| Brecha
de Uruguay - Nº 1018 - 27 de mayo de 2005
Bolivia
Gas y
petróleo sobre la Mesa
El presidente Carlos Mesa dejó
pasar los diez días que establece la Constitución sin sancionar
ni vetar la ley de hidrocarburos, que eleva las regalías que pagan
las empresas, y el parlamento que la había aprobado decidió
promulgarla.
Washington
Estellano
Carlos Mesa optó por
lavarse las manos y trasladarle la responsabilidad al
Congreso, en una decisión que fue criticada tanto por los
sectores de derecha como de izquierda. Con ello, Mesa hacía
ostensible su rechazo a la ley aprobada por el parlamento.
Unas horas después de que el presidente del Congreso, Hormando
Vaca Diez, promulgara la controvertida ley, el presidente
dirigió un largo mensaje optimista al país sobre la situación
económica y social que vive Bolivia y que, según los
observadores, no concuerda con la cruda realidad.
Lo cierto
es que una vez más la ley aprobada no conforma completamente a
buena parte de la sociedad. Las grandes empresas ven con
recelo que se les aumentan las regalías que deben pagar al
Estado, y los movimientos siguen reclamando la nacionalización
del gas y el petróleo.
UN PLAN INCIERTO
El mensaje de Mesa
es analizado como un esfuerzo por desviar la atención ante una
movilización social que se va extendiendo con el reclamo de
nacionalizar las reservas de hidrocarburos. Este clima social
que se expresa en la población, los medios y los sectores
sociales es el que intentó cortar el presidente, obsesionado
por los fantasmas de la revuelta de octubre de 2003.
Su
discurso sobre “una Bolivia productiva y solidaria” ya estaba
listo desde hacía varias semanas. ¿Por qué lo lanzó ahora?
Analistas y editoriales de los medios consideran que la
publicidad fue un intento por cambiar el eje de la discusión
que se expresa en las marchas callejeras y bloqueos de caminos
que hoy continúa tanto en La Paz como en carreteras y ciudades
del interior. El mismo gobernante lo expresó diciendo:
“Finalmente hemos terminado una etapa. Hemos volcado la
página. Después de ese largo camino cerramos la página de la
ley de hidrocarburos y nos ponemos a trabajar en temas que al
país le importan y le interesan”.
El plan del presidente
contiene diez objetivos –cinco económicos y cinco sociales–,
que serán regulados por 50 decretos, resoluciones
ministeriales y leyes que se enviarán al Congreso Nacional. La
exposición del plan, difundida por cadena de radio y tevé,
duró más de una hora, y fue criticada tanto por las
organizaciones empresariales como por los sindicatos y
organizaciones y movimientos sociales.
José Céspedes, en
representación de la Cámara Nacional de Industrias y
Agropecuaria del Oriente (CAO), advirtió: “No creo que vaya a
funcionar la Bolivia productiva. Eso no va porque, por
ejemplo, la cosecha este año no fue buena, y los pequeños
productores no tienen dinero para adquirir tractores que
promete el gobierno y la mecanización de la que habla”.
El
líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, dijo
que “este mensaje está orientado a desmovilizar a esos pueblos
de trabajadores, maestros, cuando éstos piden transformaciones
profundas, especialmente acabar con el neoliberalismo”. Por su
parte el analista Juan Ramón Quintana señaló: “No sabemos cómo
será posible articular las agendas pendientes. Tenemos más
dudas que certezas sobre el éxito de la propuesta de Carlos
Mesa. Éste difícilmente conseguirá recuperar los altos niveles
de credibilidad que tuvo en algún momento”.
LEY POLÉMICA
La nueva norma no satisface ni a las organizaciones populares
ni a las trasnacionales y organizaciones de empresarios, que
la cuestionan desde posiciones contrapuestas.
Sin embargo,
la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones
populares repudian la norma e iniciaron una serie de
manifestaciones por la nacionalización directa del gas y el
petróleo. Por su parte, el no gubernamental Centro de Estudios
para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) afirmó que la
nueva norma tiene un marcado “aroma neoliberal” más afín a las
posiciones del gobierno que a las de la rebelión social por la
nacionalización de los hidrocarburos que en 2003 obligó a
renunciar al anterior gobierno.
Entre los rasgos que dan
ese carácter a la nueva ley, el CEDLA apunta la liberalización
del sector hidrocarburos, que implica el predominio de
intereses empresariales mediante la privatización de la cadena
productiva. La norma establece además la preeminencia de los
criterios de rentabilidad sobre los de la necesidad social, la
orientación exportadora por encima del objetivo de la
industrialización y la defensa a ultranza de las ganancias de
las trasnacionales en desmedro de la apropiación estatal de la
renta petrolera, afirma.
Para terminar de complicar la
situación, los dirigentes empresarios de Santa Cruz exigen que
el referéndum autonómico y la elección de los prefectos
(alcaldes) se realicen al mismo tiempo. Esto indudablemente
debilitaría la conformación y funcionamiento de la Asamblea
Constituyente, que aún el parlamento debe convocar y que es el
ámbito adecuado donde debatir cualquier reforma
constitucional. |