El pleno de la Suprema no acogió el antejuicio por eludir las medidas cautelares dictadas por el juez español Baltasar Garzón, único aspecto en que falló diferente a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Con la decisión de la Suprema el ministro que asuma formalmente el caso Riggs –por el momento está a cargo de la causa Jorge Zepeda- podrá no sólo interrogar a Augusto Pinochet, sino que incluso procesarlo si encuentra que existe mérito para esta medida.

De antemano se prevé un panorama hostil para el militar, pues consta en el proceso una declaración voluntaria prestada al ministro Sergio Muñoz, escrito que podría ser considerado como la declaración indagatoria paso previo exigido en los tribunales para dictar auto de reo.

Ayer el juez Sergio Muñoz dejó atrás este caso luego de asumir como nuevo integrante de la Suprema, no obstante, fiel a su estilo trabajador, el magistrado decidió solicitar un nuevo desafuero contra el ex dictador esta vez por malversación de fondos análisis que ahora quedará en manos primero de la Corte de Apelaciones de Santiago y luego de la Suprema.

Este antecedente sumado a la decisión de hoy de la Suprema configura un negro panorama para la defensa del militar retirado que ha insistido en que su estado de salud le impide comparecer en un juicio y que además su dinero fue obtenido en base a ahorro, intereses y donaciones.

El caso Riggs comenzó a mediados del año pasado cuando el Senado norteamericano divulgó la existencia de cuentas ocultas del ex uniformado en el prestigioso Riggs Bank de Estados Unidos. La noticia golpeó con fuerza en el país y el juez Muñoz asumió este caso en que ha abierto varias líneas de investigación que apuntan a otras numerosas cuentas en el extranjero, evasión tributaria, uso de documento falsa, sólo por citar algunas. En sus pesquisas ha analizado en profundidad –tal como lo dijo el Consejo de Defensa del Estado- que el origen de los 27 millones de dólares de fortuna podría haber surgido de la compra y venta de armas y las comisiones que obtuvo gracias a estas operaciones.

Reacciones Apenas conoció la resolución de la Suprema, la abogada querellante en la causa, Carmen Hertz, afirmó que espera el "el inmediato procesamiento de Pinochet por parte del ministro que esté sustanciado la causa, porque es lo que corresponde. Y esperamos también que la impresentable tesis de su supuesta locura, de insanidad mental en esta causa, no impida el avance de la investigación, ni la acción de la justicia porque sería un bochorno mundial". Agregó que "precisamente en esta causa es donde está acreditado que Pinochet ha realizado decenas de actos jurídicos extremadamente complejos para los cuales sólo los pudo hacer en el pleno uso de las facultades mentales que tiene".