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11 de septiembre de
2005
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Brecha
de Uruguay - 9 de septiembre de 2005
Diálogo con Zelmar “Chicho” Michelini
“Comenzamos a salir de la era
de la impunidad y el sistema judicial
debe adaptarse”
En medio del nerviosismo que produce, tanto en el
gobierno como en las Fuerzas Armadas, la falta de resultados
de las excavaciones en busca de restos de desaparecidos, dos
organizaciones, Crysol y la Comisión de Familiares de
Asesinados Políticos, difundieron documentos que introducen
dos importantes propuestas: una, reclamando de las Fuerzas
Armadas la iniciativa, puesto que ya han admitido la
responsabilidad institucional en los crímenes de lesa
humanidad, de la derogación de la ley de caducidad, que ampara
su impunidad; y otra, proponiendo al presidente de la Repúbica
la instalación de una Comisión de la Verdad.
Samuel Blixen
Precisamente, sobre esos temas y otros que
refieren a la problemática de los derechos humanos, BRECHA
mantuvo en París un diálogo con Zelmar Michelini hijo, como
prolongación de una entrevista anterior. Las reflexiones de
“Chicho” Michelini incorporan, además, detalles sobre
gestiones e iniciativas que arrojan luz sobre conductas e
intenciones. Lo que sigue es una síntesis del
diálogo.
—Hasta ahora existen dos informes, el de la
Comisión para la Paz y el de los mandos militares publicado el
8 de agosto último. Aunque ambos permitieron avances, ninguno
logró su cometido: conocer la verdad. ¿Por qué? Por falta de
independencia y por privilegiar la palabra de los represores
en detrimento de la voz de las víctimas. La Comisión para la
Paz estuvo sometida a la jerarquía del presidente Batlle. Los
mandos militares son juez y parte. Su informe está llenó de
mentiras, fue escrito con mala fe, para inducir al error y
seguir ocultando muchos de los crímenes de la dictadura. La
voz de las víctimas debe registrarse en una Comisión de la
Verdad, como las que hubo en Argentina o en Chile, a los
efectos de otorgar un valor oficial a sus testimonios. Una
Comisión de la Verdad puede permitirle al gobierno retomar la
iniciativa, destrabar la situación. Permitiría ordenar las
denuncias por capítulos: asesinatos, torturas, desaparecidos,
porque a esta altura está claro que la represión no se expresó
solamente en desapariciones.
—Hay también cierta omisión de
las víctimas y de los familiares porque hay numerosos casos en
los que no existen las denuncias
correspondientes.
—Ciertamente, pero eso tiene una
explicación. La presión del poder político y, en forma más
general, la presión social por imponer el silencio fue muy
fuerte. Como ejemplo, alcanza con repasar la prensa del 95 al
97 y ver la violencia de las críticas que recibía mi hermano
Rafael cada vez que hablaba del tema de los desaparecidos, de
buscar la verdad. Si un senador era tratado así, imagínese un
simple ciudadano…
—Para el Parlamento, ni que decir para la
gente, hay momentos distintos. No es lo mismo el comienzo de
la última presidencia de Julio María Sanguinetti que el
comienzo de la presidencia de Tabaré Vázquez…
—Sí, pero
aquel momento ya pasó. Sanguinetti, en un reportaje reciente,
decía que a Lacalle nadie le reclamó nada, y se preguntaba:
¿por qué a mí? El triunfo de la impunidad en el referéndum fue
un golpe impresionante, que desmoralizó y desmovilizó a la
sociedad. Durante cinco años no hubo un solo dirigente
político que hablara del asunto de los desaparecidos. En
diciembre de 1994, cuando mi hermano Rafael fue electo
senador, comentamos que había que “moverse por los
desaparecidos y por el viejo”. Pensamos: “Sanguinetti armó el
lío, él va a tener que arreglarlo”. Entonces, en su primera
reunión con Sanguinetti –si no en la primera, en la segunda–
Rafael le planteó: “¿Qué se puede hacer para aplacar el dolor
de los familiares de las víctimas?”. Sanguinetti le dijo: “Dos
personas nada más tuvieron siempre el panorama claro de lo que
pasaba en el Ejército: tu padre y yo”. Rafael le respondió:
“Entonces usted tiene influencia entre los militares para
resolver el problema de los desaparecidos”. Sanguinetti no le
dijo que no y Rafael le pidió autorización para reunirse con
los mandos. Así empezó la cosa, aunque ahora, que los
militares reconocen algunos de sus crímenes, Sanguinetti dice
que los mandos carecieron de lealtad hacia él.
—Sí,
Sanguinetti todavía tiene amplios espacios para adulterar la
historia. Hay numerosos indicios de que Sanguinetti intervino
precisamente para abortar cualquier intento, en el interior de
las Fuerzas Armadas, de revelación del pasado oculto.
—Mis
hermanos Rafael y Felipe se reunieron con los generales. Fue
una reunión muy tensa porque la conversación comenzó con la
afirmación: “Ustedes mataron a nuestro padre”. Ningún general
lo negó explícitamente, ninguno dijo “eso es falso”. Esas
conversaciones quedaron en nada. Luego, Rafael le propuso a
Sanguinetti la instalación de una Comisión de la Verdad. El
presidente le dijo que si conseguía militares dispuestos a
testimoniar podía estudiarse la posibilidad. Había militares
dispuestos, entre ellos el general Ballestrino, quien reveló
el Operativo Zanahoria, pero Sanguinetti prefirió seguir
protegiendo a los criminales. Hace poco la prensa difundió un
documento muy lúcido del general Óscar Pereyra, escrito en
1997, quien advirtió que inevitablemente se transitaría el
camino de la verdad y que no tenía sentido perder diez años
obstruyendo lo inevitable. Por culpa de Sanguinetti se
perdieron diez años, se prolongó el sufrimiento de los
familiares.
—En realidad Sanguinetti nunca enfrentó un
ultimátum militar por la cuestión de los derechos humanos; era
él quien dictaba la política a los propios militares.
—Eso
está claro. Hay tres momentos clave en la vida política de
Sanguinetti: en 1967 Pacheco lo hizo ministro de Industria y
Comercio; en 1972 Bordaberry lo nombró ministro de Cultura; en
1984 el general Hugo Medina lo designó presidente de la
República. Le debe su carrera política a los represores. A los
tres les pagó favores con silencio e impunidad. Para impedir
que ciertos protagonistas sigan contando “su” historia, se
hace necesario establecer la verdad histórica. No creo en
historias oficiales, pero en Uruguay existe una mentira
oficial, plasmada en los dos tomos sobre la “lucha
antisubversiva” editados por las Fuerzas Armadas. Frente a eso
hay que hacer algo, restablecer al menos la verdad de los
hechos…
—Hay tres historiadores que están trabajando en ese
sentido…
—Por ahora están recopilando la información de la
Comisión para la Paz y del informe de los mandos militares, y
están trabajando con los documentos ubicados en cancillería.
Pero hay que hacer más. Lo mismo que se hace en la cancillería
debe hacerse en los ministerios de Defensa e Interior, y en
Presidencia. ¿Dónde están los archivos del Cosena? Una
Comisión de la Verdad podría abrir varios capítulos, uno sobre
los asesinatos, otro sobre las desapariciones, otro sobre las
torturas, otro sobre el régimen carcelario, que es una
historia siniestra. Hay que rastrear la documentación, recoger
testimonios y establecer mecanismos para que los militares
también brinden la información. Desde el 8 de agosto en
adelante ha habido una inflación de información; hay que
ordenarla, separar la paja del trigo, y jerarquizarla.
—Una
Comisión de la Verdad, aun cuando estuviera constituida por
personalidades que dieran garantías y contara con el respaldo
popular, requiere de la orientación del gobierno.
—Tendría
que ser una comisión independiente, integrada por juristas,
historiadores y personalidades reconocidas. El gobierno
tendría que instalarla y darle medios materiales y jurídicos
para trabajar con el objetivo de establecer la verdad. Por
otra parte, pienso que una parte de la verdad se va a obtener
por vía jurídica.
—Pero la situación en la justicia es muy
complicada.
—La justicia uruguaya no ha sido independiente.
Durante 20 años ha estado sometida a la impunidad, voluntaria
o involuntariamente, y cuando aparecía un juez independiente,
valiente, el gobierno se encargaba de ponerlo rápidamente en
vereda. Ahora comenzamos a salir de la era de la impunidad,
entramos en la era de la justicia y el sistema judicial debe
adaptarse. El gobierno debe dar señales claras en ese sentido
para que fiscales protectores de asesinos no interrumpan el
camino de la justicia. Cada vez que surge un avance parcial
aparecen los resignados de siempre diciendo, bueno, ya está,
se acabó todo, pasemos a otra cosa, que esto sirva de punto
final. Sin embargo, en Argentina hubo leyes de punto final que
no finalizaron absolutamente nada. Y en Uruguay va a ser
igual.
—Lo cierto es que no hubo reacción popular cuando
los gobiernos desplazaron a jueces que pretendían investigar,
como Reyes o Recarey.
—Sí, pero por primera vez siento que
todos los diques que se habían construido saltaron, incluso
los diques dentro de la izquierda. La gente toma iniciativas e
incluso se habla ya de derogar, de superar la ley de
caducidad. No es menor –y estoy seguro de que repercute
profundamente en la actitud de la gente– que, después de 20
años de negarlo, los militares admitan que hicieron
desaparecer ciudadanos y asesinaron a prisioneros. Implica un
impacto psicológico muy fuerte, a tal punto que políticos como
Sanguinetti, cómplices del silencio y del secreto de los
militares, ahora dicen que los mandos les “mintieron”.
—Es
el fracaso de la política del miedo, del discurso de
Sanguinetti (“¿qué quieren, volver a aquellos tiempos?”), un
recurso de revivir el terror para impedir la verdad.
—La
ley de caducidad no fue derogada por el miedo al golpe. Y fue
aprobada por miedo al golpe. El propio Wilson Ferreira
Aldunate lo dijo, como explicación de la conducta de su
partido. Ahora hay otra actitud en la gente, sólo falta que
los políticos se pongan en sintonía. Por ejemplo: la ley de
caducidad fue votada por el Parlamento; no estaría mal que el
propio Parlamento examinara cómo ha sido aplicada en todos
estos años. Eso para no mencionar la necesidad de derogarla.
Es una vergüenza que el arsenal jurídico del país tenga una
ley como ésta, que además contradice la normativa
internacional. Pero eso ocurrirá inevitablemente, como ocurrió
con el punto final y la obediencia debida en Argentina.
La propuesta de una Comisión de la Verdad
Para acercarse a la
paz y la justicia
Una delegación de la Comisión de
Familiares de Asesinados Políticos entregó al presidente
Tabaré Vázquez un memorando que contiene los elementos
esenciales de una propuesta para la creación de una Comisión
de la Verdad sobre los delitos cometidos por el terrorismo de
Estado, a semejanza de la Comisión Rettig chilena o la
Comisión Sábato argentina.
Considerada como un paso
indispensable en el “camino hacia la paz, la reconstrucción
plena de la democracia y la justicia”, Familiares de
Asesinados propone una Comisión de la Verdad “cualitativamente
diferente a la Comisión para la Paz creada en el gobierno de
Batlle”, que permita la participación de todos los sectores y
protagonistas.
“Una vez creada e integrada recorrería un
camino de acumulación, clasificación e interrelación de
informaciones que permitirían sí avanzar en la verdad. Con
criterios de reserva, con garantías, se trabaja en la búsqueda
de información, en el marco de respeto y seriedad que conlleva
necesariamente su funcionamiento.” La idea esbozada al
presidente parte de la convicción de que una Comisión de la
Verdad tendría “un ámbito y alcance mucho mayor aun que los
aportes que pudieran surgir de las investigaciones internas de
las instituciones del Estado, que tienen sus límites en cuanto
a objetivos, y son limitadas, parciales en la información que
incorporan”.
La comisión debería estar integrada, según la
propuesta, “por personas e instituciones con respaldo ético,
humano, y credibilidad por parte de la gente”, con el objetivo
de realizar un trabajo científico para alcanzar la verdad, “un
camino cierto, creíble, meticuloso, que nos acerca
inexorablemente a la paz y la
justicia”. |