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4 de junio de 2005
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La Nación de Chile - 4 de junio de 2005

Niños prisioneros:
el dilema que zanjó la Comisión Valech

Integrantes de la instancia, María Luisa Sepúlveda y Elizabeth Lira, detallan por qué Chile es el primer país del mundo en otorgarles la condición de prisioneros a los menores nacidos en centros de detención o arrestados. Lea su relato de la violencia que sufrieron, y el desgarrador recuento de las víctimas fatales. 

Mercedes Castro lanacion.cl
El reconocimiento estatal de las violaciones a los derechos humanos que cometió la dictadura de Augusto Pinochet sacó nuevas lagrimas esta semana, pues la Comisión sobre Prisión Política y Tortura confirmó que ésta ni siquiera respetó la vida y la integridad de la infancia:

"Ochenta y ocho niñas y niños tenían menos de doce años cuando fueron detenidos, 87 estaban en ese momento junto a sus padres. Otros once aún permanecían en el vientre de su madre al momento de su arresto, cuatro más estaban en gestación cuando se vieron afectados por las torturas aplicadas a sus progenitoras.

El balance empeora cuando se suma a este catastro el de la Fundación Pidee, que establece que 74 menores de 18 años fueron ejecutados sin un debido proceso, 57 se transformaron en detenidos desaparecidos, y se han hallado los restos de otros catorce".
 

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Cifras negras

Los expertos en esta segunda etapa revisaron los casos de siete mil 264 personas. De ellas, sólo mil 201 fueron acreditadas como víctimas de prisión política y tortura. Así, en total la comisión en sus dos fases desenterró 28 mil 461 casos de personas que sufrieron los rigores de la dictadura y de ello destacan 86 que eran menores de doce años. 

Y mientras los sobrevivientes, convertidos ya en adultos, comienzan a contar su historia, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, relata por qué esta instancia es la primera en el mundo en otorgarles la condición de prisioneros a los menores que nacieron en centros de detención o fueron obligados a permanecer en ellos.

“Algunos –explica- fueron secuestrados, porque en la búsqueda de sus padres tomaron a sus hijos sin que hubiera ninguna necesidad”. “Hay niños que fueron detenidos junto con sus padres pudiendo haberlos dejado en otro lado”, dice, y agrega que “incluso, hay relatos en que las madres hicieron esfuerzos para que no se fueran con ellos, que lo dejaran con los vecinos”. El informe oficial señala que la prisión de los niños estuvo ligada a la detención de sus madres, porque se entendía que para ellas este era el mayor castigo que les podían aplicar. Es más, los pequeños fueron muchas veces espectadores de los golpes y agresiones que sufría su progenitora.

María Luisa Sepúlveda reseña que hay un caso “en la que la madre la iban a torturar y las otras presas entretenían al pequeño”. Ello se explica, sostiene, debido a que “los niños nunca habían sido reconocidos como víctimas independientes de sus padres y madres”, y hoy eso cambia, pues nadie piensa que haya una orden captura contra un infante, pero la privación de libertad de éste y el someterlo al espectáculo de sus padres agredidos constituye un caso de violencia extrema. Concluye entonces que “no nos cabe duda que fueron víctimas, pudiendo no haberlo sido”.

La violencia sufrida

Con el recuerdo aún vívido de las crueldades cometidas contra los 28 mil prisioneros políticos que este mismo equipo consignó en su primer informe, la psicóloga de la comisión Elizabeth Lira indica que indagaron qué pasó con los menores durante su reclusión, y señala que la violencia que sufrieron fue distinta a la experimentada por los adultos. 

La profesional precisa que “más allá de decir que los tiraron a algún lugar con una persona, o los obligaron a ver las torturas de sus padres, no esperemos cosas extremadamente brutales con los niños”. “La brutalidad con ellos es situarlos en un contexto de total vulnerabilidad, donde las personas que más ama son violentadas, agredidas, para un niño eso es totalmente devastador”, aclara Lira.

Pero el panorama para los adolescentes fue distinto. “Ellos fueron tratados como adultos”, reconoce Lira, aportando un antecedente que sólo se puede dimensionar al recordar que durante la primera fase de su trabajo, la comisión estableció que hubo 978 menores de 18 años detenidas por sí mismas, casi siempre bajo la fórmula de militancia política. De ellos, la mayoría eran adolescentes que tenían en promedio 16 años.

Y los muertos

Pero esta realidad tiene otra cara aún más dura, la de los pequeños que no sobrevivieron. Sólo la Fundación Pidee ha sistematizado esta información y en sus textos se aprecia cómo fueron cientos los que murieron o están desaparecidos.

Es imposible entender cómo un menor de entre 0 y 6 años fue ejecutado al margen del debido proceso. Tampoco se logra comprender que existan dos casos desaparecidos de ese mismo rango etario. 

Suma y sigue, porque existe registro de veinte menores de seis años que fueron víctimas de ejecuciones, abusos de poder, interrupción de la vida intrauterina y violencia política.

Entre los 7 y diez años se constata un caso de ejecutado al margen del proceso, uno de abuso de poder y también uno víctima de uso indebido de fuerza, y hay tres bajo la fórmula de atentados contra la vida cometidos por particulares bajo pretexto político. Son las víctimas a las que nadie les puede levantar un cargo.

La lista sigue en el tramo de 11 a 14 años dos ejecuciones, cuatro detenidos desaparecidos, diez víctimas de uso de indebido de fuerza y cuatro víctimas de violencia política. El propio informe Rettig constata 185 casos de violación a los derechos del niño con resultado de muerte o desaparición de los menores.

Por qué

La pregunta es ¿por qué? Y la única respuesta, tanto a estos casos como a los de prisión, la entrega Elizabeth Lira al señalar que “siempre la visión de los niños se ve como sujeto titular la madre y la padre, no es buscado por sí mismo, lo complicado -antes de este informe– era vencer la visión de consecuencia indirecta, porque incluso muy pocos niños se sentían como titulares de la agresión recibida”.

Así se puede entender que la DINA, que realizó más detenciones de pequeños que otros organismos de inteligencia de la dictadura, haya considerado casi como un anexo llevarse a un pequeño, y también por qué a las mujeres embarazadas se les aplicaban comúnmente golpes en su vientre o electricidad. Al niño no nacido no se le reconocían sus derechos. 

Entre el 12 y 29 de septiembre de 1973 se acumula el mayor número de muertes de menores, 88 en total y no se trata de jóvenes de 16 años. A modo de ejemplo, está el caso de una pequeña de nombre Mercedes, que tenía ocho años y que apareció muerta en la calle por un impacto de bala, otra niña de seis años fue ejecutada junto con sus padres al interior de su casa. Suena a mentira, cómo tanto horror, pero pasó y esas familias aún no comprenden la razón de asesinar un pequeño que nada entendía de juntas militares o de la Unidad Popular.

El debate abierto por la comisión sobre niños sujetos de violencia ha permitido que muchos pequeños que siempre sintieron que su paso por centro de reclusión clandestina fue una consecuencia, hoy se descubran como verdaderas víctimas y reclamen por ser escuchados. Así se entiende que agrupaciones de víctimas detenidas a temprana edad acudan a tribunales exigiendo ser reconocidos por esta comisión. Sin embargo, la ley que creó esta entidad le puso un techo y piso y este ya está cerrado.

 
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