| Brecha
de Uruguay - Nº 1017 -20 de mayo
de 2005
Fuera de
la ley, al alcance del castigo
El caso
de María Claudia García de Gelman
Los abogados del poeta argentino
Juan Gelman presentarán la semana entrante un escrito ante el juez
penal Gustavo Mirabal para que se active la investigación sobre
la desaparición de María Claudia García de Gelman.
El expediente
sobre la joven argentina secuestrada en 1976, trasladada clandestinamente
a Uruguay y asesinada después de haber dado a luz una niña
en cautiverio –niña que fue entregada a un oficial de la Policía–,
había sido archivado después de que el entonces presidente
Jorge Batlle dictaminara que el caso estaba comprendido en la ley de caducidad.
En su momento
se reclamó de Batlle que diera a conocer los fundamentos por los
cuales ordenaba detener la investigación de esta desaparición,
difícil de justificar como acto de servicio ordenado por los mandos
militares. Por el contrario, el presidente Tabaré Vázquez
anunció que consideraba ese caso, y el de Michelini-Gutiérrez
Ruiz, fuera de la ley de caducidad. Esa afirmación presidencial,
y los nuevos elementos surgidos en torno a la desaparición de María
Claudia, impulsan el pedido de reactivación de la investigación.
Entre esos
elementos no es menor el trascendido sobre las disputas originadas en el
círculo de oficiales retirados miembros del antiguo Servicio de
Información de Defensa (SID), que participaron en la operación
Cóndor y están individualizados como los autores materiales
de numerosos delitos de lesa humanidad.
Según
una información difundida por El Observador (miércoles 18),
el coronel Gilberto Vázquez le pidió al inspector retirado
de Policía José Sande Lima “que se entregara y admitiera
su responsabilidad en el secuestro y desaparición de María
Claudia García de Gelman”. Al parecer Vázquez, antiguo miembro
del SID, estuvo presionando para que “tres o cuatro” represores vinculados
al secuestro y desaparición de María Claudia “se entreguen”
porque “a nivel político había presiones para investigar
el pasado” y porque “alguien debe hacerse cargo”. Las fuentes de El Observador
revelaron que en una reunión del Centro Militar, el coracero Ricardo
Medina informó que Vázquez había propuesto “sacrificar
las cabezas” del teniente coronel Juan Carlos Rodríguez Buratti,
del capitán Ricardo Arab, del inspector Sande Lima y la suya propia.
Toda la versión
tiene olor a operativo de inteligencia utilizando los medios de comunicación.
En el mismo artículo se sostiene que algunos militares retirados
calificaron de “traidores” a otros oficiales que habrían entregado
información al secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández.
Del contexto de la crónica se puede inferir que la “fuente” es alguien
allegado a Sande o a Medina, pero no queda claro qué objetivo se
persigue al exponer los trapos al sol de una interna militar que hasta
ahora había exhibido una unidad monolítica.
Sin duda,
los cateos en el Batallón 13, la investigación interna en
el Ejército ordenada por el comandante Ángel Bertolotti,
la postura del nuevo gobierno en materia de derechos humanos y la reactivación
de causas judiciales, han desmoronado aquella unidad. En todo caso, el
posible juzgamiento de cuatro oficiales ya había sido adelantado
por Últimas Noticias, otro periódico que suele acoger “fuentes
militares” vinculadas a los antiguos represores. Por lo pronto, si la fuente
es Sande Lima, hay una cierta incoherencia: la investigación privada
de Gelman había determinado que unos 20 oficiales y policías
habían estado vinculados de una u otra manera a la desaparición
de su nuera, pero en la lista no figuraba Sande Lima; en cambio sí
estaban Medina, Buratti y el propio Gilberto Vázquez. Medina, por
cierto, fue identificado por el mismísimo Batlle como el autor material
del asesinato de María Claudia, tal como se lo confesó al
senador Rafael Michelini. En cambio, no parece sensato que Vázquez,
directamente involucrado en el secuestro de María Claudia, proponga
sacrificar a quien no habría participado. Se sabe que Sande Lima
integró los equipos de militares y policías que operaron
en Buenos Aires y que estaba vinculado al traslado de prisioneros a Montevideo.
Fue identificado por Álvaro Nores, uno de los secuestrados, como
el oficial que lo recibió en Carrasco cuando fue traído ilegalmente
desde Automotores Orletti por el teniente Maurente.
Si Sande Lima
está o no involucrado en la desaparición de María
Claudia, si Medina mató o no a la nuera de Gelman, si Gilberto Vázquez
tiene o no responsabilidad en los episodios, ello seguramente podrá
ser dilucidado en sede judicial. Puesto que la Presidencia sostiene que
el caso no está amparado por la ley de caducidad, entonces los responsables,
los coautores y los cómplices, militares y civiles, podrán
ser perfectamente castigados por la justicia.
Eso es precisamente,
más allá de los operativos mediáticos, lo que encrespa
la interna militar. Todo promete que habrá más recriminaciones,
más acusaciones, más zancadillas, pero en el círculo
estrecho de los hasta hoy intocables. El grueso del Ejército transita
otros caminos.
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