El enjuiciamiento legal de los golpistas que asesinaron a más de 30 mil argentinos, hicieron desaparecer sus cadáveres, se robaron a sus hijos e impusieron el terror, la crueldad extrema y la violencia a todo el país no sólo constituye una obligación para con la memoria de las víctimas y de sus familiares, sino representa también un paso indispensable para construir una convivencia civilizada, institucional y estable, así como una superación ­ojalá que definitiva­ del chantaje castrense en que ha vivido la democracia argentina desde su restauración formal, hace dos décadas. En efecto, las leyes de la impunidad le fueron impuestas a un Ejecutivo débil y asfixiado por la crisis económica ­encabezado entonces por Raúl Alfonsín­ y a un Legislativo obsecuente y afectado por la red de complicidades entre el justicialismo ­Saúl Menem es el exponente máximo de esa maraña de inmoralidades­ y los verdugos castrenses. Como señaló Estela de Carlotto, presidenta de la fundación Abuelas de Plaza de Mayo, "hoy empieza la separación de lo que es el delincuente de la buena persona".

Debe recordarse que las disposiciones referidas, que interrumpieron los procesos legales iniciados contra los cabecillas genocidas por el entonces fiscal de Buenos Aires Julio César Strassera, habían sido ya declaradas nulas hace dos años por el Congreso, y que cerca de 150 militares y ex militares se encuentran detenidos por su participación en las atrocidades represivas cometidas por las sucesivas juntas militares que asolaron Argentina entre 1976 y 1983. Pero la resolución de la Corte Suprema hace posible que entre mil y 3 mil uniformados sean nuevamente llamados a declarar y que eventualmente sean detenidos por ser culpables o cómplices en homicidios, desapariciones, torturas, secuestros, robos y demás tropelías perpetradas por la dictadura. En suma, con el fallo de inconstitucionalidad emitido por el máximo tribunal argentino se cierran los márgenes de impunidad de que todavía disfrutaban muchos de los asesinos.