Ahora crece la exigencia popular de estatizar los hidrocarburos (petróleo y gas) y, por el otro lado del espectro social, las compañías extranjeras, habituadas a sus superganancias, lloran miserias y dicen que perderán si, de acuerdo con una nueva ley, deben pagar regalías no deducibles e impuestos que oscilan en torno a 50 por ciento, por lo que amenazan con no invertir más e inclusive con irse.

La Bolivia popular está ya en guerra virtual con los capitales extranjeros, inclusive con la petrolera estatal brasileña y los capitalistas de ese país y argentinos, además de las inversiones europeos y estadunidenses. Porque la posible estatización boliviana de los hidrocarburos hace pender una espada de Damocles sobre la cabeza de los intereses petroleros privados en Argentina, Perú y Ecuador, y podría llevar a una alianza entre YPFB y la empresa estatal de Venezuela, que modificaría el rumbo de Petrobras e impulsaría la restatización del petróleo argentino.

Pero, sobre todo, porque la amenaza de estatización del petróleo y el gas es contraria a los intereses de los capitalistas neoliberales presentes en otros sectores, que ven reaparecer el fantasma del reforzamiento de un Estado distribuidor de las ganancias de modo más general y justo, así como más favorable al desarrollo nacional.

Es que, para los sectores populares que exigen la estatización o fortísimas regalías y la resurrección de YPFB, el problema del petróleo y del gas se inscribe en las tareas que debería encarar la próxima Asamblea Constituyente para imponer un nuevo proyecto popular de país. Los hidrocarburos, para los sectores populares bolivianos, son lo que el agua, un recurso natural de todos, y por ellos luchan. Cabe recordar que expulsaron de Cochabamba a la empresa que explotaba de forma privada el agua, tradicionalmente un bien público.

Ante esta visión social y nacional de las mayorías, y ante la perspectiva de que los hidrocarburos sean estatizados ahora o en la futura Asamblea Constituyente (impuesta con las movilizaciones contra el gobierno y contra el mismo Parlamento, así como por la autorganización de los sectores indígenas que luchan conjuntamente con sindicatos y con los pobres urbanos organizados en Federaciones de Vecinos), se ha constituido un frente entre las oligarquías empresariales de las regiones donde se extrae petróleo y gas, los terratenientes, más los gobiernos de los países limítrofes y la embajada de Estados Unidos.

Dichas oligarquías (sobre todo la de Santa Cruz, pero también la de Tarija, muy ligada con intereses argentinos) levantan hipócritamente la bandera del autonomismo para obtener apoyo popular y cubrir su secesionismo apenas disfrazado y su negativa a confrontarse en las urnas y en la Constituyente.

Se enfrentan así dos Bolivias, la de los campesinos, los indígenas, los sindicatos, los pobres urbanos, la de los quechuas, aymaras, guaraníes, mestizos y, del otro lado, la de las oligarquías, mayoritariamente de origen extranjero, ligadas con capitales de esa naturaleza, las cuales cuentan, por supuesto, con el respaldo de Estados Unidos. El poder está en la calle y la única opción pacífica es la reunión de la Asamblea Constituyente, que las oligarquías locales rechazan tratando de imponer un secesionismo de hecho que equivale a un golpe de Estado y que no puede ser respaldado sino por la violencia.