| Brecha
de Uruguay - Nº 1018 - 27 de mayo de 2005
Bolivia
La Paz,
ciudad sitiada
Siguiendo las tradiciones indígenas,
desde el lunes pasado el campesinado, en alianza con otros sectores, mantiene
cercado el centro político de Bolivia.
Washington
Estellano desde La Paz
Decenas de miles de
campesinos venidos de todos los confines del Altiplano y de
los valles –e incluso de los llanos orientales– se volcaron
hacia la capital boliviana exigiendo la nacionalización de los
hidrocarburos, la renuncia del presidente Carlos Mesa, la
clausura de la sede del Poder Ejecutivo, y la convocatoria de
la Asamblea Constituyente para refundar el país, tal como lo
establecía la llamada “agenda de octubre de 2003”.
Las
marchas están acompañadas por contingentes de cocaleros de los
Yungas y del Chapare, acaudillados por el jefe del MAS, Evo
Morales; maestros en huelga, la Federación de Juntas de
Vecinos de la ciudad de El Alto –que resolvieron profundizar
el movimiento y continuar el asedio de La Paz–, militantes
obreros de la Central Obrera Regional, del Movimiento sin
Tierra, y grupos de universitarios. Al ocupar las principales
arterias de la ciudad, conformaban una imponente y abigarrada
multitud con miles de wiphalas (banderas andinas de siete
colores), esgrimiendo sus chicotes, “cachorros de dinamita” de
imponentes estruendos, cantos y combativas
consignas.
Mientras el presidente Mesa participaba en
la ciudad de Sucre –donde fue recibido por una marcha de
maestros en huelga– en el homenaje al levantamiento patriótico
del 25 de mayo de 1809, las fuerzas armadas reforzaban con
cientos de soldados armados a guerra y tanquetas antimotines
la defensa de los edificios del Palacio de Gobierno y del
Palacio Legislativo (cuyas actividades están en receso),
ubicados en la plaza Murillo, espacio simbólico del
poder.
El clima social y político en el país se iba
concentrando en la consigna de exigir la nacionalización de
los hidrocarburos y la renuncia del presidente, quien
refirmaba en su discurso en la ciudad de Sucre su decisión de
no dejar el cargo hasta el 6 de agosto de 2007.
El otro
factor que contribuye a profundizar la crisis es la decisión
de los comités cívicos de Tarija, Pando y Beni, acaudillados
por el de Santa Cruz, de exigir que el referéndum donde se
dirima el poder autonómico se realice al mismo tiempo que la
elección de los prefectos departamentales (gobernadores), cuya
fecha fijó el Poder Ejecutivo para el 12 de agosto próximo. De
procederse así se llegaría a la Asamblea Constituyente con una
situación ya discutida y sancionada.
Es significativo
el hecho de que el texto a refrendar establece no sólo el
apoyo o el rechazo de la autonomía como sistema, sino que
dice: “Está de acuerdo con que se defina y establezca en el
país la constitución de autonomías departamentales con
transferencia efectiva de competencias y atribuciones, las
mismas que tendrán por objeto, en su jurisdicción territorial,
disponer libremente de sus recursos, elegir sus autoridades y
darse su propia administración”. En los hechos se trata sólo
de “disponer libremente de sus recursos” (léase de tierras,
aguas, minerales, etcétera).
Ha ido creciendo la
conciencia de que el tema de las autonomías tiene que ser
tratado y resuelto en la Asamblea Constituyente, que es el
ámbito que corresponde. Algunos analistas opinan que la
oligarquía cruceña se propone que la Constituyente no se lleve
a cabo.
¿GOLPE DE ESTADO? En medio de una crisis que el
presidente Mesa no consigue resolver, el descontento popular
puede dar lugar a situaciones incontrolables y favorecer la
actividad de aventureros ambiciosos de poder sin la menor
propuesta política realista. Los peligros para la estabilidad
constitucional de Bolivia persisten, pese al fracaso de una
proclama golpista de dos oficiales del ejército, los tenientes
coroneles Julio Galindo y Julio Herrera, quienes fueron
sometidos a juicio sumario castrense luego de llamar al cese
del presidente Mesa, en una entrevista por televisión.
Pese
a la imagen de aborto que tiene la intentona, diversas voces
consideran que los peligros para la constitucionalidad por
inquietudes castrenses o provocaciones persisten. El alcalde
progresista de La Paz, Juan del Granado, dijo que la proclama
golpista muestra que el malestar y la incertidumbre llegaron a
las fuerzas armadas.
Por su parte, el radical dirigente
de la Central Obrera Boliviana Jaime Solares llamó la semana
pasada a conformar un gobierno militar-popular, y dijo que si
hay militares patriotas que se suman a las demandas populares,
deben acudir a someterse a la dirección sindical.
El
diario La Prensa apuntó que la intentona de los oficiales
contribuyó a bajar la intensidad de las protestas sociales que
demandan la convocatoria de una Asamblea Constituyente y la
recuperación de los hidrocarburos.
El ex mayor del
ejército y analista de temas militares Juan Ramón Quintana
consideró imposible la viabilidad de un régimen golpista y
dijo que si bien no debe descartarse una “demencial” asonada
militar, ésta no tendría respaldo entre los propios
uniformados y podría poner en riesgo la existencia misma de
las fuerzas armadas.
El analista político Álvaro García
Linera consideró que “la crisis política y el fraccionalismo
que tocaron al parlamento, al Poder Ejecutivo, partidos
políticos, movimientos sociales, gremios y sindicatos, ahora
parecen tocar las puertas de las fuerzas armadas y eso es
preocupante”. |