| Página12
de Argentina - 21 de abril de 2005
El golpe
popular
Claudio
Uriarte
Una nueva
figura de recambio político parece estar emergiendo en América
latina: el golpe popular. Abdalá Bucaram en Ecuador en 1997, Raúl
Cubas en Paraguay en 1999, Jamil Mahuad nuevamente en Ecuador en 2000,
Fernando de la Rúa en la Argentina en 2001, Hugo Chávez en
Venezuela en 2002, Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia en 2003,
Jean Bertrand Aristide en Haití en 2004 y ahora Lucio Gutiérrez
–el mismo que derrocara a Mahuad en 2000– por tercera vez en Ecuador...
Dejando de lado las obvias diferencias de orientación política
de los cambios (de la derecha al centro en Ecuador I, de la mafia oviedista
a la stronista en Paraguay, del centro a la izquierda en Ecuador II, del
centroderecha a lo desconocido en la Argentina, del populismo de izquierda
a la derecha en Venezuela, de la derecha al centro en Bolivia, del caos
populista a la intervención internacional en Haití, y del
centroderecha a quién sabe dónde en Ecuador III), surgen
algunos patrones comunes: la movilización de masas como gestor de
precipitación de los cambios, el rol clave de los actores parlamentarios
y políticos como bisagras de articulación de aquellos cambios
y, en algunos casos, el posicionamiento y grado de cohesión de las
fuerzas represivas (ejército o fuerzas de seguridad) como ultima
ratio que define la derrota (Venezuela) o el éxito (Ecuador I, II
y III) del movimiento.
Primero, la movilización
de masas. La gente en las calles otorga al levantamiento una legitimidad
que los tanques en las calles difícilmente alcanzarían. Además,
se trata de países cuyos ejércitos están muy poco
predispuestos (después de agotadoras experiencias en el curso del
siglo pasado, para no hablar del descrédito internacional y la falta
de fondos que suelen derivarse de la práctica) al viejo golpe de
Estado militar frontal y directo. Entonces, y frente a circunstancias que
la oposición juzga insoportables o irremontables, la movilización
callejera cumple la doble función de testear la fidelidad de las
fuerzas represivas al presidente a derrocar y de facilitar la operación
de los mecanismos constitucionales (o cuasi constitucionales) de que disponen
los actores políticos “legales” para forzar lo que muchas veces
se parece a un golpe de Estado parlamentario. Por eso, en ningún
caso el resultado es “que se vayan todos”, sino más bien asegurar
una recomposición del lugar en que se encuentra cada uno: si las
movilizaciones son espontáneas, pierden fuerza después de
algunos días de falta de dirección política; si no
lo son, los gestores políticos del cambio activan los mecanismos
necesarios para que la gente se vuelva satisfecha a casa. Esto no implica
prejuzgar positiva o negativamente sobre los motivos de los gestores del
cambio, porque la misma movilización de masas indica un grado objetivo
de saturación de al menos parte de la población con el estado
de cosas existente, y porque las situaciones son muy distintas: la Argentina
era efectivamente ingobernable por De la Rúa en 2001, Venezuela
no lo era bajo Chávez en 2002.
Mientras los políticos negocian
sus porciones de poder bajo el futuro régimen, la movilización
callejera confronta a unas fuerzas de represión que distan de ser
monolíticas. Esta es una de las razones por las que los desenlaces
de estas crisis no derivan necesariamente en una guerra civil. La guerra
civil requiere un quiebre vertical de las fuerzas de represión (sean
militares, policiales u otras), en que una parte del cuerpo de oficiales
y de suboficiales se enfrenta a otra, cada una respaldada por un sector
de la población, mientras la movilización popular confronta
a las fuerzas represivas con la amenaza de su quiebre horizontal. Los soldados
o policías movilizados para reprimir a la población en las
calles no son fuerzas de elite desprendidas del resto de la sociedad: enfrente
de ellas, y en la mira de sus fusiles, pueden encontrarse sus parientes,
sus amigos, ya que ambos bandos suelen compartir sus orígenes de
clase baja. Y si las fuerzas subalternas se niegan a reprimir, la cúpula
corre el riesgo de convertirse en una cabeza sin cuerpo. Entonces, el poder
de la represión tiene un límite objetivo, que se mide según
el grado de cohesión interna de las fuerzas y de representación
y amplitud del movimiento social que tiene enfrente. Y el éxito
o el fracaso de la sublevación depende de una compleja y sangrienta
relación entre ambas líneas de tensión, cuya medición
precisa, una vez que la batalla ha terminado y el polvo se ha asentado,
suele medirse trágicamente por el número de muertos: 70 en
Bolivia, 50 en Haití, una veintena en la Argentina, cuatro en Ecuador
ayer. |
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