Al día siguiente de que el juez Juan Guzmán procesara y ordenara el arresto de Augusto Pinochet en la causa Operación Cóndor, hubo un nuevo pedido de desafuero, esta vez por la causa de las cuentas millonarias en Estados Unidos. Fue de parte de los abogados que impulsan una demanda contra el ex dictador chileno por “enriquecimiento ilícito y fraude al fisco”, en tanto el juez Sergio Muñoz, a cargo de la causa, rechazó una petición de la defensa para dejar sin efecto el embargo que estableció para los bienes de Pinochet. Esta decisión le impide a éste enajenar bienes y su participación en sociedades por alrededor de cuatro millones de dólares. A última hora del lunes, la orden de arresto domiciliario quedó paralizada por un pedido de hábeas corpus de la defensa. La Corte de Apelaciones de Santiago está analizando si ratifica la orden de arresto. A todo esto, el jefe del ejército chileno dijo que el ex dictador sufre “procesos de angustia”. 
La petición de desafuero en la causa Riggs Bank fue entregada en la Corte de Apelaciones de Santiago para que sea examinada por el juez Sergio Muñoz, a cargo de la investigación, según informó la abogada querellante Carmen Hertz. “Estamos pidiendo el desafuero por fraude al fisco, malversación de caudales públicos y negociación incompatible”, dijo Hertz. Señaló también que, en su opinión, hay antecedentes suficientes para decretar la detención de Pinochet en esta causa, “pero para eso es necesario previamente desaforarlo”. Para la jurista la resolución de Guzmán crea un precedente ya que “el juez entiende que Pinochet está apto para enfrentar un juicio criminal”. Las millonarias cuentas secretas que el ex dictador mantiene en el Banco Riggs de Washington han sido una pieza clave en la lluvia de avances judiciales en las causas que enfrenta el ex hombre fuerte chileno. Las complejas operaciones financieras que supone el manejo de estas cuentas parecen demostrar que Pinochet no está loco ni sufre de demencia senil, como sostiene su defensa, sino que está lúcido y, por lo tanto, en condiciones de enfrentar un juicio. Las cuentas comenzaron a ser investigadas en Chile después de que una comisión del Senado de Estados Unidos revelara su existencia, con depósitos que podrían sobrepasar los 15 millones de dólares. Pinochet está protegido por un fuero especial en su calidad de ex presidente de la República. La legislación chilena establece que la pérdida de esa inmunidad en determinado juicio no puede extenderse a otros procesos.
En su dictamen el juez Guzmán Tapia señaló que a sus 89 años Pinochet está en condiciones mentales de afrontar un juicio por los crímenes de la Operación Cóndor, el plan de coordinación de las dictaduras del Cono Sur para el exterminio de opositores en los años ‘70. “Este juez considera que el general Augusto Pinochet Ugarte se encuentra en condiciones mentales aptas para enfrentar un juicio criminal en Chile”, señaló Guzmán Tapia en su resolución. El magistrado revirtió de esta manera la tendencia que sostenía que Pinochet no podía enfrentar un juicio por su “demencia moderada”, caballito de batalla de la defensa. El fallo de Guzmán Tapia no sólo tendrá efectos sobre otras causas que se tramitan en los tribunales chilenos sino también en las investigaciones del Plan Cóndor que se llevan adelante en la Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En Chile, el efecto práctico de la resolución es que deja “claramente establecido que Pinochet no se encuentra en estado de locura o demencia”, como señaló Eduardo Contreras, el abogado querellante en la causa.
La Justicia chilena comenzó a revisar el procesamiento contra Pinochet ayer. La orden de arresto que dictó el juez quedó en suspenso luego de que los abogados defensores presentaran un recurso de hábeas corpus a la Corte de Apelaciones. El ex dictador, mientras tanto, aguarda la resolución en su hacienda campestre de Los Boldos, a 100 kilómetros de Santiago. De esta manera, Pinochet pretende dificultar el eventual trámite de notificación de su arresto, que debe efectuar la Justicia en caso de que la sala cuarta ratifique el fallo de Guzmán y no haga lugar al recurso presentado por la defensa. En este recurso judicial los abogados defensores sostienen que la decisión del juez Guzmán Tapia no se ajusta a las normas legales, porque el general Pinochet ya fue liberado de cargos en un primer proceso, cuando la Corte Suprema aceptó, en 2002, que no puede defenderse porque padece una demencia moderada. 
El comandante en jefe del ejército, general Juan Emilio Cheyre, expresó su preocupación por la salud del ex dictador Augusto Pinochet. Eligiendo cada palabra con cuidado, Cheyre dijo que respeta las decisiones de los tribunales y se negó a comentar el fallo. Sin embargo, se refirió a las consecuencias del dictamen y planteó que la condición de su ex jefe es “precaria” y se ve afectada por “procesos de angustia psicológicos, muy fuertes, que en nada ayudan a una salud comprometida”. El presidente Ricardo Lagos declinó pronunciarse sobre la responsabilidad de Pinochet en los asesinatos y desapariciones forzadas, aunque dijo que el juicio a Pinochet “es como debe ser”, en un país “con una democracia sólida”.
El hijo del general, Augusto Pinochet Hiriart, afirmó ayer que los tribunales buscan humillar a su padre “hasta que muera”. La hija, Lucía Pinochet, opinó: “Todo el mundo se vio confrontado, entre los buenos y los malos, hubo un enfrentamiento. A lo mejor nos equivocamos, pero es bueno dar vuelta la página” sobre los crímenes atribuidos a la dictadura. Admitió la existencia del plan secreto aplicado por las dictaduras, pero sugirió “buscar responsabilidades más directas”, en alusión a los ejecutores de esos crímenes. Muchos recordarán, sin embargo, que su padre se jactaba de que en Chile no se movía ni una hoja sin que él lo supiera.

Mea culpa de los jueces
 
El Poder Judicial chileno se sumó a lista de los que hacen un mea culpa institucional ante la violación de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. La Asociación de Magistrados de Chile consideró ayer que muchos jueces pudieron evitar esas violaciones, adoptando una posición que discrepa con la tomada por la Corte Suprema hace cinco días cuando negó que los miembros del Poder Judicial se hayan concertado con la dictadura para permitir los atropellos a los derechos humanos. El presidente del organismo y ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Diego Simpertigue, señaló que “si bien hubo algunos jueces que tuvieron un accionar digno, corriendo el riesgo de perder sus vidas y sus carreras, otros no prestaron la atención debida a las denuncias”. Hace dos semanas, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura acusó de pasividad al Poder Judicial, que bajo la dictadura no acogió unos 10.000 recursos de amparo en favor de las víctimas de la represión.