| El
Periódico
de Catalunya - 18 de enero de 2005
El deber
de juzgar a Scilingo
• Teníamos varios cargos
contra el torturador argentino, entre ellos las numerosas víctimas
españolas
Carlos
Castresana *
El 28 de marzo de 1996, la Unión
Progresista de Fiscales se reunió en Barcelona. A aquella reunión
yo llevé una propuesta hasta entonces inédita en nuestro
país: presentar una denuncia contra Jorge Videla y los demás
responsables de los crímenes cometidos por la dictadura militar
argentina en los años 70 y 80. Fue aprobada por unanimidad, y la
denuncia quedó presentada ese mismo día. Tres meses más
tarde propuse nuevamente a mis compañeros otra denuncia similar,
esta vez contra Augusto Pinochet. La presentamos el 4 de julio.
Pocos esperaban entonces resultados
concretos de esas iniciativas, que fueron recibidas con escepticismo, cuando
no con descalificaciones no precisamente amables. Sin embargo, los fiscales
progresistas españoles habíamos echado a rodar una bola de
nieve que enseguida cobró vida propia, y que hoy constituye un precedente
de solidaridad y de justicia reconocido internacionalmente.
Cuando algunos gobiernos e instituciones
quisieron detenerla, era tarde: la bola había crecido tanto, y contenía
el esfuerzo, la ilusión y las esperanzas de tanta gente, que resultó
imparable. Arrolló al general Pinochet en Londres; se llevó
por delante al capitán argentino Ricardo Miguel Cavallo en
México; convirtió en prisioneros de por vida en sus propios
países a muchos responsables de crímenes atroces. Alcanzó
también al capitán Adolfo Scilingo, que viajó
a España sin tener en cuenta que cuando se comparece ante el juez
en un Estado de derecho confesando ser autor de 30 asesinatos es probable
acabar en la cárcel.
¿POR QUÉ España?
Por varias razones. Primero, porque se trata de crímenes internacionales,
cuyos autores son "enemigos de la humanidad" a quienes todos los estados
tienen el deber de perseguir. El mundo en que vivimos es tan peligroso,
en buena medida, porque los estados suelen olvidar ese deber. Segundo,
porque las víctimas tienen derecho a la tutela judicial, y cuando
se les cierran indebidamente las puertas de los juzgados en el lugar del
crimen, pueden ejercer su derecho en cualquier otra parte. Tercero, porque,
de todos los posibles tribunales del mundo, los españoles estaban
obligados a ejercer su jurisdicción en este caso ya que nos cabe
el triste honor de ser el primer país en número de víctimas
(más de 600) de aquellas dictaduras después de los propios
argentinos y chilenos.
Según datos oficiales del
Ejército argentino, los grupos guerrilleros habían asesinado
a 700 personas. Con el pretexto de responder a esa agresión, los
militares destruyeron la democracia y secuestraron, encarcelaron, torturaron
y asesinaron a más de 30.000 ciudadanos ajenos por completo al conflicto.
Se deshicieron de miles de cuerpos incinerándolos, enterrándolos
en fosas clandestinas, arrojando los detenidos vivos al mar desde aeronaves
militares.
Los guerrilleros habían sido
prácticamente exterminados cuando se produjo el golpe de Estado.
Entonces, ¿quiénes eran las víctimas? Aquellos que
fueron considerados "enemigos del alma argentina". Si alguien decide atacar
a un grupo nacional eliminando masiva pero aleatoriamente el uno por mil
de la población, como fue el caso, las consecuencias son terribles,
pero se reparten de manera igualmente aleatoria y no resultan tan graves
para el conjunto: afectan a las víctimas y a sus familias, pero
no al grupo como tal. Pero si lo que se decide es depurar el grupo
nacional eliminando masiva pero selectivamente a los 30.000 mejores, a
los trabajadores, profesores, abogados, periodistas, artistas, funcionarios,
sindicalistas y estudiantes considerados "subversivos" porque estaban comprometidos
con la sociedad en la que vivían, para así "reorganizar"
la nación, entonces las consecuencias van mucho más allá
de las víctimas individualmente consideradas: se destruye al grupo
como tal, disparando a su cabeza. Eso es un genocidio.
La sociedad argentina así
decapitada consiguió restablecer una débil democracia en
los años 80, cayendo luego en el caos de corrupción y deuda
externa de Menem. Al final de la década de los años
90 quebró, económica y moralmente, como Estado y como sociedad.
Apenas ahora se está recuperando porque empieza a superar la pérdida
de una generación entera de desaparecidos, y porque un grupo
de abuelas mantuvieron viva la dignidad de todo un pueblo mientras sus
nietos crecían para tomar el relevo.
LO QUE NO se pudo lograr con Pinochet
porque la razón de Estado lo impidió, se ha conseguido con
Scilingo. Desde el pasado viernes afronta el juicio ante la Audiencia
Nacional acusado por un genocidio en el que él mismo reconoció
haber participado. Cuando consigamos que los estados combatan eficazmente
la impunidad y se tomen más en serio que ahora sus deberes para
con las víctimas de las violaciones más graves de los derechos
humanos, viviremos en un mundo mucho más seguro y más justo.
* Fiscal anticorrupción y
profesor visitante de la Universidad de San Francisco |