El
gobierno Lula -cualquiera que sea la configuración definitiva que
vaya a asumir- se inscribe en el proceso de lucha de clases para decidir
quién pagará el precio -y en qué medida- de la farra
especulativa de la economía brasilera de los años 90. Las
clases sociales fundamentales -ligadas al capital y al trabajo- y sus fracciones
internas y aliadas se preparan, en las nuevas condiciones, para adquirir
mayor capacidad de defensa y de apropiación del excedente, ante
una economía y un Estado financierizados.
Hasta aquí,
la continuidad y la profundización de la política económica
del gobierno FHC, como determinante y condicionante mayor del gobierno
Lula, recoloca en posición extremadamente ventajosa al capital financiero,
en su modalidad especulativa, como sector hegemónico en el proceso
de reproducción del capital en el Brasil. En el primer año
del gobierno Lula, este sector se vio fortalecido, no sólo por la
continuidad mencionada, sino también porque vio confirmada su posición
por la adhesión de un partido, originalmente vinculado al mundo
del trabajo, expandiendo su capacidad consensual y aislando relativamente
a los sectores que organizan a la clase trabajadora -en el sentido más
amplio de la palabra: de los sectores que viven de su trabajo, sin explotar
el trabajo ajeno.
La reforma
de la previsión social y la ausencia de una reforma tributaria con
fuerte poder redistributivo, fueron factores que favorecieron esta hegemonía,
a través de la cual el gobierno Lula, en su primer año, debilitó
al movimiento organizado de los trabajadores y la dimensión pública
del Estado brasilero, buscando articular, al mismo tiempo, bases populares
de apoyo al bloque en el poder, mediante la legitimación de sus
políticas por la simpatía popular de la figura de Lula en
los sectores más pobres y desorganizados del pueblo. La intensificación
del carácter privatizado del Estado favorece, a su vez, al gran
capital privado, no sólo por la expansión del mercado de
los fondos privados de pensión, sino también conforme contribuye
a la descualificación del Estado y de su dimensión pública.
Los intereses cristalizados en torno de la administración de los
fondos de pensión -en la dirección apuntada por Francisco
de Oliveira-, así como la «sociedad» con capitales privados
en las inversiones estatales fortalecen los criterios mercantiles en detrimento
de los intereses públicos dentro y fuera del Estado.
La polarización
eventual entre capital productivo y capital especularivo queda descaracterizada,
en la medida en que las grandes empresas originalmente vinculadas a la
produccción, están igualmente financierizadas, en el sentido
de que se valen de inversiones especulativas en el proceso de reproducción
de su capital. O aún porque gran parte de las grandes empresas productivas
-además de compartir este tipo de inversiones- están vinculadas
esencialmente a la exportación, destinando su producción
al mercado externo y/o a la llamada esfera alta de consumo, no necesitando
así de un proceso de distribución de renta en el mercado
interno, favorable a las clases populares. Complementan así la configuración
del bloque económico dominante, de forma compatible con el modelo
económico vigente, como los crecientes superávits de la balanza
comercial revelan, sin que se altere en nada la distribución de
renta interna, al contrario, intensificiando su papel concentrador.
La polarización
de clases cruza así al gobierno Lula y a las clases populares. Los
que luchan por las reivindicaciones originales -la central, desde un cierto
punto de vista- de la prioridad de lo social, se alinearían del
lado del bloque social popular, si no se rinden a políticas focalizadas
y asistencialistas, que pueden perfectamente convivir con los «superávits
fiscales» del equipo económico -por los diez años prometidos
o hasta más- por no afectar de forma sustancial la pésima
distribución de renta construida y reproducida a lo largo de los
siglos de historia brasilera. Los que luchan por el dislocamiento del ajuste
fiscal, para atender los derechos sociales y económicos universales
de la población brasilera -comenzando por el derecho al empleo formal,
con el objetivo de desempleo cero- se sitúan del lado del bloque
de las clases explotadas y dominadas. Los que priorizan el ajuste fiscal
y aceptan la reproducción del modelo económico neoliberal,
están del lado del bloque dominante conservador.
De la misma
forma, la prioridad del Mercosur o del Alca, confirmando una de las tesis
clásicas de la izquierda según la cual la forma de inserción
internacional define los marcos de las políticas internas-, esto
es, de una política externa soberana o definitivamente subordinada,
se pueden alinear del lado de la prioridad de la extensión del mercado
interno de masas, esto es, de lo social, o del financiero y exportador.
Puede abrir espacio para un modelo alternativo, fortaleciendo el bloque
social popular, o puede complementar en el plano externo el actual modelo
conservador. El bloque social alternativo, cuenta con el movimiento social
organizado, con la militancia descontenta y crítica de los partidos
de izquierda, con gran parte de la intelectualidad independiente. El bloque
dominante cuenta con las políticas hasta aquí hegemónicas
en el gobierno, con la gran mayoría de los medios de comunicación
de masas, con el apoyo de los organismos financieros y comerciales internacionales,
con la legitimidad de Lula, y la simpatía con que cuenta entre la
masa pobre y desorganizada de la población.
Sintéticamente,
podemos proyectar tres evoluciones futuras: la primera, la manutención
de estas fuerzas y la consolidación del gobierno como un bonapartismo
conservador, que administra la crisis actual y consolida la hegemonía
del capital especulativo; la segunda, la conquista por el movimiento social
organizado de parte sustancial de los sectores populares hasta aquí
no organizados, vaciando de apoyo social significativo al gobierno, generando
su crisis de legitimidad; la tercera, como desdoblamiento de la segunda,
el cambio del carácter del gobierno, adhiriendo a la alternativa
popular, y generando un cambio de hegemonía en su interior en la
sociedad brasilera. De cualquier forma, lo cierto es que la historia, cambiando
siempre su forma, continúa siendo la historia de la lucha de clases.
Los partidos, los gobiernos, las fuerzas sociales y culturales cambian,
transforman su naturaleza de clase, pero siempre se definen por su alineamiento
en relación a los grandes intereses del capital y del trabajo. El
período histórico actual no es excepción, por mayor
que sea lo inédito de su forma, de la misma manera que su desenlace
abierto, conforme a la evolución de la relación de fuerzas
entre los bloques sociales antagónicos, y que definirá la
cara de Brasil en el siglo XXI: dominado por las fuerzas del capital o
del trabajo; por la ínfima minoría en el poder, o por las
grandes masas de la población, organizadas como ciudadanos libres
y soberanos.