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22 de septiembre de
2005
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Brecha
de Uruguay - 16 de setiembre de 2005
Brasil
Tiempos surrealistas
Después de las denuncias de que el presidente de la
Cámara de diputados, Severino Cavalcanti, recibía una coima de
4 mil dólares mensuales del concesionario del restaurante
parlamentario para renovarle el contrato, la política
brasileña vive un clima surrealista.
Mário Augusto Jakobskind
Desde Rio de Janeiro
La principal pieza en la
acusación contra Cavalcanti son los términos del contrato para
la explotación del restaurante. En el documento, fechado el 4
de abril de 2002, figura la firma del presidente de la Cámara,
entonces primer secretario del organismo. Sebastián Buani,
el propietario, acusó al parlamentario de recibir un total de
más de 110 mil reales (unos 47 mil dólares). La reacción de la
oposición, desde el PDT al PPS y el Partido Verde, pasando por
el socialdemócrata psdb y el derechista PFL, fue inmediata,
pidiendo a la Comisión de Ética de la Cámara la suspensión de
Cavalcanti. El PT y el PMDB rechazaron apoyar la petición.
Sólo después de que el propietario del restaurante presentara
una prueba definitiva, un cheque por 7.500 reales pagado a una
secretaria de Cavalcanti, ambos partidos aceptaron la tesis de
la renuncia del presidente de la Cámara. Cavalcanti, que
niega todas las acusaciones, fue elegido el pasado mes de
febrero para estar al frente de la Cámara, ante la división
del PT, que apoyaba dos candidatos enfrentados en la interna
del partido, y con el apoyo de la oposición parlamentaria
descontenta con el gobierno. Contrariando todas las
expectativas, Cavalcanti se convirtió en un fiel aliado del
gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Durante la grave crisis
que afecta al país como consecuencia de las denuncias de
corrupción que envuelven al PT y a figuras del gobierno,
Cavalcanti se acercó más al presidente, al que rindió cálidos
elogios.
UN POP STAR DE LA POLÍTICA
Con esta denuncia el
juego político sufre un viraje inverso al que se registró en
febrero. Los parlamentarios que eligieron a Cavalcanti como
represalia al gobierno de Lula son los mismos que ahora piden
su cabeza. Pero como toda regla tiene excepciones, la
novela actual no puede ser diferente. El diputado Fernando
Gabeira, un periodista que en 1969 participó del secuestro del
embajador estadounidense Charles Elbrike, siendo
posteriormente encarcelado y exiliado, se convirtió en una
suerte de estrella de la coyuntura política. Gabeira, que en
febrero votó para presidente de la Cámara al petista Luis
Eduardo Greenhagh y ahora se retiró del PT afiliándose al
Partido Verde, enfrentó a Cavalcanti en el parlamento
diciéndole, ante las cámaras de tevé: “Diputado Severino
Cavalcanti, vuestra excelencia es indigna de ocupar el cargo
que ocupa, Brasil no se merece esto”. De ese modo Gabeira
recuperó el prestigio perdido y se convirtió en una de las
figuras más importantes del Congreso, a tal punto que se cree
podría ser el sucesor de Cavalcanti. Mostrando su lado
ultraconservador, Cavalcanti acusó a Gabeira de incentivar el
consumo de drogas y defender la homosexualidad, ya que el
Partido Verde al que pertenece defiende la despenalización del
consumo de drogas y la unión civil entre personas del mismo
sexo. La crisis tiene a su vez consecuencias a nivel del
PT. Mientras los miembros del Campo Mayoritario se negaron a
firmar el documento dirigido a la Comisión de Ética de la
Cámara pidiendo el apartamiento de Cavalcanti y la suspensión
de sus derechos políticos alegando su derecho a la defensa, el
ala izquierda del partido mostró sus diferencias ya que
sostiene que el acusado tendrá la posibilidad de defenderse en
la misma comisión que lo juzgará.
POSICIÓN COMPLEJA
Una vez más el gobierno enfrenta una situación difícil. Mal o
bien, Cavalcanti era una garantía para Lula. Como presidente
de la Cámara, tiene poderes para detener un eventual juicio
político a Lula. Si se lo apartara del cargo, lo que parece
como más probable, su lugar será ocupado por José Thomaz Nono,
del derechista PFL, un partido que nunca ocultó su deseo de
separar a Lula del cargo. Aunque quedaría al frente del
organismo sólo durante cinco sesiones, nadie puede garantizar
que en caso de surgir nuevas denuncias aproveche la
oportunidad para desencadenar el proceso de destitución del
presidente en ese lapso. Reforzando el carácer surrealista
del actual momento político, el mismo Cavalcanti, luego de
rechazar la posibilidad de apartarse del cargo durante el
proceso de investigaciones por considerarse inocente y estar
siendo acusado sin pruebas, estuvo al mando de la presentación
de las conclusiones de las comisiones parlamentarias de
investigación sobre las coimas a los diputados. Fueron
recomendadas las suspensiones de los derechos políticos a 18
parlamentarios, entre ellos el denunciante Roberto Jefferson,
João Paulo Cunha, ex presidente de la Cámara, y José Dirceu.
En total se trata de siete diputados del PT, siete del pp, dos
del ptb y dos del pl. El diputado Bispo Rodrigues, obispo de
la Iglesia Universal del Reino de Dios, no será juzgado porque
renunció al cargo, y de esa manera podrá postularse para un
nuevo mandato en 2006. Rodrigues fue acusado por la diputada
Cidinha Campos de mandar matar a una persona por motivos
políticos vinculados a la corrupción. En cuanto al futuro
político de los parlamentarios acusados de recibir dinero de
las cuentas bancarias del publicista Marcos Valério o por
falta de decoro parlamentario, será el plenario de la Cámara
de diputados el que, en votación secreta, decidirá si suspende
los derechos políticos de los acusados durante ocho años.
Según los analistas, si prevalece el deseo de la opinión
pública la suspensión es un hecho.
LA PRISIÓN DE MALUF
Como si el escándalo de las coimas parlamentarias no fuese
suficiente, la prisión del ex alcalde de San Pablo Paulo
Maluf, quien hizo carrera política durante la dictadura
militar, eleva la temperatura en la ciudad más importante del
país. Se lo acusa, junto a su hijo Flavio también preso, del
desvío de fondos públicos por más de 50 millones de dólares,
depositados en cuentas bancarias en el exterior. Maluf, que
como otros acusados se declara inocente, estaba siendo
investigado desde hace tres años por la Policía Federal.
Además de dirigir la ciudad, fue gobernador del estado de San
Pablo y se postuló como candidato a la presidencia en 1989. Su
nombre es sinónimo de corrupción desde hace muchos años, y se
lo considera heredero del gobernador de San Pablo Ademar de
Barros, de quien se decía “roba pero hace”. Sin embargo, Maluf
y su hijo fueron detenidos por ser acusados de interferir en
las investigaciones al presionar a los testigos. En medio
de todas estas denuncias, el diario O Estado de São Paulo
formuló una nueva, asegurando que el PT habría pagado los
pasajes de Lula y su familia con dinero del partido antes de
tomar posesión del cargo el 1 de enero de 2003. Entrevistado
en Guatemala, Lula dijo: “Me extrañaría que el psdb o el PFL
me hubieran pagado el pasaje, pero el PT tenía la obligación
de hacerlo”. Los documentos presentados por el diario paulista
revelan que los hijos, nueras, el yerno y la nieta del
presidente, además de su esposa y la hija del ministro de
Hacienda, Antonio Palocci, tuvieron todos los gastos pagos por
el partido entre diciembre de 2002 y enero de
2003. Anteriormente, el ex presidente del PT Jose Genoino,
al declarar ante una comisión parlamentaria, negó que
conociera el esquema de corrupción o que el partido hubiera
realizado algún movimiento de dinero al exterior. Al eximirse
de culpa, Genoino afirmó que el ex tesorero Delúbio Soares era
el único responsable de las finanzas del
partido.
DESBANDADA PARTIDARIA
La serie de denuncias que
envuelve a figuras del Campo Mayoritario provocó enormes
sinsabores en las filas del PT. Además del abandono del
senador Cristovam Buarque, que se afilió al laborista PDT, y
el del diputado André Costa, muchos otros seguirán el mismo
rumbo. Cientos y tal vez miles de militantes en todo el país
abandonaron el partido que hasta hace poco tiempo era la mayor
esperanza de cambios en el país. Pero es posible que la
mayor cantidad de abandonos se produzca después de las
elecciones para renovar la Ejecutiva Federal, en cuyo primer
turno compiten siete listas el próximo domingo. Existe
consenso entre los analistas en el sentido de que si el Campo
Mayoritario, liderado por el diputado y ex ministro de Trabajo
Ricardo Berzoini, ganara la votación, se registraría una
retirada en bloque de cuadros y militantes. En el área
parlamentaria la situación es más compleja. Si ninguna de las
listas obtuviera mayoría absoluta, que es lo más probable, se
realizaría una segunda vuelta el 10 de octubre. La izquierda
petista ya acordó que en ese caso apoyará a la lista mejor
colocada. Si el Campo Mayoritario ganara el 10 de octubre, la
situación de los 30 parlamentarios críticos con el gobierno
será aun más difícil. Según la legislación, tienen plazo hasta
fin de setiembre para cambiar de partido si quieren postularse
como candidatos en 2006. En caso contrario, no tendrán otra
alternativa que continuar en el PT, por lo que sin duda
preferirán que la interna se resuelva ya en la primera vuelta.
nLa popularidad de Lula El descenso de la popularidad del
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras cuatro meses de
férreo ataque de la derecha y la gran prensa brasileñas, no
impide que continúe como favorito. La consulta realizada
por la firma Sensus para la Confederación Nacional del
Transporte y difundida la víspera de cumplirse cuatro meses de
una crisis política que crece día a día, indica que la
popularidad de Lula bajó de 59,9 en julio al 50 por ciento
actual. Otras dos encuestadoras también señalaron
anteriormente esas tendencias a la baja. El primer
mandatario, sin embargo, ganaría a todos los potenciales
candidatos presidenciales para octubre de 2006 señalados por
las encuestadoras, aunque sin la mayoría suficiente para
imponerse en el primer turno. En la segunda vuelta también se
impondría a todos, excepto al alcalde de San Pablo, José
Serra, con el cual quedaría en empate técnico, 37,9 frente a
37,5. En cuanto al gobierno, la evaluación positiva bajó de
40,3 a 35,8 por ciento, la regular subió de 37,1 a 38,2 y la
negativa pasó de 20 a 24 por ciento. Más que la disminución
del apoyo al mandatario y su gobierno, lo que llamó la
atención es que éste se mantenga alto y que siga siendo el
favorito para las presidenciales. Desde el 14 de mayo los
partidos opositores y la prensa derechista han venido
amplificando las denuncias de casos de corrupción y de uso de
fondos ilícitos en las elecciones, en una campaña dirigida a
debilitar a Lula, al gobierno y al Partido de los
Trabajadores. Un reflejo de esa campaña es que 48,9 por ciento
de las 2 mil personas consultadas en 195 municipios del país
considera que la corrupción en este gobierno es mayor que en
el anterior, mientras que 27,6 la evalúa igual y 16,8 estima
que es menor.
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