| Brecha
de Uruguay - Nº 1022 - 24 de junio de 2005
El momento de la obediencia debida
Los trascendidos
sobre el “malestar” militar
El comandante del Ejército
mantiene una actitud dual: a sus generales les habla de malestar frente
a la política del gobierno en materia de derechos humanos y al presidente
Vázquez de acatamiento; mientras, la usina de rumores despliega
los “planteos” militares en los medios, presionando a la justicia por prescripciones
de delitos de lesa humanidad. La justicia, por su lado, espera su hora.
Samuel
Blixen
El presidente Tabaré Vázquez afirmó el miércoles 22, durante su visita a la sede del pit-cnt, que no dará un paso atrás sobre las decisiones adoptadas en materia de derechos humanos y que no tolerará ningún “planteo” militar. Vázquez aseguró a los dirigentes de la central que no hay retorno respecto de lo que se ha decidido, y que no recibió ninguna queja de los mandos. Dijo que no existe inquietud en las Fuerzas Armadas aunque se detectó cierta preocupación por las decisiones adoptadas en Argentina respecto de la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida; comentó que existe, sí, una campaña de trascendidos.
Todo parece indicar que los “planteos” se están haciendo desde los medios de comunicación. Nunca como ahora han proliferado tanto las “fuentes militares”, nunca han sido tan locuaces como ahora y nunca contaron con tanto espacio para hacer afirmaciones cuya seriedad y valor no pueden ser confirmadas porque las “fuentes” no se identifican ante la población. Por ejemplo, no es lo mismo que el general Ángel Bertolotti comente off the record a los periodistas de El País, Últimas Noticias o El Observador que el presidente Vázquez rompió su compromiso o que mintió, a que lo diga el “Conejo” Ricardo Medina, el “Pajarito” Jorge Silveira o algún otro espécimen con sobrenombre animal.
Si bien es cierto que el comandante del Ejército no ha dicho “esta boca es mía”, tampoco ha salido a desmentir los rumores que se esparcen en los medios. El silencio de Bertolotti lo coloca en situación ambigua: los diarios dicen de su malestar, el secretario de la Presidencia dice de su acatamiento al gobierno, él no dice nada. El senador Rafael Michelini sigue reclamando una actitud clara (véase entrevista) y reitera que Bertolotti “tiene tarjeta amarilla”.
El senador socialista José Korzeniak opinó que “si fuera cierto que Bertolotti hubiera desobedecido o contradicho lo que le ordenó su mando superior, obviamente se tiene que ir y hay que echarlo. Pero creo que no fue así”. El senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista, prefirió cuestionar a Michelini por comentar que Bertolotti debería renunciar; entendió Rubio que esa opinión debía ser trasmitida a Vázquez pero no comentada en la prensa.
Algo debe haber comentado el comandante en jefe del Ejército cuando, tras una ceremonia de incorporación de unos vehículos al Regimiento 4 de Caballería, se reunió con los generales en actividad. Los trascendidos de prensa indicaron que Bertolotti manifestó allí su desagrado por la nueva interpretación que el gobierno está haciendo de la ley de caducidad y expresó su malestar por lo que considera una modificación del compromiso asumido por Vázquez. Los rumores obligaron a la Secretaría de la Presidencia a convocar una conferencia de prensa “dado que han existido algunos trascendidos con alguna información que no es del todo correcta”.
En la misma, Gonzalo Fernández aseguró “el absoluto respaldo del presidente de la República a los tres comandantes en jefe” y la “absoluta colaboración (de los comandantes) con la Presidencia de la República en mérito al compromiso democrático que tienen asumido y de subordinación al mando”. Fernández afirmó que no existe una revisión de la interpretación sobre los alcances de la ley de caducidad, que siempre se sostuvo que los casos ocurridos antes de la disolución de las cámaras no estaban comprendidos, pero agregó que “obviamente, como cualquier otro ilícito, es probable que el transcurso del tiempo haya determinado la prescripción de las acciones”.
Esta afirmación, lanzada al pasar, encendió luces rojas varias. A pesar de que Fernández abundó en que el propio Bertolotti se había reunido con él para desvirtuar rumores, los trascendidos en la prensa aseguraron que el comandante en jefe estuvo dispuesto a renunciar y que no lo hizo debido al alcance de las aclaraciones en la conferencia de prensa. Si la eventual prescripción otorgaba cierta tranquilidad en ambientes castrenses (y también entre los civiles que aparecen como autores intelectuales de los crímenes), la confirmación de que la Presidencia no objetará la investigación de casos anteriores a junio de 1973 redobló la usina de rumores. Las “fuentes militares” volvieron a la carga, para anunciar, desde las páginas de El Observador, que “varios generales no comparten la tesis de que no hay riesgo de que algún militar sea procesado” por delitos anteriores a 1973. “Las fuentes dijeron que los retirados han trasmitido que si son citados por la justicia no irán a declarar. Incluso al menos dos oficiales retirados, acusados de violar los derechos humanos en el pasado, dijeron que recibieron invitación de varios coroneles para refugiarse en sus unidades en caso de una citación judicial”. Es evidente que han tenido más publicidad los trascendidos sobre el malestar militar que las afirmaciones del presidente sobre la tranquilidad en filas castrenses. Es hora de que el comandante en jefe, que cuestiona al presidente ante sus generales y lo respalda ante el secretario de la Presidencia, diga algo, para detener los rumores, o para subirse a ellos. El último rumor sugiere que Bertolotti mantiene en suspenso su renuncia hasta hablar con Vázquez; pero Vázquez no tiene apuro.
Hay una coincidencia general en que el tinglado de los “malestares” no tiene consecuencias prácticas. Como dice Vázquez, hay tranquilidad en las Fuerzas Armadas, lo que debe traducirse como que cada uno está haciendo su juego pero nadie arriesga aventuras disparatadas. Las invocaciones a un eventual desacato a la justicia convienen a quienes juegan a la desestabilización. El actual senador Julio María Sanguinetti dice sentirse “triste” por la política presidencial en materia de derechos humanos, y apela, también él, al “espíritu” de la ley, una cualidad inmaterial capaz de extender universalmente la impunidad. En particular, Sanguinetti se preocupa por los casos previos al golpe militar, sobre todo los cometidos por el Escuadrón de la Muerte. Tales casos (véase nota aparte) pueden llegar a vincularlo a él personalmente, si algún día la justicia se decide a investigar qué apoyos institucionales tuvieron los comandos caza tupamaros.
A la par que los trascendidos, han proliferado los atentos lectores de las múltiples “bibliotecas”. Así, han resurgido quienes hacen cálculos sobre las prescripciones y sobre la imposibilidad de ciertas “retroactividades” de acuerdos internacionales. Son todas señales que se lanzan desde las usinas de la impunidad para condicionar la acción de la justicia. Nunca tantos eruditos han escarbado en tantas bibliotecas para apuntalar la impunidad. La justicia, ciega, sorda, muda, indigente y aterrorizada, sigue coleccionando argumentos para no actuar, salvo contadas excepciones.
La tesis de la prescripción, a la que los abogados del Serpaj oponen el criterio de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, parece focalizarse sobre el caso más emblemático: los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. En espera de que los sabios encuentren la letra pequeñita, los abogados defensores de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco articulan todas las chicanas para postergar el momento en que el juez Roberto Timbal finalmente se expida sobre el pedido de procesamiento hecho por la fiscal Mirtha Guianze; en el esfuerzo se utilizó el nombre de un fallecido, Andrés Cultelli, solicitado como testigo, a sabiendas de que el “Viejo” Cultelli, si pudiera testificar, condenaría a Blanco y a Bordaberry; pero la idea es ganar tiempo mientras se intenta ubicarlo.*
La abogada de las familias, Hebe Martínez Burlé, pretende desactivar la maniobra, y entre los documentos que aportará a la sede está aquel que le acercó Juan Raúl Ferreira: la publicación oficial del Congreso de Estados Unidos que recoge el testimonio brindado por Wilson Ferreira Aldunate, donde afirma que los secuestros y asesinatos de mayo de 1976 en Buenos Aires fueron ordenados por las autoridades uruguayas en Montevideo. “Wilson testificará en la causa”, afirmó Martínez Burlé.
El caso Michelini-Gutiérrez Ruiz, las interpretaciones jurídicas y las consideraciones sobre la nueva política de derechos humanos del gobierno serán el eje del acto que todas las organizaciones de derechos humanos, de familiares y el Pit-Cnt, realizarán en el Paraninfo de la Universidad el lunes 27, fecha del golpe de Estado, un aniversario que no ha prescrito.
* En función de la misma estrategia, la defensa de Bordaberry anunció que citaría a declarar a Kimal Amir y Luis Alemañy, dos ex dirigentes tupamaros que se habían escindido de esa organización en 1974. La esperanza de los abogados del ex dictador era que ambos ex guerrilleros abonaran la tesis de que Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron asesinados por el mln. Amir y Alemañy calificaron a la maniobra como una patraña a la cual no se prestarían.
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