Hay en la actual administración dos tiempos bastante definidos. Por un largo período la policía fue advertida que no debía intervenir para disuadir ninguna manifestación ni cortes de calles.

Pero a mediados de julio cuando ocurrieron violentos disturbios frente a la Legislatura porteña, la mano cambio. La presencia policial es ostensible y cortar rutas o calles, tomar un ministerio, ocupar un local comercial, participar de un cacerolazo en el hall de un banco o liberar las barreras de los peajes son actos que actualmente en general no son tolerados por las autoridades. Colofón: por la protesta social hay 24 detenidos. 

Lo de la Legislatura derivó en la dimisión del ministro de Justicia Gustavo Beliz y hubo detenidos: 15 de ellos aún permanecen arrestados

Se dispuso entonces sacar de la órbita de Justicia el control de las calles y puso al frente al ministro del Interior, Aníbal Fernández, que instrumentó operativos preventivos de saturación policial. 

Desde agosto, las protestas son vigiladas por una mayor cantidad de policías y se impuso como objetivo impedir el corte total de los puentes de acceso a la Capital. 

Un momento bisagra

Otra bisagra en este proceso ocurrió el 31 de agosto, en una manifestación contra el FMI del grupo Quebracho, en la Plaza de Mayo, que terminó con represión y 108 detenidos. Los últimos fueron liberados el 1° pasado. 

Un caso testigo ha sido el referente del Movimiento de Jubilados y Desocupados, Raúl Castells, que fue apresado el 25 de agosto por haber tomado un casino en el Chaco. Allí permaneció detenido durante 57 días.

Ahora ha regresado al escenario porteño: ayer encabezó nuevas peregrinaciones por el centro de la ciudad demandando comida para los necesitados, particularmente por las fiestas. Días pasados ocupó, el dice que solo estuvo en el local, la casa de comidas rápidas Mc Donald's. Dijo que recibió promesas de que le donarían 50 mil viandas para las Navidades, pero el gerente de la firma norteamericana denunció a Castells ante la justicia. 

El dato de que son 24 los detenidos se completa con seis arrestados luego de la toma de una terminal marítima y por un piquete frente al Municipio de Caleta Olivia, en Santa Cruz, y con otros tres manifestantes detenidos en La Matanza, La Plata y San Luis. 

Así lo dice la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). 

7.000 bajo la mira judicial

En todo el país hay más de 5000 personas procesadas por presuntas violaciones a la ley durante algún tipo de protesta social. Pese a que de esos procesados sólo 24 están detenidos en la actualidad, el resto puede enfrentar una condena en el futuro y hasta terminar en la cárcel. 

Si se sumaran todas las personas con causas abiertas, ese número treparía a siete mil. No son sólo piqueteros o militantes de grupos de izquierda. La estimación contempla también a ahorristas, jubilados, comerciantes, productores agropecuarios, dirigentes gremiales, integrantes de comunidades indígenas, muchos de ellos, sin militancia política. 

¿Los delitos?: desde entorpecimiento del servicio del transporte y uso indebido de pirotecnia en la vía pública hasta otros más graves como usurpación, privación ilegítima de la libertad, coacción agravada y extorsión. 

La cifra de procesados es estimativa, pero la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), la Correpi y la Asociación de Profesionales en Lucha (APL) y diputados nacionales coinciden la aproximación. 

El reclamo de desprocesamiento de esas 5.000 personas es una bandera común de las agrupaciones piqueteras y de izquierda. El debate se mantiene vivo en el Parlamento desde hace más de un año. En noviembre de 2003, diputados kirchneristas presentaron un proyecto de amnistía para procesados por participar en manifestaciones. Pero cuando hay que tratar el asunto, no hay quórum. 

¿Criminalizan la protesta?

"Es mentira que no se criminaliza la protesta social. Hay miles de procesos judiciales que están muy avanzados", dijo Patricia Walsh de la Izquierda Unida, autora de otro proyecto junto con el socialista Ariel Basteiro. 

En algunos organismos de derechos humanos coinciden con Walsh. "La figura del preso político en un gobierno democrático se inauguró con Kirchner. Hasta ahora ninguno tuvo una política de represión tan directa", afirmó Nora Petrillo, abogada de APL, que defiende a cinco de los detenidos en la Legislatura. 

La afirmación, en sectores sociales con pasado combativo, no es aceptada. De todas maneras, el asunto crece y para las Navidades será una consigna del espacio piquetero.

Las marchas de este sector hay caído en masividad. De todas maneras la gran cantidad de procesados parece no influir en la evolución de los conflictos callejeros. En noviembre pasado se registraron 593 protestas sociales, un 38% más que en el mes anterior.