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29 de junio de 2005
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La República de Uruguay - 29 de junio de 2005

Citarían al periodista de LA REPUBLICA Roger Rodríguez
por investigación que desarchivó el expediente

Militares y policías implicados en "caso Gelman" no podrán abandonar el país

El abogado del poeta argentino destacó la decisión del juez en el Caso Gelman. Citarían al periodista de LA REPUBLICA por la investigación que desarchivó el caso. El fiscal Enrique Möller deberá analizar si vuelve a pedir el archivo de la causa o si habilita la indagación judicial ante las nuevas pruebas supervinientes. El juez pidió al gobierno estar informado sobre los avances en las excavaciones en el Batallón 13.

Como "una iniciativa positiva y ajustada a Derecho", calificó el doctor José Luis González, abogado de Juan Gelman, el "cierre de fronteras" ordenado el lunes por el juez penal Gustavo Mirabal contra militares y un policía implicados en la muerte de la nuera del poeta argentino.

"Es una medida cautelar tradicional, de orden, y bastante común en los procesos penales, para evitar que abandonen el país personas que podrían ser citadas por el juez", explicó el abogado González al ser consultado ayer por LA REPUBLICA.

Siete militares y un policía fueron nombrados al juez Mirabal por el abogado de Gelman como posibles "testigos" para que testifiquen el conocimiento que pudieran tener de las circunstancias que rodearon la muerte de la nuera del poeta, y el robo de su hija recién nacida.

Después de escuchar las declaraciones de los "testigos", el juez podría definir una nueva situación procesal para los siete militares y el policía. Algunos podrían volver a ser citados como "indagados", según la relación que hayan tenido con los hechos delictivos investigados.

Citarían al periodista

El desarchivo del "expediente Gelman" ha sido logrado por el doctor González, que adujo la existencia de "un hecho superviniente", prueba que no estuvo disponible cuando se indagó la vez anterior. González remarcó las investigaciones de LA REPUBLICA que revelaron el lugar donde estuvo secuestrada la joven mujer y la persona que la ejecutó.

El presunto asesino, el ex policía granadero Ricardo "Conejo" Medina, es uno de las ocho personas que serían citados como testigos, junto a los militares Jorge "Pajarito" Silveira, Antonio Rodríguez Buratti, José Nino Gavazzo Pereira, Ricardo "Turco" Arab, Gilberto Vázquez, Ernesto Rama y Manuel Cordero, quien, se supo, ya está residiendo en Brasil.

María Claudia García Irureta de Gelman, embarazada, de 19 años, y esposa de Marcelo Gelman, el hijo también asesinado del poeta Juan Gelman, permaneció secuestrada en el centro clandestino de reclusión "Base Valparaíso", según investigación del periodista Roger Rodríguez.

Sus captores la mantuvieron con vida hasta que dio a luz una niña en el Hospital Militar. La menor fue entregada en adopción ilegítima al extinto policía Angel Tauriño y su esposa Esmeralda Vivian, quienes la inscribieron, falsamente, como una hija legítima del matrimonio.

El periodista de LA REPUBLICA también podría llegar a ser citado en los próximos días para ampliar detalles de los hechos que reveló en dos ediciones del diario plural. Su investigación descubrió nombres y direcciones que tuvieron relación con dos secuestros y un asesinato.

Una vez en conocimiento del trágico destino al que fue condenado su madre, la niña, ahora ya con casi treinta años de edad, tramitó ante la Justicia Civil un proceso para recuperar su verdadera identidad, y a la vez estableció contactos regulares con su abuelo, el poeta Gelman.

El cuerpo de su madre aún permanece con destino desconocido, aunque se presume que estuvo enterrado, al menos durante algún tiempo, en predios militares. El cadáver de su padre apareció en el fondo de un río argentino, dentro de un tanque metálico, rellenado de cemento.

La hora del fiscal

El fiscal en lo penal de 4º Turno, Enrique Möller, actuante en la causa, volvería a pedir el archivo del expediente. Möller aduciría que la pretensión punitiva ya caducó para siempre cuando el gobierno de Jorge Batlle amparó el caso en la Ley de Caducidad Nº 15.848.

Sin embargo, según divulgó anoche el informativo Teledoce. Möller se abstendría de actuar en el "caso Gelman" y pediría ser subrogado.

De confirmarse la versión, el caso recaería sobre su fiscal adjunto, o en manos del turno inferior, la Fiscalía Penal de 3er Turno, a cargo de la doctora Olga Carballo, de acuerdo a las normativas vigentes.

Hasta anoche, ninguna solicitud de permiso de abstención había sido tramitada ante el tribunal de apelaciones pertinente, ni la Fiscalía de 3er Turno había recibido información alguna sobre la versión.

Los fiscales pueden pedir autorización para abstenerse de actuar en un determinado caso "por razones de decoro y delicadeza", bajo el supuesto que su actuación pueda estar sospechada de implicancias

Las dos bibliotecas

La llamada Ley de Impunidad estableció que el magistrado "proseguirá" con las actuaciones una vez que el Poder Ejecutivo "declare" que el caso no está amparado por la norma. En ningún párrafo, la ley definió qué papel compete al fiscal.

No obstante, el fiscal Möller podría aceptar la existencia de las pruebas supervinientes que llevaron a pedir la reapertura del Caso Gelman: la existencia de la Base Valparaíso y los nuevos elementos sobre la ejecución de la joven argentina y la apropiación de su hija.

Los nuevos datos en el Caso Gelman podrían revertir los argumentos del ex asesor del ex presidente Batlle, Carlos Ramela Regules, quien fundamentó que el crimen de María Claudia fue cometido por militares y policías en "ocasión" del cumplimiento de sus funciones.

Möller deberá analizar ahora si la decisión de amparar el caso por parte de Batlle correspondía, cuando el propio ex presidente iba a ser citado a declarar para confirmar si le dijo al senador Rafael Michelini que el policía Ricardo "Conejo" Medina había matado a María Claudia.

Paralelamente, tampoco se podría argüir en la ocasión que el delito correspondía a "órdenes de los mandos", cuando la Comisión para la Paz, que integraba el propio Ramela, concluyó que la desaparición no se había producido en una "acción oficial".

El expediente pasará a vista fiscal luego que el juez pueda diligenciar las pruebas pendientes desde que fue archivada, el 15 de octubre de 1973, la búsqueda de restos humanos en predios militares que había iniciado el entonces juez en lo penal de 1er. Turno, Alejandro Recarey.

Con fronteras cerradas

El juez Mirabal ordenó un "cierre de fronteras" para los 7 militares y el policía luego que el actual Poder Ejecutivo, que preside el doctor Tabaré Vázquez, comunicó al Juzgado que el caso no estaba amparado por la Ley de Impunidad porque el asesinato no tuvo "móvil político".

Tampoco fue perpetrado por militares y policías en cumplimiento del deber, que hubieran actuado en obediencia de superiores jerárquicos, ni tampoco se trató de un operativo oficial. El homicidio de la madre y el robo de su hija deberán ser objeto de un proceso judicial común.

El magistrado comunicó su orden a los ministerios de Interior y de Defensa Nacional, secretarías de Estado que tienen personal asignado a custodiar la zona fronteriza, y pidió al juez penal de 1er. Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, informes sobre las recientes excavaciones.

Según versiones, María Claudia habría sido enterrada en el Batallón de Infantería Blindado Nº 13, el mismo predio militar donde el juez Fernández Lecchini investiga el denunciado enterramiento de Elena Quinteros, la ex presa que sigue detenida desaparecida desde 1976.

Mirabal pidió a la vez al Poder Ejecutivo que lo mantenga informado respecto al avance de las excavaciones que se vienen desarrollando dentro del Batallón 13º, las cuales después seguirán en el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14, y también en algunos predios privados. *

Jorge Silveira

Estuvo en los principales centros de tortura: el "Infierno Grande" del Batallón 13 de Infantería, La Tablada que lo sustituyó a partir de 1977, el Infierno Chico de Punta Gorda, Artillería 1 de La Paloma, el Servicio de Información y Defensa y también viajó a Buenos Aires, donde operó, fundamentalmente, en Automotores Orletti.

Torturó militantes del Movimiento de Liberación Nacional desde 1972, a los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo entre 1975 y 1977 y a militantes comunistas, en especial de la Unión de la Juventud Comunista, hasta el final de la dictadura. Se especializaba en violaciones y "picana". A partir de 1977 fue jefe de celdario de la cárcel de mujeres de Punta Rieles. Había torturado a muchas de las presas. Encabezó acciones de tormento psicológico y hostigamiento.

Ricardo Arab

José Ricardo Arab Fernández. (Alias: "El Turco". "305". "La Bruja"). Nacido el 7 de febrero de 1941. Ingresa al Ejército el 1º de marzo de 1958 al Arma de Ingenieros. En 1967 es teniente primero en la Escuela Militar. Asciende a capitán en 1970. En 1971 sirve en el Batallón de Ingenieros N° 3 de Paso de los Toros. Con el grado de mayor, actúa en el Servicio de Información y Defensa (SID) en 1976. Participa de las operaciones de represión en Automotores Orletti en Buenos Aires y en el traslado ilegal de ciudadanos. El 9 de febrero de 1978 fue dado de baja, degradado, según el boletín Nº 1932 del Ministerio de Defensa Nacional.

Ricardo Medina

Ricardo José "Conejo" Medina Blanco (Alias: "Conejo". "306"). Nacido el 1° de agosto de 1948. Ingresa a la Policía el 30 de marzo de 1966. en Guardia Metropolitana. Cuerpo de Granaderos. En 1976 y 1977 actúa en el Servicio de Información y Defensa. En democracia fue asesor del legislador Pablo Millor del Partido Colorado.

José Gavazzo

Teniente coronel (r) José Nino Gavazzo Pereira, jefe operativo del personal militar uruguayo que se desempeñó en Orletti: comandó el secuestro, tortura y desaparición de 140 compatriotas en la Argentina; actuaba a cara descubierta, decía su nombre a los prisioneros y a veces les mostraba un encendedor de oro con sus iniciales que le regaló la CIA; encabezó el operativo de secuestro en Buenos Aires de la ciudadana uruguaya Sara Méndez en que le robaron el hijo Simón, de 20 días de edad. Indultado por Menem.

Manuel Cordero

Coronel (r) Manuel Juan Cordero Piacentini, miembro del SID: torturador, secuestrador, visto en Orletti; fue uno de los dos que se llevaron de Orletti a la nuera del poeta argentino Juan Gelman, embarazada de más de 8 meses, para trasladarla al local del SID, junto al capitán (r) Ricardo Arab.

 
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