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25 de septiembre de 2005

Brecha de Uruguay - 23 de setiembre de 2005

Permiso para reclamar

Argentina: mano dura contra las protestas

El gobierno impidió el ingreso a la histórica Plaza de Mayo de una columna de piqueteros, docentes universitarios, trabajadores de la salud y organismos de derechos humanos. Tras la reacción de organismos sociales, abogados y constitucionalistas, dio marcha atrás y solamente reclamó cordura a los manifestantes. Todo en menos de una semana y a 44 días de las elecciones parlamentarias.

Fabián Kovacic desde Buenos Aires
La decisión del Ministerio del Interior de impedir la expresión de la protesta social en la Plaza de Mayo generó reclamos y sospechas en plena campaña electoral. Si bien la decisión fue del presidente Néstor Kirchner, la voz oficial de las medidas fue el titular de Interior, Aníbal Fernández, uno de los duros y más verborrágicos ministros en el gabinete presidencial. La medida forma parte de la nueva política oficial de impedir los reclamos callejeros que afecten al espacio público, inaugurada el 26 de agosto pasado cuando la Policía Federal impidió el tradicional corte del puente Pueyrredón en reclamo de justicia por los asesinatos de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en junio de 2002.
Pero impedir el ingreso de manifestantes a la Plaza de Mayo, el pasado viernes 2 de setiembre, generó suspicacias de todo tenor en la opinión pública. “Quienes quieran manifestarse deberán pedir permiso con anticipación al gobierno para tomar las medidas necesarias y evitar que el derecho a circular de otros ciudadanos se vea coartado”, anunció el viernes Aníbal Fernández. Resulta difícil imaginar un 17 de octubre de 1945 donde los manifestantes pidieran permiso para marchar sobre la histórica plaza. O las Madres de Plaza de Mayo solicitando a los responsables de la dictadura de 1976 autorización para concentrarse y marchar por sus hijos desaparecidos. O ahorristas, desocupados y trabajadores comunes solicitando el 17 de diciembre de 2001 permiso para protestar contra el corralito de Domingo Cavallo, 48 horas después. Las Madres de Plaza de Mayo expresaron su “preocupación por las medidas tomadas por el gobierno para impedir el acceso de los manifestantes que se dirigían el viernes 2 de setiembre de 2005 a Plaza de Mayo, exhortamos a que el límite impuesto desde la fuerza no derive en una represión no deseada. Si bien entendemos que el derecho de cada persona termina donde comienza el de los demás, corresponde al Estado de derecho conciliar pacíficamente el interés de todos. La Plaza de Mayo debe ser el símbolo de reclamos y celebraciones populares”, advirtieron.
El miércoles el propio Fernández admitió que no se volverá a impedir el ingreso de manifestantes a la tradicional plaza. “Apelamos a la cordura de quienes reclaman para que reflexionen sobre lo que van a hacer”, suavizó. Al mismo tiempo desde el Ministerio de Desarrollo Social se anunciaba un incremento autorizado en las partidas de planes sociales para 2006 en casi 400 millones de pesos. Sin embargo la idea del ministro Fernández movió las aguas de la jurisprudencia. Constitucionalistas y fiscales opinaron que efectivamente la protesta social cercena derechos de quienes no se pliegan a ella, pero su raíz no permite a quienes la ejercen más remedio que reclamar del modo que puedan ser escuchados en un Estado de derecho. El constitucionalista Alejandro Carrió consideró “necesario tener mucho cuidado con reprimir la manifestación de reclamo porque reclamar es un derecho constitucional. Pero también es cierto que sin llegar a esta vía hay que garantizar la libre circulación de las personas”.

SALARIO, ENCUESTAS Y ELECCIONES

Para algunos sectores se trata de una medida bien vista por el votante potencial de clase media que ya dejó atrás en su memoria los días aciagos del corralito y los escraches a los bancos, se recuperó económicamente con la devaluación y empieza a marcar en las encuestas que está cansado de la protesta social callejera. Frente al duhaldismo, el menemismo y la dupla de centroderecha integrada por Ricardo López Murphy y Mauricio Macri, el Frente para la Victoria, expresión electoral del gobierno, es visto como blando e indulgente con los sectores piqueteros y en las encuestas pierde votos en favor de esa franja de centroderecha. En la misma línea de análisis, se agrega la confluencia de algunos gremios con las organizaciones de desempleados generando un bloque más o menos homogéneo o, al menos, con reclamos similares: recibir parte de la bonanza anunciada en las estadísticas del Ministerio de Economía y declamada por los responsables políticos del gobierno nacional. Aislar a quienes reclaman es una estrategia implementada desde el retorno de la democracia por todos los presidentes. Desde el viernes 2, el aumento otorgado a los docentes de 14 universidades nacionales que venían reclamando una recomposición salarial, con un paro de casi tres semanas, permitió oxigenar al gobierno en su camino a las elecciones parlamentarias del 23 de octubre, donde según el propio Kirchner se plebiscitará su gestión. La tregua alcanzada por los trabajadores de la salud del hospital Garrahan y la fuerte advertencia a los piqueteros duros parecen haber aquietado las aguas de los reclamos callejeros que ahora se trasladaron a las mesas de negociación paritaria y en algunos casos con la intervención directa del Ministerio de Trabajo.
Lo que está en juego es la recomposición del salario real a partir de los primeros avances firmes registrados en la economía nacional luego de la devaluación de 2002. Resulta lógico si se tiene en cuenta que desde las tribunas políticas tanto Duhalde como Kirchner, en sus roles presidenciales, se encargaron de festejar la recuperación económica mostrándola como un logro de sus gestiones a favor de todos los argentinos. Se trata ahora de redistribuir los primeros excedentes generados en casi cuatro años de gobiernos peronistas. En buen romance las protestas sociales de ocupados y desocupados, tanto como los reclamos de los sectores empresariales, pueden traducirse como la pelea por la redistribución del ingreso nacional.
Mirada la cuestión desde la perspectiva de los trabajadores ocupados y desocupados las cosas son un poco más complejas. Desde 1998 no se produjeron aumentos de salarios y recién a fines de 2002 la gestión de Kirchner autorizó incrementos no registrados como salario. Se trató, en el caso de los docentes universitarios, los maestros de escuelas públicas primarias y secundarias y los empleados, de sumas no incorporadas al salario, es decir no computables para los aportes jubilatorios. “No son aumentos, son dineros en negro que el gobierno ofrece a los trabajadores. Es una paradoja que el Estado pague parte del salario en negro”, asegura el secretario general de los docentes universitarios, José Luis Molina.

NUMERITOS

Según el economista Miguel Ángel Broda, ex asesor de Domingo Cavallo durante los años de Menem, “la recuperación lleva ya 14 trimestres. Luego de haber tocado fondo en el primer trimestre de 2002, el pbi acumula una suba del 27 por ciento; la producción industrial creció el 45 por ciento; la construcción, el 100 por ciento; las exportaciones, el 30 por ciento y la inversión en términos del pbi pasaría del 11 por ciento en 2002 al 19 por ciento en 2005. A su vez, la economía en el segundo trimestre mostraría una expansión interanual del 10 por ciento y en todo el año un aumento del orden del 8 por ciento”. Para Claudio Lozano, economista de la cta y diputado nacional, “el gobierno está orgulloso del superávit tanto en la balanza comercial como en la esfera fiscal con el aumento de la recaudación impositiva de casi un 11 por ciento respecto del año pasado, pero no piensa volcar ese excedente en la recomposición de los salarios sino en mantenerlo en reserva para seguir pagando a los organismos internacionales de crédito”. Lo cierto es que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, artífice en buena medida de los logros económicos desde marzo de 2002, aún no ha decidido medidas para impulsar el consumo interno como motor del crecimiento. La inflación sigue siendo su preocupación y nadie espera para lo que resta del año nuevas medidas económicas que ayuden a los presupuestos familiares y de paso den una mano en la campaña electoral oficial. “Es lo que hay”, suele repetir en privado.

 
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