Amnistía Internacional (AI) fue fundada en Londres en 1961. Su objetivo, que se conoce en el ámbito interno como “mandato”, era ayudar a toda persona presa, en países bajo regímenes de distinto signo, por sus ideas políticas, religiosas o por su raza. Con el transcurso del tiempo fue ampliando sus objetivos hacia la abolición de la tortura, la supresión de la pena de muerte y la defensa de los derechos económicos y sociales.
Sus grupos de base eran –y siguen siendo– nacionales y trabajaban en particular para la liberación o mejoramiento de las condiciones de los prisioneros, a los que adoptaban y denominaban “prisioneros de conciencia”. Enviaban cartas a los propios presos y a las autoridades gubernamentales, pidiendo juicios justos o la libertad de estos prisioneros. Se carteaban, además, con los familiares y muchas veces les proporcionaban ayuda económica.
Amnistía tiene un secretario general, y un Cuerpo Ejecutivo Internacional elegido por los grupos nacionales. El Secretariado Internacional posee varios departamentos: legal, de programas, administrativo, un centro de documentación y un equipo de investigadores. Estos investigadores son los que estudian los casos denunciados ante la organización, los que deciden la oportunidad de realizar campañas y escogen a los presos para que sean “prisioneros de conciencia”. Fueron ellos los principales promotores y gestores de la extensa campaña sobre Uruguay del año 1976. El Centro de Documentación fue el encargado de recopilar y recibir las denuncias que establecieron los antecedentes para el desarrollo de esa campaña.

AMNISTÍA Y URUGUAY

En diciembre de 1972, en el marco del 24 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, AI inició una campaña mundial por la abolición de la tortura. En Uruguay la tortura ya era una práctica cotidiana de los aparatos represivos, en especial contra militantes de las organizaciones guerrilleras.
Amnistía mantenía por entonces contactos con organizaciones y figuras de la izquierda que denunciaban esas prácticas, por ejemplo con el Partido Comunista y con Zelmar Michelini, quien establecería canales fluidos de comunicación con el grupo humanitario tras su exilio en Argentina. Paralelamente, en Europa AI se hacía eco de las denuncias sobre la situación uruguaya provenientes de Buenos Aires.
A raíz de las denuncias de torturas que llegaban por diversos canales, Amnistía y la Comisión Internacional de Juristas enviaron en abril de 1974 a Montevideo una misión en conjunto integrada por Inger Fahlander y Niall MacDermot. La misión se entrevistó con ministros de la dictadura, personal de varios ministerios, el secretario del Consejo de las Fuerzas Armadas, el vicepresidente del Consejo de Estado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, jueces militares y civiles. Y por supuesto con abogados de presos políticos.
Fahlander y MacDermot recabaron abundantes pruebas de torturas y malos tratos en las prisiones del régimen cívico-militar. “La opinión general de los abogados defensores es que casi todas las personas detenidas en cuarteles militares y algunas detenidas en comisarías de Policía siguen siendo duramente maltratadas antes y durante los interrogatorios. Las estimaciones más prudentes que escuchamos son de que esto ocurre en alrededor del 50 por ciento de los casos”, señalaban en su informe. Ambos delegados comprobaron igualmente irregularidades de todo tipo en los procedimientos de la justicia militar (presumarios, sumarios, tipo de personal judicial que estaba al frente de los trámites legales); que los detenidos eran llevados encapuchados ante el juez sumariante y a veces torturados frente a él; que los defensores de oficio militares no eran abogados; que los acusados debían realizar gran parte del proceso jurídico sin poder hablar con un abogado; que las demoras de los procesos eran inmensas: desde 1972 se estimaba que habría entre 3.500 y 4 mil acusados y en ese ínterin sólo 32 habían sido juzgados y sentenciados. Detectaron a su vez diversas irregularidades en los procedimientos de detención.
Frente a este panorama, las organizaciones visitantes realizaron varias sugerencias a las autoridades uruguayas. Pidieron por ejemplo instalar una oficina central de información sobre los arrestos, la inmediata intervención de abogados después de las detenciones, que el juez de instrucción fuera notificado de los casos apenas la persona fuera detenida o en su defecto ésta fuera liberada a los diez días. Se recomendaba, también, el traslado de los sospechosos de los cuarteles a las cárceles.
¿Cuál fue la singularidad de Uruguay para ser elegido por Amnistía para realizar una campaña contra la tortura, por primera vez haciendo foco en un país? Para esta opción operaron varios factores: la fluida información que llegaba desde las organizaciones de exiliados; la importancia del tema tortura en AI; el desconocimiento del caso uruguayo en el panorama internacional; y la posibilidad de que, por su debilidad económica, la dictadura fuese susceptible a presiones internacionales.
Eddy Kaufman, que llegó a Londres en 1975 para ocuparse de la jefatura de la Sección de Investigación sobre las Américas de AI, recordaba, en 2002, respecto de la campaña: “Como director, Uruguay fue el país más importante para mí (...). La tragedia de este país era poco conocida, a diferencia de la chilena. ¿Qué gobierno hizo algo sobre Uruguay, hasta Venezuela por el caso de Elena Quinteros? Era un país olvidado, y pudimos traerlo a la conciencia mundial. La campaña era central y tenía gran respaldo del exilio uruguayo, que se organizó con muy buena coordinación”.

COMIENZA LA ACCIÓN

La decisión institucional de realizar la Campaña contra la Tortura en Uruguay (CTU) fue tomada durante la reunión del Consejo Internacional en Saint Gallen, Suiza, en setiembre de 1975. Se resolvió hacer énfasis en los 22 casos conocidos hasta entonces de muertes por esa causa, tomando como ejemplo emblemático el asesinato de Álvaro Balbi, un joven de 31 años, padre de cuatro hijos, detenido el 29 de julio del 75 por las Fuerzas Conjuntas. El cadáver de Balbi había sido entregado el 31 de julio a sus familiares, a los que se les dijo que había muerto por un ataque de asma por enfriamiento. Una larga carta escrita por su padre, Selmar Balbi, ex maestro y ex director de escuela, al presidente Juan María Bordaberry causó una fuerte impresión por la dignidad que trasuntaba y fue utilizada profusamente en la CTU.
Ejercer presión sobre las autoridades uruguayas para detener las prácticas de tortura y alertar a la comunidad internacional sobre la situación de los derechos humanos en el país fueron los objetivos centrales de la iniciativa de AI. En ese marco, se puso a toda la militancia de la organización a recolectar firmas a nivel internacional, solicitando que un cuerpo independiente visitara el país para investigar las denuncias de tortura. Las firmas, más de 348 mil, fueron entregadas en junio de 1976 al embajador uruguayo ante las Naciones Unidas, Carlos Giambruno, por los representantes de AI Iván Morris y Andrew Blane.
Desde octubre de 1975, en que se emitió el primer documento de la CTU, hasta agosto de 1976, cuando apareció la evaluación de la misma, se produjo una serie de acontecimientos que cambiaron la situación de personas y organizaciones en Uruguay. Entre ellos, una persecución mayor contra el Partido Comunista, el golpe militar en Argentina, los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz y la destitución de Bordaberry. Estos hechos fueron recogidos en algunos de los 12 documentos centrales de la campaña y tuvieron su impacto en la misma.
Los exiliados uruguayos tuvieron destacada participación en esta iniciativa de Amnistía Internacional. Marta Ponce, que fuera exiliada en Holanda, rememoraba en junio de 2002 cómo colaboró en obtener informaciones sobre la situación de los presos en Uruguay a partir de cartas enviadas a sus familiares en Montevideo: “(...) Conocí a Inger Fahlander y la gente que estaba trabajando sobre Uruguay. Ellos me presentaron la lista de presos que tenían, y entonces fuimos informando lo que sabíamos de cada preso y empezamos a escribir cartas. Me conseguí las guías telefónicas de Uruguay. Era una especie de trabajo detectivesco. Buscaba el nombre, la familia, y le mandaba una carta rezonza a la familia. Por ejemplo: ‘Quiero conectarme contigo, saber cómo está tu familia, que me cuentes’. Y la gente empezó a contestar. Así fui armando un currículum de todos los presos que pude”.
El 6 de diciembre de 1975, el secretario general de Amnistía, Martín Ennals, envió al presidente Bordaberry una carta con la lista de los 22 muertos por tortura y el pedido de que se realizara una investigación independiente sobre esos casos. En otra carta, en enero de 1976, denunciaba la campaña represiva masiva lanzada contra el Partido Comunista y un nuevo asesinato por tortura.
Al no haber respuesta alguna de Bordaberry, el 19 de febrero de 1976 se dio inicio a la CTU con una conferencia de prensa en Nueva York. Ahí sí el gobierno uruguayo reaccionó, por vía de su canciller Juan Carlos Blanco, que protestó contra el lanzamiento en Estados Unidos y Europa de “una nueva etapa de la campaña que procura perjudicar a nuestro país, campaña que recrudece toda vez que las Fuerzas Armadas y la Policía asestan un golpe rudo a los enemigos del país”. Blanco agregaba que no reconocía a “la asociación Amnesty International ni personería ni autoridad moral para referirse a asuntos propios de Uruguay”.
Sin embargo, numerosos medios de prensa del mundo entero se hicieron eco de la iniciativa de AI: los estadounidenses The New York Times y The International Herald Tribune, los españoles Cambio 16 y Triunfo, el francés Le Monde, el suizo La Tribune de Genève, el británico The Times, los mexicanos Excelsior y Siempre...
En marzo de 1976 AI dio a conocer una carta de un oficial uruguayo “arrepentido” en la que se hacía una prolija descripción de las violaciones a los derechos humanos en los centros de detención uruguayos, así como dos fotos de personas torturadas, una de ellas con el método de “la bandera” y la otra con “el caballete”. Se trataba de las primeras fotos reales de torturados que la organización había recibido en toda su historia (véase recuadro). La carta, cuya autenticidad fue garantizada por AI (al igual que las fotos), acusaba a las Fuerzas Armadas como cuerpo: “Los interrogatorios al comienzo los efectuaban los oficiales o suboficiales de inteligencia, pero hace tiempo que todos estamos en diversas formas obligados a participar directamente. Quieren comprometernos a todos”.
También, con el doble fin de propagandear la campaña y acallar las críticas y acusaciones de ser “comunista” lanzadas contra AI por la dictadura, se publicó una petición dirigida a Bordaberry de parte de 40 prominentes “disidentes” soviéticos protestando contra las torturas practicadas contra los detenidos políticos en Uruguay. Esa misiva, fechada el 10 de mayo, estaba firmada por integrantes del grupo AI de Moscú, por el premio Nobel Andrei Sakharov, su mujer Yelena y otros antiguos prisioneros de conciencia de AI. Añadían sus firmas Alexander Lunts y Vitaly Rubin, líderes del movimiento de la inmigración judía en Moscú. Este documento representa la síntesis de la campaña, al mostrarse al mundo entero cómo los disidentes soviéticos firmaban por los presos uruguayos, muchos de ellos comunistas.

EVALUANDO LA CAMPAÑA

En su documento de balance de la CTU, fechado el 9 de agosto de 1976, AI destacaba que en ella habían participado secciones de la organización en cuatro continentes y que la petición central había sido suscrita por ciudadanos de unos 70 países. En algunos casos había funcionado mejor la recolección de firmas que la prensa; en otros había sido más exitosa la campaña de cartas.
Diversas ONG internacionales jugaron un papel significativo. Entre ellas destacaron la Unión de Abogados Árabes, el Consejo Internacional de Mujeres Socialdemócratas, Pax Christi, la Unión Internacional de Estudiantes, la Federación Mundial de Juventudes Democráticas y el Congreso Mundial de Iglesias. También se contó con el apoyo de diez centrales de trabajadores latinoamericanas, mientras a título individual tomaron parte en la campaña premios Nobel, intelectuales de prestigio, ministros, dirigentes políticos, parlamentarios, religiosos.
Difundir la situación uruguaya y detener la tortura habían sido los dos principales objetivos de la campaña. ¿Fueron alcanzados? El primero sin duda que sí, lográndose que varios gobiernos y parlamentos tuvieran una visión crítica sobre Uruguay, que se esperaba entorpecería futuras negociaciones económicas que la dictadura emprendiera. La campaña tuvo igualmente un fuerte impacto sobre la elite del régimen uruguayo, que organizó una contracampaña, publicándose artículos en los periódicos y saliendo sus principales personeros a desmentir públicamente los dichos de AI. El 12 de mayo, en La Paz, Bolivia, Bordaberry llegó a sostener: “No hay torturas en Uruguay. Una campaña internacional de prensa que nosotros no podemos contrabalancear porque somos un pequeño país está determinada a mostrar una falsa imagen de mi gobierno”.
Mucho más difícil de evaluar resultó el otro objetivo, el cese de torturas y el mejoramiento en las condiciones carcelarias. A la hora del balance se reconocía incluso que estas últimas podían haber empeorado durante la campaña y que las personas presas de conciencia de Amnistía y sus familiares habrían llevado la peor parte. Lo que sí comenzó a atenuarse fue la cantidad de presos y torturados, aunque tal vez –se admitía– esto se debiera más que a ninguna campaña a que los activistas más connotados de todas las tiendas políticas ya estaban en prisión, exiliados o inactivos. “Amnistía ha tenido éxito en transformar las limitadas herramientas que le concede su estatuto –prisioneros políticos y tortura– en un instrumento mayor para fomentar los derechos humanos en Uruguay”, se concluía en el informe evaluatorio.
AI acompañaría luego todo el proceso de resistencia a la dictadura que culminaría en 1985, denunciando los hechos represivos y logrando finalmente, en 1983, retornar a Uruguay para visitar las cárceles y brindar un –otra vez duro– informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. 
 

* Basada en fragmentos de una investigación recientemente concluida sobre Amnistía Internacional y la dictadura uruguaya, realizada con el apoyo del Rectorado de la Universidad de la República y radicada en el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. La publicación de la misma en forma de libro es esperada para este año.
NDR: Las profusas citas incluidas en este trabajo debieron ser suprimidas en la edición por razones de espacio.
** Investigadora en Historia, presidenta de la sección uruguaya de Amnistía Internacional, que cumple 20 años precisamente en este mes de mayo. A sus militantes Ruiz dedica este trabajo.