| Página12
de Argentina - 24 de mayo de 2005
Bolivia:
El pueblo manda
Fernando
“Pino” Solanas y Gustavo Calleja*
¿Quién
puede cuestionar la legítima aspiración del pueblo boliviano
a defender el 50 por ciento de la renta petrolera, cuando los costos de
producción no superan los 7 dólares por un barril que se
vende a 52? Hay que ser canalla para no reconocer –tanto en Bolivia como
en Argentina y tantos otros países expoliados por las petroleras–
el legítimo derecho de los pueblos a gozar de sus riquezas hidrocarburíferas.
Recordemos lo que se oculta en estos días: hasta la llegada de Sánchez
de Lozada-Mesa al gobierno de Bolivia, las petroleras pagaban el 50 por
ciento de regalías. La campaña mediática impulsada
por las petroleras desde la aprobación de la Ley de Hidrocarburos
por el Congreso boliviano tiende a crear las condiciones de una salida
golpista.
La historia del país hermano,
asentado sobre riquezas incalculables, es la historia de un secular despojo:
ayer fueron el oro y la plata y hoy es el gas, en una comunidad donde menos
del uno por ciento de la población dispone de redes que le permiten
un acceso a precios razonables. El más reciente saqueo encabezado
por Sánchez de Lozada privó a los bolivianos de disponer
de sus bienes hidrocarburíferos, transgrediendo leyes y llegando
incluso a la aberración antirrepublicana de otorgar el carácter
de “secretos” a los 72 contratos celebrados con las multinacionales del
petróleo. Entre otras cosas, ha ideado perversos mecanismos de despojo,
tal como la vigencia del precio internacional en un empobrecido mercado
interno de combustibles que, al quedar fuera del alcance de la mayoría
de los bolivianos, obliga al Estado a subsidiar a las petroleras, para
lo cual debe recurrir al auxilio financiero externo. Es un círculo
perfecto y perverso de apropiación ilegítima de riquezas
y de empobrecimiento; los niveles de indigencia de Bolivia son de los más
altos del continente.
Mal que le pese a la alianza gobierno-petroleras,
las mayorías populares bolivianas han seguido avanzando, y esto
es lo que les preocupa. La Ley de Hidrocarburos no es perfecta, pero implica
un gran avance, pues nacionaliza el subsuelo y los hidrocarburos en boca
de pozo, recrea YPFB, recupera para el Estado las facultades de fijar políticas,
incluidos los precios internos y externos, los niveles de producción,
reservas y exportaciones y, además, dispone la adecuación
de los contratos a sus disposiciones. Es decir, las compañías
deberán pagar las regalías y los impuestos determinados,
y dejarán de ser concesionarias para convertirse en contratistas.
Al pueblo boliviano le costó
más de 100 muertos levantarse en defensa de su gas y enfrentar al
corrupto gobierno de Sánchez de Lozada-Mesa. Su justo reclamo de
revisar las concesiones petroleras y controlar su extracción es
un ejemplo que debemos tener en cuenta: en nuestro país se pagan
las regalías más bajas del continente –12 por ciento– y desde
Menem al gobierno de Kirchner se liquidan a simple declaración jurada
de las petroleras. ¿No es una escandalosa impunidad?
Todos los sectores democráticos
y progresistas del continente deben unirse al pueblo de Bolivia en pos
del objetivo superior: la recuperación de la propiedad y las rentas
de sus hidrocarburos. Sin esa unión se tornará muchísimo
más difícil la lucha contra el frente gobierno-petroleras,
que goza del apoyo de los EE.UU., la banca internacional y los organismos
de crédito como el FMI. Lamentamos que el gobierno argentino, a
través de su embajador en La Paz, haya operado en defensa del presidente
Mesa y de los intereses de las petroleras y no en solidaridad con las decisiones
soberanas y legítimas del hermano pueblo boliviano.
Hoy como nunca están vigentes
la palabras del Gral. San Martín en 1813: “Cuando el pueblo tiene
más razón que el gobierno, la patria manda”.
* Presidente y vicepresidente del
Moreno. |