Perú: evasión deliberada

Carlos Angulo Rivas

A la mayoría de la población no le fue extraño que todos los partidos integrantes de la corrupta “clase política” peruana salieran briosamente a censurar la insurgencia, tampoco que la prensa nacional escrita, de radio y televisión hiciera el eco necesario a los nerviosos, precipitados y aturdidos razonamientos. El cierra filas en defensa de un gobierno ilícito, inmoral y corrupto fue evidente. Y, Alejandro Toledo envalentonado por este endeble respaldo, luego de la rendición de los rebeldes, llamó a éstos en pose histriónica televisada, “terroristas y fascistas” evadiendo como de costumbre el problema de fondo: el pedido multitudinario de su renuncia, la vigencia de la única Constitución válida (1979) a fin de reestablecer el Estado de Derecho y la convocatoria a una Asamblea Constituyente; todas ellas razones principales y únicas de la insurgencia protagónica de Humala. De esta suerte, la andanada de floridos epítetos  contra los sublevados (fanáticos, racistas, fascistas, trasnochados, irracionales, asesinos, aventureros, golpistas, autoritarios, payasos, etc.) constituye una inmensa cortina de humo, a fin de seguir evadiendo el clamor nacional puesto claramente de manifiesto en la revuelta. 

El país estuvo en vilo cuatro días seguidos. Pudo originarse una masacre de lamentables consecuencias, mayormente por la ciega intransigencia de algunos políticos reciclados de imponer el ilusorio, irreal e inexistente Estado de Derecho. Sin embargo, frente a ese nuevo riesgo de exterminio de peruanos, felizmente superado, las autoridades del gobierno y el legislativo, mostrando una vez más la cohesión de sus fuerzas y el espíritu de cuerpo que responde a la depravación política con tal de subsistir, se empeñan en devolver la tranquilidad al país con un enésimo cambio de ministros. Nueva falsificación a fin de continuar los planes de incautación, confiscación y apropiación ilícita del Estado y sus instituciones, en su conjunto entidades al servicio de una casta de políticos maniobreros, tránsfugas perpetuos, mediocres y oportunistas de la peor especie. Basta observar que luego del susto de Andahuaylas, la “clase política” exige todo el peso de la ley contra Humala y los insurgentes y por supuesto grita a los cuatro vientos no a la impunidad, castigo ejemplar a los culpables. En boca de ellos, algo insólito por cuanto su alianza predilecta es con la impunidad en todos los juicios de escándalos, corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito; inclusive con los de la barbarie de los genocidios, la violación de los derechos humanos y la sedición (golpe de Estado del cinco de abril de 1992) protagonizada por delincuente prófugo Alberto Fujimori. 

¿Será que en el Perú la insurgencia, la sedición, la rebelión, se perdona cuando se llega a establecer una mafia dictatorial depravada y perversa como la de Fujimori, Montesinos y el general Hermoza Ríos; y se castiga drásticamente como si fuera terrorismo cuando se exige el reestablecimiento auténtico del Estado de Derecho? ¿A ese grado de descomposición, degradación y oprobio ha llegado el país? ¿Acaso no saben los gobernantes actuales que la transición hacia la democracia se ha frustrado debido a los intereses subalternos de ellos mismos, casta de maniobreros y politiqueros de vieja data que persisten en mentir a los ciudadanos y distorsionar la realidad amparados en el estatuto dictatorial de Alberto Fujimori, compendio anti popular de disposiciones -ex profeso- fabricadas para el desfalco del Estado? 

¿No existe derecho a la insurgencia ante la ausencia de un ordenamiento jurídico esencial y cuando las autoridades del Ejecutivo y Legislativo pretenden arreglar el estatuto de Fujimori como si fuera la constitución política peruana, con el único propósito de seguir medrando del Estado? ¿No existe derecho a la insurgencia cuando esa “clase política” ha armado un tinglado para quedarse en el poder el 2006, anulando la participación de nuevas fuerzas políticas a través de una “ley” de partidos que la favorece, además de poner dificultades para la inscripción de otros? ¿No es una trampa la recolección de firmas en contradicción al voto secreto y sobre todo porque favorece a los sectores de la clase dominante, capaz de pagar a los más pobres del país por una firma e inclusive para “fabricarlas” como en el caso de Alejandro Toledo y otros? ¿No giran las posibilidades de cambio de gobierno entre la misma gente y las mismas caras? ¿No resulta paradójico que Carlos Ferrero, un hombre que junto a Fujimori encabezó la sedición del golpe de Estado de 1992, ocupe el cargo de primer ministro en el gobierno actual y sea él mismo quien con más denuedo pida sanciones enérgicas contra la sedición de Humala y sus huestes? ¿No ha sido el mismo Carlos Ferrero quien objetó la ley de reivindicación de los militares que participaron en la sedición del  general Salinas Sedó para reestablecer la democracia en 1992? ¿Cuál sedición es buena y cuál sedición es mala, de acuerdo al variopinto tránsfuga Carlos Ferrero? La indignación del país es estéril cuando cada cual se come su propia cólera ante estos hechos que configuran el funesto síntoma de la descomposición generalizada; indignación no ajena a la mayoría nacional, cuya protesta se reduce a la impotencia frente a la coerción metódica de un sistema compulsivo impuesto desde la cúspide del poder estatal. 

La quiebra del pacto social 

¿Por qué discutir la trama ideológica del movimiento etnocacerista con tanto énfasis cuando la exigencia de los sublevados era clara y precisa y nada tenía que ver con la toma del poder desde una humilde estación policial provinciana? ¿En el debate político, desde la fundación de MNP, tres años atrás, por qué los analistas de hoy no levantaron la vista para observar el fenómeno en cierne? Los epítetos de los partidos tradicionales no sorprenden a nadie, en cambio los juicios de algunos sectores de la izquierda repitiendo los argumentos de aquéllos no tiene justificación alguna, menos aún si la sublevación de Andahuaylas coincidía con el pedido de la renuncia de Toledo para ir a una constituyente; y por entendido no una constituyente cualquiera sino a una que represente globalmente a todos los sectores de la sociedad y fundamentalmente a los marginados. La demanda era justa y coincidía con la plataforma del Paro nacional de julio del año pasado, encabezado por la CGTP; el SUTEP; la CCP y los frentes regionales; entonces ¿por qué sectores de la izquierda entraron a la caracterización del MNP, perdiéndose en la nebulosa de una estéril argumentación de distracción en torno al objetivo principal? ¿Prefieren los sectores progresistas no ser alternativa, ni siquiera de oposición en un futuro gobierno, para ir a la cola de la derecha neoliberal? De ser así, estos sectores desclasados son parte de la “clase política” putrefacta y nada más. 

¿Por qué la “clase política” miente con tanto cinismo y elevan la muerte de cuatro policías al pináculo de la acusación tremendista con la finalidad de justificar sus actos de vandalismo político? Las cosas tiene su nombre, los policías murieron, equivocadamente, por defender un orden político impuesto por una minoría que no quiere marchar al compás de la historia, cuyo vandalismo se inspira en Fujimori y se aferra, de espaldas a la población, contra viento y marea, al Estado botín; lugar donde los partidos tradicionales languidecen como gobierno con apenas ocho por ciento de aprobación ciudadana, además de hacerlo en medio de la indecencia, la inmoralidad y la corrupción. ¿Con qué calidad moral aluden al Estado de Derecho cuando éste no existe ni siquiera como caricatura? ¿Cómo pueden hacerlo si no han cumplido con el encargo de la transición hacia la democracia, con el encargo de reestablecer el pacto social indispensable para el buen gobierno; y ni siquiera con darnos una Constitución respetada por todos? La ley que se respeta no es la del más fuerte, ni de quienes tienen en sus manos la manija de la maquinaria del Estado; la ley democrática parte del pacto social y del poder soberano que el pueblo delega en sus representantes; sólo así el ordenamiento jurídico puede ser respetado. Si el gobierno cree tener la razón ¿por qué no convocó a un mitin en defensa de la democracia y el Estado de Derecho que dice representar? ¿Por qué no convocan a un referendo para saber si los ciudadanos todavía desean ser manipulados con la legalidad espuria y corrompida del delincuente prófugo Alberto Fujimori? 

Necesidad de una salida 

El país en su conjunto espera un cambio de política, no un cambio de ministros. Quienes salieron a las calles en Arequipa, Tacna, Huaraz, Andahuaylas, Moquegua, Cusco, Puno, apoyaron la sublevación de Andahuaylas y la renuncia de Toledo, no precisamente a Antauro Humala y su partido etnocacerista. Apoyaron el fin del desgobierno toledista y su entrega total a las consignas de la Casa Blanca. La Universidad de Lima contribuye a este acierto, al mostrar en una encuesta que el 34.7 % aprueba la sublevación de Humala en la pacata ciudad de Lima, acto violento, aprobado; que si bien la misma consulta popular se llevara a cabo en todo el país, estése por seguro que sobrepasaría fácil el cincuenta por ciento. Y si a estos resultados sumamos que el 93 % de los ciudadanos rechazan, por vías pacíficas, al conjunto de maniobreros políticos que representan al Estado, se llega a la conclusión final del inmenso vacío de representatividad del gobierno, cuya única salida en la caja explosiva en la cual está sentado, será la convocatoria inmediata a una constituyente a fin subsanar la carencia de pacto social. 

La “clase política” ha llegado al límite del descaro tratando de blindar a Alejandro Toledo y con ello arrastra el mismo descrédito de él, aparte del ya conocido estigma por su participación anterior en los gobiernos de Belaúnde, Alan García y Fujimori. Siendo sus integrantes oportunistas y ganapanes como realmente lo son ¿qué los mantiene unidos y por qué iracundos inducen a la población a pensar en las elecciones generales en medio del zafarrancho? ¿Acaso un gobierno con la misma gente de los sin ley y sin Estado de Derecho, de los delincuentes impunes va a salvar el país? ¿Puede esta gente comprometida con todos los desaguisados, agravios y desatinos, conducir al Perú con nuevo rumbo, si llegara el caso se le aguante hasta la convocatoria a elecciones generales para el 2006? Los malos designios marcan el mismo futuro de oprobio y vergüenza, están descontados, pues pesa en estos políticos la continuidad de un sistema depredador, injusto y comprometido, sometido a los intereses foráneos. En esta dirección la única manera de quebrar la continuidad de García, Fujimori-Montesinos, Toledo, es con la acción organizada del pueblo y su representatividad frentista y gremial. En las actuales circunstancias, en el Perú, como en Ecuador y Bolivia, no se lucha contra un gobierno en particular, sino por el reestablecimiento del Estado de Derecho real, a partir de un pacto social duradero y responsable; se lucha por instituciones representativas que funcionen en beneficio de la población nacional, conducidas por hombres probos no por una partida de indeseables en busca de asegurar, incrementar y afianzar sus intereses particulares y de grupo. Ese pacto social renovado será la única manera de construir un país respetado por todos, la única manera de evitar la violencia de los Arequipazos, Loretos, Punos, Ilaves, Andahuaylas y las huelgas armadas de palos, piedras y bloqueos de carreteras. Sépanlo bien, no se trata de aventureros, ni de payasos, ni de fascistas, sino de hartazgo, de asco, repugnancia e indignación, en su grado máximo, ante tanta sinvergüencería y desfachatez.

16 de enero de 2005