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25 de septiembre de
2005
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Brecha
de Uruguay - 23 de setiembre de 2005
Permiso para reclamar
Argentina: mano dura contra las protestas
El gobierno impidió el ingreso a la histórica Plaza de
Mayo de una columna de piqueteros, docentes universitarios,
trabajadores de la salud y organismos de derechos humanos.
Tras la reacción de organismos sociales, abogados y
constitucionalistas, dio marcha atrás y solamente reclamó
cordura a los manifestantes. Todo en menos de una semana y a
44 días de las elecciones parlamentarias.
Fabián Kovacic desde Buenos Aires
La decisión del Ministerio del
Interior de impedir la expresión de la protesta social en la
Plaza de Mayo generó reclamos y sospechas en plena campaña
electoral. Si bien la decisión fue del presidente Néstor
Kirchner, la voz oficial de las medidas fue el titular de
Interior, Aníbal Fernández, uno de los duros y más
verborrágicos ministros en el gabinete presidencial. La medida
forma parte de la nueva política oficial de impedir los
reclamos callejeros que afecten al espacio público, inaugurada
el 26 de agosto pasado cuando la Policía Federal impidió el
tradicional corte del puente Pueyrredón en reclamo de justicia
por los asesinatos de los piqueteros Maximiliano Kosteki y
Darío Santillán en junio de 2002. Pero impedir el ingreso
de manifestantes a la Plaza de Mayo, el pasado viernes 2 de
setiembre, generó suspicacias de todo tenor en la opinión
pública. “Quienes quieran manifestarse deberán pedir permiso
con anticipación al gobierno para tomar las medidas necesarias
y evitar que el derecho a circular de otros ciudadanos se vea
coartado”, anunció el viernes Aníbal Fernández. Resulta
difícil imaginar un 17 de octubre de 1945 donde los
manifestantes pidieran permiso para marchar sobre la histórica
plaza. O las Madres de Plaza de Mayo solicitando a los
responsables de la dictadura de 1976 autorización para
concentrarse y marchar por sus hijos desaparecidos. O
ahorristas, desocupados y trabajadores comunes solicitando el
17 de diciembre de 2001 permiso para protestar contra el
corralito de Domingo Cavallo, 48 horas después. Las Madres de
Plaza de Mayo expresaron su “preocupación por las medidas
tomadas por el gobierno para impedir el acceso de los
manifestantes que se dirigían el viernes 2 de setiembre de
2005 a Plaza de Mayo, exhortamos a que el límite impuesto
desde la fuerza no derive en una represión no deseada. Si bien
entendemos que el derecho de cada persona termina donde
comienza el de los demás, corresponde al Estado de derecho
conciliar pacíficamente el interés de todos. La Plaza de Mayo
debe ser el símbolo de reclamos y celebraciones populares”,
advirtieron. El miércoles el propio Fernández admitió que
no se volverá a impedir el ingreso de manifestantes a la
tradicional plaza. “Apelamos a la cordura de quienes reclaman
para que reflexionen sobre lo que van a hacer”, suavizó. Al
mismo tiempo desde el Ministerio de Desarrollo Social se
anunciaba un incremento autorizado en las partidas de planes
sociales para 2006 en casi 400 millones de pesos. Sin embargo
la idea del ministro Fernández movió las aguas de la
jurisprudencia. Constitucionalistas y fiscales opinaron que
efectivamente la protesta social cercena derechos de quienes
no se pliegan a ella, pero su raíz no permite a quienes la
ejercen más remedio que reclamar del modo que puedan ser
escuchados en un Estado de derecho. El constitucionalista
Alejandro Carrió consideró “necesario tener mucho cuidado con
reprimir la manifestación de reclamo porque reclamar es un
derecho constitucional. Pero también es cierto que sin llegar
a esta vía hay que garantizar la libre circulación de las
personas”.
SALARIO, ENCUESTAS Y ELECCIONES
Para algunos sectores se trata de una medida bien vista por el votante
potencial de clase media que ya dejó atrás en su memoria los
días aciagos del corralito y los escraches a los bancos, se
recuperó económicamente con la devaluación y empieza a marcar
en las encuestas que está cansado de la protesta social
callejera. Frente al duhaldismo, el menemismo y la dupla de
centroderecha integrada por Ricardo López Murphy y Mauricio
Macri, el Frente para la Victoria, expresión electoral del
gobierno, es visto como blando e indulgente con los sectores
piqueteros y en las encuestas pierde votos en favor de esa
franja de centroderecha. En la misma línea de análisis, se
agrega la confluencia de algunos gremios con las
organizaciones de desempleados generando un bloque más o menos
homogéneo o, al menos, con reclamos similares: recibir parte
de la bonanza anunciada en las estadísticas del Ministerio de
Economía y declamada por los responsables políticos del
gobierno nacional. Aislar a quienes reclaman es una estrategia
implementada desde el retorno de la democracia por todos los
presidentes. Desde el viernes 2, el aumento otorgado a los
docentes de 14 universidades nacionales que venían reclamando
una recomposición salarial, con un paro de casi tres semanas,
permitió oxigenar al gobierno en su camino a las elecciones
parlamentarias del 23 de octubre, donde según el propio
Kirchner se plebiscitará su gestión. La tregua alcanzada por
los trabajadores de la salud del hospital Garrahan y la fuerte
advertencia a los piqueteros duros parecen haber aquietado las
aguas de los reclamos callejeros que ahora se trasladaron a
las mesas de negociación paritaria y en algunos casos con la
intervención directa del Ministerio de Trabajo. Lo que está
en juego es la recomposición del salario real a partir de los
primeros avances firmes registrados en la economía nacional
luego de la devaluación de 2002. Resulta lógico si se tiene en
cuenta que desde las tribunas políticas tanto Duhalde como
Kirchner, en sus roles presidenciales, se encargaron de
festejar la recuperación económica mostrándola como un logro
de sus gestiones a favor de todos los argentinos. Se trata
ahora de redistribuir los primeros excedentes generados en
casi cuatro años de gobiernos peronistas. En buen romance las
protestas sociales de ocupados y desocupados, tanto como los
reclamos de los sectores empresariales, pueden traducirse como
la pelea por la redistribución del ingreso nacional. Mirada
la cuestión desde la perspectiva de los trabajadores ocupados
y desocupados las cosas son un poco más complejas. Desde 1998
no se produjeron aumentos de salarios y recién a fines de 2002
la gestión de Kirchner autorizó incrementos no registrados
como salario. Se trató, en el caso de los docentes
universitarios, los maestros de escuelas públicas primarias y
secundarias y los empleados, de sumas no incorporadas al
salario, es decir no computables para los aportes
jubilatorios. “No son aumentos, son dineros en negro que el
gobierno ofrece a los trabajadores. Es una paradoja que el
Estado pague parte del salario en negro”, asegura el
secretario general de los docentes universitarios, José Luis
Molina.
NUMERITOS
Según el economista Miguel Ángel Broda,
ex asesor de Domingo Cavallo durante los años de Menem, “la
recuperación lleva ya 14 trimestres. Luego de haber tocado
fondo en el primer trimestre de 2002, el pbi acumula una suba
del 27 por ciento; la producción industrial creció el 45 por
ciento; la construcción, el 100 por ciento; las exportaciones,
el 30 por ciento y la inversión en términos del pbi pasaría
del 11 por ciento en 2002 al 19 por ciento en 2005. A su vez,
la economía en el segundo trimestre mostraría una expansión
interanual del 10 por ciento y en todo el año un aumento del
orden del 8 por ciento”. Para Claudio Lozano, economista de la
cta y diputado nacional, “el gobierno está orgulloso del
superávit tanto en la balanza comercial como en la esfera
fiscal con el aumento de la recaudación impositiva de casi un
11 por ciento respecto del año pasado, pero no piensa volcar
ese excedente en la recomposición de los salarios sino en
mantenerlo en reserva para seguir pagando a los organismos
internacionales de crédito”. Lo cierto es que el ministro de
Economía, Roberto Lavagna, artífice en buena medida de los
logros económicos desde marzo de 2002, aún no ha decidido
medidas para impulsar el consumo interno como motor del
crecimiento. La inflación sigue siendo su preocupación y nadie
espera para lo que resta del año nuevas medidas económicas que
ayuden a los presupuestos familiares y de paso den una mano en
la campaña electoral oficial. “Es lo que hay”, suele repetir
en privado.
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