| Brecha
de Uruguay - N° 1017 - 20 de mayo de 2005
“Filibuster”
La larga
marcha de la contrarrevolución
El Senado
de Estados Unidos comienza esta semana una batalla que muestra cuán
lejos ha llegado la contrarrevolución iniciada por Ronald Reagan
en 1980, y cuánto ha avanzado la brega de los conservadores por
desandar siete décadas de historia.
Jorge
A Bañales Desde Washington
Los próceres que fundaron
Estados Unidos avizoraron dos amenazas principales para el
equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial: la demagogia que llevara a un partido a dominar la
Cámara de diputados, y la vocación autoritaria de la
presidencia.
En su sabiduría, los próceres dieron al Senado
instrumentos que, aunque son elitistas, fuerzan a la
negociación y la componenda. Uno de ellos es la maniobra
parlamentaria conocida como filibuster, término derivado de la
palabra castellana filibustero, pero que significa la táctica
dilatoria que impide una resolución legislativa,
En la
versión original de esta regla parlamentaria bastaba con que
un solo senador se opusiera a una resolución y solicitara la
palabra por cien horas para que se postergara la votación. Con
apenas cuatro o cinco senadores opuestos a una resolución de
hecho se paralizaba el proceso legislativo, y los partidos
estaban forzados a buscar un compromiso.
En 1917 el Senado
modificó un poco la regla y estableció que si dos tercios de
los senadores estaban de acuerdo, podía limitarse el tiempo
asignado para el debate. En 1975 el Senado retocó la regla
parlamentaria otra vez, y redujo a 60 por ciento la proporción
de senadores necesaria para que se ponga fin al filibuster y
se vote sobre el asunto en consideración.
Y en años
recientes, otra modificación estipuló que, en lugar de que
cada senador partidario del filibuster gaste sus 100 horas de
perorata, basta con que 41 senadores declaren que están
dispuestos a hacerlo (lo cual representaría 4.100 horas de
oratoria), para que el Senado, simplemente, abandone la
votación.
LOS JUECES
Como esos sitios menores de la
geografía –Waterloo, Ayacucho– que entraron en la historia
sólo porque allí chocaron enormes ejércitos enemigos, el
filibuster se ha transformado en la colina por la cual
pelearán, más que republicanos y demócratas, dos corrientes
ideológicas con larga historia en Estados Unidos.
El
sistema judicial federal de Estados Unidos está compuesto por
el Tribunal Supremo, con nueve magistrados, 13 tribunales de
apelación y 94 tribunales federales. Para garantizar la
independencia del Poder Judicial, la Constitución establece
que los jueces sean designados por el Poder Ejecutivo y
confirmados por el Senado. Una vez investidos, los jueces
tienen su magistratura vitalicia, a menos que por graves
transgresiones sean sometidos a juicio político en el
Congreso.
La batalla en el Senado para la cual los
demócratas han invocado el filibuster gira en torno a un
puñado de jueces propuestos por el presidente George W Bush
para magistraturas federales y que los demócratas repudian por
considerarlos excesivamente conservadores.
Los republicanos
amenazan con que emplearán el reglamento parlamentario para
votar: primero, que el filibuster no se aplica a la
designación de jueces federales y, segundo, que éstos pueden
ser confirmados con mayoría simple, esto es 51 votos. Como
réplica, los demócratas han sugerido que si Bush y sus
republicanos aplican la aplanadora legislativa, ellos
impedirán los debates y votaciones sobre proyectos de ley y de
presupuesto. Ambos bandos llaman a ésta la “opción nuclear”, y
con razón.
LARGA HISTORIA
El encono que evoca en los
republicanos y el temor que causa en los demócratas esta
confrontación han transformado en un portento lo que en otras
épocas hubiera sido un mero trámite parlamentario. Es una puja
cuyas raíces se hunden en generaciones pasadas.
Durante las
tres primeras décadas del siglo XX los esfuerzos de los
entonces llamados “progresistas” en defensa de los
trabajadores, por el voto femenino o para poner coto al
capitalismo salvaje, terminaron frustrados cuando el Tribunal
Supremo de Justicia anuló las leyes aprobadas por el
Congreso.
En la década de 1930, cuando la Gran Depresión
dio al demócrata Franklin D Roosevelt la coyuntura para la
aplicación de leyes “progresistas”, también le dio el respaldo
ciudadano para lidiar con el Tribunal Supremo. Los
conservadores todavía marcan como fecha crucial el año 1937,
cuando el Tribunal Supremo rechazó las demandas contra la ley
del seguro social, que estableció en Estados Unidos el sistema
de jubilaciones para todos los trabajadores, administrado por
el Estado.
En las cinco décadas siguientes, el Tribunal
Supremo de Justicia dio su venia a leyes que prohibieron la
discriminación racial y sexual, que estipularon la defensa del
ambiente y los recursos naturales, que instauraron normas de
seguridad laboral y privilegios para la educación y las
oportunidades de trabajo de las minorías y las mujeres. Un
hito en esta era de “progresismo” judicial ocurrió en 1973
cuando el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el Estado
no tenía atribuciones constitucionales para interferir con el
derecho de una mujer a abortar.
LA CONTRARREVOLUCIÓN
Los
conservadores veneran a Ronald Reagan como un adalid
histórico, y por muchas razones que no son siempre evidentes
para quienes desde el exterior atienden principalmente a la
política internacional de Estados Unidos. Muchos dirigentes de
esta corriente política a la cual bien le queda la designación
de “reaccionaria” encontraron la senda para desfacer la
revolución cuasi socialista que, según ellos ocurrió bajo
Roosevelt. La senda del Poder Judicial.
Desde que llegó a
la Casa Blanca en 1980, Reagan puso en marcha la designación
de magistrados federales jóvenes y conservadores. Cass
Sunstein, profesor de jurisprudencia en la Universidad de
Chicago y quien trabajara para el Departamento de Justicia en
la administración de Reagan, dice que ha examinado el tono
ideológico de más de 16 mil veredictos de magistrados
judiciales y ha encontrado que “el sistema judicial federal es
ahora más conservador que en 1980”.
Inevitablemente el
proceso de designación de magistrados federales se ha ido
politizando. El Senado, que había confirmado el 91,8 por
ciento de las designaciones de jueces hechas por el presidente
Jimmy Carter (1977-1981), confirmó el 88,3 por ciento de los
propuestos por Reagan (1981-1989). George Bush, presidente
entre 1989 y 1993, sólo logró que el Senado confirmara el 79,2
por ciento de sus postulados y el proceso se tornó desde
entonces cada vez más acrimonioso.
Bill Clinton, durante
cuya administración (1993-1999) los demócratas perdieron la
mayoría en la Cámara de diputados, logró que el Senado
confirmara el 72,2 por ciento de los jueces que postuló, y
desde 2001 el presidente George W Bush ha obtenido la
aprobación de apenas el 67,3 por ciento de los jueces que ha
propuesto para magistraturas estatales.
En resumen, desde
1981 los presidentes republicanos han designado 94 de los 179
jueces en los tribunales federales, y el demócrata Clinton ha
designado 65.
Simultáneamente con este lento copamiento del
sistema judicial federal por parte de los conservadores ha
ocurrido una disminución de los casos resueltos por el
Tribunal Supremo de Justicia, y un incremento de los casos
decididos en los tribunales federales.
El año pasado los
tribunales de apelación federales recibieron 62.762 casos, un
aumento del 330 por ciento desde 1977. A su vez el Supremo
emitió el año pasado 73 fallos, en tanto emitió durante la
década de 1980 unos 150 por año.
El sistema jurídico de
Estados Unidos, a diferencia del sistema de derecho romano que
rige en los países latinoamericanos, opera sobre la tradición
anglosajona de los casos precedentes, que van creando
jurisprudencia.
La contienda por los jueces federales se ha
tornado más apasionada en años recientes por las querellas
relacionadas con asuntos que tocan la “fibra moral” de la
sociedad: el aborto, los casamientos de homosexuales, el
divorcio, la separación de religión y Estado, la protección
ambiental, los derechos de los trabajadores, las leyes que
castigan el acoso sexual y la discriminación, la investigación
biogenética y de las células madre, la eutanasia.
Los
fallos de estos magistrados darán el tono de la cultura por
décadas, tal como los fallos de los tribunales federales de
los años 1940, 1950 y 1960 ambientaron una “revolución
cultural” en Estados Unidos.
Dadas las edades de los
magistrados del Tribunal Supremo, es probable que en lo que
resta del gobierno de Bush este presidente tenga la
oportunidad de postular al menos uno, y quizá dos de los
futuros jueces en ese tribunal.
Esto es, en realidad, lo
que está en disputa en la batalla del
filibuster.
ESCARAMUZAS
Este martes el jefe de la mayoría
republicana en el Senado, Bill Frist, de Tennessee, y su
contraparte en la bancada demócrata, Harry Reid, de Nevada,
abandonaron las negociaciones que buscaban un acomodo y quedó
planteada la confrontación.
Una vez que los republicanos
presenten las candidaturas de jueces enviadas por Bush, y
después de que los demócratas recurran al filibuster, Frist
solicitará que se ponga fin a las tácticas dilatorias. Frist
sabe bien de qué lado se le pone manteca a la tostada: en
semanas recientes participó en una convención de cristianos
conservadores en la que instó a que el Congreso permita la
designación de jueces con fibra moral.
Es una canción que
cantan otros republicanos y que se elevó a coro angustiado
cuando, en marzo, el Tribunal Supremo de Justicia rehusó
pronunciarse sobre el caso de Terry Schiavo, una mujer que
había permanecido en estado vegetativo durante un cuarto de
siglo, y cuyo esposo gestionó el permiso para desconectarla de
los aparatos que la mantenían con vida. Ante la omisión del
Supremo, la decisión que prevaleció fue la de un Tribunal de
Apelación en Atlanta –obviamente, no controlado por jueces
conservadores– y que permitió que se dejara morir a
Schiavo.
El asunto apasionó a los cristianos y
conservadores que sostienen que es necesaria la designación de
jueces “con fibra moral” que contrarresten el “activismo
judicial” de los magistrados que han permitido que el país
caiga en la disolución, el pecado y el crimen.
En los
próximos días, si Frist pide el fin del filibuster, habrá una
votación sobre la regla en sí, para lo cual a los republicanos
les basta con la mayoría simple. Tras eso, la designación de
jueces se hará también por mayoría simple.
La victoria casi
segura de los republicanos podría traer consecuencias amargas,
pero no inmediatas: algún día los demócratas pueden recuperar
la mayoría en el Senado y, con gusto, darán por muerto el
filibuster. De esta contienda, la baja principal será la
sabiduría de los próceres fundadores de la república que, por
algo y para algo, diseñaron mecanismos que obligaban al
compromiso.
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