El investigador argentino Jorge Beinstein,
en su ensayo titulado La gran mutación del capitalismo (ALAI, 2000),
ha rastreado el surgimiento y diseminación de ese lumpencapitalismo,
particularmente en lo que concierne al rubro de las drogas psicoactivas.
En su estudio escribe: “La expansión mafiosa de los años
90 constituye un dato decisivo del proceso de globalización neoliberal.
Un indicador claro de la misma es el tráfico de drogas cuyo ingreso
anual mundial era evaluado a mediados de esa década en unos 500
mil millones de dólares, dicho monto ha estado aumentando de manera
acelerada. Una estimación conservadora situaría el nivel
actual de ventas mundiales de drogas en torno de los 700 mil millones de
dólares”. Los países periféricos participan marginalmente
del negocio. Colombia, conocida como la principal nación proveedora
de cocaína a nivel mundial, percibe únicamente un 2-3 por
ciento del gran pastel del tráfico de estupefacientes; ingreso que,
sin embargo, ha permitido a la dirigencia de la hermana república
sustentar una poco presentable “narcodemocracia”.
¿Cómo explicar la dinámica
de la narcoeconomía? En cuanto a la demanda, raíz íntima
del narcotráfico, la cuestión es inequívoca: se sustenta
medularmente en las calles y bares de las megápolis primermundistas
(Los Angeles, Londres, Tokio, etc.).
El control de la oferta, en cambio,
es más complejo, aunque resulta incuestionable que la cabeza del
Leviatán se encuentra en las metrópolis y, específicamente,
en el “planeta financiero”. En su libro Drogas y narcotráfico en
Colombia (Planeta, Bogotá, 200l), Alonso Salazar abunda en informaciones
sobre el rol de los poderosos e intocables sistemas bancarios de los países
del G-8 en el tráfico internacional de narcóticos de origen
natural.
Dados estos antecedentes, ¿cómo
explicar que la cruzada contra las drogas naturales se libre en países
como los andinos y no en sus verdaderos santuarios?
Plan Patriota: máscara
para el control social y territorial
Tres aproximaciones no excluyentes
sirven para responder a esa interrogación.
La primera, referida a la necesidad
del capitalismo mafioso de preservar los siderales precios de las drogas
restringiendo la oferta. El Plan Colombia/IRA/Plan Patriota –o como quiera
denominársele- tendría esa teleología.
La segunda tiene que ver con la confluencia
de intereses –algunos investigadores hablan de metástasis- del capitalismo
delincuencial con las gigantes corporaciones transnacionales y con el poder
político metropolitano. Una simbiosis que apunta a profundizarse
a la sombra de los TLCs que con tanta fruición impulsan Washington
y Wall Street en nuestro subcontinente para el logro de inconfesables metas
geopolíticas.
La tercera se relacionaría
con cierto pudor del establecimiento político mundial que le conduce
a exorcizar sus culpas en el protervo negocio endosando la responsabilidad
de las mismas a carteles tercermundistas caídos en desgracia o a
los náufragos de la mundialización del capitalismo, como
los campesinos e indígenas de los Andes. Sectores sociales estos
últimos tipificados por el Gran Hermano y sus acólitos nativos
como “criptoterroristas” después del memorable 11 de septiembre
del 2001.
- René Báez, International
Writers Association
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