Ecuador: ¿Cambio de rumbo?

Sally Burch

Palacio, médico guayaquileño sin afiliación partidaria, quien desde el inicio del gobierno de Gutiérrez se distanció de su co-mandatario, criticándolo por el abandono de su programa electoral, ha dado a conocer su intención de reformar el presupuesto del Estado y la política económica, para priorizar las metas sociales. Opina que el país debe invertir en salud, educación, ciencia y tecnología, protección social y en la reactivación productiva con miras a disminuir la dependencia de la exportación petrolera.

Los primeros integrantes de su gabinete, -que no incluirá a militantes de ningún partido político-, parecen ratificar un cambio de rumbo. En particular, el Ministro de Economía, Rafael Correa, ha sido muy crítico frente a la dolarización y al Tratado de Libre Comercio -TLC-, actualmente en negociación con EE.UU. Si bien reconoció que no hay condiciones para abandonar por ahora la dolarización, se comprometió a no privatizar el petróleo y a fortalecer a la empresa estatal Petroecuador. Se opone a la recompra, en las condiciones actuales, de los bonos de la deuda externa, y considera que el excedente del ingreso petrolero, que percibe el país por el alto precio en el mercado internacional, debe destinarse más bien en su mayor parte a la inversión social.

Con respecto al Tratado de Libre Comercio con EE.UU., Correa propone volver a revisar toda la negociación. Por su parte, Palacio ha reconocido que los acuerdos comerciales son ineludibles, pero que los países no deben negociar en condiciones de esclavitud. Considera que el equipo negociador debe ser fortalecido para negociar en temas de aranceles y subsidios, además de temas como la deuda, la transferencia tecnológica y la propiedad intelectual. Respecto a esta última, como médico, enfatiza especialmente en la necesidad de establecer salvedades para la salud pública y de restringir las patentes en materia de ingeniería genética, que implican patentar la vida. Mencionó, además, que el TLC podría ser tema de una consulta popular.

Apoyo vigilante

El nuevo gobierno goza, por el momento, de un apoyo vigilante de gran parte de la población que se levantó contra Gutiérrez. Pero más allá de ello, su margen de maniobra es débil. La legitimidad de la resolución parlamentaria que con mayoría simple destituyó a Gutiérrez por "abandono del poder" es cuestionada por algunos sectores, y la comunidad internacional aún no ha reconocido al nuevo mandatario. El día 20, el alto mando militar demoró varias horas en reconocer a Palacio como nuevo Presidente, no obstante su nombramiento en el Congreso y el hecho que ellos mismos ya habían retirado su apoyo a Gutiérrez. Ello puso evidencia las diferencias internas en el cuerpo militar, pero también dejó en claro que quien dirime, en última instancia, en las crisis políticas ecuatorianas sigue siendo las fuerzas armadas. Poder que les atribuyen los propios actores sociales y políticos, cuando les llaman a ellos a intervenir cada vez que se dan este tipo de crisis de institucionalidad. La conferencia episcopal también ha anunciado su reconocimiento del nuevo presidente. Por su parte, las autoridades norteamericanas evitan expresar un reconocimiento al nuevo gobierno, si bien dicen estar en "relaciones". La secretaria de Estado Condoleezza Rice llamó a "apoyar un proceso democrático, constitucional" e insistió en la necesidad de adelantar las elecciones.

Mientras tanto, el Congreso se encuentra presionado por los gritos que prosiguen en las calles y las radios de la capital, exigiendo "que se vayan todos". El Congreso está totalmente desprestigiado ante los ojos de la población y ninguna fuerza política puede pretender tener las manos limpias en el reparto de puestos en las instituciones fundamentales del Estado. Las bancadas parlamentarias de algunas fuerzas políticas han indicado que estarían dispuestas a renunciar, pero no sin antes dejar establecidas las condiciones básicas para el funcionamiento democrático. Ello incluye, como medidas urgentes, un mecanismo para nombrar a la Corte Suprema de Justicia, actualmente vacante -sin que se convierta en un nuevo reparto de puestos entre los partidos políticos-, y la revisión del nombramiento inconstitucional del Tribunal Constitucional (algunos de cuyos miembros ya ofrecieron su renuncia) y del Tribunal Supremo Electoral. Además, el Presidente Palacio tiene que enviar una terna para nombrar fiscal, y está pendiente además el nombramiento del contralor. Como primer paso, si espera recobrar la capacidad de actuar, y algún grado de credibilidad, se impone con urgencia una depuración interna en el Congreso, lo que estos mismos partidos han anunciado su intención de hacer.

Muchos consideran que la fragilización de las instituciones del Estado ha sido una política orquestada por intereses particulares, en la cual Gutiérrez ha tenido un alto grado de responsabilidad, desde que el 8 de diciembre intentó concentrar todos los poderes del Estado. El propio Palacio, cuando aún era vicepresidente, horas antes de la caída de Gutiérrez, se refirió en términos muy duros a lo que calificó de "plan diabólico destinado a producir la demolición de la mayor parte de las instituciones fundamentales de la democracia ecuatoriana". Dijo no poder determinar con exactitud a los autores de este plan, por la mezcla de intereses visibles e invisibles involucrados, pero que se impone analizar quienes se benefician. Criticó a "todo aquel que trata de salvar a grupos, en lugar de salvar a la nación". En particular, fustigó al sistema financiero internacional especulativo, que "nos ha hecho muchísimo daño", y que "se infiltra en la mayor parte de países".

El movimiento social que provocó el recambio de gobierno expresa un fenómeno novedoso en el escenario político-social ecuatoriano. Por un lado, demuestra el debilitamiento real de las fuerzas sociales orgranizadas -incluyendo el movimiento indígena- como resultado de la política desarticuladora del gobierno Gutiérrez. Estas organizaciones apoyaron las movilizaciones en su contra, pero prácticamente no tuvieron incidencia. También expresa el desbordamiento de los liderazgos políticos, sobre todo en Quito, y en menor medida en otras ciudades. Las sucesivas marchas de protesta y paros convocadas por los alcaldes de Quito (Paco Moncayo) y Guayaquil (Jaime Nebot), entre otros, no tuvieron la fuerza suficiente como para lograr un cambio de rumbo del gobierno y trataron de ocultar el reclamo de "Lucio fuera" que ganaba fuerza en la calle. Fue allí que se dio la autoconvocatoria de los "forajidos y forajidas", (término empleado como insulto por el propio Gutiérrez, pero apropiado por la población quiteña) efectuada con el apoyo de Radio la Luna y otra decena de radios locales. Con el lema de movilizarse pacíficamente por la dignidad del país, y rechazando todo liderazgo tradicional, durante 7 noches, -y el día 20 desde la mañana-, una multitud multiclasista (con predominancia de sectores medios), se apoderó de las calles de Quito. Salieron familias enteras, pero sobre todo jóvenes, que se auto-organizaron, decidieron cada día donde agruparse, acordaron lemas y formas de manifestarse. Luego de la caída de Gutiérrez, la ciudadanía permanece movilizada y las reuniones prosiguen en las noches para organizar la vigilancia a las autoridades y exigir el apresamiento a los responsables de la represión de la última semana.

En último término, el principal artífice de la caída de Lucio Gutiérrez fue él mismo. Tenía casi todo a su favor: apoyo de las fuerzas armadas, de una mayoría parlamentaria, del gobierno norteamericano. No midió las consecuencias de facilitar el regreso, en condiciones de impunidad, del ex presidente defenestrado, Abdalá Bucaram. Y la gota que derramó el vaso de la ira quiteña fue el anuncio de que, el día 20, el gobierno estaba trayendo a Quito unos 100 buses de "matones" armadas de palos -se habló incluso de machetes-, desde la Costa y Amazonía, para enfrentar al pueblo movilizado, hecho que desató la insubordinación generalizada.

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