Un gran pasacalle de color naranja
es sostenido por dos jóvenes en el cruce de Paseo Ahumada y la
alameda central de Santiago. Su contenido se limita a una sola
palabra: Equidad. Este mensaje que estaban levantando
seguidores de la candidata oficialista refleja uno de los
temas centrales de la campaña. Chile ocupa el segundo puesto
en desigualdad, detrás de Brasil, en el continente que
distribuye peor su riqueza. No es de extrañar entonces que en
un país donde el 10 por ciento de la población se queda con el
47 por ciento del resultado del milagro económico, la equidad
sea el principal tema de la agenda política. La candidata de
la Concertación, Michelle Bachelet, se posicionó a mitad de
camino entre la defensa de los logros de la coalición
gobernante a la que representa y la promesa de un enfoque
propio que modifique el énfasis y el tono del próximo
gobierno.
Los datos de la realidad parecen darle la razón a
esta estrategia. Mientras en los últimos quince años sucesivos
gobiernos de centroizquierda lograron reducir la pobreza a la
mitad, la sociedad todavía sigue percibiendo que hay
importantes sectores de la población a los que todavía no les
han llegado los beneficios del envidiable desempeño
macroeconómico. A la vez, un estudio del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concluyó que “para
aprovechar las nuevas oportunidades de Chile se requiere más
poder para todos”. Lo que la sociedad civil anglosajona llama
–en su traducción cacofónica al español– empoderamiento. En
esta renovada versión del poder popular la centroizquierda
chilena se ofrece a sí misma como la única opción capaz de
“empoderar” a los ciudadanos en el marco de una política
global de desarrollo que vuelva consistente ese énfasis social
con el modelo vigente. No sólo eso. Se muestra como la única
capaz de sintonizarlos como dos factores de una nueva
ecuación. Más poder para el ciudadano no sólo es más justo,
sino que también resulta más redituable para el desarrollo
económico del país, parece razonarse desde la Concertación.
Esto, traducido al lenguaje de la campaña electoral se resume
en el eslogan “Estoy contigo”.
TRATO CIUDADANO
Convertida en muletilla por los estrategas de Bachelet, esta frase
acompaña una serie de anuncios que buscan darle rostro a ese
“más poder para todos”. Una mujer embarazada que mira a los
ojos al votante indeciso y le dice “tengo confianza”, o una
adolescente en uniforme liceal que empuñando un instrumento
musical asegura “tengo una meta”. Más cerca del votante
tradicional de la Concertación, una jefa de hogar abraza a sus
dos hijos diciendo “tengo una prioridad”, en tanto que un
obrero afirma “tengo herramientas”. Ese “más poder para todos”
en un contexto de equidad, afirma la Concertación, es lo que
garantizará el ambiente socioeconómico para que las
herramientas, las prioridades, la confianza y las metas de los
chilenos encuentren la forma de cristalizar.
Consistente
con este enfoque, el programa de Bachelet propone un “nuevo
trato ciudadano”. El punto de partida es un análisis sumamente
crítico de la realidad actual del país, donde no sólo “todavía
hay chilenos cuyos derechos no son plenamente respetados”,
sino donde también “hay chilenos que ejercen influencia
política desmedida mediante el dinero”. A tono con cierta
percepción de la sociedad sobre el establecimiento de un grupo
privilegiado de personas asociadas a los sucesivos gobiernos
de la Concertación, Bachelet reconoce que “hay chilenos que
tienen acceso a la información del Estado y otros no. Hay
chilenos que tienen acceso a puestos y contratos
privilegiados, tanto en el sector privado como en el público”.
Se sitúa entonces por fuera de ese problema y reclama “regular
la relación entre dinero, influencia y política”, ya que la
ciudadanía (y junto a la ciudadanía Bachelet, ya despegada del
gobierno y vestida con los ropajes de la campaña) “demanda hoy
un gobierno que sea riguroso, pero también transparente e
inclusivo”.
A LA IZQUIERDA
Juntos Podemos Más lleva como
candidato a Tomás Hirsch, del Partido Humanista, y agrupa a
los sectores de izquierda que están fuera de la Concertación,
como el Partido Comunista de Chile. Desde esta coalición se
asegura que fue su candidato –y no la oficialista Bachelet–
quien marcó la agenda del debate. “Tomás Hirsch puso el dedo
en la llaga al plantear con agudeza el diagnóstico de la
realidad que vive el país” señalando que los grandes temas son
la desigualdad y la falta de equidad, afirmó el dirigente
humanista Efrén Osorio. En el fragor de la campaña Hirsch
viene atacando duramente el modelo económico chileno: “Cómo
puede este país decirse moderno o desarrollado, si la salud y
la educación, dos derechos fundamentales, son un negocio. Cómo
va a ser moderno un país donde después de trabajar durante 30
o 40 años las pensiones (que se reciben) son miserables”, se
preguntó de manera retórica el aspirante a la
presidencia.
Parece claro que Juntos Podemos Más resulta
más incómodo para el gobierno que las formaciones de derecha.
Probablemente parte de la incomodidad surja del “efecto
parlamentario” que ha generado este agrupamiento de fuerzas
opositoras de izquierda. La combinación de comicios
presidenciales y parlamentarios puede implicar, para los
partidos menores que comparten el espectro ideológico con los
grandes contendientes, el riesgo de la desaparición, ya que
sus votantes pueden verse tentados a emitir un “voto útil”.
Sin embargo, la amplia ventaja de Bachelet en las encuestas de
setiembre (que la colocaron cerca del 50 por ciento) y el
aumento de la visibilidad de la candidatura de Hirsch, pueden
haber llevado a un sector importante de los votantes chilenos
a volcarse a su primera preferencia parlamentaria (Juntos
Podemos Más) ya que su segunda preferencia (la Concertación)
tenía una carrera cómoda hacia la primera magistratura. Así lo
parecen sugerir las encuestas de diciembre, que muestran una
caída de Bachelet casi equivalente al crecimiento de Hirsch en
la intención de voto para la primera vuelta. En la segunda
ronda los votos que fueron a Hirsch vuelven a Bachelet y la
candidata de la Concertación aparece con un 55 por ciento que
le aseguraría su elección.
Este protagonismo de Juntos
Podemos Más en la disputa por votos de izquierda indecisos
llevó al actual mandatario, Ricardo Lagos,w a calificar
despectivamente a Hirsch como “soñador”. El postulante aludido
respondió con artillería pesada: “Lamento que Lagos haya
vendido sus sueños al capital y que haya dejado de soñar en un
Chile más justo y democrático para todos”. Aceptó reconocerse
como soñador, pero aclaró que desde su agrupamiento político
está “convirtiendo este sueño en realidad, en programa de
gobierno y en una fuerza social y política que no va a parar
nadie”.
A LA DERECHA
Tampoco la derecha está conforme con
la gestión de la Concertación, algo que no debería extrañar,
sobre todo en tiempos de campaña. Pero lo que sí resulta algo
más curioso es ver cómo los candidatos situados en esa franja
del espectro político también participan del discurso sobre la
búsqueda de la equidad. El candidato derechista Joaquín Lavín
afirmó públicamente, en más de una oportunidad, que la
Concertación no cumplió con su promesa de crecer con equidad.
Esto motivó la reacción del presidente Lagos, quien durante
una entrevista con Radio Cooperativa se preguntó: “¿cuándo la
derecha en Chile se ha preocupado de la igualdad?”. El
mandatario agregó: “yo lo que veo es que la derecha cuida el
bolsillo, y por Dios que lo cuidan bien sus diputados y
senadores cada vez que queremos (aprobar) un proyecto de ley
para ir en ayuda de los que tienen menos. Usted ha visto (en)
este verdadero festival que tenemos ahora en materia de
igualdad, la demagogia que se está haciendo. Pero nadie se
mete la mano al bolsillo, todos ofrecen disminuir impuestos y
Chile tiene una tasa de impuestos modestísima”.
El rival de
Lavín en la pulseada por pasar a la segunda vuelta es
Sebastián Piñera, un empresario que prefiere definirse como
centrista. En su campaña, Piñera juega con el eslogan “Se
puede” y con un segundo motivo central que señala “Chile puede
más”. Eso más que Chile puede, con respecto a lo que ha hecho
hasta ahora la Concertación es, esencialmente, mejorar la
eficiencia para ser más equitativos. En varias entrevistas
calificó los niveles de desigualdad de Chile como “excesivos,
absurdos y en algunos casos escandalosos”. Para acabar con esa
inequidad es necesario, en su opinión, perfeccionar la
economía chilena. En primer lugar, según afirmó en entrevista
con el diario La Nación, “mejorar sustancialmente los grados
de competencia, de acceso a los mercados y a las industrias
para evitar la concentración excesiva”, luego intentar “que el
Estado cumpla su rol de promover, fomentar y ayudar a la
pequeña y mediana empresa”, y en tercer término establecer
políticas contra la desigualdad basadas en crear más empleo y
mejorar la calidad de la educación.
SITUACIÓN
El modelo chileno era ampliamente desigual en momentos de la salida de
la dictadura. En estos tiempos electorales la Concertación
intenta demostrar que durante sus 16 años de gobierno ha
logrado quebrar esa especie de destino manifiesto que asociaba
desarrollo económico con desigualdad. Razones estadísticas no
le faltan. Si se comparan las cifras de los últimos quince
años se comprueba que de 1990 a la fecha la población pobre se
redujo a la mitad, mientras que la población indigente
disminuyó casi a la tercera parte. Otro de los logros que la
Concertación alcanzó en términos de equidad es la mejora en la
calidad de vida del 20 por ciento más vulnerable de la
población. En ese tramo más desfavorecido, quienes vivían en
condiciones de hacinamiento en 1992 eran un 60,8 por ciento,
cifra que en 2002 se había reducido a poco más del 40 por
ciento.
Estos resultados son consistentes con la intención
de crecer con igualdad que “ha sido la estrategia de
desarrollo que ha impulsado a los tres gobiernos de la
Concertación”. Según el programa de gobierno de Bachelet,
“este objetivo se ha traducido en la prioridad que los
gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos
asignaron a las políticas sociales y en el empeño que pusieron
en prevenir la inestabilidad económica que perjudica a los más
pobres y a la clase media”. Luego de ese alineamiento con las
políticas anteriores de su coalición, la candidata se sitúa en
un difícil equilibrio. Por un lado reconoce que “los avances
son aún insuficientes”, pero por otro absuelve a los
anteriores inquilinos de La Moneda diciendo que “la
desigualdad tiene raíces profundas y duraderas” por lo que
para vencerla “no basta la determinación”. En su opinión
“Chile sigue siendo un país inaceptablemente desigual”. En ese
sentido propone ampliar el espectro de análisis ya que “la
desigualdad en verdad son muchas desigualdades: entre hombres
y mujeres, entre diferentes etnias, entre ricos y pobres,
entre empresas grandes y pequeñas, entre quienes han tenido
acceso a educación de calidad y quienes no la han tenido,
entre las regiones que avanzan y las que permanecen
rezagadas”.
Intenciones de voto en porcentaje
• Bachelet: 38,5
• Piñera: 22
• Lavín: 16
• Hirsch:
7,5
• Indecisos: 16
El Estado según Bachelet
El Estado es fundamental para luchar contra las desigualdades,
pues responde a la voluntad ciudadana, donde cada persona
tiene el mismo valor, independientemente de su origen, su
poder o su riqueza. No se puede construir igualdad con un
Estado empobrecido, fragmentado, o donde primen los intereses
de los poderosos. Es contradictorio denunciar la desigualdad y
luego proponer bajar los impuestos, trasladar las principales
decisiones de política pública a consejos autónomos y dejar
que los empresarios resuelvan sobre el destino de los
impuestos que pagan.
Para generar mayor equidad, el Estado
tiene que aplicar sus recursos con eficiencia y exigir
esfuerzo y compromiso de sus autoridades y funcionarios. Un
Estado burocrático y lento, vulnerable a las presiones de los
grupos de interés o soberbio ante la ciudadanía, es incapaz de
reducir las desigualdades. Un Estado eficaz y honesto es un
componente imprescindible en la construcción de un país más
justo. Pero sería erróneo reducir el asunto de la igualdad
sólo a las políticas públicas. El Estado, con un gasto que
equivale sólo a un quinto de los recursos del país, no puede
corregir las desigualdades si los cuatro quintos restantes se
dedican a generarlas.
El Estado y el gobierno deben estar a
la altura de las exigencias de un pacto social para el
desarrollo. Para esto resulta fundamental que el Estado
refleje en su propia estructura y en sus políticas el
principio de que la construcción de un sistema de protección
social es una tarea nacional. El Estado debe reconocer también
que el progreso social no depende sólo de los servicios
públicos, que los agentes de ese progreso no tienen que ser
sólo funcionarios, y que servicios y funcionarios no son
depositarios únicos del conocimiento y la capacidad de actuar
en políticas públicas.
Los candidatos
Michelle Bachelet.
Socialista, encabeza las encuestas para ganar la presidencia
después de una segunda vuelta electoral. Candidata de la
Concertación, coalición gobernante de centroizquierda que
aglutina al Partido Socialista, a la Democracia Cristiana, al
Partido Radical Social Demócrata y al Partido Por la
Democracia. Hija de un general legalista que murió de un
infarto a causa de las torturas, vivió exiliada durante la
dictadura pinochetista, Bachelet fue ministra de Salud y de
Defensa en el gabinete de Ricardo Lagos. Médica con
especialización en cirugía pediátrica, tiene estudios de
posgrado en Ciencias Militares y domina con fluidez cinco
idiomas.
Tomás Hirsch. Integrante del Partido Humanista,
candidato de la coalición Juntos Podemos Más que también
integran la izquierda cristiana y el Partido Comunista.
Cofundador de la Concertación (de cuyo primer gobierno fue
embajador), se retiró al considerar que ese espacio político
había abandonado su compromiso con la justicia social. Estudió
ingeniería y se dedica al negocio de revelado de
fotos.
Joaquín Lavín. Candidato de la Unión Demócrata
Independiente. Fue el aspirante que nucleó los votos de la
derecha en las elecciones de 1999. Aunque fue derrotado en esa
ocasión, un año más tarde resultó electo alcalde de Santiago.
Ingeniero comercial por la Universidad Católica, tiene un
máster en economía obtenido en la Universidad de Chicago.
Católico militante, es supernumerario del Opus
Dei.
Sebastián Piñera. Empresario, candidato de Renovación
Nacional. Se autodefine como centrista y creyente en la
economía social de mercado. Precandidato presidencial en 1998,
renunció a favor de la candidatura de Lavín. A diferencia de
su antiguo aliado y actual rival, Piñera votó No en el
plebiscito sobre la Constitución de Pinochet, mientras que
Lavín dio el Sí. Es ingeniero comercial por la Universidad
Católica de Chile y tiene un doctorado en economía de la
Universidad de Harvard. Sus 1.200 millones de dólares lo hacen
uno de los hombres más ricos de Chile.
Del programa de Hirsch
• El problema de Chile no es el crecimiento
económico, sino el desarrollo económico y la mala distribución
de la riqueza, la sobreexplotación de los trabajadores, la
falta de regulación y control estatal sobre los grupos
económicos y las trasnacionales y la legislación laboral.
•
El cambio de estrategia de desarrollo será posible sobre la
base de potentes organizaciones sociales, de un Estado que
regule y controle las inversiones extranjeras y las
concentraciones monopólicas y sus efectos negativos sobre los
pequeños y medianos productores y los consumidores, y juegue
un rol emprendedor en la reindustrialización del país,
superando la injusta condición de sólo productor y exportador
de materias primas, y de una estrategia de integración y
cooperación con los países de América Latina.
• Una
política nacional para el cobre exige regular su producción
para evitar la sobreproducción mundial y la caída de su
precio; cobrar un royalty de 10 por ciento sobre el valor del
cobre fino extraído, caminar decididamente hacia la
renacionalización de las 19 empresas trasnacionales que hoy
están en nuestro país; hacer efectiva la tributación a las
empresas trasnacionales; incentivar la fundición y refinación
en Chile de todos los concentrados e industrializar el cobre
en Chile, traspasar al Presupuesto Nacional el 10 por ciento
de las ventas de cobre que se entrega a las Fuerzas Armadas.
Todo ello en camino a la nacionalización de todos los
yacimientos cupríferos de la gran minería.
• Un sistema en
el que todo se rige por las leyes de mercado termina
convirtiendo la salud y la educación en un negocio más, en
donde el juego de fuerzas entre productores y consumidores no
deja lugar para una comunidad organizada capaz de tomar
decisiones sobre la inversión social pública.
• Reemplazar
el sistema electoral binominal por uno proporcional a fin de
tener órganos de poder efectivamente representativos.
•
Apoyamos especialmente las propuestas del presidente de
Venezuela, Hugo Chávez, de constituir entre nuestros países
empresas estatales integradas en el ámbito energético y
comunicacional.