Afortunadamente, un caso de corrupción relacionada con el
comercio de armas cobró una de sus más importantes víctimas en una
fecha cercana a la cumbre de Gleneagles del G-8, efectuada en julio
pasado.
Jacob Zuma, ex vicepresidente de Sudáfrica y mencionado como el
más probable sucesor al cargo de Presidente del país, fue destituido
en junio por sus vínculos con un empresario que recibió sobornos de
una empresa de defensa francesa.
La caída de Zuma ilustra la estrategia de desarrollo adoptada por
los países ricos que, en vez de abordar las cosas buenas que
deberían hacer por África, se concentran en evidenciar las
perversidades que deberían dejar de hacer, desde el lavado de dinero
a través de bancos occidentales hasta el dumping y el subsidio de
alimentos.
El comercio de armas, dominado por Occidente, distorsiona los
presupuestos de países pobres y fortalece la corrupción. Los
gobiernos de naciones exportadoras de armas deberían preguntarse si
es aceptable sobornar a los líderes de los países pobres para que
compren armas, que probablemente no necesitan, con dinero que no
tienen, y todo esto bajo el pretexto de que se hace para crear
empleos en los países ricos.
Aun si los países exportadores quisieran fiscalizar el comercio
de armas, los alicientes ofrecidos por las compañías productores de
armamentos hacen que esto en la práctica sea imposible.
La prolongada saga del negociado de armas sudafricano por más de
5 mil millones de dólares firmado en 1999, y que terminó con la
caída de Zuma, es un caso ejemplar. Desde un comienzo, el caso fue
cuestionado debido a rumores justificados de corrupción y a su
irrelevancia respecto de las necesidades estratégicas del país. Pero
recién en octubre del año pasado se inició el primer juicio.
En Durban, el empresario Schabir Shaikh fue procesado por
corrupción y fraude, principalmente como consecuencia de su
relación, “generalmente corrupta”, con Jacob Zuma. Específicamente,
intentó obtener sobornos por 500 mil rand (80 mil dólares) por año
de una importante contratista francesa -Thales (ex Thomson-CSF)-
para que Zuma protegiera a la empresa de una investigación
parlamentaria.
El 8 de junio pasado, Shaikh fue sentenciado a 15 años de cárcel.
El popular vicepresidente Zuma fue destituido una semana después.
Paralelamente, un empresario sudafricano, Richard Young, presentó
una querella contra el Gobierno sudafricano por 150 millones de rand
(25 millones de dólares) por la anulación -por supuesta corrupción-
de una parte de un contrato por 1.300 millones de rand (210 millones
de dólares) destinado a adquirir sistemas de control para cuatro
nuevas corbetas, adjudicado a Thales. Estas dos causas están
vinculadas no sólo por el contrato, la empresa, su filial africana y
por Schabir Shaikh -su director-, sino que por el hecho de que el
hermano de Schabir, Chippy Shaikh, era a la sazón el jefe de
adquisiciones del Ministerio de Defensa sudafricano.
¿Qué están haciendo los gobiernos del G-8 para resolver el
problema del soborno practicado por sus compatriotas?
DE CUÁNTO HABLAMOS
No es posible medir con cifras la corrupción, pero podemos hacer
cálculos aproximados. El comercio legal de armas registró un valor
de 29 mil millones de dólares en 2003, una baja en comparación con
el promedio de 40 mil millones de dólares anuales registrados entre
1999 y 2002. Los países importadores de armas se encuentran
agrupados en regiones de inestabilidad: el Medio Oriente, el
subcontinente indio y el Lejano Oriente. Los exportadores de armas
están hoy más concentrados: los primeros cuatros exportadores
(Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia, todos miembros del
G-8) son los responsables de tres cuartos de todas las
exportaciones. Estados Unidos, por sí solo, envía el 44% de todas
las entregas de armas a los países en desarrollo. Esto no es
asombroso si consideramos que los gastos militares internos de
Estados Unidos virtualmente igualan el monto total gastado por el
resto del mundo en este ítem. Además, al adquirir armas de EEUU se
crea, de ipso, un pacto de defensa, convirtiendo a ese país en un
socio comercial muy atractivo.
Hasta cierto punto, esta ventaja política compensa los obstáculos
que enfrentan las empresas estadounidenses en cuanto a la práctica
de pagar sobornos (la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras, que
criminaliza el soborno de funcionarios extranjeros, fue promulgada
en 1977, tras las investigaciones a los fondos corporativos,
inspiradas por Watergate).
No obstante, existen empresas estadounidenses que de todos modos
sobornan, pero es a una escala relativamente menor. Es lógico
entonces que sus competidores, desde su perspectiva, utilicen el
soborno como un recurso para compensar su situación de desequilibrio
relativo.
Una de las paradojas del comercio legal de armas, si consideramos
la importancia que le otorga la política y la opinión pública, es lo
reducido que es. De hecho, representa menos de un 0,5% del comercio
mundial total.
Sin embargo, en otros aspectos es muy importante. La proporción
de corrupción de la industria no tiene relación con su tamaño
relativo. Se estima que el comercio de armas representa casi la
mitad de toda la corrupción del mercado legal.
A ojos de muchos expertos oficiales, esta corrupción es
periférica, una suerte de apéndice sin trascendencia. Tan poca
importancia se le adjudica a la corrupción en este campo que entre
la profusión de publicaciones acerca de defensa, política exterior y
el negocio de armas, sólo se destaca un libro que enfrenta con
seriedad la situación: “Las políticas de ventas de armas británicas
desde 1964”, de Mark Phythian.
OJOS QUE NO VEN...
Los estudiosos de la industria de defensa se preocupan de
estrategias y materiales. Comparten el supuesto de que el soborno no
afecta las decisiones más importantes de adquisiciones, las cuales,
supuestamente, las toman profesionales que responden a necesidades
estratégicas y con presupuestos determinados por gabinetes
gubernamentales.
Pero la corrupción no es periférica; es un tema central a la toma
de decisiones en torno a cada compra de armamento.
La observación más nítida acerca de las consecuencias de la
corrupción la hizo hace 40 años Donald Stokes, vendedor de camiones
e importante negociante de la industria automotriz. Encargado de
desarrollar una estrategia de exportación para la industria de armas
británica, le informó al Gobierno que “una gran cantidad de ventas
de armas se efectúa no debido a que alguien requiere las armas, sino
debido a las comisiones que se ganan en el camino”.
Éste es el meollo del caso contra el soborno: no se trata
simplemente de un apéndice al proceso de adquisiciones, sino que
distorsiona las decisiones. Si dejara de ser una mina de oro para
los pudientes, la adquisición de armas se reduciría a una mera
realidad estratégica.
Según el informe anual de la OCDE, más de la mitad de los casos
de soborno informados corresponden a contratos de defensa, a pesar
del hecho que éstos representan menos de la mitad del 1% del
comercio global.
SOBORNO INSTITUCIONAL
El Departamento de Estado de EEUU publicó un listado de las cinco
áreas “más corruptas” del comercio internacional: armas, proyectos
de infraestructura o ingeniería civil, telecomunicaciones, energía y
aviación civil.
Estos cinco segmentos representan aproximadamente 10% del
comercio mundial. Entonces, un simple cálculo nos demuestra que, sin
lugar a dudas, las armas constituyen el negocio más corrupto de
todos los comercios legales.
Personas con un conocimiento íntimo del negocio brindan datos
mucho más impresionantes. Uno de los pocos dispuestos a ser citados
es Jonathan M. Winer, ex asistente al secretario de Estado de EEUU.
Me escribió: “La idea que señala que los europeos ofrecen y los
africanos aceptan sobornos en el comercio de armas es un error.
Todos aceptan sobornos de todos, y si no son sobornos, entonces son
gratuidades, beneficios, ventajas, comisiones, contratos para amigos
o parientes, otros beneficios materiales o políticos, y así
sucesivamente”.
Un gerente de marketing senior de un gran conglomerado de
defensa, actualmente jubilado, dijo que en 20 años de experiencia en
la venta de armas, en sólo dos ocasiones no pagó una comisión al
comprador.
La empresa francesa de aeronáutica Dassault pagó un soborno al
Partido Socialista belga a fin de asegurar un contrato para
actualizar sus F-16. Durante el juicio de 1995, Serge Dassault dijo:
“Todos pagan comisiones”. Cuando los tribunales belgas emitieron una
orden de detención en contra de Dassault, el ministro de Comercio
Exterior francés protestó, señalando que las comisiones constituyen
una práctica normal dentro del comercio de armas y que ha sido así
durante décadas.
FRUTO DE LA CODICIA
Las cinco categorías “más corruptas” anteriormente enumeradas
comparten características estructurales: los proyectos son grandes y
discretos; aparecen en intervalos aleatorios; cada proyecto, en
forma individual, puede hacer la diferencia entre una cómoda vida y
la muerte para la empresa proveedora. La competencia es dura y las
bolsas de comercio no premian a los perdedores con altos principios.
En el mundo en desarrollo, la decisión de comprar descansa en manos
de una elite política que no rinde cuentas a nadie. La cultura local
hasta podría favorecer el pago de sobornos como un intercambio
normal de retribuciones. En dichas circunstancias, las empresas
sienten que no tienen otra alternativa que pagar “mordidas” si
quieren mantenerse dentro del negocio.
Una característica del comercio de armas es que tiene la ventaja
de moverse en un mercado opaco, pues opera tras de una cortina de
humo debido a que los productos de defensa son complejos y cada
contrato contiene una combinación de requisitos especiales. Un
precio desconocido puede acomodar cualquier cantidad de pagos
encubiertos.
Otro detalle singular de esta industria es aún más revelador: el
hermetismo con que cubre todas sus actividades. Este privilegio es
permitido a esta industria debido al rol que desempeña en la
seguridad nacional. Pero el hermetismo también ofrece una tentación
constante de ocultar la incompetencia y los escándalos políticos o
robar. El ejemplo obvio son los fondos secretos de dinero para
sobornos. Peter Clark, director de juicios dirigidos bajo el Acta de
Prácticas de Corrupción Internacional de Estados Unidos en el
Departamento de Justicia, me escribió señalando que “el dinero que
no necesita explicaciones genera codicia”. La gente que cuida dinero
cuyos orígenes no tienen que ser explicados -normalmente porque son
ilegales- siente la tentación de apoderarse de una parte de éste.
Es imposible calcular el monto exacto de la corrupción en el
comercio de armas, pero si se hace un cálculo bastante aproximativo
(con un margen de error de un 10%), los sobornos en el comercio de
armas equivalen a unos tres mil millones de dólares, una suma alta
pero no altísima. Si a esto le agregamos el costo de las armas que
no se hubiesen comprado sin el incentivo de las coimas, el monto
estaría entre los seis mil y los 18 mil millones de dólares. No
mucho en términos globales, pero una cifra enorme si se considera el
nivel de pobreza de muchos países compradores, como es el caso de
Sudáfrica, donde no se necesitan armas de alta tecnología, sino más
bien casas, carreteras, escuelas y hospitales.
Por supuesto que no es fácil terminar con el problema. Las
compañías y la naciones no pueden actuar solas sin ceder su parte
del mercado a sus competidores. Es difícil cooperar con rivales en
quienes no se confía. Aun si un grupo de países de Europa o la OCDE
decidiera comprometer a sus empresas para que tomen acción, otros
ocuparían su lugar. Rusia, China e Israel son los contrincantes
principales; con Brasil, Rumania y Ucrania pujando detrás.
Hay diversas formas de tratar la reforma del comercio de armas.
El enfoque de EEUU es directo e intuitivo. Se identifica el
problema, se ataca y se elimina. Se promulgan leyes y se golpea a
aquellos que las rompen. Se introducen reglas y condiciones en torno
a los préstamos y otros paquetes financieros para restringir la
posibilidad de portarse mal. Se establecen sistemas de información
con líneas de ayuda directas, una rigurosa inspección del comercio e
incentivos para los denunciantes de prácticas ilegales. En cuanto a
quién debe conducir estos procesos, lo más efectivo es que sean
instituciones multinacionales, tales como la OCDE, el G-8, la UE e
incluso la OMC. Estas organizaciones tienen cierto grado de
capacidad para monitorear y avergonzar a sus miembros.
Lo que se necesita es voluntad política, a nivel nacional y
colectivo. La Convención de la OCDE depende de los esfuerzos
efectuados por los gobiernos para presentar demandas ante los
tribunales. Pero no existe un mecanismo de monitoreo ni una entidad
autónoma que tenga el poder para hacer cumplir las denuncias.
MAYOR TRANSPARENCIA
En el informe 2001 de la Campaña contra el Comercio de Armas,
Samuel Brittan cuestiona el valor de la industria de las armas en la
economía y de las exportaciones en particular. La industria de
defensa contrata aproximadamente a un 2% de trabajadores británicos,
y sólo un 20% de éstos están involucrados en exportaciones. Brittan
estudió los efectos de reducir ambos, y concluyó que los éstos
serían insignificantes.
El último ítem que necesita análisis es la pasión por el sigilo,
el manto que todo lo cubre. Según lo que me han dicho los expertos,
es muy poco lo que realmente se mantiene bajo secreto en el comercio
de armas; la gente, generalmente, puede encontrar lo que necesita
saber. Además, es muy poco lo que realmente requiere mantenerse bajo
secreto. Si es así, entonces es tiempo de dejar de lado el
hermetismo cuando es innecesario. La verdadera razón por la cual se
mantiene el sigilo es porque los poderosos en los países
importadores de armas no quieren ser expuestos. ¿Deberían nuestros
gobiernos ofrecerles protección?
La industria de las armas es singular no sólo por lo que vende,
sino por su vulnerabilidad a nivel de corrupción. Esta combinación
es particularmente dañina, por lo cual se deberían implementar
restricciones especiales. Actualmente, se hace lo contrario. El
comercio de armas recibe apoyo excepcional de los gobiernos para
vender bienes en un mercado donde el precio no es la primera
preocupación. Hay mucho dinero secreto en circulación y muchos
hombres sin escrúpulos que quieren apoderarse de parte de éste.
Estos hombres no son, como a menudo conviene creer, dictadores
tercermundistas; también son nuestros hombres, quienes acumulan
“retrocomisiones” de negociados que en el fondo son innecesarios. No
sorprende entonces que este dinero tan fácilmente disponible
desempeñe un rol principal en el desarrollo de la industria; no es
periférico, sino central. El problema es tan nocivo que requiere de
una atención especial.
El comercio de armas no es muy estético, pero es inevitable. Las
naciones quieren ser capaces de defenderse y comprarán las armas
necesarias para hacerlo. En lugar de intentar abolir el comercio,
sería más lógico tratar de mejorarlo, de hacerlo más abierto,
transparente y eficiente. Al prevenir la corrupción y eliminar el
trato especial del cual disfruta la industria, podríamos acercarnos
cada vez más hacia el objetivo de reducir las transacciones de armas
a lo que es estratégicamente legítimo y éticamente incuestionable.
© Prospect Magazine
(The New York Times Syndicate)