Las críticas más duras se dirigen al Presidente de la República,
Ricardo Lagos, al senador radical Enrique Silva-Cimma y al principal
gestor del proyecto, el senador UDI Hernán Larraín.
"Presidente Lagos, ésta no es la forma de armar progresismo en
Chile", sentenció Manuel Guerrero, hijo de uno de los tres
profesores comunistas degollados en 1985, en una conferencia de
prensa realizada en la sede de la Corporación de Promoción y
Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), con el fin de dar a
conocer la posición de las familiares de las víctimas frente al
proyecto.
En la misma línea de una crítica dura, Guerrero se lanzó en contra
del senador Silva-Cimma (PRSD), preguntándole "¿si él como gran defensor
del humanismo laico quiere instalar la impunidad? ¿Por qué no hace
gestos para que los culpables vayan a la cárcel?".
Tucapel Jiménez, hijo del asesinado presidente de la ANEF, aseguró
por su parte que "Silva-Cimma no tiene autoridad moral para
representar a nadie. Él nunca hizo nada en el juicio de mi padre.
La crítica a Lagos vino de parte de José Manuel Parada, hijo de otro
de los profesores degollados, quien sostuvo que el mandatario "es un
cómplice más" y que "no va a pasar a la historia como defensor de
los derechos humanos".
Los familiares de las víctimas declararon no estar sorprendidos por
la posición adoptada en torno al tema de parte de los senadores
concertacionistas Edgardo Boeninger (DC) y Silva-Cimma, ya que
"ellos no representan al pueblo".
Tampoco les llama la atención la actitud del senador Larraín al que
critican por querer imponer la impunidad como sistema de justicia.
Para el parlamentario, Guerrero también lanzó una ácido
cuestionamiento: "¿Por qué no se preocupó de denunciar las
violaciones de los derechos humanos en Colonia Dignidad? Usted no
tiene moral para llamar a pacificar nada".
Como denegación de justicia fue definido el proyecto por parte del
abogado de la Codepu Iván Villagra, quien aseguró que "el poder
político empieza a jugársela por la impunidad".
El profesional apoyó sus dichos señalando que de los más de 400
procesos que hoy hay en tribunales por violaciones a los derechos
humanos, sólo existen 48 condenados, "lo que ya es una clara muestra
de impunidad".
Frente al rechazo que genera el proyecto de ley entre los familiares
de las víctimas, el Codepu informó que en octubre concurrirá ante
organismos internacionales para denunciar el "mal gobierno".
Pero las intenciones de establecer de una ley de punto final e
impunidad, es rechazada por amplios sectores nacionales, entre
ellos los parlamentario del Partido Socialista, las organizaciones y los
abogados de derechos humanos, los familiares de las víctimas de las
violaciones a los derechos humanos, el Pacto Juntos Podemos Más
y diversas personalidades del ámbito nacional.
El objetivo del primer mandatario Ricardo Lagos, junto a la extrema
derecha (UDI-RN) y un sector de la Concertación, están desplegando todos
los esfuerzos pertinentes para salvar a los militares que tienen sus manos
manchadas con sangres de chilenos, que sufrieron la represión, las
torturas, la desaparición y la muerte de miles de chilenos. El apresuramiento
en la creación de una ley de punto, obedece al hecho de que Lagos, culmina
su mandato en marzo del 2006.
Eduardo Andrade Bone - rodelu.net
