo Campos Hermida al periodista John Dinges, después de la reunión del cosena, la resolución que cambiaba el objetivo del operativo, inicialmente un secuestro, que se transformó en una ejecución para abortar totalmente cualquier conato de negociación de una transición política.

CADUCIDAD POR LAS DUDAS

Lo que concretamente querían saber el juez y la fiscal cuando citaron a Sanguinetti el viernes 3 era qué clase de información manejó siendo presidente y qué tipo de evidencias obtuvo sobre las órdenes impartidas y la participación de militares uruguayos. Una vez más Sanguinetti quiso hacer un dribbling: dijo a los magistrados que amparó los homicidios en la ley de impunidad porque "admitió por válida la alegada versión, según la cual, los dos legisladores fueron asesinados por argentinos que actuaron en coordinación con presumibles mandos militares uruguayos". Dijo que "supuso" que "había una posible conexión uruguaya" con los ejecutores argentinos, y que "era evidente que esta conexión refería a eventuales mandos militares o policiales".

Tanta ambigüedad tenía una razón: ¿cómo ayudar a su correligionario Bordaberry, de quien "se suponía una atribución específica de responsabilidad", y a la vez evitar cualquier información concreta? La solución no fue buena, pero es la única que se le ocurre después de tantos años de encubrir la impunidad: aplicó la caducidad "por las dudas", haciéndose eco de las versiones que circulaban. Tras su comparecencia queda
en evidencia que tanto en 1989 como en este diciembre de 2004, Sanguinetti sigue poniendo trabas al accionar de la justicia. Si, como dice ahora, aplicó la caducidad por simple presunción, entonces en 1989 mintió a la justicia al afirmar que los asesinatos de Michellini y Gutiérrez Ruiz estaban comprendidos en el artículo 1 de la ley, en función de la aplicación del artículo 3. Con ello logró que se archivara la investigación.

Pero si, como es evidente, Sanguinetti supo en detalle la participación uruguaya en los asesinatos, entonces ahora, al negarle la información a los magistrados, está, nuevamente, interfiriendo con la justicia. Está, como siempre, siendo coherente: ubicándose del lado de los victimarios.