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22 de septiembre de 2005

Brecha de Uruguay - 16 de setiembre de 2005

Brasil

Tiempos surrealistas

Después de las denuncias de que el presidente de la Cámara de diputados, Severino Cavalcanti, recibía una coima de 4 mil dólares mensuales del concesionario del restaurante parlamentario para renovarle el contrato, la política brasileña vive un clima surrealista.

Mário Augusto Jakobskind
Desde Rio de Janeiro
La principal pieza en la acusación contra Cavalcanti son los términos del contrato para la explotación del restaurante. En el documento, fechado el 4 de abril de 2002, figura la firma del presidente de la Cámara, entonces primer secretario del organismo.
Sebastián Buani, el propietario, acusó al parlamentario de recibir un total de más de 110 mil reales (unos 47 mil dólares). La reacción de la oposición, desde el PDT al PPS y el Partido Verde, pasando por el socialdemócrata psdb y el derechista PFL, fue inmediata, pidiendo a la Comisión de Ética de la Cámara la suspensión de Cavalcanti. El PT y el PMDB rechazaron apoyar la petición. Sólo después de que el propietario del restaurante presentara una prueba definitiva, un cheque por 7.500 reales pagado a una secretaria de Cavalcanti, ambos partidos aceptaron la tesis de la renuncia del presidente de la Cámara.
Cavalcanti, que niega todas las acusaciones, fue elegido el pasado mes de febrero para estar al frente de la Cámara, ante la división del PT, que apoyaba dos candidatos enfrentados en la interna del partido, y con el apoyo de la oposición parlamentaria descontenta con el gobierno. Contrariando todas las expectativas, Cavalcanti se convirtió en un fiel aliado del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Durante la grave crisis que afecta al país como consecuencia de las denuncias de corrupción que envuelven al PT y a figuras del gobierno, Cavalcanti se acercó más al presidente, al que rindió cálidos elogios.

UN POP STAR DE LA POLÍTICA

Con esta denuncia el juego político sufre un viraje inverso al que se registró en febrero. Los parlamentarios que eligieron a Cavalcanti como represalia al gobierno de Lula son los mismos que ahora piden su cabeza.
Pero como toda regla tiene excepciones, la novela actual no puede ser diferente. El diputado Fernando Gabeira, un periodista que en 1969 participó del secuestro del embajador estadounidense Charles Elbrike, siendo posteriormente encarcelado y exiliado, se convirtió en una suerte de estrella de la coyuntura política. Gabeira, que en febrero votó para presidente de la Cámara al petista Luis Eduardo Greenhagh y ahora se retiró del PT afiliándose al Partido Verde, enfrentó a Cavalcanti en el parlamento diciéndole, ante las cámaras de tevé: “Diputado Severino Cavalcanti, vuestra excelencia es indigna de ocupar el cargo que ocupa, Brasil no se merece esto”.
De ese modo Gabeira recuperó el prestigio perdido y se convirtió en una de las figuras más importantes del Congreso, a tal punto que se cree podría ser el sucesor de Cavalcanti.
Mostrando su lado ultraconservador, Cavalcanti acusó a Gabeira de incentivar el consumo de drogas y defender la homosexualidad, ya que el Partido Verde al que pertenece defiende la despenalización del consumo de drogas y la unión civil entre personas del mismo sexo.
La crisis tiene a su vez consecuencias a nivel del PT. Mientras los miembros del Campo Mayoritario se negaron a firmar el documento dirigido a la Comisión de Ética de la Cámara pidiendo el apartamiento de Cavalcanti y la suspensión de sus derechos políticos alegando su derecho a la defensa, el ala izquierda del partido mostró sus diferencias ya que sostiene que el acusado tendrá la posibilidad de defenderse en la misma comisión que lo juzgará.

POSICIÓN COMPLEJA

Una vez más el gobierno enfrenta una situación difícil. Mal o bien, Cavalcanti era una garantía para Lula. Como presidente de la Cámara, tiene poderes para detener un eventual juicio político a Lula. Si se lo apartara del cargo, lo que parece como más probable, su lugar será ocupado por José Thomaz Nono, del derechista PFL, un partido que nunca ocultó su deseo de separar a Lula del cargo. Aunque quedaría al frente del organismo sólo durante cinco sesiones, nadie puede garantizar que en caso de surgir nuevas denuncias aproveche la oportunidad para desencadenar el proceso de destitución del presidente en ese lapso.
Reforzando el carácer surrealista del actual momento político, el mismo Cavalcanti, luego de rechazar la posibilidad de apartarse del cargo durante el proceso de investigaciones por considerarse inocente y estar siendo acusado sin pruebas, estuvo al mando de la presentación de las conclusiones de las comisiones parlamentarias de investigación sobre las coimas a los diputados. Fueron recomendadas las suspensiones de los derechos políticos a 18 parlamentarios, entre ellos el denunciante Roberto Jefferson, João Paulo Cunha, ex presidente de la Cámara, y José Dirceu. En total se trata de siete diputados del PT, siete del pp, dos del ptb y dos del pl. El diputado Bispo Rodrigues, obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, no será juzgado porque renunció al cargo, y de esa manera podrá postularse para un nuevo mandato en 2006. Rodrigues fue acusado por la diputada Cidinha Campos de mandar matar a una persona por motivos políticos vinculados a la corrupción.
En cuanto al futuro político de los parlamentarios acusados de recibir dinero de las cuentas bancarias del publicista Marcos Valério o por falta de decoro parlamentario, será el plenario de la Cámara de diputados el que, en votación secreta, decidirá si suspende los derechos políticos de los acusados durante ocho años. Según los analistas, si prevalece el deseo de la opinión pública la suspensión es un hecho.

LA PRISIÓN DE MALUF

Como si el escándalo de las coimas parlamentarias no fuese suficiente, la prisión del ex alcalde de San Pablo Paulo Maluf, quien hizo carrera política durante la dictadura militar, eleva la temperatura en la ciudad más importante del país. Se lo acusa, junto a su hijo Flavio también preso, del desvío de fondos públicos por más de 50 millones de dólares, depositados en cuentas bancarias en el exterior.
Maluf, que como otros acusados se declara inocente, estaba siendo investigado desde hace tres años por la Policía Federal. Además de dirigir la ciudad, fue gobernador del estado de San Pablo y se postuló como candidato a la presidencia en 1989. Su nombre es sinónimo de corrupción desde hace muchos años, y se lo considera heredero del gobernador de San Pablo Ademar de Barros, de quien se decía “roba pero hace”. Sin embargo, Maluf y su hijo fueron detenidos por ser acusados de interferir en las investigaciones al presionar a los testigos.
En medio de todas estas denuncias, el diario O Estado de São Paulo formuló una nueva, asegurando que el PT habría pagado los pasajes de Lula y su familia con dinero del partido antes de tomar posesión del cargo el 1 de enero de 2003. Entrevistado en Guatemala, Lula dijo: “Me extrañaría que el psdb o el PFL me hubieran pagado el pasaje, pero el PT tenía la obligación de hacerlo”. Los documentos presentados por el diario paulista revelan que los hijos, nueras, el yerno y la nieta del presidente, además de su esposa y la hija del ministro de Hacienda, Antonio Palocci, tuvieron todos los gastos pagos por el partido entre diciembre de 2002 y enero de 2003.
Anteriormente, el ex presidente del PT Jose Genoino, al declarar ante una comisión parlamentaria, negó que conociera el esquema de corrupción o que el partido hubiera realizado algún movimiento de dinero al exterior. Al eximirse de culpa, Genoino afirmó que el ex tesorero Delúbio Soares era el único responsable de las finanzas del partido.

DESBANDADA PARTIDARIA

La serie de denuncias que envuelve a figuras del Campo Mayoritario provocó enormes sinsabores en las filas del PT. Además del abandono del senador Cristovam Buarque, que se afilió al laborista PDT, y el del diputado André Costa, muchos otros seguirán el mismo rumbo. Cientos y tal vez miles de militantes en todo el país abandonaron el partido que hasta hace poco tiempo era la mayor esperanza de cambios en el país.
Pero es posible que la mayor cantidad de abandonos se produzca después de las elecciones para renovar la Ejecutiva Federal, en cuyo primer turno compiten siete listas el próximo domingo. Existe consenso entre los analistas en el sentido de que si el Campo Mayoritario, liderado por el diputado y ex ministro de Trabajo Ricardo Berzoini, ganara la votación, se registraría una retirada en bloque de cuadros y militantes.
En el área parlamentaria la situación es más compleja. Si ninguna de las listas obtuviera mayoría absoluta, que es lo más probable, se realizaría una segunda vuelta el 10 de octubre. La izquierda petista ya acordó que en ese caso apoyará a la lista mejor colocada. Si el Campo Mayoritario ganara el 10 de octubre, la situación de los 30 parlamentarios críticos con el gobierno será aun más difícil. Según la legislación, tienen plazo hasta fin de setiembre para cambiar de partido si quieren postularse como candidatos en 2006. En caso contrario, no tendrán otra alternativa que continuar en el PT, por lo que sin duda preferirán que la interna se resuelva ya en la primera vuelta. nLa popularidad de Lula
El descenso de la popularidad del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras cuatro meses de férreo ataque de la derecha y la gran prensa brasileñas, no impide que continúe como favorito.
La consulta realizada por la firma Sensus para la Confederación Nacional del Transporte y difundida la víspera de cumplirse cuatro meses de una crisis política que crece día a día, indica que la popularidad de Lula bajó de 59,9 en julio al 50 por ciento actual. Otras dos encuestadoras también señalaron anteriormente esas tendencias a la baja.
El primer mandatario, sin embargo, ganaría a todos los potenciales candidatos presidenciales para octubre de 2006 señalados por las encuestadoras, aunque sin la mayoría suficiente para imponerse en el primer turno. En la segunda vuelta también se impondría a todos, excepto al alcalde de San Pablo, José Serra, con el cual quedaría en empate técnico, 37,9 frente a 37,5.
En cuanto al gobierno, la evaluación positiva bajó de 40,3 a 35,8 por ciento, la regular subió de 37,1 a 38,2 y la negativa pasó de 20 a 24 por ciento. Más que la disminución del apoyo al mandatario y su gobierno, lo que llamó la atención es que éste se mantenga alto y que siga siendo el favorito para las presidenciales.
Desde el 14 de mayo los partidos opositores y la prensa derechista han venido amplificando las denuncias de casos de corrupción y de uso de fondos ilícitos en las elecciones, en una campaña dirigida a debilitar a Lula, al gobierno y al Partido de los Trabajadores. Un reflejo de esa campaña es que 48,9 por ciento de las 2 mil personas consultadas en 195 municipios del país considera que la corrupción en este gobierno es mayor que en el anterior, mientras que 27,6 la evalúa igual y 16,8 estima que es menor.

 
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