Los manifestantes comenzaban a sacudirse el miedo, a perder el prurito de no reclamar, de modo que aquella noche, registrada por ojos asombrados que miraban desde las ventanas, por ojos tímidos que miraban al suelo para no comprometerse, por ojos vigilantes que acechaban desde las esquinas anotando detalles, Montevideo, y todo el país, sintió que era traspasado por el único ruido, el de los zapatos sobre el pavimento.
El recurso del silencio para gritar un reclamo justo, impostergable, inevitable, de conocer la verdad y castigar a los responsables de tanto crimen impune, se demostró válido para sacudir amnesias ministeriales, complicidades presidenciales, indiferencias corporativas y para horadar la paquidérmica piel de los responsables directos, esos militares y policías adiestrados para ser nuevos padres de familia en horas diurnas, y asesinos y torturadores en las nocturnas; esos oficiales que impusieron a sus pares una herencia macabra reclamando lealtades y amenazando con confesiones.
No es casual que se haya escogido la fecha del 20 de mayo para la Marcha del Silencio. En verdad, todas las desapariciones son iguales, igualmente repudiables, como todas las torturas, las cortas y las largas, las duras y las blandas, como todos los asesinatos, por ensañamiento o por imprevisto. Fueron los articuladores de la impunidad quienes hicieron la diferencia: en su esquema de valores era aceptable la desaparición de un subversivo, pero era difícil justificar el asesinato de dos legisladores que, mal que les pese, se destacaban por su inteligencia y su integridad. Tan era así que, para facilitar la coordinación trasnacional que permitió en Buenos Aires el secuestro y el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco apelaron a la excusa de acusar a ambos de ser tupamaros. Y como dijo el tercer candidato al magnicidio, Wilson Ferreira Aldunate, “en la Argentina de hoy denunciar ante las autoridades a alguien de tupamaro, es lo mismo que firmar una sentencia de muerte”.
Hoy, diez años después de la primera Marcha del Silencio, la columna que recorrerá 18 de Julio, desde la plazoleta de la calle Rivera hasta la plaza Libertad, puede apostar a que su reclamo de verdad, justicia, memoria y nunca más es una esperanza cierta, una probabilidad cercana. No es una dádiva; es hasta donde se ha llegado por la constancia, la coherencia, la determinación a no claudicar y a no negociar iniquidades. Este viernes la marcha se desarrolla en un nuevo marco, en un contexto que ha evolucionado y que hace más tangible la aspiración de la consigna. Algunos de los elementos nuevos son:
• Los anuncios del presidente Tabaré Vázquez, el 1 de marzo, sobre la disposición de su gobierno de aplicar el artículo 4 de la ley de caducidad; promover la búsqueda de los restos de los desaparecidos; defender la total independencia del Poder Judicial; considerar que los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz y la desaparición de María Claudia García de Gelman están excluidos de la ley de caducidad.
• El ingreso de técnicos universitarios a los predios del Batallón 13 para investigar la existencia de cementerios clandestinos.
• La ola de denuncias y de testimonios sobre presuntos enterramientos o episodios relacionados con el terrorismo de Estado, que revelan la confianza de la gente en la nueva situación y que extienden el compromiso de búsqueda de la verdad al conjunto de la población.
• La aceptación disciplinada de las Fuerzas Armadas frente a la política de derechos humanos del nuevo gobierno, confirmando su acatamiento al poder civil y dejando en evidencia la utilización por parte de los gobiernos anteriores de una eventual desestabilización para mantener una política cómplice con la impunidad; el relacionamiento jerárquico fluido entre el presidente, en tanto comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y los mandos militares.
• La decisión de los mandos del Ejército de facilitar la ubicación de los restos de los desaparecidos mediante una investigación interna para obtener información.
• El pedido de procesamiento y prisión por el delito de homicidios especialmente agravados de Blanco y Bordaberry en el caso Michelini-Gutiérrez Ruiz; el anuncio de pedido de reapertura de las investigaciones judiciales en el caso María Claudia García de Gelman; las instancias judiciales en otros casos de desaparecidos (véanse recuadro y nota adjuntas).
Hay, por cierto, contornos oscuros en un panorama inevitablemente complejo. Un aspecto nuevo, y en principio peligroso, lo constituyen las operaciones de inteligencia que, utilizando ciertos medios de comunicación, realizan algunas fracciones militares que se mueven, particularmente, entre los oficiales en retiro, agitando el cuco del malestar. Las “fuentes militares” que últimamente han brotado como hongos alimentan una usina de versiones que mezclan hechos auténticos con falsedades, a efectos de generar situaciones favorables a sus intereses, provocar miedo que paralice ciertas iniciativas y alimentar resquemores. El propio presidente Vázquez debió desmentir la versión sobre un malestar en el Ejército a raíz de la investigación sobre el paradero de los restos de los desaparecidos. Vázquez agregó que a su juicio en el Ejército se está trabajando “muy firme y seriamente en el tema”.
El grado de secreto que rodea toda la actividad en torno a los derechos humanos –una herencia de los gobiernos anteriores que se justificaba en la excusa de “no agitar la interna”– provoca otras enojosas situaciones y acaso facilita operaciones de inteligencia. La información de fuentes militares sobre la ubicación de ciertos restos óseos en el Batallón 13 elude la cautela con que tales hallazgos fueron comunicados a la Presidencia. La eventualidad de que no correspondan a prisioneros desaparecidos, o ni siquiera a seres humanos, puede constituir mañana un elemento para desacreditar la meticulosa y cuidadosa tarea de los técnicos; en ese sentido resulta incomprensible que la Presidencia no haya divulgado los resultados de los exámenes.
Los criterios de confidencialidad, aceptados incluso por la Universidad de la República, facilitan la manipulación de la información. En tal sentido, la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, cuya denuncia inicial en el caso de la desaparición de Elena Quinteros fue el puntapié de la actual investigación en el Batallón 13, considera que no se está aplicando el debido proceso –una investigación administrativa con un instructor a su cargo– y cuestiona que la justicia no controle in situ los trabajos que los peritos realizan en el Batallón; en tal sentido sus miembros están analizando la oportunidad de elevar un pronunciamiento formal.
La comisión del PIT-CNT desconoce si la investigación en curso es en cumplimiento del artículo 4 y, según adelantó uno de los miembros, Raúl Olivera, “desea saber si los peritos en el predio militar trabajan para el Poder Ejecutivo o para la justicia”. En realidad, hasta ahora no existe una resolución formal del Ejecutivo que avale las acusaciones. “Yo no conozco que haya una resolución de una investigación administrativa y que se haya designado instructor. No sabemos qué se está buscando en el Batallón 13, si la prueba del cuerpo de delito en el caso de Elena Quinteros, o si se está investigando la Operación Zanahoria que Julio María Sanguinetti no quiso investigar”, dijo Olivera. “La ausencia de la justicia en los trabajos que están realizando los peritos es evidente. Se está diligenciando una prueba que tiene que ver con una causa penal, la desaparición de Elena Quinteros, pero esas diligencias no están dirigidas por el juez. Después, sobre posibles enterramientos en otros lados (según una denuncia formulada por BRECHA) no se tomó ninguna iniciativa en el ámbito judicial ni político para saber si eso es cierto.”
Olivera hizo una precisión importante: “Cumplir con el artículo 4 implica dejar afuera un 50 por ciento de los casos de desaparecidos. Hay casos que no están denunciados penalmente y el artículo 4 se dispara cuando hay denuncia penal”. En ese sentido, voceros de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos anunciaron que se incorporaron tres nuevos casos de desapariciones de uruguayos en Argentina, pero no se brindaron detalles.
Quizás la marcha de hoy, viernes, al caer la noche, disipe o atenúe, con la contundencia del respaldo popular, algunos de los elementos que aun distorsionan la búsqueda de la verdad e impiden la justicia. n
* La marcha está convocada bajo la consigna: “Para el pasado: verdad; en el presente: justicia; por siempre: memoria y nunca más”.

LOS FUNDAMENTOS DE LA ACUSACIÓN FISCAL

El juez Roberto Timbal va a “olfatear” cómo viene la mano en el caso Michelini-Gutiérrez Ruiz, antes de decidir si acoge la solicitud de la fiscal Mirtha Guianze para que el ex presidente Juan María Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco sean procesados como coautores de homicidio especialmente agravado, y encarcelados. La vista fiscal ingresará recién el martes 24 al despacho del juez, cuyo juzgado está de turno; el magistrado cuenta con un plazo de hasta 45 días para decidir; si ordena el procesamiento, seguramente los abogados de los imputados elevarán una apelación, y lo mismo hará la fiscal si el juez desestima el pedido. En cualquiera de los dos casos, el expediente sobre los asesinatos de los dos legisladores (y de otros dos uruguayos, William Withelaw y Rosario Barredo), ocurridos en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976, será analizado por los magistrados Dardo Preza, William Corujo y Alfredo Gómez Tedeschi, miembros del Tribunal de Apelaciones.
Este expediente reviste las mismas connotaciones políticas que el otro por el cual Bordaberry fue acusado de violación de la Constitución por la disolución del Parlamento, en 1973. ¿Quién duda de que Bordaberry dio el golpe de Estado, junto con los militares? Sin embargo, hasta ahora Bordaberry no ha podido ser enjuiciado en ese caso. Lo mismo con el asesinato de Michelini-Gutiérrez Ruiz: ¿quién duda de que el presidente de la República y su principal colaborador, el canciller, aunque más no fuera por su investidura, son responsables de aquellos asesinatos? De lo contrario Bordaberry habría tomado medidas para castigar a quienes lo cometieron. Pero antes y después de los asesinatos, tal como detalla la fiscal Guianze en su escrito, el presidente y el canciller actuaron para facilitar los hechos y para ocultarlos después, todo en función de desarticular una salida política de transición a la democracia.
El deslinde de responsabilidades que tanto Blanco como Bordaberry han reiterado a lo largo de las acusaciones, en el Parlamento y en la justicia, son calificados por la magistrada como “mendacidades”. Enumerando una abundante serie de hechos, decisiones políticas, órdenes, trámites, documentos, Guianze demuestra la determinación de los dos acusados de librar una guerra contra el marxismo y la subversión, implicándose decididamente en la Operación Cóndor y en uno de sus principales objetivos: la eliminación en el exterior de los disidentes peligrosos. “Como queda dicho, la estructura cupular del aparato de poder imperante en la época torna imperioso sostener que, por lo menos el presidente de facto, Juan María Bordaberry, y el canciller en funciones tenían dominio suficiente sobre la estructura como para decidir la suerte de las víctimas. No sólo se tiene en cuenta el cargo, formalmente considerado, sino todo el entorno de los hechos que viene de relacionarse”, afirma la fiscal, para concluir: “Así descritas las conductas (se refiere a los viajes de Blanco a Argentina, los documentos de las cancillerías, y las decisiones de gobierno para facilitar el secuestro y luego para encubrir los hechos) parece más adecuado considerar coautores, y no autores mediatos, a aquellos que, desde la estructura de poder dieron las órdenes, facilitaron los medios o aseguraron la impunidad de los hechos cometidos”. Por lo que pide que se decrete el enjuiciamiento y prisión de Bordaberry y de Blanco como coautores responsables, prima facie, de la comisión de cuatro delitos de homicidio muy especialmente agravados.