El anuncio del magistrado de que "Pinochet está mentalmente apto para enfrentar todas las etapas propias de un juicio criminal" y el subsecuente arresto domiciliario provocó las reacciones acostumbradas en episodios similares anteriores: el júbilo de víctimas sobrevivientes y de familiares de los que ya no están. Y la inmediata apelación de la defensa del general.

Lo anterior deja en evidencia el grado del daño causado por los 16 y medio años de dictadura de Pinochet y hasta qué punto Chile padece aún las secuelas de esa tragedia. Si se tratara de un país donde la institucionalidad estuviera a salvo de presiones y amenazas de "poderes fácticos", si el estado de derecho fuera un profundo concepto de nación más que una situación circunstancial, si hubiera convicción generalizada entre las autoridades de que la justicia es un requisito inexcusable de la democracia, Pinochet y su enorme lista de secuaces habrían sido ya juzgados y condenados en estos 14 años de post-dictadura. Y no habría que festejar que los representantes del Poder Judicial cumplieran con su deber. Y los defensores de lo indefendible no se atreverían, como aún hoy lo hacen, a apelar en favor de Pinochet con el increíble argumento de que al procesarlo "se violan sus derechos humanos."

El gobierno chileno, en ocasiones como ésta, destaca que en Chile "las instituciones funcionan", como si ello fuera una excepción digna de destacarse y no un mandato constitucional.

Los aliados de entonces

Para dar el golpe que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende, Pinochet contó con el apoyo documentado del gobierno de Estados Unidos, de la clase empresarial chilena, de los partidos de derecha y del centroderechista Partido Demócrata Cristiano. Parte de la jerarquía eclesiástica católica también lo apoyó.

Con los años Washington disminuyó su apoyo a la dictadura y finalmente alentó una salida democrática pactada. La izquierda había sido duramente golpeada, las organizaciones de participación popular arrasadas, la libertad de expresión erradicada por decreto. La "nueva institucionalidad" plasmada en la Constitución de 1980 parecía garantía suficiente para que nunca más la izquierda pudiera gobernar en Chile.

La clase tradicionalmente dominante en Chile, convertida por obra de Pinochet en clase gobernante, apoyó sin reservas al general y su legado hasta después de traspasado el mando de la nación a los civiles, tras ser derrotado en el plebiscito de octubre 1988.

Hoy, Washington ve en la "democracia protegida" chilena un modelo a seguir. Pinochet, el aliado de ayer, el encargado de hacer el trabajo sucio, ya no le es útil.

El Senado estadunidense investiga el origen de los dineros que Pinochet depositó en el banco Riggs de ese país, incluso con identidad falsa, y de cuyo origen no hay explicaciones convincentes. Esta situación, advierten los que saben, puede llevar a Pinochet ante tribunales de Estados Unidos.

Augusto Pinochet se encargó de concitar la lealtad blindada de sus camaradas de armas involucrando a parte importante de los altos mandos castrenses en la planificación y decisión de los crímenes del régimen. A la oficialidad le encargó la ejecución de esos crímenes que la tropa simplemente llevó a cabo en cumplimiento de órdenes superiores. A todos advirtió que la inmunidad de los miembros de las instituciones armadas sería tal mientras la suya, como autoridad máxima del régimen militar, permaneciera intacta.

Iniciada la transición a la democracia -en marzo de 1990- comenzaron a aflorar innumerables evidencias de atrocidades cometidas como política de Estado durante la dictadura, que siempre estuvieron allí, pero que un Poder Judicial obsecuente y permisivo prefirió ignorar. Pinochet y los altos mandos de las fuerzas armadas sentenciaron: "excesos personales".

Incluso respecto de la Operación Cóndor, coordinación represiva de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América cuya acta de nacimiento se escribió en Santiago el 25 de noviembre de 1975, durante una reunión de los responsables de seguridad de cada país, convocada por Chile, Pinochet y sus secuaces negaron responsabilidad e incluso conocimiento.

Hasta fechas muy recientes la táctica del dictador surtió efecto tanto con sus camaradas de armas como con los civiles que lo apoyaron sin reservas.

Sin embargo, ante el peso de la evidencia y la tenacidad de los defensores de derechos humanos, la justicia chilena, tardía y vacilante, ha comenzado a actuar. Y Pinochet se va quedando solo.

Al reconocimiento de las cúpulas castrenses de que sí hubo responsabilidad institucional en los crímenes de lesa humanidad contra opositores, se unió en días recientes el reclamo del general en retiro del ejército chileno, Manuel Contreras Sepúlveda, el Mamo, quien se declaró molesto con el ex dictador "por eludir sus responsabilidades y dejar a sus subalternos el peso de los hechos."

Contreras fue titular de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) policía política del régimen y anfitrión de la reunión inaugural de la Operación Cóndor.

Una de sus declaraciones judiciales -hecha en 1997- determinó la decisión del juez Guzmán de procesar a Pinochet. Fue la siguiente: "Yo, en cumplimiento también a normas militares, fui nombrado el día 13 de noviembre de 1973, Delegado del Presidente de la Junta de Gobierno en esa fecha y posteriormente Presidente de la República. Este documento fue básicamente el nombramiento único que recibí del Presidente de la República durante mi permanencia en la Dina, y por el cual se me autorizaba para actuar en nombre del Presidente. El director real de la Dina no era yo, sino que tendría que haber sido el Superior Directo de la Dina, que de acuerdo al mismo decreto antes expuesto era inicialmente la Junta de Gobierno, a continuación el Presidente de la Junta de Gobierno y posteriormente el Presidente de la República".

Contreras purgó ya una sentencia de siete años por el asesinato de Orlando Letelier -ministro de Relaciones Exteriores Allende- perpetrado en Washington en 1976. Y enfrenta numerosas querellas por torturas y desaparición de personas.

Parte de la jerarquía eclesiástica que apoyó al dictador por acción o por omisión, ensaya hoy un ecléctico llamado a perdonarse... mutuamente.

Esa masa informe de los que no eran clase dominante, ni empresarios, ni ricos, pero que apoyaron el golpe militar y la dictadura "por salvarlos de los horrores del comunismo ateo y perverso" argumentan hoy "nunca supimos lo que estaba ocurriendo." Y agregan: "Si hubiéramos sabido..." 

La clase dominante, los empresarios y los nuevos empresarios, los ricos y los nuevos ricos así como los partidos de derecha se dividen entre los que justifican todo "porque vivimos una guerra" y los que marcan distancia, ofendidos "como clase" por actos de corrupción: "Una cosa es frenar al marxismo y otra muy distinta es meter las manos."

El actual torrente de denuncias, querellas y condenas contra represores demuestra que los temores han disminuido tanto en los denunciantes como en los jueces.

Los incondicionales a Pinochet son cada día menos. Y los juicios contra Pinochet son cada día más: están en curso el del asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. El de los dineros del banco Riggs. Algunos en preparación por su responsabilidad en las torturas contra presos políticos que quedaron en evidencia con el Informe Valech. Y el de nueve secuestros permanentes y un homicidio calificado, en la Operación Cóndor. 

Dependerá de la Corte Suprema que el ex dictador evada una vez más la justicia escudado en la demencia.

Pero la culpabilidad de Augusto Pinochet en crímenes de lesa humanidad es ya definitivamente indiscutible.