| La
Nación de Chile - 4 de junio de 2005
Niños
prisioneros:
el dilema
que zanjó la Comisión Valech
Integrantes de la instancia, María
Luisa Sepúlveda y Elizabeth Lira, detallan por qué Chile
es el primer país del mundo en otorgarles la condición de
prisioneros a los menores nacidos en centros de detención o arrestados.
Lea su relato de la violencia que sufrieron, y el desgarrador recuento
de las víctimas fatales.
Mercedes
Castro lanacion.cl
| El reconocimiento
estatal de las violaciones a los derechos humanos que cometió la
dictadura de Augusto Pinochet sacó nuevas lagrimas esta semana,
pues la Comisión sobre Prisión Política y Tortura
confirmó que ésta ni siquiera respetó la vida y la
integridad de la infancia:
"Ochenta y ocho niñas y niños
tenían menos de doce años cuando fueron detenidos, 87 estaban
en ese momento junto a sus padres. Otros once aún permanecían
en el vientre de su madre al momento de su arresto, cuatro más estaban
en gestación cuando se vieron afectados por las torturas aplicadas
a sus progenitoras.
El balance empeora cuando se suma
a este catastro el de la Fundación Pidee, que establece que 74 menores
de 18 años fueron ejecutados sin un debido proceso, 57 se transformaron
en detenidos desaparecidos, y se han hallado los restos de otros catorce".
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| Cifras negras
Los expertos en esta segunda etapa
revisaron los casos de siete mil 264 personas. De ellas, sólo mil
201 fueron acreditadas como víctimas de prisión política
y tortura. Así, en total la comisión en sus dos fases desenterró
28 mil 461 casos de personas que sufrieron los rigores de la dictadura
y de ello destacan 86 que eran menores de doce años. |
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Y mientras los sobrevivientes, convertidos
ya en adultos, comienzan a contar su historia, la vicepresidenta ejecutiva
de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, relata
por qué esta instancia es la primera en el mundo en otorgarles la
condición de prisioneros a los menores que nacieron en centros de
detención o fueron obligados a permanecer en ellos.
“Algunos –explica- fueron secuestrados,
porque en la búsqueda de sus padres tomaron a sus hijos sin que
hubiera ninguna necesidad”. “Hay niños que fueron detenidos junto
con sus padres pudiendo haberlos dejado en otro lado”, dice, y agrega que
“incluso, hay relatos en que las madres hicieron esfuerzos para que no
se fueran con ellos, que lo dejaran con los vecinos”. El informe oficial
señala que la prisión de los niños estuvo ligada a
la detención de sus madres, porque se entendía que para ellas
este era el mayor castigo que les podían aplicar. Es más,
los pequeños fueron muchas veces espectadores de los golpes y agresiones
que sufría su progenitora.
María Luisa Sepúlveda
reseña que hay un caso “en la que la madre la iban a torturar y
las otras presas entretenían al pequeño”. Ello se explica,
sostiene, debido a que “los niños nunca habían sido reconocidos
como víctimas independientes de sus padres y madres”, y hoy eso
cambia, pues nadie piensa que haya una orden captura contra un infante,
pero la privación de libertad de éste y el someterlo al espectáculo
de sus padres agredidos constituye un caso de violencia extrema. Concluye
entonces que “no nos cabe duda que fueron víctimas, pudiendo no
haberlo sido”.
La violencia sufrida
Con el recuerdo aún vívido
de las crueldades cometidas contra los 28 mil prisioneros políticos
que este mismo equipo consignó en su primer informe, la psicóloga
de la comisión Elizabeth Lira indica que indagaron qué pasó
con los menores durante su reclusión, y señala que la violencia
que sufrieron fue distinta a la experimentada por los adultos.
La profesional precisa que “más
allá de decir que los tiraron a algún lugar con una persona,
o los obligaron a ver las torturas de sus padres, no esperemos cosas extremadamente
brutales con los niños”. “La brutalidad con ellos es situarlos en
un contexto de total vulnerabilidad, donde las personas que más
ama son violentadas, agredidas, para un niño eso es totalmente devastador”,
aclara Lira.
Pero el panorama para los adolescentes
fue distinto. “Ellos fueron tratados como adultos”, reconoce Lira, aportando
un antecedente que sólo se puede dimensionar al recordar que durante
la primera fase de su trabajo, la comisión estableció que
hubo 978 menores de 18 años detenidas por sí mismas, casi
siempre bajo la fórmula de militancia política. De ellos,
la mayoría eran adolescentes que tenían en promedio 16 años.
Y los muertos
Pero esta realidad tiene otra cara
aún más dura, la de los pequeños que no sobrevivieron.
Sólo la Fundación Pidee ha sistematizado esta información
y en sus textos se aprecia cómo fueron cientos los que murieron
o están desaparecidos.
Es imposible entender cómo
un menor de entre 0 y 6 años fue ejecutado al margen del debido
proceso. Tampoco se logra comprender que existan dos casos desaparecidos
de ese mismo rango etario.
Suma y sigue, porque existe registro
de veinte menores de seis años que fueron víctimas de ejecuciones,
abusos de poder, interrupción de la vida intrauterina y violencia
política.
Entre los 7 y diez años se
constata un caso de ejecutado al margen del proceso, uno de abuso de poder
y también uno víctima de uso indebido de fuerza, y hay tres
bajo la fórmula de atentados contra la vida cometidos por particulares
bajo pretexto político. Son las víctimas a las que nadie
les puede levantar un cargo.
La lista sigue en el tramo de 11
a 14 años dos ejecuciones, cuatro detenidos desaparecidos, diez
víctimas de uso de indebido de fuerza y cuatro víctimas de
violencia política. El propio informe Rettig constata 185 casos
de violación a los derechos del niño con resultado de muerte
o desaparición de los menores.
Por qué
La pregunta es ¿por qué?
Y la única respuesta, tanto a estos casos como a los de prisión,
la entrega Elizabeth Lira al señalar que “siempre la visión
de los niños se ve como sujeto titular la madre y la padre, no es
buscado por sí mismo, lo complicado -antes de este informe– era
vencer la visión de consecuencia indirecta, porque incluso muy pocos
niños se sentían como titulares de la agresión recibida”.
Así se puede entender que
la DINA, que realizó más detenciones de pequeños que
otros organismos de inteligencia de la dictadura, haya considerado casi
como un anexo llevarse a un pequeño, y también por qué
a las mujeres embarazadas se les aplicaban comúnmente golpes en
su vientre o electricidad. Al niño no nacido no se le reconocían
sus derechos.
Entre el 12 y 29 de septiembre de
1973 se acumula el mayor número de muertes de menores, 88 en total
y no se trata de jóvenes de 16 años. A modo de ejemplo, está
el caso de una pequeña de nombre Mercedes, que tenía ocho
años y que apareció muerta en la calle por un impacto de
bala, otra niña de seis años fue ejecutada junto con sus
padres al interior de su casa. Suena a mentira, cómo tanto horror,
pero pasó y esas familias aún no comprenden la razón
de asesinar un pequeño que nada entendía de juntas militares
o de la Unidad Popular.
El debate abierto por la comisión
sobre niños sujetos de violencia ha permitido que muchos pequeños
que siempre sintieron que su paso por centro de reclusión clandestina
fue una consecuencia, hoy se descubran como verdaderas víctimas
y reclamen por ser escuchados. Así se entiende que agrupaciones
de víctimas detenidas a temprana edad acudan a tribunales exigiendo
ser reconocidos por esta comisión. Sin embargo, la ley que creó
esta entidad le puso un techo y piso y este ya está cerrado. |