Ecuador

Rebelión rigurosamente vigilada

El Congreso de Ecuador destituyó este miércoles al presidente Lucio Gutiérrez, abriendo paso a la asunción del vicepresidente Alfredo Palacio, luego de una semana de intensas movilizaciones en la capital del país y de cuatro meses de crisis política.

Kintto Lucas desde Quito

Palacio ya anunció que no cumplirá con el anhelo de los opositores de suspender las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) que se negocia con Estados Unidos y la anulación del convenio que cedió la base aérea del puerto de Manta a las fuerzas armadas estadounidenses.

“No tenemos que tener miedo al TLC, pero debemos negociar de igual a igual con Estados Unidos”, argumentó el nuevo presidente. También afirmó que respetaría todos los contratos firmados por Ecuador, el de la base de Manta incluido.

CRISIS VERTIGINOSA

La salida de Gutiérrez se precipitó tras la dura represión policial del martes a una marcha en la que participaron más de 30 mil personas, y en la que murió el fotógrafo chileno Julio García de un paro respiratorio por efecto de los gases lacrimógenos. Más de 50 personas resultaron heridas.

Los acontecimientos se sucedieron en forma vertiginosa: el miércoles Quito amaneció con movilizaciones ciudadanas en varios barrios de la ciudad y cortes de calles por parte de los manifestantes, mientras llegaban autobuses de provincias con cientos de personas pagadas para apoyar al gobierno y enfrentarse con los manifestantes opositores.

A las 11 la embajadora de Estados Unidos, Kristrie Keney, concurrió al palacio de gobierno para entrevistarse con Gutiérrez. Al salir de la reunión el vocero de esa embajada, Cristhian Warren, dijo que el gobierno de Estados Unidos estaba muy preocupado con la situación que vivía el país y que llamaba a solucionarla rápidamente. Era el principio del fin de Gutiérrez.

Minutos después el comandante en jefe de la policía (una institución estrechamente ligada con acciones del gobierno de Estados Unidos en el Plan Colombia), Jorge Poveda, renunció a su cargo, pidió disculpas por las acciones policiales y se mostró contrario a seguir reprimiendo a los opositores.

A las 13, tras instalarse en sesión extraordinaria, el Congreso destituyó a Gutiérrez por abandono del gobierno, aunque éste todavía permanecía en la casa presidencial y no había renunciado.

Pocos minutos más tarde se confirmaba la salida de Gutiérrez, cuando el jefe del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas, almirante Víctor Hugo Rosero, anunció que los militares le retiraban su apoyo para “salvaguardar” la paz del país. Fuentes militares confirmaron a BRECHA que el alto mando militar estaba en desacuerdo con la injerencia estadounidense y había exigido al Congreso que primero fuera éste el que adoptara una resolución sobre la salida de Gutiérrez.

Pocos minutos después Gutiérrez abandonó el palacio presidencial y se dirigió a la embajada de Brasil, país que le concedió asilo político.

Sin embargo, incluso con esa resolución, los mandos no concurrieron en persona a dar el apoyo a Palacio, quien luego de juramentar en el Congreso fue rodeado por una multitud que exigía que se vayan todos. El nuevo presidente tuvo que concurrir al Ministerio de Defensa casi escondido y brindar una conferencia de prensa flanqueado por los mandos, pero tampoco pudo ir a a la casa de gobierno porque allí se mantenían manifestantes exigiendo que no traicione la voluntad popular.

LOS ERRORES DEL CORONEL

El 8 de diciembre de 2004 una mayoría legislativa integrada por partidos cercanos al gobierno destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nombró a otros, basándose en una cláusula transitoria de la Constitución, medida considerada inconstitucional por partidos opositores. Durante cuatro meses, y pese a diversas propuestas del gobierno y de la oposición, los legisladores no lograron ponerse de acuerdo para buscar una salida a esta crisis institucional.

La situación se agravó el 1 de abril, cuando el presidente de la nueva Corte nombrada por Gutiérrez, Guillermo Castro, anuló los juicios por corrupción contra los ex mandatarios Abdalá Bucaram (1996-1997) y Gustavo Noboa (2000-2003) y contra el ex vicepresidente Alberto Dahik (1992-1995), fugados del país.

Esto permitió a los tres acusados regresar a Ecuador, con el consiguiente rechazo de distintos sectores de la población.
El Congreso, reunido en forma extraordinaria el domingo 17, cesó por unanimidad de los 89 parlamentarios presentes a la Corte cuestionada y declaró “vacancia judicial” hasta lograr un acuerdo para aprobar una ley que establecería un mecanismo no partidista para elegir a los magistrados. La resolución, sin embargo, no dejó sin efecto la nulidad de los juicios contra Bucaram, Noboa y Dahik.

Mientras los diputados del Partido Roldosista Ecuatoriano, de Bucaram, señalan que los juicios están cerrados porque la resolución no aborda este tema, los legisladores opositores argumentan que al cesar la Corte, sus providencias no son válidas.

El diputado Guillermo Landázuri, líder de la opositora Izquierda Democrática (socialdemócrata), aceptó que correspondería a la futura Corte decidir sobre los procesos contra los tres ex gobernantes. “Tendrá que ser la nueva Corte Suprema de Justicia la que asuma nuevamente esos juicios”, argumentó Landázuri.

Los manifestantes rechazan cualquier injerencia de los partidos políticos en sus movilizaciones y exigen la renuncia de los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con las consignas “Lucio fuera” y “que se vayan todos”.

GENTE EN LA CALLE

Las protestas surgieron espontáneamente el miércoles pasado en Quito y continuaron el lunes con menor intensidad, mientras se preparaba la concentración multitudinaria del martes. El miércoles 13 de abril había tenido escasa aceptación la convocatoria a una huelga general efectuada por el alcalde de Quito, Paco Moncayo, y por el prefecto (gobernante provincial) Ramiro González, de Pichincha, provincia donde se encuentra la capital ecuatoriana.

En cambio, los oyentes de radio La Luna, de Quito, propusieron una movilización espontánea contra el gobierno, que fue creciendo a partir de la difusión desde la propia emisora y de mensajes enviados a través de teléfonos celulares.

La convocatoria logró una amplia adhesión y durante varios días miles de personas se movilizaron en distintos puntos de la capital, sobre todo en zonas de clase media, para exigir la salida del presidente.

El sábado, ante la presión de las movilizaciones, Gutiérrez echó mano a la ley de seguridad nacional para decretar el estado de emergencia, que suspendió los derechos civiles, movilizó a las fuerzas armadas y dio al Ejecutivo la facultad de intervenir otros poderes del Estado. En el mismo decreto el presidente cesó a la Corte de Justicia cuestionada. Gutiérrez se justificó explicando que debía poner fin a la crisis política utilizando los poderes especiales que le otorgaba el estado de emergencia.

Distintos sectores criticaron el decreto y acusaron a Gutiérrez de haber tomado una resolución “dictatorial” para reprimir las manifestaciones. La influyente Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se solidarizó con las protestas de Quito e inició movilizaciones en algunas provincias pidiendo la renuncia de Gutiérrez. El presidente de la Conaie, Luis Macas, dijo que su organización no negociaría ningún tipo de salida a la crisis, y en caso de que fuera sustituido Gutiérrez, exigiría el cumplimiento de su programa de reclamos. “Nosotros exigimos que el país suspenda las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, cierre la base militar de Manta (cedida a las fuerzas armadas estadounidenses), y se oponga al involucramiento del país en el Plan Colombia”, dijo Macas.

FUTURO INCIERTO

El ahora presidente Palacio se había distanciado de Gutiérrez más de un año atrás, y venía realizando declaraciones públicas en contra del gobierno cada vez que se presentaba una crisis política. “La patria está en peligro de disolución”, dijo Palacio antes de la destitución de Gutiérrez, y aseguró que eran insistentes los pedidos para que asumiera el poder, pese a los cuales se mantendría defendiendo la legalidad.
Gutiérrez y Palacio ganaron las elecciones presidenciales en la segunda vuelta electoral de noviembre de 2003, apoyados por el movimiento indígena y las organizaciones sociales y de izquierda. Apenas haber asumido, Gutiérrez se mostró como aliado incondicional de la política de Estados Unidos para la región, y tan sólo seis meses después los ministros y otros jerarcas afines a los indígenas se retiraron del gobierno alegando “traición” a la alianza. Pese a la resolución de la crisis, nadie duda de que Estados Unidos seguirá vigilando de cerca la evolución de un país que considera vital para el futuro del Plan Colombia (contra el narcotráfico y la guerrilla) y para apuntalar su estrategia de cara al gobierno venezolano de Hugo Chávez.