¿QUÉ ESTADÍSTICAS?

El argumento para rechazar el PHC se basa en estadísticas de criminalidad de origen misterioso. El argumento para defenderlo, en cambio, se basa en la evidencia que respaldó, en noviembre, un programa de gobierno que incluía entre otras medidas la humanización de las cárceles.
¿Qué instituto ha realizado estadísticas de criminalidad, con qué criterios, con qué métodos?
Salvo el estudio efectuado en 2000 por el proyecto de seguridad ciudadana no hay otros registros susceptibles de ser considerados estadística. Y aquel estudio no sólo no arrojó las escalofriantes cifras de aumento de criminalidad esperadas, sino que reconoció explícitamente las graves limitaciones de los criterios estadísticos en sí mismos. Cualquier estudio crítico de criminología reconoce que para sortear estas limitaciones hay que tener en cuenta cuál es la base de datos –si es la denuncia, el procesamiento, la sentencia o los datos de la cárcel– y sobre todo cuál el modo de presentación de los datos –en términos absolutos o porcentajes–, porque el problema no es sólo la construcción, metodología y veracidad de la estadística sino su presentación.
Nada, en la historia reciente del sistema penitenciario, demuestra que las medidas de descompresión carcelaria adoptadas en los últimos 20 años hayan contribuido al aumento de la criminalidad o la reincidencia.

VEINTE AÑOS

La primera década posdictadura fue de recuperación de derechos. Arrancó con la ley de pacificación de marzo de 1985 que, además de la libertad a los presos políticos, abrió las puertas a otras medidas restauradoras de derechos, como la firma de la Convención Americana de Derechos Humanos y la derogación de las medidas de seguridad eliminativas, entre otras. En mayo del mismo año, otra ley aportó concreción al problema de los presos sociales, amnistiando algunos delitos y creando el sistema de libertad anticipada y la “media pena”. El impulso humanista se mantuvo hasta la ley de prevención sin prisión (1987), después empezó un proceso de regresión hasta el año 93 en que se reimplantaron las medidas de seguridad eliminativas. A partir de allí empieza el reinado de la inseguridad pública que se mantendrá por toda la década: la ley de seguridad ciudadana de 1995, al aumentar la intensidad punitiva y las trabas a la salida de los presos, automáticamente aumenta la concentración carcelaria. El recule se completa con las leyes de urgencia de 2000. Un jerarca policial dijo entonces que con esas medidas habría que prever unos 500 presos más por año, acumulativos, puesto que los presos no salen y los que entran se quedan más tiempo. Y acertó.
¿Aumentó la criminalidad y la reincidencia con posterioridad a la ley de pacificación nacional y a la de media pena? Recuerda Carlos E Uriarte* que en la “Exposición de motivos” del proyecto de reforma de los códigos Penal, Procesal Penal y del Niño (1987) “se dice expresamente que la reincidencia de los liberados por aquel sistema no era significativa y no alteraba los cánones de reincidencia normal”.
Entonces sería mejor preguntarse si aumenta el delito con la exclusión económica y social y qué puede hacerse para evitarlo.

VIEJO ARQUÍMEDES.

Uruguay gasta mucho en políticas sociales, pero gasta en políticas diseñadas para un país de empleo, de integración social, familiar y escolar, que ya no existe. En ese proceso de deterioro, el panes actual puede marcar un camino de integración de las políticas, detectar dónde están los grandes problemas y sobre todo nuclear instituciones que están dispersas. Y si funciona, el primer gesto de política social hoy es descongestionar la cárcel. Racional y programáticamente, como estaba planteado en el proyecto que tanta alarma causó: complementado con la acción del Patronato de Encarcelados y Liberados, con la acción del panes, con una política de asentamientos.
El proyecto en cuestión forma parte de una política de cambios que fue respaldada por la ciudadanía pero se empantana ante los ponchazos de la oposición, en lugar de pedir una vez más ese apoyo para llevarla adelante.
Son muchos los aspectos del PHC que pueden ser objeto de discusión, menos su filosofía. Las personas encarceladas son responsabilidad del gobierno que decidió privarlas de libertad, y nada más que de su libertad, de ningún otro derecho. No se trata sólo de una cuestión ética sino de responsabilidad jurídica, porque así lo quieren la Constitución y los pactos internacionales a los que Uruguay adhirió.
El primer paso en este sentido es poner un tope a la voracidad carcelaria, un tope locativo racional, que establezca cuánta gente pueden albergar, humanamente, los edificios disponibles. (El penalista argentino Eugenio Zaffaroni habla de numero clausus: el Estado tiene que determinar cuál es su capacidad locativa para alojar presos y hacerla respetar.) Si la demanda de cárcel supera el número óptimo, hay que implementar mecanismos para liberar plazas. Una especie de principio de Arquímedes que en vez de fluidos relaciona humanos.
¿O alguien creyó que redoblando la intervención punitiva se atendería la totalidad de los delitos? Según algunos autores es ínfima la cantidad de ilegalismos diarios que llega al sistema (para algún autor, apenas el 1,5 por mil) y, duplicando la intervención, se lograría que la misma fuera apenas un poquito menos ínfima pero, en cambio, se ingresaría a la pendiente de una sociedad policial.
El PHC puede acercarse a esa política de número tope, dar marcha atrás al perverso proceso de endurecimiento punitivo, dejando afuera las leyes de urgencia y atacando el hacinamiento. A partir de un cuadro de humanización elemental, se puede pensar en que las cárceles dejen de ser fábricas de violencia.

BOTÓN DE PÁNICO