| Latinoamérica
- rodelu.net |
1 de octubre de
2005
|
Brecha
de Uruguay - 30 de setiembre de 2005
La lenta caída de los “condoritos”
La suerte de los torturadores,
en Uruguay o en Argentina
Resulta tentador escarbar
en el siguiente escenario: los militares implicados en los
crímenes de la dictadura comenzaron a debatir en serio sobre
su futuro después de que Tabaré Vázquez confirmara, el 1 de
marzo, la nueva política sobre derechos humanos; y ese debate
los llevó a posiciones antagónicas: algunos optaban por
“confesar” y otros por mantener a rajatabla la omertà.
Samuel Blixen
Por
lo menos en dos episodios –la desaparición de María Claudia
García de Gelman y los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor
Gutiérrez Ruiz– la exclusión de esos crímenes de la ley de
caducidad amenazaba la impunidad de varias decenas de
oficiales retirados del Ejército. La cuestión es que quienes
aparecen implicados en el secuestro en Buenos Aires y
asesinato de María Claudia, después del robo de la hija recién
nacida, forman de hecho el núcleo central de la bandita que
cometió el largo y aterrador catálogo de crímenes en el marco
del Plan Cóndor.
Era la famosa “caja de Pandora” de la
inteligencia de las Fuerzas Conjuntas. Algunos oficiales se
inclinaban por “entregar” cuatro o cinco chivos expiatorios
para calmar los ánimos y establecer un escenario de
“negociación”; otros (en especial aquellos que debían
“sacrificarse”) se negaron rotundamente. Y fue entonces que se
inauguró la política de los “trascendidos” a la prensa, un
jueguito de inteligencia que dio sus resultados porque
permitió “orientar” el proceso, incluso en los ámbitos más
exclusivos, como lo fueron las reuniones del comandante del
Ejército con sus generales. La solución que prosperó fue
intermedia: una “investigación interna” donde los oficiales
implicados “aportaban” en forma reservada la información que
permitiría ubicar los restos de algunos desaparecidos.
Pero
se pasaron de listos: entregaron una información que dilata el
desenlace y que deja en orsai al comandante Ángel Bertolotti
–que se hizo responsable de la autenticidad– y al presidente
Tabaré Vázquez, que anunció la inminente ubicación de los
restos de María Claudia con un 99,99 por ciento de
posibilidades. Después de 700 metros cuadrados de tierra
removida en los fondos del Batallón 14, en Toledo, la
paciencia del presidente llegó a su límite: el lunes 26
anunció a sus ministros que si no aparecen los cuerpos la
Presidencia comunicará oficialmente al Poder Judicial que no
declarará muertos a los desaparecidos. Colaboradores muy
cercanos al presidente comentaron que Vázquez está muy
irritado ante la evidencia de que los oficiales que brindaron
la información no fueron honestos, y que, si se comprueba la
manipulación, será en extremo severo. Con todos.
Los
“condoritos” están inquietos. La afirmación presidencial
respecto a la eventual declaración sobre los desaparecidos
instala un nuevo horizonte: los desaparecidos son, en la
calificación penal, víctimas del delito de privación de
libertad; un delito continuado, es decir, que se comete día a
día mientras no aparezca la víctima, viva o muerta. En la
medida en que es un crimen que se sigue cometiendo hoy, 30 de
setiembre de 2005, queda fuera de la ley de caducidad. Ese
detalle fue debidamente advertido por los abogados defensores
de Juan Carlos Blanco, que aconsejaron al ex canciller de la
dictadura a que se declarara culpable de asesinato en el caso
de Elena Quinteros, precisamente para ponerle fecha al crimen
y ampararse, así, en una posible aunque discutible
prescripción del delito por el paso del tiempo. Así ocurrió,
aunque no se aportaron evidencias sobre el asesinato,
generando un antecedente de expectativa para los demás
culpables.
DELITO PERMANENTE
La prescripción era una de
las coartadas que proponían aquellos oficiales que se
inclinaban por entregar algo para aquietar las aguas:
“confesamos pero no vamos en cana”. Pero la advertencia de
Vázquez instaló otra situación: los desaparecidos siguen
siendo desaparecidos mientras no aparezcan los restos, y esto
de los restos introduce algo nuevo. Una declaración pública al
respecto activaría las denuncias, sería una clara señal de la
voluntad presidencial y amenazaría –en la medida en que no
haya clonaciones del fiscal Enrique Moller, el prestidigitador
de la impunidad– con la cárcel para los condoritos.
Esa
advertencia desactiva otra coartada: si las causas por
desapariciones cobraban impulso en los juzgados a los solos
efectos de decretar la prescripción, entonces automáticamente
quedaban suspendidos los posibles pedidos de extradición que
se anunciaban desde Argentina. Mientras existe una causa penal
abierta no procede la extradición; pero además, si hay un
fallo firme sobre la prescripción, la extradición se
desactiva, según ciertas interpretaciones.
Pero ahora,
mientras corre el “plazo razonable” para que aparezcan los
restos de María Claudia, la voluntad del juez federal
argentino Daniel Rafecas puede desencadenar una andanada de
solicitudes de extradición que involucraría a todos los
oficiales acusados de haber actuado en Automotores Orletti,
base del Cóndor en Buenos Aires. La amenaza pende sobre los
oficiales involucrados en la desaparición de María Claudia; en
la desaparición en Buenos Aires de los militantes del PVP (que
según todas las evidencias fueron trasladados clandestinamente
a Uruguay en el “segundo vuelo”) y aquellos implicados en los
asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. La alternativa es de
hierro: si las causas están archivadas, las extradiciones
corren porque son delitos cometidos en Argentina.
ULTIMÁTUM
De hecho, Vázquez lanzó un ultimátum
y otorgó un plazo de un mes o un mes y medio para resolver el
problema. Y porque fue puesto en una situación en extremo
delicada, en especial por sus compromisos con el presidente
argentino Néstor Kirchner, es que la Presidencia invitó al
secretario de Derechos Humanos de la Casa Rosada, Luis Eduardo
Duhalde, a que visitara el predio contiguo al Batallón 14,
donde se están realizando las excavaciones en busca de los
restos de María Claudia. Duhalde pudo confirmar el esfuerzo
del gobierno uruguayo y admitió que “la tarea es difícil”,
asumiendo una explicación para la falta de resultados
concretos. Sin embargo, sobre los trabajos en el Batallón 13,
donde las excavaciones tienen por objeto obtener evidencias
sobre la existencia de un cementerio clandestino y sobre las
exhumaciones de la llamada Operación Zanahoria, Duhalde hizo
una precisión: los criterios de los técnicos de la Facultad de
Humanidades, que hacen trabajo manual y mecánico, difieren de
las técnicas de los antropólogos forenses argentinos, que en
tales casos hacen sólo trabajos manuales. Esa diferencia,
anunció Duhalde, inclina a los argentinos a retirar la
colaboración que venían prestando.
TÉCNICAS
Otro problema
para la Presidencia: Vázquez informó a sus ministros, en la
reunión del lunes 26, que las excavaciones en el 13 de
Infantería no habían arrojado evidencias sobre la Operación
Zanahoria, elemento que completaba su malestar con los
oficiales que brindaron información “imprecisa”. Sin embargo,
hay que recordar que la cuestión de los criterios fue debatida
entre los técnicos de la Facultad de Humanidad y los de la
Facultad de Ciencias, que ya habían establecido importantes
indicios sobre el cementerio clandestino, a partir del estudio
de las fotografías del relevamiento aéreo de la zona.
Coincidiendo con el criterio de los antropólogos argentinos,
los técnicos de Ciencias se inclinaban por un trabajo
meticuloso de relevamiento antes de iniciar cualquier
excavación, y en ese relevamiento fue que encontraron restos
óseos, la mayoría de los cuales serían de origen humano. Estos
técnicos consideraban fundamental la utilización de un
georradar para efectuar previamente una especie de ecografía
del terreno. Pero el secretario de la Presidencia, Gonzalo
Fernández, optó por la vía rápida de las excavaciones masivas,
que encomendó a los técnicos de Humanidades, y a tales efectos
realizó gestiones para obtener la pala mecánica que se viene
utilizando.
Así las cosas, la irritación presidencial ha
llegado a niveles de desborde, y para los condoritos el
escenario no puede ser peor: en el horizonte se dibujan dos
opciones, o cárcel en Argentina o la cárcel en Uruguay. Hay
una tercera posibilidad: que pasen a la clandestinidad y huyan
del país, como hizo el coronel retirado Manuel Cordero, quien
se refugió sin dificultades en Brasil gracias al juez Pedro
Hackenbruch, demasiado lento de reflejos, quien cerró las
fronteras cuando Cordero ya las había cruzado.
Todo indica
que la situación ha cambiado: no sólo por la irritación
presidencial, también por la irritación de la gente. Para esta
noche, a las 19 horas, 11 organizaciones de derechos humanos
convocan a una manifestación desde la Universidad hasta la
plaza Libertad, reclamando verdad, justicia y nunca
más.
|