Antonio Mora Vélez

Todo lo que perturbe la conciencia ciudadana debiera ser, en consecuencia, objeto de estudio y decisión de las autoridades, que están instituidas para "servir a la comunidad", "proteger la vida de las personas"y asegurar "el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares", según la letra de nuestra Constitución. De no ser así, si el Estado se distancia de las aspiraciones de sus asociados, si no cumple con sus funciones, si se convierte en una talanquera para el bienestar de la comunidad, nadie podrá quejarse si la sociedad desconoce su autoridad y, lo que es peor, si en el futuro se produce un cambio o ruptura de la institucionalidad y el advenimiento de una de las ya conocidas formas autoritarias y paternalistas del Poder. 

El bien más tutelado de todos los consagrados por nuestra Constitución es la vida y debiera ser el más defendido por quienes tienen la obligación de hacer cumplir las leyes y los derechos de los ciudadanos. Pero es el que menos parece interesarle a nuestros funcionarios, tal vez porque la mayoría de ellos no sienten que se deben al pueblo, como reza la Carta Magna, sino al politiquero que los auspicia, y porque si la guerra, la delincuencia y la miseria producen tantos muertos, unos más que importan. Por ello actúan en contravía de la ley, permitiendo negocios como el moto-taxismo, que pone diariamente en peligro la vida de sus usuarios y de los transeúntes.

No sabemos hasta cuándo tendremos que seguir lamentando la muerte de personas por culpa de la imprudencia criminal de los llamados moto-taxistas y de la irresponsabilidad de los propietarios que les entregan a tales personajes –en su mayoría jóvenes sin ninguna educación ni preparación técnica-- sus motocicletas para que las trabajen y les den jugosas utilidades. Ni hasta cuándo el gobierno nacional va a permitir que los gestores de este negocio peligroso violen la ley que prohíbe la utilización de las motocicletas como vehículos de servicio público.

Aunque la solución es bien sencilla: un buen servicio de transporte urbano y hacer cumplir la ley, me temo que no se va a implementar, al menos por ahora. Entre otras cosas porque sería pedirle peras al olmo pretender que el Estado neo-liberal actúe con los criterios del desarrollo humano. Porque la mayor parte de sus funcionarios están al servicio del clientelismo y la politiquería, y porque, como lo han señalado varios columnistas de El Meridiano, se trata de un negocio bien redondo del cual lucran muchas personas.

17 de enero de 2005