ace unos días Amnistía Internacional (AI) dio a conocer su nuevo informe
anual, que lleva por título El estado de los derechos humanos en el
mundo, en el que documenta las violaciones a los derechos humanos ocurridas
en 149 países y recoge el trabajo de investigación realizado por los expertos de
esta organización durante 2004. "Muchos millones de personas se sienten
traicionadas y defraudadas porque los gobiernos y la comunidad internacional no
defienden los derechos humanos", dijo la secretaria general de AI, Irene Khan,
en un discurso pronunciado ante la Asociación de la Prensa Extranjera, haciendo
referencia a la traición que sienten todas aquellas personas que creyeron en los
discursos gubernamentales a favor de los derechos humanos y que han
experimentado el vacío y la falta de voluntad política para cumplir las
obligaciones a las que se han comprometido sus gobiernos. La organización
documenta una vez más los abusos a los derechos humanos en el mundo, pero esta
vez revela un patrón de impunidad en muchas situaciones diferentes: la
"tradicional" represión de la que hemos sido testigos en Argelia o Irán; nuevas
formas de restricciones contra los usuarios de Internet en China; conflictos
armados internos, como el colombiano, o los nuevos estallidos de violencia en
Costa de Marfil o Haití. Este panorama del incumplimiento de los principios
internacionales manifiesta que los discursos de los gobiernos, tanto a escala
nacional como internacional, se vuelven huecos ante la regresión en el
cumplimiento y la protección de los derechos humanos.
El informe "ofrece un panorama crítico de liderazgo fallido y promesas
rotas", dice Irene Khan. De todas estas promesas, la que más destaca, y que
menos se ha cumplido, es la de hacer del mundo un lugar más seguro frente a los
atentados terroristas. La "guerra contra el terrorismo" encabezada por Estados
Unidos ha sido una farsa que le ha permitido a ese país actuar contra los
derechos humanos con toda libertad. No sólo ha logrado sembrar el terror entre
sus ciudadanos, sino que, con el pretexto de combatir a los terroristas, ha
permitido que sus cuerpos de seguridad utilicen la fuerza en cualquier
situación, aceptando la práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos
y degradantes, encubriéndolos con nuevos términos, como "manipulación
medioambiental", "manipulación sensorial" y "posturas estresantes".
Las prácticas de Estados Unidos y sus aliados, sobre todo Gran Bretaña, han
ido en detrimento de los derechos humanos y se alejan cada vez más de la
práctica de la justicia.
La nueva y peligrosa agenda de los gobiernos que se han autodenominado los
guardianes del mundo desacredita las instituciones internacionales. Su negativa
a aplicar los Convenios de Ginebra a los detenidos en Afganistán, Cuba e Irak,
así como su campaña en contra de la Corte Penal Internacional, son sólo un
ejemplo de la peligrosa agenda que las grandes potencias están promoviendo. Con
la aplicación de la política del miedo y la división, esta nueva agenda también
fomenta la intolerancia, la discriminación, el racismo y la xenofobia. Al
convertirse en superpotencia militar, política y económica, Estados Unidos ha
marcado la pauta del comportamiento de otros gobiernos, y ha condenado a
aquellos que no asumen su rol de "guardián del mundo". Al rebajar las normas de
derechos humanos, ha debilitado su autoridad moral para hablar sobre ellos.
En relación con México, AI resalta el compromiso del gobierno de Vicente Fox
de tratar las 400 recomendaciones formuladas por estas organizaciones que aún no
habían sido abordadas, así como el gran activismo del gobierno mexicano ante la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y destaca la elaboración del
largamente esperado y debatido Programa Nacional de Derechos Humanos.
Desafortunadamente el discurso en el ámbito internacional no logró traducirse en
acciones concretas dentro del país. El informe se refiere a la grave situación
de violencia hacia las mujeres en Ciudad Juárez, la práctica generalizada de la
detención arbitraria, la tortura y los malos tratos, las amenazas, la
intimidación y las campañas de difamación de las que siguen siendo blanco los
defensores de derechos humanos en nuestro país, las agresiones a los
periodistas, los pocos progresos en el procesamiento de los acusados de cometer
graves violaciones de derechos humanos durante la guerra sucia, así como
a la violencia que se vive en las comunidades indígenas del país.
Hoy en día estamos enfrentándonos a una agenda internacional regida por los
intereses económicos y políticos de aquellos que respaldan a regímenes
represivos y con ello promueven una mayor inseguridad. "Los ciudadanos tienen
hambre de justicia y libertad -afirma el informe de AI-, no sólo de elecciones,
sino de respeto a los derechos humanos; de estado de derecho, de unos medios de
comunicación libres y de una sociedad diversa".