La acción judicial, ha sido presentada por el abogado Adil Brokovic, él cual sindica a ambos ex personeros, y a todos aquellos que resulten responsables, como partícipes directos de la "organización, planificación y ejecución de las acciones represivas contra la población civil" que se produjeron con motivo de las manifestaciones.

Según expresá el texto acusatorio, la jornada de movilización culminó con 23 fallecidos en Santiago, tres en la Quinta Región y uno en la localidad de Coronel, y con centenares de detenidos, "que en la mayoría de los casos, sufrieron torturas durante su detención".

Martínez manifiesta que los dos querellados son responsables de la actuación de cerca de 18 mil militares que durante esos días reprimieron la masiva movilización.

"Nosotros creemos que hoy día es el momento de hacer justicia para que el país sepa que ellos mintieron y que ellos son los responsables de los delitos como autores e inductores de asesinato, tortura y maltrato a la población",puntualizó el dirigente Arturo Martínez.

Brokovic afirmó que los delitos que se imputan a las ex autoridades de la dictadura no están prescritos, puesto que se se invoca la figura penal del crimen de lesa humanidad.

"Es un delito que está fundado en el derecho internacional, y no hay discusión respecto a que es imprescriptible", explicó.

El jurista agregó que existen bastantes presunciones que responsabilizan a Jarpa de los hechos, a partir del cargo que él ocupaba cuando ocurrieron.

Sergio Onofre Jarpa, hasta septiembre de 1973, era el máximo líder del Partido Nacional, organización de extrema derecha y que representaba los grandes interesés de los gremios patronales y los latifundistas de la época.

El Partido Nacional, junto a Patria y Libertad, realizarón una política conspirativa y terrorista contra el gobierno de la Unidad Popular. Sembraron el caos y crearon el mercado negro con el objeto de crear las condiciones propicias para el golpe de estado de septiembre de 1973.

Sergio Onofre Jarpa, junto a Pablo Rodríguez Grez, actual abogado del ex dictador PInochet; además de los sectores de la derecha Democráta Cristiana, crearon la CODE (Confederación por la Democracia) con el objeto de declarar incostitucional el gobierno de Salvador Allende y lograr así su desestabilización. La CODE fue financiada por la CIA y el gran empresariado nacional. Los recursos fueron utilizados para realizar sabotajes diversos, implementar campañas mediáticas contra el gobierno de la Unidad Popular, además de promover el terror y el caos en la población.

Sergio Onofre Jarpa, junto a la cadena de diarios del órgano oficial de la CIA en Chile, el matutino El Mercurio, además de los sectores de la derecha DC, crearon las condiciones propicias para cambiar la correlación de fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas y producir el golpe de estado. Para ello, utilizarón diversas formas para golpear las puertas de los cuarteles, para que éstos se insubordinaran en contra de la legalidad vigente existente hasta ese momento.