| Interrogantes
sobre Ecuador
EN LOS 10 DIAS transcurridos desde
el derrocamiento (el miércoles 20) del presidente Lucio Gutiérrez
y la asunción del vicepresidente Alfredo Palacio, el panorama de
Ecuador no se ha clarificado. Al contrario. Menudean los interrogantes
acerca de lo acontecido, su legalidad (o no) y sobre el futuro.
Niko
Schvarz
Las fuerzas sociales, Manta, la embajada
Se ha querido equiparar las movilizaciones previas con las que
determinaron la caída de Abdalá Bucaram y de Jamil Mahuad. Pero la
comparación no cabe. En aquellos casos se trató de manifestaciones
multitudinarias protagonizadas por el movimiento indígena (la Conaie y su
brazo político, el Pachakutik), partidos y movimientos de izquierda, el
movimiento sindical y agremiaciones estudiantiles, que adquirieron
carácter masivo. En este caso, fueron movilizaciones reducidas,
constreñidas exclusivamente a Quito, con participación de capas medias y
capas medias altas en forma preponderante, a las que se sumaron barras
bravas deportivas, núcleos de masones, formaciones religiosas y clubes
juveniles, integrando un conglomerado amorfo y desprovisto de un proyecto
consolidado al que le dio manija Radio La Luna. Su único lema era el "¡Que
se vayan todos" (a la argentina) incluyendo no sólo al presidente y al
gabinete, sino al Congreso unicameral, a la cuestionada Corte Suprema de
Justicia y a los magistrados. Y siguieron manteniendo ese planteo. Palacio
lo rechazó de plano, anunció que se quedaría hasta 2007 y no habría
elección anticipada. A lo sumo, ante la presión concentrada, habló
vagamente de una Asamblea Constituyente, y de mesas nacionales de diálogo,
pero todo relegado a un incierto futuro.
Sobre temas fundamentales como la base de Manta y el Plan Colombia,
Palacio formuló declaraciones contradictorias, pero acaba de definirse.
"Cumpliremos todos los acuerdos internacionales, incluido el de la base de
Manta", señaló, fundamentándolo (cuando no) en la lucha contra el
narcotráfico, cuando en realidad desde esa base sobre el Pacífico, a cargo
de tropas norteamericanas, los aviones irrumpen directamente en la zona de
conflicto colombiana. También el nuevo canciller Antonio Parra Gil dijo
que se respetaría el acuerdo que entrega la base a EEUU hasta 2009. "No es
posible que unilateralmente incumplamos", manifestó.
En cuanto al episodio final, que culminó en el asilo de Gutiérrez, se
destaca la participación decisiva de la embajadora norteamericana Kristie
Kenney.
Ilegalidad manifiesta
El periodista Kintto Lucas escribe: "El principio del fin del gobierno
de Gutiérrez fue la visita de la embajadora Kenney al Palacio de Gobierno.
Al final de la reunión, el portavoz de la embajada, Glen Warren, dijo que
Washington estaba muy preocupado por la situación del país y que llamaba a
solucionarla enseguida. Para muchos eso fue, más que un mensaje, una orden
destinada a producir un efecto dominó". De inmediato, renunció el jefe de
Policía, Jorge Poveda. Esa institución está ligada al Plan Colombia y
participó junto a la inteligencia norteamericana y colombiana en la
captura de dirigentes de la guerrilla colombiana como Simón Trinidad.
De inmediato siguió una reunión trucha del Congreso unicameral. No
sesionó en su sede, sino en el edificio de Ciespal. Cuarenta de los 100
diputados del organismo unicameral (pertenecientes a Sociedad Patriótica
de Gutiérrez y al Partido Roldosista de Bucaram, que habían establecido
una alianza) no fueron citados. Los otros 60 votaron en media hora una
moción destituyendo por abandono del cargo al presidente, que permanecía
en el país. Tampoco se reunieron los 2/3 de votos requeridos. Todo en los
marcos de una ilegalidad manifiesta.
El Partido Socialista (PSE) dice que se está ante un golpe de Estado de
derecha. Manifestantes que se expresaron el miércoles pasado frente al
Palacio de Carondelet, donde se hizo presente una retardada misión de la
OEA (que no sabe qué actitud adoptar) acusaron a Palacio de ser un títere
del ex presidente socialcristiano León Febres Cordero, de derecha, al
grito de : "Palacio, títere de León, fuera". Pobladores de la Amazonia y
del litoral Pacífico, donde el gobierno ejecutaba obras de mejoramiento
vial y desarrollo social, reclamaron el retorno del ex mandatario, asilado
en Brasil.
Asilo en Brasil
Mientras Gutiérrez estuvo alojado en la residencia del embajador
brasileño en Quito, los "forajidos" (así se denominó a los manifestantes)
atacaron el edificio e insultaron al gobierno de Brasil, reclamando que no
concediera el asilo. Una declaración del PT señala que el derecho de asilo
está reconocido por la Declaración Universal de Derechos del Hombre (1948)
y varias Convenciones internacionales (de 1928, 1933 y 1954), y es además
un mandato de la Constitución brasileña de 1988 en su artículo 4º.
Publicado en La República
el 30 de abril de 2005
Niko
Schvarz
nikomar@adinet.com.uy
* Publicista uruguayo, miembro
de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente
Amplio. |
Niko Schvarz - rodelu.net