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18 de septiembre de
2005
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Página12
de Argentina - 18 de septiembre de 2005
Agendas
El peronismo,
a medio siglo del golpe de 1955
A medio siglo del golpe de 1955, el peronismo pasa por una nueva
metamorfosis. Kirchner derrotará a los ex compañeros de la fórmula presidencial
de 1989 y los relegará a sus respectivos feudos provinciales. Para ello debió
aliarse con los gobernadores menemista de La Rioja y duhaldista de Buenos Aires,
Maza y Solo. La agenda argentina en la ONU sobre el FMI y la política
internacional se aproxima a la de Perón y Cámpora e implica una severa crítica a
la de Bush.
Horacio Verbitsky
En su “Crónica interna de la Revolución
Libertadora”, publicada pocos años después de los hechos, Bonifacio Del Carril
incluyó una observación fundamental para la historia argentina del siglo pasado:
“Los capitanes y mayores de 1930 eran los coroneles de 1943 y los coroneles y
generales de 1955”. Lo mismo podría decirse de los golpes siguientes, tanto
exitosos como frustrados, uno por década hasta 1990. Esos oficiales formaban
parte del Partido Militar, que fue la principal fuerza política durante seis
décadas, instrumento de los sectores sociales y económicos que a partir de 1852
organizaron el país y lo insertaron en la globalización de entonces pero fueron
incapaces de hacer valer sus intereses por medios democráticos dentro del
sistema institucional. La superación de ese ciclo que cubrió de dolor y
vergüenza a la Argentina es el logro principal de las últimas dos décadas y no
tiene un protagonista único, es obra del conjunto de la sociedad y de su
maduración cívica.Los marginales Por eso es alarmante la
reivindicación del golpe de setiembre de 1955 que publicó en su edición del
viernes el matutino La Nación. Con la pluma del papá de María Martha García
Belsunce, el diario consideró legítimo el derrocamiento del gobierno electo de
Juan D. Perón porque encarnó el derecho de resistencia a la opresión. Horacio
García Belsunce (no confundir con su hijo homónimo Horacito o El Pituto García
Belsunce) presidió hasta el año pasado la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Buenos Aires. Lo sucedió este año Alberto Rodríguez Galán,
quien fue Inspector General de Justicia de la dictadura instaurada por el
general Pedro Aramburu, ministro de Educación y Justicia del golpe que derrocó a
Arturo Frondizi, Procurador del Tesoro de la Nación del dictador Alejandro
Lanusse y Conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del dictador
Jorge Videla. Junto con García Belsunce y Rodríguez Galán integran esa Academia
entre otros el ministro de Educación del ex dictador Juan Onganía, Dardo Pérez
Guilhou; uno de los delegados militares en la Corte Suprema de Justicia durante
la última dictadura, Pedro J. Frías; el ministro de justicia de Videla, Alberto
Rodríguez Varela, su embajador en la Unesco, Víctor Massuh y el canciller del
dictador Benito Bignone, Juan Aguirre Lanari. Esa Academia es la que el mes
pasado consideró inconstitucional la decisión de la Corte Suprema de Justicia
que declaró nulas las leyes de punto final y de obediencia debida y negó la
vigencia de los tratados internacionales y de las decisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Lo mismo dictaminó el Colegio de Abogados de
Buenos Aires, presidido por el viceministro de Rodríguez Varela durante la
última dictadura y asesor de Juan Carlos Blumberg en su cruzada represiva,
Roberto Durrieu. No es casual que La Nación exalte como una gesta republicana el
golpe que destruyó por tres décadas la perspectiva democrática y la contaminó de
odios y rencores. Un programa razonado La intacta beligerancia del
matutino se proyecta hoy contra el gobierno de Néstor Kirchner, cuyo
derrocamiento postuló aun antes de que asumiera, cuando su subdirector Claudio
Escribano le presentó el pliego de condiciones de esos sectores marginales pero
poderosos: alineamiento incondicional con Estados Unidos, reivindicación del
desempeño de las Fuerzas Armadas en la guerra sucia militar contra la sociedad
argentina y fin de cualquier revisión sobre sus crímenes, estrechamiento de
relaciones con los empresarios, oposición a Cuba en los organismos
internacionales y medidas excepcionales de seguridad que lleven tranquilidad a
las fuerzas del orden. No fue sólo un exabrupto senil, sino parte de un programa
razonado que se ha ido desarrollando en estos dos años y que ha incluido una
defensa sin pudor de las empresas extranjeras que discuten cuestiones de
intereses con el gobierno argentino. El ejemplo de esta semana fue el de Aguas
Argentinas, la concesionaria de Obras Sanitarias cuyos accionistas europeos
protagonizaron escandalosas privatizaciones en varios países de la región. Como
condición para conseguir el servicio los franceses asociaron a una empresa
testaferro del gobierno del presidente Carlos Menem, el Grupo Meller. Sin
experiencia en el negocio su única función era percibir la tajada política en el
expolio, bajo la protección de la mayoría automática en la Corte Suprema de
Justicia. El último de sus integrantes enfrenta hoy el juicio político debido a
esa colusión de intereses.
Aguas Argentinas ganó la licitación porque
ofrecía cobrar la tarifa más baja, que no cesó de aumentar aunque el contrato lo
prohibía por una década. Tampoco cumplió el detallado plan de inversiones que
había presentado, lo cual creó serios problemas en el Gran Buenos Aires, con el
ascenso de las napas freáticas. Sus tasas de ganancia sobre activos e
inversiones fueron mucho más elevadas que las que obtiene en el mismo sector en
los países de origen de sus principales accionistas y que las de las principales
empresas industriales que operan en la Argentina. Las distribuyó en generosos
dividendos a sus accionistas y para financiar sus actividades se endeudó en el
mercado internacional. Luego de la devaluación pretendió que se le mantuviera la
tarifa dolarizada y que el Estado se hiciera cargo de sus deudas. Como esas
aspiraciones fueron rechazadas, denuncia que no hay seguridad jurídica y amenaza
con retirarse. La Nación omite todos los datos mencionados y se limita a
advertir que por no acceder a ese reclamo extravagante la Argentina no
conseguirá las inversiones que necesita, como si ese esquema de explotación
colonial tuviera alguna utilidad para alguien más que sus pocos
beneficiarios. Desarrollo y derechos Esta semana, Kirchner mostró
durante su paso por las Naciones Unidas cuán lejos está de esa agenda que
intentaron imponerle. Sus presentaciones ante la Asamblea General y el Consejo
de Seguridad definieron una posición propia, que también se expresó en el
discurso que en representación del Grupo Río leyó el canciller Rafael Bielsa.
Inicialmente debía pronunciarlo Kirchner y por eso pasó por la conveniente pluma
de su secretario legal y técnico Carlos Zannini. Lejos del alineamiento
incondicional con Estados Unidos, el gobierno argentino cuestionó los supuestos
básicos de su política unilateral. Tanto Kirchner como Bielsa objetaron la
actuación de los organismos multilaterales de crédito y sus consecuencias, el
desempleo, la informalidad y la brecha de ingresos entre los trabajadores
calificados y no calificados. El canciller diferenció entre el crecimiento de
los indicadores macroeconómicos y el desarrollo, que incluye necesariamente la
idea de equidad, entre los países y dentro de cada sociedad. Reclamó la reforma
de la “anacrónica e ineficaz arquitectura financiera internacional” mediante una
nueva conferencia de jefes de Estado como la que sesionó en Breton Woods en
1944, de modo de privilegiar el apoyo a la economía real y no la especulación
financiera. Sobre el FMI dijo que en forma irresponsable presionó a los países
menos desarrollados para que aplicaran políticas que “los sumergieron en una
miseria mayor de la que partieron. Todo esto en nombre del crecimiento económico
y de la apertura internacional”, cuando uno de los grandes obstáculos que aún se
oponen al crecimiento son las barreras y subsidios proteccionistas erigidos por
los países que predican el libre comercio. La retórica y los
hechos Kirchner denunció “el componente ideológico en las políticas de
los organismos internacionales de crédito”, cuyo enfoque ortodoxo “ha agravado
las condiciones de pobreza en el mundo en desarrollo”. Luego de enumerar los
impresionantes datos de la recuperación, expansión y transformación argentina
conseguidas sin escuchar ese enfoque, lamentó que “no contamos con la ayuda del
FMI, que sí apoyó y financió, hasta semanas antes del colapso, el régimen de
convertibilidad”. También denunció “esa visión arcaica del tema de la deuda” y
“un sistema de comercio internacional injusto para los productos agrícolas donde
los subsidios y medidas paraarancelarias de los países desarrollados continúan
impidiendo que nuestros países puedan crecer plenamente con sus recursos
genuinos”. Con una claridad inusual en esos foros, que fue señalada en los
encuentros bilaterales con algunos jefes de gobierno, dijo que las finanzas
internacionales estaban “en manos de intereses concentrados” que afectan a los
países más débiles y propuso liberar a los organismos multilaterales del lobby
financiero. Mencionó la “estrategia de reducción de la deuda” diseñada por su
gobierno “con la finalidad de ganar grados de libertad para la aplicación de
planes de desarrollo y crecimiento de la economía” y adelantó que el pago de los
compromisos asumidos “no debe hacerse a expensas de los recursos comprometidos
para áreas sociales, tales como educación, salud, vivienda y promoción del
empleo”. Ese es el tema en el que Kirchner está trabajando junto con el ex
asesor de Bill Clinton, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y del que
habrá novedades después de las elecciones. Stiglitz recomienda aplicar a las
cuentas del Fondo una quita similar a la impuesta a los acreedores particulares.
Kirchner mencionó incluso las consecuencias de las políticas de ajuste
estructural y de la deuda externa para el pleno ejercicio de los derechos
humanos, según la resolución que la Argentina copatrocina en las Naciones
Unidas. Seguridad y desarrollo En el Consejo de Seguridad,
Kirchner impugnó las concepciones que el gobierno de George W. Bush engloba bajo
la consigna infantil de “guerra contra el terrorismo”. Rechazó el asesinato de
civiles inocentes, que ninguna razón racial, religiosa o ideológica puede
justificar, y recordó la herida abierta en la sociedad argentina por los
atentados en la Embajada de Israel y en la mutual judía de Buenos Aires. Pero
precisó que enfrentar con éxito al terrorismo requiere “contar con legitimidad
de respuesta y tener el respaldo de la comunidad internacional”, lo cual
contraría la lógica estadounidense. Para Kirchner “no puede haber liderazgos
culturales impuestos por la fuerza” sino respeto de la diversidad religiosa. En
forma explícita cuestionó el carácter “puramente militar o preponderantemente
unilateral” de la respuesta. Vinculó la paz con la justicia y el desarrollo y
reclamó el respeto a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Para
su gobierno, las violaciones a los derechos humanos son tan amenazantes para la
paz como el terrorismo. Sólo le faltó decir Abu Ghraib o Guantánamo Bay. La
prevención del conflicto “requiere brindar respuestas justas a disputas de larga
data, a prolongadas situaciones de injusticia, a la pobreza más profunda y
abierta, al hambre, a las pandemias más atroces como las que atraviesa Africa y
a las desigualdades profundas como las que enfrenta América latina”. Por eso “la
paz se construye y se preserva con participación de todas las naciones y
pueblos”. Ninguna nación puede refugiarse “en su propia seguridad” porque “las
nuevas amenazas nos hacen entender finalmente el verdadero concepto de la
solidaridad de las naciones”. Tal como reclamó la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Kirchner sostuvo que la lucha contra el terrorismo “debe
respetar el derecho internacional, los derechos humanos, el derecho
internacional humanitario y el derecho de los refugiados” y que las
extradiciones sólo deben realizarse a través de la justicia. (Esto constituye
una refutación directa a la doctrina Gonzáles –por el actual ministro de
Justicia estadounidense– quien sostuvo que la ley internacional no se aplica a
los “terroristas” y a la política del secuestro y la entrega de los detenidos a
terceros países, como ocurrió en Milán, desde donde la inteligencia
estadounidense remitió un grupo de detenidos-desaparecidos a Egipto para que
allí fueran interrogados bajo tortura.) También reivindicó “la proporcionalidad
en la respuesta y el respaldo de la opinión pública internacional”, es decir
aquello que Washington no ha tenido en cuenta. Para combatir con posibilidades
de éxito al terrorismo el Consejo de Seguridad deberá “encarar con energía la
solución de los conflictos no resueltos, las situaciones de profunda injusticia,
de exclusión social y de pobreza extrema, así como el hambre y el
analfabetismo”, con “una voluntad política concertada y colectiva”. Su
insistencia en los mecanismos multilaterales y el fortalecimiento del derecho
internacional, la democracia representativa y los derechos humanos apuntó a la
reforma de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, de modo que su “acción
y legitimidad no sean puestas en duda”. Estos temas serán tratados pasado mañana
en un seminario que organizará en Washington el Woodrow Wilson Center con el
sugestivo título “Seguridad Nacional y la relación bilateral Argentina-Estados
Unidos”. Según los organizadores, la guerra contra el terrorismo domina las
discusiones de política exterior estadounidense, pero su gobierno tiene grandes
dificultades para convencer a los países vecinos de la justeza de su planteo y
uno de los más reacios a acompañar ese curso es la Argentina. En un panel
participará la asesora de la cancillería estadounidense sobre Contraterrorismo,
Deborah McCarthy y en otro el secretario de Seguridad Interior, Luis Tibiletti y
el ex embajador del presidente Carlos Menem ante las Naciones Unidas, Emilio
Cárdenas. De Perón a Kirchner La incursión de Kirchner por Estados
Unidos no deja dudas de que su agenda se parece a la que sostuvo la Cancillería
durante los primeros gobiernos peronistas y durante la fugaz gestión de Héctor
J. Cámpora, por completo diferente de la de los otros gobiernos justicialistas,
de Menem y Eduardo Duhalde. Este deslinde tan ostensible aporta mayor claridad a
la diferenciación del actual gobierno respecto de las administraciones
anteriores. Menem y Duhalde son los dos objetivos electorales definidos por
Kirchner para este año, para lo cual ha debido establecer alianzas con
menemistas riojanos, como Angel Maza y duhaldistas bonaerenses, como Felipe
Solo, a riesgo de que su proyecto aparezca desdibujado. El mismo efecto produce
el discurso crítico a las políticas neoliberales de la década pasada,
pronunciado en compañía de otros de sus paradigmas, como Carlos Reutemann o José
De la Sota. Caben por lo menos dos interpretaciones para este fenómeno. Según la
primera la presencia de Maza, Solo, Reutemann, De la Sota cuestiona la
sinceridad del planteo del presidente y su esposa, la senadora-candidata
Cristina Fernández de Kirchner. En la segunda visión, la pareja patagónica ha
sabido imponer el cambio de posición a funcionarios de quienes no esperan
sinceridad y cuyos mandatos terminan en un par de años. El único que parece
tener alguna proyección nacional futura es el gobernador de Santa Fe. De este
modo, las elecciones de 2007 serán decisivas no sólo por la renovación
presidencial (cumpla o no Kirchner su difusa afirmación de que no buscará un
segundo mandato) sino también por la elección de gobernadores en las principales
provincias del país, cuando entre los adversarios a batir estén algunos de los
socios de hoy. La campaña duhaldista no atina a elaborar una respuesta eficaz
ante el desafío planteado por Kirchner y CFK. Esta semana Hilda González de
Duhalde decidió levantar el tono, incluyendo desafíos personales de los que su
rival no se dio por enterada. Para ello HGD acentuó el cariz provincial de su
candidatura. También profundizó alianzas sociales regresivas al pronunciarse en
contra de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que son uno de los
ejes de la política económica vigente. En el mismo sentido se pronunció la
Sociedad Rural, cuyo gerenciador, Francisco de Narváez, es candidato en la
boleta duhaldista. Es prematuro saber si este guiño a los grandes exportadores y
el reclamo de fondos adicionales para la provincia de Buenos Aires le rendirá
alguna ventaja electoral. Pero desde ya es notable su efecto político de más
largo plazo: el matrimonio Duhalde, que siempre tuvo severas dificultades de
comunicación con las demás provincias, se repliega como última defensa a Buenos
Aires y abandona incluso la intención de actuar en una escala más amplia.
¿Duhalde 2007 en Lomas de Zamora?
La otra Buenos Aires
Horacio Verbitsky
El escenario más complejo para Kirchner es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ni el jefe de gobierno ni el candidato cabeza de lista expresan el cambio que su irrupción implicó en la escena nacional. Aníbal Ibarra languidece con tácticas dilatorias ante el juicio político por las 194 muertes de República Cromañón. Su intención inicial era acortar esa agonía y forzar una pronta decisión de la Legislatura, pero el gobierno nacional no estaba dispuesto a pagar el costo de blanquearlo en plena campaña. Los legisladores kirchneristas le hicieron saber que si la decisión debía adoptarse antes del 23 de octubre, votarían por su alejamiento del gobierno. Otra cosa será entre el 24 de octubre y el 10 de diciembre, antes de que asuma la nueva Legislatura. La defensa de Ibarra pasó a basarse entonces en chicanas irrelevantes respecto de las responsabilidades que se discuten pero idóneas para perder tiempo, con recusaciones y un elevado número de testigos propuestos. También se apoya en una estrategia de comunicación en la que intervienen especialistas del grupo Hadad-Moneta, en particular una consultora que antes prestó servicios a Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. Esto implica una dura puja con la agencia que concentra la cuantiosa inversión publicitaria porteña y que es manejada por el esposo de una altísima funcionaria de la jefatura de gabinete de la Ciudad. Ocluidas a razón del escándalo de Cromañón las arterias que desde los boliches nocturnos irrigaban su corazón, el gobierno ibarrista se mantiene con vida gracias a esta agencia a través de la que se canaliza toda la gráfica oficial, como un oportuno by-pass. Luego del episodio de Cromañón la secretaría de Seguridad clausuró el boliche Chicharrón porque la seguridad privada que contrató no era aceptable. Pero la secretaría de Justicia, cuyo manejo se reservó el ibarrismo puro, anuló la clausura, lo cual permitió que uno de los matones contratados estropeara la columna vertebral de un adolescente farrista.
El sentido de la realidad del gobierno porteño volvió a ponerse a prueba esta semana, cuando un denominado “Foro por la democracia y la Justicia Social” invitó a “ciudadanos, vecinos y compañeros” a una marcha “en apoyo del gobierno progresista de Aníbal Ibarra, al cumplirse dos años del triunfo popular sobre la derecha”. La cita era el jueves 15 a las 18 en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y el aviso ya preparado decía “Con Aníbal la Ciudad es de Todos”. Según su notable texto, Ibarra cumple “con el mandato popular de priorizar la inversión social y garantizar educación, salud, alimento y techo para los sectores populares, sin apartarse del objetivo estratégico de lograr una Ciudad más integrada y solidaria, más equitativa y más justa. Para ello emprendió un arduo proceso de desmantelamiento del viejo estado porteño, corroído por prácticas que lo pusieron al servicio de los grandes grupos privados, y avanzó con decisión hacia su democratización abriendo canales de participación y protagonismo de los colectivos sociales”. La contraorden llegó a sugerencia del gobierno nacional, que entendió el riesgo de una confrontación con los familiares de Cromañón. Tampoco había entusiasmo entre las ONG favorecidas por donaciones de edificios o dinero a las que se reclamó que firmaran.
Pese a todo, la imagen personal de Ibarra es todavía algo mejor que la del gobernador bonaerense Felipe Solo. Pero mientras la candidatura de CFK remonta ese y otros lastres, Bielsa no tiene la misma entidad. Al intentar diferenciarse de Kirchner serruchó la rama que lo sostenía y se alejó de las candidaturas que hoy parecen favoritas, las del hombre de negocios con el Estado Maurizio Macri y la ex diputada radical Elisa Carrió. A más de un mes de las elecciones esto todavía puede revertirse. El último sondeo que consultó el gobierno coloca a Bielsa a menos de cinco puntos de distancia de los primeros y es difícil imaginar que en la Ciudad de Buenos Aires no haya uno de cada cuatro electores dispuesto a acompañar la propuesta del presidente más popular de la historia de las encuestas argentinas. Aun así, cargar al mismo tiempo con Ibarra y con Bielsa es una tarea mayúscula, cuyo resultado depende también de imponderables como la eventual decisión del juez Julio Lucini que podría procesar al jefe de gobierno y de la capacidad de escándalo de la fauna que acompaña al canciller. Si quedara en la ingrata posición de elegir entre un candidato reaccionario, con fortuna propia y fuertes intereses que lo sostienen, como Macri, y un epifenómeno del progresismo porteño y de dudosa proyección nacional como Carrió, que no implica competencia sino control, el gobierno no debería tener dudas.
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