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18 de septiembre de
2005
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Brecha
de Uruguay - 16 de septiembre de 2005
Los embajadores del terror
La lista de detenidos en Paraguay
motiva una nueva investigación
Con documentos hallados en los Archivos del Terror, el
abogado paraguayo Martín Almada involucra al actual cónsul
uruguayo en Rosario, Gonzalo Casás, en acciones represivas del
Plan Cóndor. Además, en entrevista con BRECHA el abogado
señala que el ave rapaz sigue sobrevolando América
Latina.
Walter Pernas
El
jurista paraguayo Alberto Almada denunció ante el Poder
Ejecutivo que algunos diplomáticos uruguayos coordinaron
acciones represivas en su país durante los años de la
dictadura, y entregó documentación que, según dijo, involucra
a tales funcionarios.
Uno de esos documentos, a los que
accedió BRECHA, es una carta fechada el 24 de noviembre de
1982, destinada al jefe de Policía de Asunción del Paraguay,
general Francisco A Brítez y firmada por el entonces primer
secretario del cónsul de Uruguay, Gonzalo Casás
Leguizamón.
En la misiva el diplomático uruguayo pide
“cooperación para obtener información sobre la situación del
ciudadano uruguayo Carlos Ernesto de la Iglesia Medina”. Y
continúa: “Al agradecer la proverbial gentileza que lo
caracteriza aprovecho la oportunidad para reiterarle las
seguridades de mi distinguida consideración”.
Ante el
requerimiento de BRECHA, fuentes vinculadas a la comitiva
paraguaya indicaron que “Casás es un funcionario que colaboró
con el régimen militar” en el marco del Plan Cóndor. Casás es
el actual cónsul de Uruguay en la ciudad de Rosario,
Argentina. En los archivos de la cancillería figura que fue
nombrado cónsul adjunto al Consulado General el 26 de febrero
de 1980, cuando el embajador era el general Julio César
Vadora, uno de los estandartes de la dictadura uruguaya.
La
represión coordinada entre Uruguay y Paraguay se intensificó
durante la gestión de Vadora, nombrado el 14 de marzo de 1978.
Tres años después asumió como embajador Hugo Márquez, y Casás
permaneció como diplomático: accedió al cargo de cónsul de
Asunción.
Por otra parte, las fuentes paraguayas indicaron
que durante los años setenta la jefa de la sección consular de
la embajada uruguaya en Paraguay, Lylián Camps, también
favoreció las acciones represivas entre ambos países. Camps
fue nombrada en 1974.
Luego de que en 1976 fuera asesinado
el embajador Carlos Abdala, no se nombró sucesor hasta que en
1978 llegó Vadora, según los archivos de la cancillería. En
ese período intermedio actuó un encargado de negocios llamado
Mauricio Méndez Rivas.
En los próximos días, autoridades
del gobierno pedirán explicaciones a Casás sobre su actuación
en aquellos años cuando el Cóndor sobrevolaba
Latinoamérica.
LISTAS
La información aportada por Almada
determinará otra investigación: la Presidencia contrastará una
lista en la que figuran cerca de 50 detenidos en Paraguay
durante la década del 70 con la nómina de uruguayos
desaparecidos (incluidos los casos denunciados y aún no
corroborados) que confeccionó la Comisión para la Paz. Así se
procura avanzar en las investigaciones por la violación de
derechos humanos en el marco del Plan Cóndor.
El jurista
brindó la documentación a la Comisión de Derechos Humanos de
la Cámara de diputados y ésta la entregó a las autoridades del
gobierno.
Almada dijo que halló el documento de las
detenciones a principios de este mes, cuando buscaba
información en los archivos paraguayos que reúnen más 5 mil
volúmenes de información.
Casi todos los nombres de la
lista coinciden con personas que no figuran en la nómina de
desaparecidos reunida por Familiares de Detenidos
Desaparecidos, según pudo saber BRECHA. No obstante, es
prematuro indicar que las personas detenidas por las fuerzas
paraguayas son efectivamente desaparecidos. Es probable
–dijeron las fuentes– que muchos hayan sido detenidos y luego
liberados. La confirmación de eventuales nuevos casos de
desaparecidos se realizará tras una minuciosa investigación
oficial y de las organizaciones de derechos humanos.
Otro
de los documentos hallados por Almada en los archivos del
terror es un pedido del Estado Mayor General de las fuerzas
armadas paraguayas a la policía de ese país.
“Tengo el
agrado de dirigirme al señor jefe de Policía de la capital,
con el objeto de solicitar los antecedentes o lugares de
residencia de los nombrados más abajo, sobre quienes pesa
captura por parte del Ejército de Uruguay”, señala la misiva
fechada el 3 de junio de 1977.
Entre los requeridos figura
el dirigente sindical de ute y militante comunista Óscar
Tassino Asteazu, quien resultara detenido casi dos meses
después, el 19 de julio de 1977, en Montevideo. Tassino fue
trasladado al establecimiento La Tablada, torturado, y
desaparecido desde esos días.
Según la información reunida
por la Comisión para la Paz, los restos de Tassino fueron
sepultados en el Batallón 14, y luego desenterrados durante la
Operación Zanahoria, en procura de eliminar pruebas de los
asesinatos.
Sin embargo, no todos los de esa lista están
muertos o desaparecidos. Luis Diego Sobrino Berardi (hermano
de Guillermo Sobrino, desaparecido) fue buscado en Paraguay
por las fuerzas del Cóndor, pero no lo encontraron. Hoy vive
en Suecia donde se refugió junto a su familia al verse
perseguido, según pudo corroborar BRECHA. Otros de los que
figuran en la lista de requeridos no integran la nómina de
desaparecidos, pero tampooco –por ahora– se pudo establecer su
paradero.
DESAPARECIDOS
Otro de los documentos que aportó
Almada es una copia del interrogatorio al que fue sometido en
1977 el militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP)
Gustavo Insaurralde Melgar, quien figura como desaparecido en
Paraguay.
Insaurralde estuvo preso en Uruguay por
cuestiones gremiales y políticas en 1967 y en 1970. Fue
expulsado de Uruguay en 1971 y pidió refugio al gobierno de
Salvador Allende. Estuvo en Chile hasta el golpe de Estado de
1973. De allí viajó a Argentina donde participó de la creación
del PVP. En 1976 logró escapar de la arremedida represiva
coordinada entre Uruguay y Argentina. Su esposa, embarazada,
logró refugiarse en Suecia. Él fue detenido en Paraguay
mientras intentaba comprar documentos de identidad falsos,
junto a otro uruguayo, Nelson Santana Scotto.
El coronel
Carlos Calcagno fue el militar enviado por el Ejército
uruguayo para actuar en el caso. Calcagno fue uno de los que
interrogó bajo torturas a Insaurralde durante los días 5, 6 y
7 de abril de 1977. Por ello, Almada solicitó al juez
paraguayo Gustavo Santander que solicite la extradición de
Calcagno, situación a estudio del magistrado.
“Según los
Archivos del Terror, Asunción, 16 de mayo de 1977, documento
firmado por el comisario Alberto Buenaventura Cantero, Gustavo
Edison Insaurralde Melgar y Nelson Rodolfo Santana Scotto
(uruguayos), y José Nell, Alejandro José Logoluso y Dora Marta
Landi (argentinos) viajaron con destino a Buenos Aires en un
avión birreactor de la Armada argentina, con matrícula
5-7-30-0653 pilotado por el capitán de corbeta José Abdala
(...)”, señala el pedido de Almada a la sede penal
paraguaya.
En el libro A todos ellos, editado por
Familiares de Detenidos Desaparecidos, figura un testimonio de
P P, quien dijo haber visto a Insaurralde en el centro de
detención El Atlético. Señaló que el 26 de mayo de 1977 vio a
un uruguayo que había sido detenido en Paraguay a punto de
viajar a Suecia, donde lo esperaba su mujer embarazada.
Una
carta enviada el 5 de octubre de 1977 por el arzobispo de
Asunción, Ismael Rolón, a María del Carmen, la esposa de
Insaurralde, sostiene que el detenido fue trasladado de
“Argentina a Montevideo, él solo. Esto sucedió en mayo de este
año 1977”, según el documento en poder de BRECHA. Este
elemento refuerza la posibilidad de otro vuelo de la
muerte. |