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16 de octubre de
2005
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Brecha
de Uruguay - 7 de octubre de 2005
El “segundo informe” y sus gruesas omisiones
La amnesia de la Armada
La política de administrar por goteo la confesión sobre
los crímenes de la dictadura es desgastante para las propias
Fuerzas Armadas y un factor de irritación para el gobierno. El
segundo informe de la Armada incurre en omisiones infantiles y
plantea una supuesta ignorancia sobre acciones conjuntas de
marinos uruguayos y argentinos.
Samuel Blixen
Con un
abanico de señales que prometen vientos huracanados y con un
dead line el 5 de noviembre, el presidente Tabaré Vázquez
reafirmó el miércoles 5 que mantiene su confianza en los tres
comandantes de las Fuerzas Armadas y su esperanza en la
ubicación de los restos de desaparecidos.
La confianza, por
lo tanto, se extiende al comandante de la Armada,
vicealmirante Tabaré Daners, después de la entrega de un
segundo informe sobre la participación del arma en la
represión durante la dictadura. Este segundo informe –recibido
en Presidencia a comienzos de la semana– habría sido
calificado por Vázquez como “un importante avance”, según
trascendidos de prensa. Su texto no había sido divulgado
oficialmente al cierre de esta edición, pero en cambio
pudieron conocerse varias versiones extraoficiales aparecidas
en diferentes medios y que difieren, claro, en el acento que
cada uno pone a los distintos temas abordados en el
documento.
EL JUEGO DE LA MOSQUETA
Si se infiere que las
versiones periodísticas son sustancialmente correctas
–afirmación avalada por la ausencia de desmentidos– entonces
puede calibrarse por qué el “importante avance” no implica una
“satisfacción total”. El vicealmirante Daners aprendió la
lección de sus colegas del Ejército y la Fuerza Aérea: la
opción de decir “aquí no pasó nada” sólo genera reacción; más
conveniente es decir y no decir, sugerir pero no afirmar,
revelar algo y callar lo demás y, sobre todo, elaborar
coartadas que permitan sacar la pata del lazo, llegado el
momento.
Así las cosas, Daners juega con la credulidad del
presidente y de la población y, muy oportunamente, afirma que
entre el primer y el segundo informe fue posible ubicar en una
sala del cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) “una carpeta de
41 páginas, de papel deteriorado por el paso de casi 30 años y
titulada ‘Operativo contrasubversivo GAU’”. Esa documentación,
cuya autoría es atribuida a un organismo policial argentino,
viene a salvar la petisa, es decir, las flagrantes omisiones
del primer informe: ahora la Armada admite que se aplicó la
tortura a detenidos para obtener información, aunque dice que
no fue sistemática. Y fundamentalmente se admite que existió
coordinación y colaboración con la Escuela de Mecánica de la
Armada argentina (ESMA), que hubo entrega de prisioneros, y
que la información aportada sobre las actividades de
militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU) fue
determinante para la captura, entre mediados de 1977 y
mediados de 1978, de numerosos uruguayos de diversas
organizaciones políticas, que permanecen desaparecidos.
El
documento de Daners no reconoce la participación de personal
naval uruguayo en las redadas de Argentina, y tampoco la
participación en sesiones de tortura en diferentes centros
clandestinos de detención; y sólo admite la entrega de dos
ciudadanos argentinos, uno de ellos el montonero Óscar de
Gregorio (herido de bala en Colonia cuando fue detenido), y de
“otra persona” de la que no se aporta ningún elemento, salvo
que fue detenida en 1978.
El vicealmirante Daners justifica
la escuálida información aportada en el hecho de que existía
una “total compartimentación” que otorgaba autonomía a los
grupos represivos; y menciona de pasada la existencia de una
estructura conocida como “la computadora”, integrada por
prisioneros que sistematizaban y analizaban la información,
tarea que según Daners habría sido sustancial para la
represión de los GAU en Buenos Aires.
Tal mención tiene un
costado infame, en la medida que revierte la responsabilidad
sobre las propias víctimas. Daners debería saber que las
actuaciones de la Comisión Investigadora sobre Desaparecidos
de la Cámara de diputados no está compartimentada, de modo que
allí puede obtener la información básica sobre “la otra
persona” que fue entregada a Argentina en 1978, entrega que
facilitó otra desaparición. Eso siempre y cuando no se
confirme la sospecha de que en realidad desapareció aquí, y no
allá.
ALGUNAS DE LAS OMISIONES
No se trata de una persona,
sino de dos: Manuel Eduardo García Kieffer y María Catalina
Benassi fueron detenidos el 29 de setiembre de 1978 en el
Aeropuerto de Carrasco, provenientes de Asunción, por
funcionarios policiales a solicitud de la Dirección Nacional
de Migración; estaban requeridos por la Prefectura Nacional
Naval. Según un documento firmado por el coronel Calixto de
Armas, director general del Ministerio del Interior, los dos
detenidos fueron inmediatamente entregados a la
Prefectura.
Si Daners no hubiera puesto tanto empeño en
eludir cualquier mención sobre archivos navales, podría
haberle comunicado al presidente Vázquez la existencia de
varios documentos, uno del Comando General de la Armada del 7
de marzo de 1980, firmado por el capitán de fragata Alejandro
Díaz; otro del 21 de marzo, firmado por el capitán de navío
Mario Risso; y otro del 7 de abril firmado por el jefe de la
división Inteligencia e Investigaciones de la Armada, Álvaro
Diez Olazábal, documentos en los que se admite que Benassi y
García estuvieron detenidos en la Armada desde el 29 de
setiembre hasta el 5 de octubre de 1978. Resulta muy sugestivo
que la Armada, a requerimiento de los ministerios del
Interior, Defensa y del Consejo de Estado, afirmara que
García, una vez comprobado que no tenía antecedentes en
Argentina, fue liberado. No se dice nada más, lo que supone
que fue entregado a las fuerzas represivas argentinas, porque
de lo contrario se consignarían detalles sobre su salida del
país. García aparece en las listas de desaparecidos de la
CONADEP.
Pero absolutamente nada se dice de Benassi, que
venía siendo requerida desde 1976, y cuyo rastro la dictadura
argentina siguió hasta Porto Alegre, según un documento que
reclamaba de las autoridades militares su inmediata detención,
en la suposición de que había fugado a Brasil después del
asesinato de su marido en Rosario. Los documentos de la marina
existentes en la comisión investigadora y que el Comando no
pudo ubicar, eluden sistemáticamente la mención de Benassi y
sólo consignan la liberación de García. Sin embargo, en una
interpretación “generosa” de las respuestas navales, Federico
García Capurro, a nombre del Consejo de Estado, responde el 18
de junio de 1980 a los familiares de los desaparecidos
afirmando que ambos habían sido liberados el 5 de octubre de
1978. Si la Armada realiza una nueva “búsqueda” quizás pueda
elaborar un tercer informe, porque existe la sospecha de que
Benassi nunca salió de su calabozo en el puerto de Montevideo;
en todo caso podría determinar quién de los dos detenidos es
“la persona” que fue entregada a Argentina y los detalles de
la entrega.
Un tercer informe podría incluir información
sobre otras “entregas”, las de los ciudadanos argentinos Jaime
Dri, Rosario Quiroga, Rolando Pisarello, María del Huerto
Milesi de Pisarello, María Laura Pisarello y tres hijas de
Rosario Quiroga (María Paula, María Elvira y María Virginia),
que fueron detenidos el 15 y el 16 de diciembre de 1977 en
allanamientos realizados en Lagomar por efectivos de las
Fuerzas Conjuntas, a partir de la coordinación entre la Armada
y la ESMA, y con la participación de oficiales argentinos. En
esos operativos, en que participaron oficiales argentinos,
fueron asesinados Susana Matta de Barri y Alejandro Barri. Los
sobrevivientes fueron interrogados en una casa de Carrasco (un
centro clandestino de detención del cual los comandantes
todavía no dieron información y que bien podría considerarse
la contraparte uruguaya de Automotores Orletti) y después
fueron conducidos a la ESMA en aviones de la Armada argentina.
Todo un capítulo que se “le escapa” a la Armada es la
participación de sus oficiales y personal subalterno en las
estructuras del Servicio de Información de Defensa y del
OCOA.
Un tercer informe también podría mencionar la
participación de oficiales navales uruguayos en los
interrogatorios a que fueron sometidos en el Pozo de Quilmes
detenidos uruguayos, hoy desaparecidos, algunos de los cuales
son fugazmente mencionados en el segundo informe, como Gabriel
Corch y Guillermo Sobrino, entre otros. Según el testimonio de
uno de los sobrevivientes, el argentino Alberto Illarzen,
Sobrino le pudo informar que entre los represores uruguayos
que lo interrogaron había identificado a uno que se hacía
llamar “capitán Saracho” y que conocía de una anterior
detención en Montevideo. También pudo comunicar Sobrino que
una mujer, miembro del personal subalterno uruguayo que
operaba en el Pozo de Quilmes, que participaba de los
interrogatorios durante las torturas y que se hacía llamar
“sargento Peters”, fue nombrada por un oficial uruguayo por su
verdadero nombre, Cristina. Si rebusca en sus archivos, la
Armada podrá entregar al presidente más información al
respecto porque, coincidiendo con esos interrogatorios en el
Pozo de Quilmes, fueron torturados en la marina, en Uruguay,
varios militantes escindidos del Partido Socialista, algunos
de los cuales fueron procesados.
Las lagunas que contiene
el segundo informe de la marina confirman la política del
“goteo” sobre las responsabilidades de las Fuerzas Armadas en
la aplicación del terrorismo de Estado, una táctica
desgastante, peligrosa y que sólo pretende ganar tiempo frente
a lo inevitable. El presidente Vázquez parece comprender bien
ese juego de revelaciones y ocultamientos, y por eso ha
reiterado su determinación de llegar a toda la verdad. Se ha
puesto como límite el Día Internacional de los Derechos
Humanos, en diciembre.
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